NICHO VACÍO

A primera hora de la mañana de ayer se procedió a la exhumación de los restos de un bebé en el cementerio donostiarra de Polloe tras la denuncia presentada por su familia al sospechar que la criatura pudo ser robada cuando nació hace 34 años en la entonces clínica Martín Santos de la capital guipuzcoana y se dudaba de quién podría ser la persona enterrada en el panteón. El resultado de esta primera actuación judicial reúne, paradójicamente, las principales incógnitas que rodean los casos de niños robados: no existía documentación sobre la niña, los datos sobre el alumbramiento son erróneos y en la exhumación de ayer no se encontraron restos óseos ni dentadura, sino cenizas que tendrán que ser analizadas para comprobar si son de restos humanos. Interrogantes que rodean a muchos de los numerosos casos de bebés robados o adopciones irregulares que empiezan a aflorar en Euskadi, y de forma muy particular en Gipuzkoa, de donde proceden 121 de los 200 casos abiertos en la CAV. Cientos de familias se hallan inmersas en la incertidumbre de tratar de descubrir qué fue del hijo, hija o de los hermanos que un buen día nacieron y desaparecieron de sus vidas de forma extraña. Es probable que en algunos casos se trate de prácticas médicas poco ortodoxas, de flagrantes errores en el cumplimiento de protocolos de actuación o de falta de información. Pero todo indica que existe una motivación que va mucho más allá y que no anda lejos del escarnio que ejerció el régimen franquista hacia el bando perdedor de la Guerra Civil a través de un método tan brutal como secuestrar niños recién nacidos de mujeres republicanas. Una práctica que terminó instaurándose hasta finales de los 70 a través de una tupida red de complicidades entre médicos, clínicas, personal sanitario y religiosas que hizo posible que estos casos se prolongaran convertidos en una práctica con tintes clasistas y crematística. Una trama compleja y unos actores con mucho poder de influencia que las asociaciones que reúnen a las familias afectadas tratan de desenmarañar sin ayudas económicas, sin respaldo institucional y sin acceso a la documentación oficial con lo que supone de dificultad para que avancen las investigaciones. Y con la incómoda sensación de que su drama ya no interesa porque removería demasiados secretos ocultos tras las alfombras del Estado.
Editorial de Noticias de Gipuzkoa