La existencia de bases de datos con miles de nombres de ciudadanos vascos que han sido elegibles, elegidos o simplemente voluntarios de listas electorales de izquierda y abertzale, y que son utilizadas para detectar candidatos «contaminados», es conocida. Haber sido candidato, apoderado, interventor, firmante para avalar nuevas candidaturas, haber desarrollado labores políticas, o haber sido contratado por el partido político, además de apriorismos de conexión ideológica, relaciones de parentesco o vinculación con el «entorno» son motivo suficiente para que los datos queden registrados, la privacidad sea sistemáticamente violada y se lance un asalto masivo a los derechos civiles. Esta vergonzosa segregación ideológica ha hecho que más de 40.000 ciudadanos vascos sean de facto separados y desiguales por una práctica que, bajo los estándares del llamado Estado de Derecho español, cada día tiene menos de excepcionalidad y más de normalidad.
La asociación de abogados vascos Eskubideak, en sendos escritos remitidos a la Junta Electoral de Bizkaia, al Ararteko y la Agencia de Protección de Datos, les instó a que actuasen en base a sus prerrogativas preventivas o correctoras, así como disciplinarias o sancionadoras. Es una petición razonada que exige una respuesta acorde con la gravedad de una situación donde las libertades fundamentales, el pluralismo y el derecho al disenso en este país son víctimas de un gigantesco desmantelamiento. Donde incluso el lenguaje no es ajeno y llega a utilizar expresiones tan retorcidas como candidatos «límpios» en contraposición a los supuestamente «ensuciados». Dar carta de naturaleza, sea en lo político sea en el lenguaje, a esta práctica retrógrada y represiva supondría un peligroso lastre de cara a la construcción de un futuro inclusivo, de libertad y regeneración para la sociedad vasca.
La segregación ideológica y la condena a una muerte civil es un problema que no sólo atañe a la izquierda abertzale. El país se juega mucho en ello. Exige el concurso de todos, una actitud firme y vigilante. La libertad no puede protegerse a sí misma.
Editorial de GARA
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