Según el artículo 13 del Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, está prohibido y será considerado como infracción grave, todo acto ilícito o toda omisión ilícita por parte de la Potencia detenedora, que comporte la muerte o ponga en grave peligro la salud de un prisionero de guerra en su poder. Asimismo, los prisioneros de guerra deberán ser protegidos en todo tiempo, especialmente contra todo acto de violencia o de intimidación, contra los insultos y la curiosidad pública.
La atrocidad de las condiciones en que ha sido asesinado Muammar el Gadafi, que se desprende de las imágenes transmitidas por sus ejecutores, contrasta con las declaraciones de los dirigentes de los países europeos implicados en la intervención militar en Libia que han reaccionado con entusiasmo al “fin del conflicto” que, según ellos, supone la muerte anunciada del ex-dirigente libio. Alain Juppé, ministro de exteriores francés ha saludado el fin de la tiranía en Libia. El primer ministro británico por su parte ha explicado a la prensa que “el día de ayer (fecha del asesinato) fue una victoria para los británicos”.
El presidente italiano hasta llegó a dedicarle al asesinato una loa en latín: “Sic transit gloria mundi”. Sólo la ministra de exteriores española rebajó esta alegría incontenida suavizando el lenguaje (”la confirmación del fallecimiento de Gadafi y de algunos de sus colaboradores más estrechos”, decía en su declaración oficial “supone el punto y final de un periodo triste, muy triste, para el pueblo libio”).
Sin embargo el asesinato de Gadafi es sobre todo y ante todo una derrota del Derecho Internacional. El asesinato jamás está justificado, y en las circunstancias que se ha producido supone además una violación clara de la Cuarta Convención de Ginebra que expresamente prohíbe “los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios” de “las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa” así como “las ejecuciones sin previo juicio”.
Al horror del linchamiento del dirigente libio, de sus familiares y leales que lo acompañaban, se une la banalización con la que estos crímenes están siendo tratados en los medios de comunicación y las instituciones internacionales, y aparentemente aceptados por la opinión pública.
El portavoz de la actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navy Pillay, ha pedido una investigación tras comentar la existencia de varias versiones todas ellas contradictorias entre sí y los vídeos difundidos que muestran a Gadafi herido y maltratado por aquellos que acababan de capturarlo y el que mostraba su cadáver, juzgándolos “muy inquietantes”. Entre sus atribuciones está el de nombrar una comisión investigadora aunque de momento no ha precisado quienes debieran llevar a cabo la investigación, limitándose a aconsejarla.
La violencia generalizada con los presos, la tortura y las ejecuciones sumarias plantean también serias dudas sobre la evolución política del nuevo régimen implantado en Libia con el apoyo de las grandes potencias, y de las que no cabe esperar, al menos de las que han participado activamente en los bombardeos, y acciones encubiertas, la denuncia de las violaciones de las Convenciones de Ginebra que se están produciendo y la exigencia de su cumplimiento.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía profundamente preocupada hace un llamamiento al gobierno español, a la Junta de Andalucía, y a la Cruz Roja Internacional, todas ellas instituciones que deben velar por el cumplimiento de la IV Convención de Ginebra, para denunciar en la ONU las violaciones de la misma y denunciar así mismo los graves atentados al Derecho Internacional que suponen las ejecuciones sumarías perpetradas en la guerra de Libia.
Y llamamos principalmente a la población española, y andaluza en particular, a defender ante las instituciones, y ante nuestras propias conciencias, la necesidad del cumplimiento de los preceptos de Derecho Internacional, tan duramente conquistados en las dramáticas circunstancias en las que se pusieron sus bases el siglo pasado, para no volver al imperio de la ley de la selva en las relaciones internacionales en este nuevo siglo; a rechazar los intentos de desmontar en nuestras mentes estas adquisiciones históricas; a rechazar la banalización de los crímenes de guerra y contra la humanidad por efecto de su repetición y tratamiento trivial desde los medios de comunicación e instituciones oficiales. Llamamos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana.
Asociación pro-Derechos Humanos de Andalucía
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