Nadie sabe a ciencia cierta si la de ayer fue la última marcha contra la central de Garoña que se vive en la comarca burgalesa del valle de Tobalina. Medio millar de personas desfilaron entre Barcina del Barco y las instalaciones de la planta con la incertidumbre como principal bandera, pues pese a que el sábado expiraba la autorización para producir energía nuclear en Garoña, el Gobierno central está inmerso en la tarea de adaptar la legislación para poder volver a abrirla en un año.
Por ello, el optimismo que debería haber presidido la marcha tras un cuarto de siglo sin faltar a la cita anual en la central quedó matizado por las dudas ante el futuro. Lo cual, por supuesto, no impidió restar un ápice del carácter festivo que siempre ha movido a estas convocatorias. Un año más, los disfraces, las pancartas llamativas y las acciones simbólicas presidieron una jornada de temperaturas extremas.
La incógnita sobre el futuro de la planta está ahí, pero el portavoz de la coordinadora contra Garoña, Arístides García Suárez, cree que el cierre es la opción más probable, según informa Europa Press. "Estamos convencidos de que no va a continuar", aseveró García Suárez, antes de insistir en que tras la postura de Nuclenor, empresa propietaria de la central burgalesa, se esconden los "intereses" del lobby de todas las centrales nucleares españolas. En todo caso, el momento que atraviesa la planta lleva aparejada una situación "irreversible", teniendo en cuenta que "está bastante peor de lo que se pensaba".
El portavoz ecologista explicó que el estado en el que se encuentra la planta desde diciembre supone un coste diario para la empresa de entre 160.000 y 200.000 euros y que, en caso de pretender su reactivación, la empresa debería asumir una inversión cercana a los 200 millones de euros, y a ello habría que sumar el coste de construcción de unas torres de refrigeración. Sería necesario además costear nuevas contrataciones, puesto que, según los cálculos de Ecologistas en Acción, en estos momentos permanecen en plantilla unos 280 trabajadores y se han roto las relaciones laborales con las subcontratas con las que se desarrollaban trabajos de forma continua.
Por último, García Suárez recordó que, en caso de que Nuclenor apostase finalmente por la continuidad, tendría que iniciar un proceso, cuya duración oscilaría entre uno y tres años, para solicitar de nuevo todos los permisos pertinentes para una explotación de estas características, así como recibir el visto bueno de los filtros local y regional, de las autorizaciones del CSN y del propio Gobierno de la nación.
Sin embargo, a pesar de todo ello, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha abierto las puertas a la continuidad con el decreto que permite reanudar las operaciones si el cese se debe a motivaciones económicas.
Diario de Noticias de Álava
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