La existencia en nuestro país de un sistema sanitario público, con cobertura universal y financiado por los presupuestos generales del Estado, es un logro social relativamente reciente. Desde su creación, nuestro sistema sanitario público no ha tenido en ningún periodo la financiación suficiente para realizar, sin generar déficits, la cartera de servicios que se ofrece a la ciudadanía; asimismo han persistido bolsas de ineficiencia que no han sabido corregirse.
La falta de voluntad política para afianzar y dar mayor fortaleza al sistema público sanitario (nuestro gasto sanitario público siempre ha estado por debajo de la UE-15 sobre el porcentaje del PIB), junto a la incapacidad de conseguir una gestión más eficiente del mismo, han hecho posible que prácticamente, desde el comienzo de su andadura, haya habido intentos reiterados de generación de dudas sobre su viabilidad y sostenibilidad futuras: de ese modo se ha intentado crear un clima de opinión favorable a considerar como inevitable la implantación de procesos de privatización de la gestión, externalización de servicios y debilitamiento del carácter público del sistema, como garantías para la sostenibilidad futura del mismo. Estos intentos no sólo han provenido de la derecha, sino que también algunos sectores de la órbita socialista han contemplado con simpatía esas medidas.
Estos días es palpable la enorme inquietud de una gran parte de la ciudadanía ante las medidas que los gobiernos de distintas Comunidades Autónomas están tomando sobre el sistema sanitario público, que están suponiendo recortes brutales que no garantizan la eliminación de las bolsas de ineficiencia, que siguen existiendo, sino que, por un lado, pretenden disminuir aún más la ya insuficiente financiación y, por otro, cargar sobre los sectores más débiles de la población mayores sacrificios, ya sea mediante copagos, reducción de servicios y mayores dificultades en la accesibilidad a los mismos.
La medida anunciada por el gobierno de la derecha nacionalista catalana de cobrar un euro por receta, la negación a prestar asistencia a ciudadanos de otras Comunidades Autónomas en regiones donde históricamente la habían recibido, la retirada de tarjeta sanitaria a personas que habían agotado las prestaciones por desempleo, nos alejan cada vez más de un sistema público de cobertura universal en la totalidad del Estado español y nos retrotraen a situaciones de tiempos pasados. El concepto de beneficencia parece retornar, con lo que significa de población exenta de derechos.
La falta de voluntad política para afianzar y dar mayor fortaleza al sistema público sanitario (nuestro gasto sanitario público siempre ha estado por debajo de la UE-15 sobre el porcentaje del PIB), junto a la incapacidad de conseguir una gestión más eficiente del mismo, han hecho posible que prácticamente, desde el comienzo de su andadura, haya habido intentos reiterados de generación de dudas sobre su viabilidad y sostenibilidad futuras: de ese modo se ha intentado crear un clima de opinión favorable a considerar como inevitable la implantación de procesos de privatización de la gestión, externalización de servicios y debilitamiento del carácter público del sistema, como garantías para la sostenibilidad futura del mismo. Estos intentos no sólo han provenido de la derecha, sino que también algunos sectores de la órbita socialista han contemplado con simpatía esas medidas.
Estos días es palpable la enorme inquietud de una gran parte de la ciudadanía ante las medidas que los gobiernos de distintas Comunidades Autónomas están tomando sobre el sistema sanitario público, que están suponiendo recortes brutales que no garantizan la eliminación de las bolsas de ineficiencia, que siguen existiendo, sino que, por un lado, pretenden disminuir aún más la ya insuficiente financiación y, por otro, cargar sobre los sectores más débiles de la población mayores sacrificios, ya sea mediante copagos, reducción de servicios y mayores dificultades en la accesibilidad a los mismos.
La medida anunciada por el gobierno de la derecha nacionalista catalana de cobrar un euro por receta, la negación a prestar asistencia a ciudadanos de otras Comunidades Autónomas en regiones donde históricamente la habían recibido, la retirada de tarjeta sanitaria a personas que habían agotado las prestaciones por desempleo, nos alejan cada vez más de un sistema público de cobertura universal en la totalidad del Estado español y nos retrotraen a situaciones de tiempos pasados. El concepto de beneficencia parece retornar, con lo que significa de población exenta de derechos.
¿Es lógico sorprenderse ante lo que está ocurriendo? En mi opinión no. Manifestar sorpresa, me parece una reacción que denota un cierto cinismo; sorprenderse ahora significa olvidar todas las acciones que ya se han llevado a cabo en las CC.AA donde la derecha lleva muchos años gobernando (Madrid y Valencia primordialmente), que han supuesto un debilitamiento del carácter público del sistema. Sorprenderse significa olvidar la muy deficiente labor de la oposición política en esos territorios, facilitando así la acción privatizadora de los gobiernos del PP.
Sorprenderse significa olvidar que las movilizaciones sociales que en esas Comunidades se han producido en defensa del servicio sanitario público, denunciando la privatización del mismo, no han contado con un apoyo real desde la izquierda política. Lo que está ocurriendo no es en ningún caso una sorpresa, era perfectamente previsible.
