El invierno se hace duro, y más si tienes que pasarlo en el cascarón de la fábrica donde has trabajado gran parte de tu vida. Los empleados de Cotalsa, empresa que fuera líder del sector de aluminio, acuden ocho horas diarias a la nave. No cobran desde agosto y aún tendrán que esperar meses a recibir sus salarios, de los que tendrá que hacerse cargo el Fogasa. Sin embargo, nadie les ha despedido, por lo que continúan con su horario a rajatabla.
Al principio, siguieron trabajando con el material que quedaba en la fábrica. Sin embargo, pronto se les acabó y se quedaron mano sobre mano. En octubre, de repente, se cortó la luz.
«Esto es muy duro. Son ocho horas aquí dándole vueltas a la cabeza. La comedura de coco es tremenda», comenta José María Ezpeleta. Pero lo peor es a la salida. «En la fábrica se comenta todo, se toman las decisiones de forma asamblearia. Unos con otros nos entendemos. Fuera, hay que explicarlo todo. A mí, la pregunta que me duele es. `¿Todavía seguís ahí?'. Cuando tienes confianza, les pides que no insistan», reconoce.
Lo cierto es que la situación se ha enrevesado tanto que es difícil de explicar. Todo está ya en manos de los tribunales, después de que los trabajadores impulsaran un concurso necesario de acreedores. Lo normal para una empresa que se está liquidando es que este concurso (que implica vender cuanto hay en la fábrica, para solventar las deudas) sea «voluntario». Sin embargo, Tomás Laspalas, el mayor accionista, ha zancadilleado el proceso hasta el extremo. Así, acabó obligando a los trabajadores a solicitar unilateralmente el concurso. Esta vía se traduce en mayor burocracia y, en consecuencia, más tiempo sin percibir las mensualidades que se les adeudan.
La situación es límite. Varios de los trabajadores no ocultan que han tenido que recurrir a sus familias y a solicitar créditos. De los 25 que quedan (de una plantilla que llegó a superar las cien), el que menos años lleva ha estado quince y, el que más, 25. La gente más joven y con menor antigüedad ya fue despedida. Aun así, la gran mayoría de ellos no ha terminado con su hipoteca. Hay quien tiene dos sueldos en casa y otras familias que se han quedado sin el único salario que entraba.
La mañana la pasan en la entrada de la nave, para aprovechar el sol, y han habilitado una de las salas. Allí hay una mesa, lámparas de gas y una cocinilla de cámping, con la que hacer el café. Sobre la mesa, cuadernos de sopas de letras y sudokus. La mayoría de ellos, terminados. «Si te juntas cuatro, echas una partida a la escoba», comenta Óscar Pérez, mientras remueve con la cucharilla el café en un vaso de plástico. Las tiendas de Agoitz se solidarizan con ellos llevándoles el almuerzo.
Tomás Laspalas y su hijo, Sergio, se convierten en el foco de las críticas de los empleados. A Sergio le culpan de echar a perder la empresa, cuando empezó a desempeñar la gerencia. Fue él quien empezó a desmantelarla, quien no la renovó y quien empezó, hace tres años, con EREs y recortes.
Su padre es el responsable directo del esperpento actual. Los empleados afirman que ha utilizado los sueldos como castigo. Por ejemplo, cuando se produjeron los despidos de agosto, Laspalas decidió no presentarse al acto de conciliación de 16 trabajadores de LAB, lo cual no tenía ningún coste para él. Para lo único que sirvió es para entorpecer el proceso y que, a día de hoy, siguen sin ser indemnizados. No obstante, su situación es mejor que los que siguen en la fábrica, ya que cobran paro.
Tampoco se olvidan los trabajadores del cerebro del desmantelamiento de la empresa, Alfonso Cid. «Es un granadino. No sé si abogado o economista. Cuando fuimos a hablar con él se nos presento como un oncólogo de empresas, un experto en liquidarlas», recuerda el presidente del comité, Ángel Unzué. Ahora, sus consejos han servido para tener a los 25 durante ocho meses sin cobrar. Los trabajadores temen que, durante todo este tiempo, se hayan desviado de la empresa.
