Pongamos que están plenamente fundamentadas jurídicamente las dudas de la señora Sota respecto a si sólo a ella en su condición de alcaldesa le atañe formular cambios retributivos en el Ayuntamiento de Tafalla. Pues, aún y todo, no puede resultar más inoportuno su recurso al Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) para que en última instancia se deje sin efecto la merma de sueldo a toda la Corporación, con especial quebranto en términos absolutos para el suyo habida cuenta de los emolumentos que percibe.
Para empezar, porque, pese a la referida bajada salarial del 8%, ella tiene garantizada una soldada mínima de 35.000 euros durante cuatro años, lo que desde luego no pueden decir ni mucho menos tantos y tantos convencinos sumidos en la incertidumbre cuando no directamente en el paro.
Y, para continuar, porque las corporaciones locales afrontan tremendas penurias económicas, incluso con riesgo para servicios sociales básicos, agudizadas por ese recorte a los ayuntamientos de casi 12 millones euros por parte del Gobierno de UPN y PSN. Y todo ello sin perjuicio de la obvia circunstancia agravante que supone este recurso por lo que conlleva de insumisión a la voluntad popular expresada en el Pleno por la mayoría municipal, ya que, al margen de formalismos y del dictamen que evacúe el TAN, ese cuestionamiento equivale a conculcar los usos democráticos que también deben regir en Tafalla.
Por lo demás, el argumento de la primera edil para justificar la impugnación choca con el más elemental sentido común. Por la sencilla razón de que ni a ella misma se le escapa que no esgrimiría ninguna cuita competencial si el Pleno hubiera resuelto subir los salarios, particularmente el suyo en correspondencia con la digna condición que ostenta.
Luego está, como derivada en ningún caso menor, cómo este contencioso ha vuelto a colocar a Tafalla de nuevo bajo el foco de la controversia, otra vez con la señora Sota en su epicentro, cuando sólo ha transcurrido un trimestre efectivo de legislatura. Un periodo en el que dimitió el jefe de la Policía Municipal tras un evidente distanciamiento personal, así como el concejal responsable del área de Urbanismo, en este caso por la realización de obras sin licencia en una finca de su propiedad, lo que a la postre también le reportó la reprobación a la propia alcaldesa. Sin olvidar que de puertas adentro del Consistorio se han producido otras dos incidencias de relieve, como el cese de la técnico directora de Urbanismo y la marcha de la asesora jurídica al departamento de Ordenación del Territorio y Vivienda del Ejecutivo foral.
Más allá de cómo acabe este episodio en lo jurídico, la señora Sota lo afronta escocida en lo personal pero también con la serenidad del profesional de la política que sabe que la poltrona no corre peligro, al menos por ahora. Aunque, si las discrepancias entre UPN y PSN no se mitigan, y a eso se añade que el proceso para la disolución de ETA sigue su curso, tal vez acabe haciéndose realidad el hoy quimérico acuerdo entre Bildu y los socialistas para descabalgar al regionalismo tafallés antes del teórico final de mandato, allá por 2015.
Víctor Goñi, en Diario de Noticias
No hay comentarios:
Publicar un comentario