Suele ocurrir que la percepción que se tiene de los personajes públicos tiene mucho que ver con la comparación que se hace de ellos respecto a otros de su mismo género, o de su mismo gremio. De Alberto Ruiz Gallardón, actual ministro de Justicia, durante sus años de alcalde en Madrid la opinión general ha venido siendo benévola casi encuadrándolo en las filas progresistas. Evidentemente, esta generosa reputación le venía dada por contraste con Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid y su eterna competidora en el escalafón del PP. Está claro que la perseverancia y la paciencia han premiado a Gallardón con un ministerio, mientras que Aguirre se ha quedado con lo puesto, que no es en poco pero lejos de las aspiraciones de la eterna lideresa de la derecha extrema.
Pues bien, ahora que ya no tiene necesidad de competir, ahora que le amparan el cargo y la mayoría absoluta, Ruiz Gallardón ha enseñado sus vergüenzas sin ningún pudor, ha exhibido su condición de ultra y de derechas de toda la vida. Su anuncio de reforma radical de la administración de Justicia es un compendio de recetas regresivas, un paso atrás en el sistema garantista ratificado hasta por la propia Constitución española y una iniciativa que sitúa al Gobierno español en la derecha más conservadora de Europa.
Gallardón pretende poner patas arriba a la Justicia estatal, comenzando por su vértice, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Con el falso pretexto de despolitizar la Justicia, dice que reformará el sistema de elección de los vocales del CGPJ reduciendo las cuotas correspondientes a los grupos parlamentarios para ampliar a doce los designados por las asociaciones de jueces. Este cambio, que a primera vista pretende aportar una cierta sensación de independencia y respeto a la división de poderes, sibilinamente favorece la incorporación masiva al máximo órgano de control judicial de magistrados afines al PP desde las actuales asociaciones, mayoritariamente en el ámbito ideológico de la derecha.
Por si fuera poca prepotencia esta toma de poder, Gallardón anuncia una serie de decisiones que suponen una vuelta de tuerca más en la deriva totalitaria del pretendido Estado español de Derecho. Tras el eufemismo de "prisión permanente revisable", el ministro supuestamente progresista consolida la perversa "doctrina Parot" con el aviso de la implantación legal de la cadena perpetua para delitos que causen una gran alarma social. De sobra sabemos cuáles son en este país los mecanismos mediáticos para crear alarma social, aun cuando el delito presuntamente cometido fuera de mucha menor monta que la condena correspondiente. Cadena perpetua que, de alguna manera, ya viene aplicándose de facto con el cumplimiento efectivo de 32 años de prisión para reclusos relacionados con ETA.
Apela el ministro a la racionalización de la Administración Judicial para anunciar el copago para el recurso a una segunda instancia. Si el ciudadano considera que la sentencia emitida en primera instancia no es de su conformidad, se deberá tentar el bolsillo antes de recurrir a la instancia superior porque estará obligado a abonar una tasa aún por determinar pero que puede augurarse cuantiosa dadas las cifras de la actual imposición de pago de costas. Quizá el ministro crea que este sobrepago de lo que ya se abonó en impuestos contribuya a acelerar la lentísima administración de justicia española, y no le faltará razón porque serán muchos los que no estén dispuestos a tal expolio y preferirán resignarse con la sentencia sin siquiera intentarlo. Lo que queda claro es que, una vez más, se verán favorecidos los más pudientes y perjudicados los más necesitados.
Hay otros flecos que apuntó el presunto progresista que merecen ponerse alerta ante sus intenciones, como la revisión de la situación económica real de los solicitantes de abogado de oficio, o el enjuiciamiento de menores cuando acompañan a adultos en un delito. A tener en cuenta, también, el rápido anuncio de que va a meter mano a leyes que nunca han sido del agrado de la derecha española, por más que se hayan beneficiado de ellas. En un obligado movimiento para contentar a sus bases más retrógradas, Gallardón sugiere la reforma de la Ley del Aborto, modificando aquel controvertido apartado aprobado en 2010 que eximía del consentimiento de los padres para el aborto desde los 16 años. En esa misma línea, revisará la ley de plazos por la que no se obliga a una embarazada a justificar el aborto hasta la semana catorce de gestación. Lo del matrimonio homosexual será cuestión de tiempo, a la espera de que el Constitucional decida el recurso interpuesto por el PP.
