En 1998, con la entrada en vigor de la Ley de Costas, se dio un paso muy importante en la conservación de los recursos naturales del litoral. Esta ley pretendía ser un freno significativo al proceso de degradación que desde la década de los 50 se había iniciado en la costa.
La Ley 22/1988 de Costas define lo que es el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y las distintas servidumbres. Daba como plazo cinco años tras su entrada en vigor para completar el deslinde del DPMT. Sin embargo, aún no se ha completado este deslinde, debido a que los distintos gobiernos estatales han aplicado la norma muy lentamente, o incluso se la han saltado por completo, en una alarmante pasividad y desidia de todas las administraciones públicas implicadas.
Para agravar aún más la situación, en 2002 el gobierno de José María Aznar modificó la Ley de Costas para fomentar la ocupación más completa del espacio costero, llegando a autorizar construcciones a tan solo 20 metros del mar, y favoreciendo los planes urbanísticos de los ayuntamientos en detrimento de la protección del litoral. De hecho, esta norma no solo está amenazada por la “profunda reforma” anunciada el pasado 13 de enero por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Miguel Arias Cañete, sino también por la voracidad depredadora de muchas CCAA que ven en la franja de los primeros 100 metros una gran parcela para construir y una forma de legalizar sus desmanes urbanísticos.
Mucho ruido se ha hecho con la excusa de que es una ley injusta que ha creado mucha inseguridad jurídica. La Ley, en disposiciones transitorias, salvaguarda los derechos de quienes contaban con derechos legítimos. La Ley da un nada desdeñable plazo de 30 años para buscar otra ubicación al gran número de industrias altamente contaminadas que se asientan en la costa. No existe pues inseguridad jurídica o limitación desproporcionada alguna sino, más bien, garantías y soluciones equilibradas. Insisto, el único problema que tiene la ley es que ayuntamientos, CCAA y constructoras la han obviado. Una norma que, no olvidemos, está avalada por el Tribunal Constitucional.
El nuevo ministro ha dado el peor de los mensajes con el anuncio de reforma. En vez de perseguir a quienes se enriquecieron a costa del patrimonio natural y gracias a la corrupción y las ilegalidades, ahora se pretende dar por bueno el beneficio privado y buscar soluciones a medida, a la carta. El peligro con esta reforma, que esperemos no se lleve a cabo, es que se pretenda inflar de nuevo la burbuja inmobiliaria beneficiando a unos pocos promotores y administraciones sin escrúpulos. Existen multitud de ejemplos, como el del famoso hotel ilegal de El Algarrobico, construido en pleno espacio protegido -el Parque Natural del Cabo de Gata- y a menos de 20 metros de la costa.
En Greenpeace consideramos que la aplicación de la Ley de Costas tiene que ser estricta, sin rebajas ni excusas, delimitando el dominio público, eliminando las construcciones ilegales del litoral y compensando a aquellos propietarios víctimas de la mala gestión administrativa (estudiando caso por caso). La mejor política que se debe ejecutar en nuestra costa es favorecer la conservación del entorno. Un estudio del propio Ministerio de Medio Ambiente considera que la costa española puede producir hasta 7.745 millones de euros anuales si se mantiene un estado de conservación favorable. Para mejorar nuestra competitividad económica, sobre todo la turística, no hace falta modificar la Ley, hay que gestionar de forma integral todos los usos en el litoral. Algo que los expertos en gestión litoral y la propia UE ya aprobó en 2002 con la Gestión Integral de Zonas Costeras.
Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace
La Ley 22/1988 de Costas define lo que es el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y las distintas servidumbres. Daba como plazo cinco años tras su entrada en vigor para completar el deslinde del DPMT. Sin embargo, aún no se ha completado este deslinde, debido a que los distintos gobiernos estatales han aplicado la norma muy lentamente, o incluso se la han saltado por completo, en una alarmante pasividad y desidia de todas las administraciones públicas implicadas.
Para agravar aún más la situación, en 2002 el gobierno de José María Aznar modificó la Ley de Costas para fomentar la ocupación más completa del espacio costero, llegando a autorizar construcciones a tan solo 20 metros del mar, y favoreciendo los planes urbanísticos de los ayuntamientos en detrimento de la protección del litoral. De hecho, esta norma no solo está amenazada por la “profunda reforma” anunciada el pasado 13 de enero por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Miguel Arias Cañete, sino también por la voracidad depredadora de muchas CCAA que ven en la franja de los primeros 100 metros una gran parcela para construir y una forma de legalizar sus desmanes urbanísticos.
Mucho ruido se ha hecho con la excusa de que es una ley injusta que ha creado mucha inseguridad jurídica. La Ley, en disposiciones transitorias, salvaguarda los derechos de quienes contaban con derechos legítimos. La Ley da un nada desdeñable plazo de 30 años para buscar otra ubicación al gran número de industrias altamente contaminadas que se asientan en la costa. No existe pues inseguridad jurídica o limitación desproporcionada alguna sino, más bien, garantías y soluciones equilibradas. Insisto, el único problema que tiene la ley es que ayuntamientos, CCAA y constructoras la han obviado. Una norma que, no olvidemos, está avalada por el Tribunal Constitucional.
El nuevo ministro ha dado el peor de los mensajes con el anuncio de reforma. En vez de perseguir a quienes se enriquecieron a costa del patrimonio natural y gracias a la corrupción y las ilegalidades, ahora se pretende dar por bueno el beneficio privado y buscar soluciones a medida, a la carta. El peligro con esta reforma, que esperemos no se lleve a cabo, es que se pretenda inflar de nuevo la burbuja inmobiliaria beneficiando a unos pocos promotores y administraciones sin escrúpulos. Existen multitud de ejemplos, como el del famoso hotel ilegal de El Algarrobico, construido en pleno espacio protegido -el Parque Natural del Cabo de Gata- y a menos de 20 metros de la costa.
En Greenpeace consideramos que la aplicación de la Ley de Costas tiene que ser estricta, sin rebajas ni excusas, delimitando el dominio público, eliminando las construcciones ilegales del litoral y compensando a aquellos propietarios víctimas de la mala gestión administrativa (estudiando caso por caso). La mejor política que se debe ejecutar en nuestra costa es favorecer la conservación del entorno. Un estudio del propio Ministerio de Medio Ambiente considera que la costa española puede producir hasta 7.745 millones de euros anuales si se mantiene un estado de conservación favorable. Para mejorar nuestra competitividad económica, sobre todo la turística, no hace falta modificar la Ley, hay que gestionar de forma integral todos los usos en el litoral. Algo que los expertos en gestión litoral y la propia UE ya aprobó en 2002 con la Gestión Integral de Zonas Costeras.
Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace
No hay comentarios:
Publicar un comentario