Vivimos una época tremendamente difícil, de emergencia social. Las personas en paro son el resultado trágico de un modelo que se ha venido abajo. Éramos buenos en actividades que, como la construcción, ya no van a volver ni de lejos a los volúmenes anteriores; éramos competitivos en actividades industriales de nivel tecnológico medio y bajo, pero ya no lo somos, porque han aparecido nuevos países que antes no contaban y no podemos igualarlos; dependíamos en una parte importante de un mercado, el español, que se ha venido abajo, y que no va a recuperarse al menos en varios años. A la sombra de todo ello vivían un montón de actividades de servicios, sobre todo dirigidas a las personas, que aseguraban muchos puestos de trabajo. En ese contexto, vivían los bancos y cajas de ahorro, creciendo sin medida, sin darse cuenta, o no queriendo darse cuenta, de que los cimientos eran de barro. Y al pairo también de esa bonanza vivía una administración en vacas gordas, cuyos dirigentes no supieron anticiparse y adoptar, hace años, las medidas necesarias.
Todos sabemos que para salir de ahí hay que reactivar la economía, sí, pero que para ello hay que construir un nuevo modelo, un modelo en el que haya suficientes actividades referenciales y mercados en los que seamos competitivos que puedan arrastrar de nuevo al consumo, y con él, a los servicios más locales a las personas. Todos sabemos también que partimos de unas cuentas públicas con un volumen de deuda importante y con una recaudación tributaria muy tocada, y que, para hacer ese cambio, no hay varitas mágicas que lo puedan resolver en 6 meses. Y finalmente, somos conscientes de que en el colectivo de parados hay muchas personas de muy difícil reciclaje para ese nuevo modelo.
A la vez, todos queremos que este proceso de salida de la crisis se haga asegurando la cohesión social, es decir, manteniendo a la sociedad unida, sin crear bolsas de pobreza o exclusión, y generando, pese a las dificultades, esperanza e ilusión en la ciudadanía. La cohesión social es un imperativo ético y un elemento de competitividad.
A partir de aquí, es importante que no nos hagamos trampas en el solitario. Vivimos en un mundo globalizado caracterizado por un equilibrio inestable entre la economía de mercado y la intervención de los poderes públicos. La inmensa mayoría de los puestos de trabajo depende directamente de la actividad privada, y depende por lo tanto de que a las empresas les vaya bien o mal en sus mercados. Es claro que a algunas empresas les va mejor que a otras. A la vista está que hay países a los que les ha ido y les va mejor que a otros. Es evidente que, en nuestro sistema, partir de una mejor posición relativa que otros es una ventaja relevante, pero no implica que sea para siempre. La crisis actual es prueba de ello. Con todo, el sistema sigue descansando sobre algunos postulados básicos: el derecho de cada persona a intentar tener suerte en su actividad económica, y como consecuencia de ello, el principio de la acumulación o de la riqueza; el derecho a la propiedad privada y el derecho, especialmente para los ricos, a vivir y pagar sus impuestos donde quieran.
Por otro lado, la intervención de los poderes públicos, tanto las instituciones mundiales, como continentales (en nuestro caso la Unión Europea), estatales, autonómicos y locales, siempre en debate, ha jugado y debe seguir jugando un papel estratégico, tanto a través de políticas a medio/largo plazo que mejoren la competitividad del territorio como a través de la consolidación de unos servicios públicos que aseguren al máximo posible la igualdad de oportunidades de las personas. En este campo, la visión estratégica de cada gobierno -por cierto, para ello, la condición previa es la estabilidad y la credibilidad, cosa que en Navarra brilla por su ausencia- y el sistema fiscal que impulse resultan determinantes, siendo conscientes de que, una cosa es el peso, comparado con otros países, de la recaudación fiscal en relación con el PIB y otra cosa es la presión fiscal a la que se ve sometido cada ciudadano, comparado con otros países. Diferentes niveles relativos de fraude fiscal o tasa de paro, por no hablar de otros factores, harían que dos países con el mismo sistema fiscal tuvieran recaudaciones muy divergentes en relación con su PIB.
Este es el sistema en el que nos toca vivir. Está muy bien que haya pensadores e ideólogos intentando buscar alternativas radicales mejores. Ojalá puedan encontrarse. A la vez, es fundamental que entre todos busquemos y tratemos de incorporar todas aquellas pequeñas modificaciones del sistema que puedan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. En paralelo, en la medida de que un porcentaje altísimo del empleo depende de la actividad privada, tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en las condiciones de ese nuevo modelo que hagan de Navarra un territorio cada vez más competitivo. Ello implica actuaciones a medio y largo plazo en sectores estratégicos y en factores transversales como internacionalización, innovación, financiación, espíritu empresarial, formación e infraestructuras.
Eso sí, a la vez que nos preocupamos del medio y largo plazo, tenemos que ocuparnos también del corto plazo, y en particular, de la creciente fractura social. La situación es tan dramática que nos interpela directamente a cada uno, y nos obliga a revisar nuestros valores y nuestros compromisos con la sociedad. Quizás es aquí donde todos tengamos que hacernos las mayores preguntas y debamos plantearnos nuevos retos.
