Entraron en el
catálogo de Sanidad en 2011, con el Ejecutivo socialista de José Luís Rodríguez
Zapatero, como complemento a la ley de salud sexual y reproductiva que entró en
vigor en julio de 2010.
Una quincena de
anticonceptivos orales saldrá del catálogo de fármacos financiados por la
sanidad pública (con receta, se paga solo un porcentaje) a partir del 1 de
agosto. Pertenecen al tipo de los denominados de tercera generación, de las más
modernas de las que se cubrían hasta ahora con dinero público. La decisión del
Ministerio de Sanidad de dejar de financiar ocho píldoras anticonceptivas de
última generación (que combinan etinilestradiol y drospirenona) no ha pillado por
sorpresa a los especialistas.
Los anticonceptivos
orales que se siguen cubriendo con receta médica son los llamados de segunda generación,
fundamentalmente píldoras compuestas de etinilestradiol y levonogestrel. La
salida de estos fármacos preocupa a las personas expertas.
La píldora es el
segundo método anticonceptivo más empleado en España, por detrás del preservativo. Se
calcula que hay dos millones de españolas que toman estas pastillas para
prevenir embarazos no deseados, y de ellas, la mitad aproximadamente utilizan
las pastillas que se acaban de desfinanciar.
Las píldoras de
tercera generación entraron en el catálogo de Sanidad en 2011, una medida que impulsó
el Ejecutivo socialista de José Luís Rodríguez Zapatero como complemento a la
ley de salud sexual y reproductiva que entró en vigor en julio de 2010.
De esta manera, las
mujeres que quieran recurrir a una píldora financiada por la Seguridad Social sólo
podrán optar por anticonceptivos más antiguos, que tienen como gestágeno el
levonorgestrel (combinado con etinilestradiol).
A partir de ahora,
en lugar de abonar únicamente el 40% del precio, las que deseen una píldora de tercera
generación deberán abonar el importe íntegro, que puede oscilar entre 8 y 18
euros al mes. Isabel Serrano, ginecóloga con una amplia trayectoria en planificación familiar y salud sexual y reproductiva, incide en que esta desfinanciación supone una barrera importantísima para el acceso de las mujeres a los métodos anticonceptivos. "No hay argumentos ni economicistas ni en el terreno de lo sanitario que sustenten la medida. No es cierto que haya alternativas terapéuticas similares, los anticonceptivos de tercera generación aportan más beneficios, son más modernos; tienen efecto androgénico que favorece la eliminación de líquidos, por ejemplo. Sacarlos de la financiación y quedarnos solo con las de segunda generación es como volver a los años ochenta", critica.
Para Serrano, que también es portavoz de la plataforma Decidir Nos Hace Libres, esta decisión es un grave recorte social y sanitario que afecta especialmente a las mujeres; y más aún a las más vulnerables, dice. "Es una noticia pésima que cristaliza, además, la nula acción del Gobierno para la prevención de embarazos no deseados", apunta. En 2011 se realizaron 118.000 abortos, un 5% más que el año anterior.
La doctora Macarena Quesada, vicepresidenta de la Sociedad Española de Contracepción (SEC) defiende que se amplíe el acceso a cuantos más anticonceptivos posibles. PSOE e Izquierda Unida
El PSOE ha salido al paso de la decisión del Gobierno. Lo considera una decisión "intolerable" según la Secretaria de Igualdad de los socialistas, Purificación Causapié, que ha considerado que "el PP ataca nuevamente a las mujeres". "Parece que les moleste que las mujeres tengan una vida sexual sana y responsable, y las condena al retroceso permanente con sus políticas ultraconservadoras", ha señalado.
Causapié ha puntualizado que esta medida, no sólo saca del sistema sanitario los anticonceptivos "que están tomando la inmensa mayoría de las mujeres españolas", sino que "quiere eliminar su derecho a la libre decisión con la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del embarazo".
Para la dirigente socialista, "está claro" que para el PP las mujeres tienen que ser obligatoriamente madres, "quieran o no, y si están en casa sin trabajar, mucho mejor", como lo demuestran las declaraciones del ministro Gallardón, que llegó a afirmar que el aborto es fruto de la "violencia estructural sobre la mujer", o cuando dijo que "la libertad de la maternidad es la que hace a las mujeres ‘auténticamente mujeres’, para justificar su reforma de la Ley del aborto, ha recordado Causapié.
La Vicesecretaria General del PSOE, Elena Valenciano, ha señalado que el del PP es "un gobierno contra la mujeres, porque esas píldoras que van a retirar las consumen más de dos millones de mujeres. Si no tenemos fácil acceso a los anticonceptivos, si no tenemos educación sexual para nuestras adolescentes y si no tenemos capacidad de decidir sobre el aborto, de qué está hablando este Gobierno. Tal vez -dijo- van a inaugurar una nueva era que es la de la castidad del siglo XXI".
"De lo que si estoy segura -continuó Valenciano- es de que esto es ideología ultraconservadora pura y dura, y de que si fueran los hombres los que dieran la vida, todo sería distinto".
Recordó que, la ley del aborto vigente, que aprobó el anterior gobierno del PSOE, recogía la inclusión en el sistema de estos anticonceptivos, precisamente porque "era una estrategia de salud sexual y reproductiva". La voluntad de los socialistas era que "las mujeres siempre pudieran estar protegidas ante los embarazos no deseados, y solo en el caso de que los métodos de prevención fallaran, que tuvieran la capacidad de decidir si van a ser madres o no. Todo eso -subrayó- es lo que este Gobierno está arrasando".
Sobre las posibles acciones contra esta decisión del Gobierno que podría llevar a cabo el PSOE, Valenciano confirmó que pedirán explicaciones a la ministra Mato e iniciarán "una ofensiva parlamentaria para tratar de parar esta nueva barbaridad"
Por ello, el grupo parlamentario de IU en las Cortes de Aragón ha preguntado al consejero aragonés de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, qué opinión le merece la exclusión y si cree que la iniciativa prevista por el ministerio facilitará el acceso a los anticonceptivos orales a las mujeres que así lo decidan.
Para la portavoz de Sanidad de IU, Patricia Luquin, esta medida, comunicada a través de una circular a las farmacias y publicada en las actualizaciones mensuales de Sanidad, "supone un ataque al derecho a la salud de las mujeres y una mayor dificultad a la hora de acceder a estos medicamentos". Ya que, continúa Luquin, supondrá un desembolso económico importante que muchas mujeres no se podrán permitir al tener que pagar íntegramente por los mismos.
Se trata de una "vuelta de tuerca más" de la ofensiva del gobierno del Partido Popular a los derechos más elementales de las mujeres. Por su parte, la responsable de Políticas Sociales e Igualdad de IU Aragón, Paloma Lafuente, advierte que desde su formación política continuarán trabajando en la defensa plena de los derechos reproductivos, sexuales y a la salud de las mujeres.
"Nos manifestamos contra cualquier ataque a los mismos y exigimos una rectificación al ministerio de Sanidad y la inclusión de nuevo de los anticonceptivos en la lista de medicamentos financiables por la Seguridad Social".
María Pereira, en amescopress.net
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