El pueblo de Agoitz ha puesto en marcha un fondo para ayudar a los trabajadores. «La gente puede recurrir a él si le falta y luego, si puede lo devolverá. No es solo para nosotros. Hay muchísima más gente del pueblo que lo está pasando mal. Esta crisis es así de jodida», sentencia Unzué.
Al principio, siguieron trabajando con el material que quedaba en la fábrica. Sin embargo, pronto se les acabó y se quedaron mano sobre mano. En octubre, de repente, se cortó la luz.
«Esto es muy duro. Son ocho horas aquí dándole vueltas a la cabeza. La comedura de coco es tremenda», comenta José María Ezpeleta. Pero lo peor es a la salida. «En la fábrica se comenta todo, se toman las decisiones de forma asamblearia. Unos con otros nos entendemos. Fuera, hay que explicarlo todo. A mí, la pregunta que me duele es. `¿Todavía seguís ahí?'. Cuando tienes confianza, les pides que no insistan», reconoce.
Lo cierto es que la situación se ha enrevesado tanto que es difícil de explicar. Todo está ya en manos de los tribunales, después de que los trabajadores impulsaran un concurso necesario de acreedores. Lo normal para una empresa que se está liquidando es que este concurso (que implica vender cuanto hay en la fábrica, para solventar las deudas) sea «voluntario». Sin embargo, Tomás Laspalas, el mayor accionista, ha zancadilleado el proceso hasta el extremo. Así, acabó obligando a los trabajadores a solicitar unilateralmente el concurso. Esta vía se traduce en mayor burocracia y, en consecuencia, más tiempo sin percibir las mensualidades que se les adeudan.
La situación es límite. Varios de los trabajadores no ocultan que han tenido que recurrir a sus familias y a solicitar créditos. De los 25 que quedan (de una plantilla que llegó a superar las cien), el que menos años lleva ha estado quince y, el que más, 25. La gente más joven y con menor antigüedad ya fue despedida. Aun así, la gran mayoría de ellos no ha terminado con su hipoteca. Hay quien tiene dos sueldos en casa y otras familias que se han quedado sin el único salario que entraba.
La mañana la pasan en la entrada de la nave, para aprovechar el sol, y han habilitado una de las salas. Allí hay una mesa, lámparas de gas y una cocinilla de cámping, con la que hacer el café. Sobre la mesa, cuadernos de sopas de letras y sudokus. La mayoría de ellos, terminados. «Si te juntas cuatro, echas una partida a la escoba», comenta Óscar Pérez, mientras remueve con la cucharilla el café en un vaso de plástico. Las tiendas de Agoitz se solidarizan con ellos llevándoles el almuerzo.
Tomás Laspalas y su hijo, Sergio, se convierten en el foco de las críticas de los empleados. A Sergio le culpan de echar a perder la empresa, cuando empezó a desempeñar la gerencia. Fue él quien empezó a desmantelarla, quien no la renovó y quien empezó, hace tres años, con EREs y recortes.
Su padre es el responsable directo del esperpento actual. Los empleados afirman que ha utilizado los sueldos como castigo. Por ejemplo, cuando se produjeron los despidos de agosto, Laspalas decidió no presentarse al acto de conciliación de 16 trabajadores de LAB, lo cual no tenía ningún coste para él. Para lo único que sirvió es para entorpecer el proceso y que, a día de hoy, siguen sin ser indemnizados. No obstante, su situación es mejor que los que siguen en la fábrica, ya que cobran paro.
Tampoco se olvidan los trabajadores del cerebro del desmantelamiento de la empresa, Alfonso Cid. «Es un granadino. No sé si abogado o economista. Cuando fuimos a hablar con él se nos presento como un oncólogo de empresas, un experto en liquidarlas», recuerda el presidente del comité, Ángel Unzué. Ahora, sus consejos han servido para tener a los 25 durante ocho meses sin cobrar. Los trabajadores temen que, durante todo este tiempo, se hayan desviado de la empresa.
El pueblo de Agoitz ha puesto en marcha un fondo para ayudar a los trabajadores. «La gente puede recurrir a él si le falta y luego, si puede lo devolverá. No es solo para nosotros. Hay muchísima más gente del pueblo que lo está pasando mal. Esta crisis es así de jodida», sentencia Unzué.
Aritz Intxusta, en GARA
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