¿Es posible detener este ataque frontal al Sistema Sanitario Público? Hoy la derecha española, detentando un poder político absoluto en todas las Instituciones, ha encontrado un escenario idóneo para intentar remodelar nuestro Estado de Bienestar recortándolo y propiciando su adelgazamiento.
Para no retroceder muchos años en los logros sociales conquistados, en mi opinión se hace imprescindible una unidad de acción de todos los segmentos sociales progresistas, que entienden que la cohesión y el desarrollo social se consiguen mucho mejor con un Estado de Bienestar fuerte.
En el plano político, el PSOE, como principal partido de la oposición, deberá plantear ante la ciudadanía un nuevo proyecto de neto perfil socialdemócrata, con una defensa a ultranza de los servicios públicos esenciales propiciando su financiación suficiente y su funcionamiento eficiente; un proyecto que ponga en valor la bondad de unos servicios públicos de calidad desmontando la mentira tantas veces repetida de un desmesurado gasto sanitario público (nuestro gasto sanitario público sigue estando por debajo de la media de la UE-15), un proyecto que, frente a una patronal muy afín al PP, que propone el despido de muchos funcionarios públicos, defienda la necesidad de potenciar nuestro sector público (conviene recordar que en España sólo trabaja en el sector sanitario el 4% de la población adulta, frente al 6´6% de media en la UE-15), un proyecto que tenga como una de sus prioridades recuperar presencia en el tejido social y ganar la credibilidad perdida.
La izquierda política en su conjunto, debería profundizar en sus coincidencias en defensa de nuestro estado de bienestar, respetando las diferentes sensibilidades que es evidente existen. No es momento de ahondar diferencias, sino de unir esfuerzos y voluntades; está en juego nuestro Estado de Bienestar.
La sociedad civil tiene que seguir tomando posiciones activas en defensa de sus servicios públicos esenciales; el movimiento ciudadano que históricamente ha dado numerosas pruebas de su capacidad de lucha en defensa de sus justas reivindicaciones, tiene que volver a ser un elemento aglutinador de las movilizaciones.
La crisis no puede ser la excusa para que nos usurpen los logros conseguidos tras muchos años de esfuerzos y luchas. Nuestros servicios públicos no han provocado la crisis y no tienen porque ser quienes la paguen.
Sorprenderse significa olvidar que las movilizaciones sociales que en esas Comunidades se han producido en defensa del servicio sanitario público, denunciando la privatización del mismo, no han contado con un apoyo real desde la izquierda política. Lo que está ocurriendo no es en ningún caso una sorpresa, era perfectamente previsible.
¿Es posible detener este ataque frontal al Sistema Sanitario Público? Hoy la derecha española, detentando un poder político absoluto en todas las Instituciones, ha encontrado un escenario idóneo para intentar remodelar nuestro Estado de Bienestar recortándolo y propiciando su adelgazamiento.
Para no retroceder muchos años en los logros sociales conquistados, en mi opinión se hace imprescindible una unidad de acción de todos los segmentos sociales progresistas, que entienden que la cohesión y el desarrollo social se consiguen mucho mejor con un Estado de Bienestar fuerte.
En el plano político, el PSOE, como principal partido de la oposición, deberá plantear ante la ciudadanía un nuevo proyecto de neto perfil socialdemócrata, con una defensa a ultranza de los servicios públicos esenciales propiciando su financiación suficiente y su funcionamiento eficiente; un proyecto que ponga en valor la bondad de unos servicios públicos de calidad desmontando la mentira tantas veces repetida de un desmesurado gasto sanitario público (nuestro gasto sanitario público sigue estando por debajo de la media de la UE-15), un proyecto que, frente a una patronal muy afín al PP, que propone el despido de muchos funcionarios públicos, defienda la necesidad de potenciar nuestro sector público (conviene recordar que en España sólo trabaja en el sector sanitario el 4% de la población adulta, frente al 6´6% de media en la UE-15), un proyecto que tenga como una de sus prioridades recuperar presencia en el tejido social y ganar la credibilidad perdida.
La izquierda política en su conjunto, debería profundizar en sus coincidencias en defensa de nuestro estado de bienestar, respetando las diferentes sensibilidades que es evidente existen. No es momento de ahondar diferencias, sino de unir esfuerzos y voluntades; está en juego nuestro Estado de Bienestar.
La sociedad civil tiene que seguir tomando posiciones activas en defensa de sus servicios públicos esenciales; el movimiento ciudadano que históricamente ha dado numerosas pruebas de su capacidad de lucha en defensa de sus justas reivindicaciones, tiene que volver a ser un elemento aglutinador de las movilizaciones.
La crisis no puede ser la excusa para que nos usurpen los logros conseguidos tras muchos años de esfuerzos y luchas. Nuestros servicios públicos no han provocado la crisis y no tienen porque ser quienes la paguen.
Carlos Barra, en actasanitaria.com
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