La situación actual es tan grave que cada uno, en función de nuestras posibilidades, tenemos que preguntarnos si estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, más allá de lo que hagan los demás.
En primer lugar, los ricos de Navarra. Además de mantener un nivel de consumo en Navarra alto, ¿están cumpliendo impecablemente con sus obligaciones fiscales - facturas sin IVA- y laborales -empleados del hogar, personas contratadas para atender a personas mayores o dependientes-? ¿Están dispuestos a invertir parte de sus patrimonios en actividades generadoras de empleo asumiendo un riesgo, están dispuestos a, temporalmente, asumir una presión fiscal algo más alta sin cambiar su residencia, o están más por no poner en riesgo su patrimonio, estar tranquilos y a la espera y trasladarse a vivir a otro lugar al menor asomo de mayor presión fiscal? Hasta la canciller Merkel decía sentirse decepcionada con el escaso compromiso de los ricos con la crisis y sus consecuencias sociales.
En segundo lugar, las clases medias y medias altas con una situación económica estable y saneada, como por ejemplo los funcionarios con retribuciones elevadas. Como los anteriores, ¿están comprometidos en el día a día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y laborales? ¿Están tratando de mantener un nivel de consumo en Navarra adecuado? ¿Estarían dispuestos a asumir algún pequeño esfuerzo económico adicional que no les impidiera seguir con su estilo de vida y que pudiera contribuir a paliar problemas de emergencia social?
En tercer lugar, los empresarios y directivos de empresas que tienen una cierta o relativa estabilidad y, por lo tanto, un cierto margen para hacer cosas. ¿Están priorizando el mantenimiento de la actividad en Navarra y, por lo tanto, el mantenimiento e incluso posible creación de puestos de trabajo aquí, por encima de otras opciones? ¿Están tratando de ofrecer las mejores condiciones retributivas posibles o están empleando la legislación laboral actual para incrementar sus beneficios a costa de los empleados? ¿Están tratando de buscar planteamientos de colaboración y no de confrontación con sus empleados, sobre la base de la transparencia, la confianza y los acuerdos de mutuo beneficio? ¿Están cumpliendo con las obligaciones legales? ¿Están siendo sinceros en la publicación de sus cuentas económicas anuales? ¿Están comprometidos en la lucha contra la economía sumergida? Y, dentro de este capítulo, unas empresas muy importantes. Las entidades financieras. ¿Están sus directivos en Navarra dispuestos a introducir un factor un poquito mayor de confianza, de optimismo en la sociedad navarra a la hora de estudiar proyectos empresariales de aquí y, por lo tanto, están dispuestos a abrir más el grifo del crédito?
En cuarto lugar, los trabajadores. ¿Están dispuestos a evolucionar a una cultura no de la confrontación sino de la colaboración con los empresarios o sus directivos sobre la base de la transparencia y la confianza? ¿Están dando lo mejor de sí mismos en sus puestos de trabajo? ¿Están comprometidos también con el cumplimiento de las normas fiscales en el día a día? Y aquellos que no tienen retribuciones bajas, ¿están dispuestos a pactar fórmulas que impliquen la vinculación de sus retribuciones con la marcha de la empresa, tanto cuando las cosas salen peor o mejor? ¿Están abiertos a estudiar fórmulas de reparto del trabajo?
En quinto lugar, las personas en edad de trabajar que reciben prestaciones económicas públicas, unas prestaciones, por cierto, absolutamente prioritarias, esenciales en términos de cohesión social. Consideremos tanto los que reciben presta- ciones contributivas -paro- como los que reciben prestaciones asistenciales -sobre todo renta básica, ahora llamada de inserción social-. ¿Están haciendo todo lo posible por salir de esa situación e incorporarse de nuevo al mundo de trabajo incluso aunque el salario no se diferencie mucho de la prestación recibida? ¿Están dispuestos a dedicar su tiempo a aquello que le pida la Administración pública que le paga la prestación? ¿Están comprometidos en la lucha contra la economía sumergida?
En sexto lugar, los propietarios de viviendas oficialmente vacías. ¿Están dispuestos a incorporarlas a la bolsa pública de alquiler y contribuir de esa manera a que nadie esté sin techo en Navarra? ¿Están comprometidos también en la lucha contra la economía sumergida?
En fin, habría seguramente más perfiles personales que poner delante del espejo. Lo que he pretendido es recoger los más relevantes, al menos desde mi punto de vista. La idea es que todos debemos mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos si nuestro comportamiento se ajusta realmente a lo que nuestra sociedad necesita, y no tanto a nuestra conveniencia individual. Y si nos damos cuenta de que hay puntos de mejora, que seguro que todos los tenemos, pongámonos manos a la obra.
Y preguntémonos también cómo actuamos cuando vemos que personas de nuestro círculo más cercano, familiares o amigos, no tienen un comportamiento coherente en términos de solidaridad social, en particular en lo que se refiere al fraude fiscal o la economía sumergida. Y preguntémonos si deberíamos hacer algo distinto a lo que hacemos.
Manu Ayerdi, parlamentario de Geroa Bai
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