Malos tiempos corren para una administración de Justicia progresista, a cuyo frente está un ministro que ha salido del armario, o de la caverna, tras unos cuantos años agazapado y disimulando su ramalazo ultra. No estaría mal huir de la quema y seguir trabajando por un espacio judicial vasco, mientras en España impera la Inquisición.
Pablo Muñoz, en Grupo Noticias
Pues bien, ahora que ya no tiene necesidad de competir, ahora que le amparan el cargo y la mayoría absoluta, Ruiz Gallardón ha enseñado sus vergüenzas sin ningún pudor, ha exhibido su condición de ultra y de derechas de toda la vida. Su anuncio de reforma radical de la administración de Justicia es un compendio de recetas regresivas, un paso atrás en el sistema garantista ratificado hasta por la propia Constitución española y una iniciativa que sitúa al Gobierno español en la derecha más conservadora de Europa.
Gallardón pretende poner patas arriba a la Justicia estatal, comenzando por su vértice, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Con el falso pretexto de despolitizar la Justicia, dice que reformará el sistema de elección de los vocales del CGPJ reduciendo las cuotas correspondientes a los grupos parlamentarios para ampliar a doce los designados por las asociaciones de jueces. Este cambio, que a primera vista pretende aportar una cierta sensación de independencia y respeto a la división de poderes, sibilinamente favorece la incorporación masiva al máximo órgano de control judicial de magistrados afines al PP desde las actuales asociaciones, mayoritariamente en el ámbito ideológico de la derecha.
Por si fuera poca prepotencia esta toma de poder, Gallardón anuncia una serie de decisiones que suponen una vuelta de tuerca más en la deriva totalitaria del pretendido Estado español de Derecho. Tras el eufemismo de "prisión permanente revisable", el ministro supuestamente progresista consolida la perversa "doctrina Parot" con el aviso de la implantación legal de la cadena perpetua para delitos que causen una gran alarma social. De sobra sabemos cuáles son en este país los mecanismos mediáticos para crear alarma social, aun cuando el delito presuntamente cometido fuera de mucha menor monta que la condena correspondiente. Cadena perpetua que, de alguna manera, ya viene aplicándose de facto con el cumplimiento efectivo de 32 años de prisión para reclusos relacionados con ETA.
Apela el ministro a la racionalización de la Administración Judicial para anunciar el copago para el recurso a una segunda instancia. Si el ciudadano considera que la sentencia emitida en primera instancia no es de su conformidad, se deberá tentar el bolsillo antes de recurrir a la instancia superior porque estará obligado a abonar una tasa aún por determinar pero que puede augurarse cuantiosa dadas las cifras de la actual imposición de pago de costas. Quizá el ministro crea que este sobrepago de lo que ya se abonó en impuestos contribuya a acelerar la lentísima administración de justicia española, y no le faltará razón porque serán muchos los que no estén dispuestos a tal expolio y preferirán resignarse con la sentencia sin siquiera intentarlo. Lo que queda claro es que, una vez más, se verán favorecidos los más pudientes y perjudicados los más necesitados.
Hay otros flecos que apuntó el presunto progresista que merecen ponerse alerta ante sus intenciones, como la revisión de la situación económica real de los solicitantes de abogado de oficio, o el enjuiciamiento de menores cuando acompañan a adultos en un delito. A tener en cuenta, también, el rápido anuncio de que va a meter mano a leyes que nunca han sido del agrado de la derecha española, por más que se hayan beneficiado de ellas. En un obligado movimiento para contentar a sus bases más retrógradas, Gallardón sugiere la reforma de la Ley del Aborto, modificando aquel controvertido apartado aprobado en 2010 que eximía del consentimiento de los padres para el aborto desde los 16 años. En esa misma línea, revisará la ley de plazos por la que no se obliga a una embarazada a justificar el aborto hasta la semana catorce de gestación. Lo del matrimonio homosexual será cuestión de tiempo, a la espera de que el Constitucional decida el recurso interpuesto por el PP.
Malos tiempos corren para una administración de Justicia progresista, a cuyo frente está un ministro que ha salido del armario, o de la caverna, tras unos cuantos años agazapado y disimulando su ramalazo ultra. No estaría mal huir de la quema y seguir trabajando por un espacio judicial vasco, mientras en España impera la Inquisición.
Pablo Muñoz, en Grupo Noticias
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