El destape de la militancia del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, en el Partido Popular ha provocado ya una oleada de peticiones de nulidad de resoluciones en la que ha participado como magistrado. A la anunciada por Baltasar Garzón, se añaden ahora la del secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, la de la Junta de Andalucía, la Generalitat de Cataluña y hasta la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica.
La Junta estudiará si proceden acciones judiciales
La Junta de Andalucía va a estudiar y revisar todos los temas que ha tratado De los Cobos con el fin de “determinar si se procede a alguna acción judicial”, entre ellos la suspensión de la subasta de medicamentos y la del decreto antidesahucios, paralizada cuando el magistrado ya era presidente del Constitucional, según adelanta El País.
La Generalitat valorará el golpe al soberanismo
La Generalitat de Cataluña estudiará, por su parte, la ratificación, el pasado 11 de julio, de la suspensión de la declaración soberanista aprobada por el Parlament, y que fue decidida con Pérez de los Cobos como presidente del Alto Tribunal.
Otegi
La defensa de Arnaldo Otegi y del ex secretario general de LAB, Rafael Díez Usabiaga, ha anunciado también que recurrirá la decisión del Tribunal Constitucional de mantener en la cárcel al secretario general de Sortu, una resolución adoptada en junio. Díez Usabiaga defiende que Pérez de los Cobos “tenía una posición prefijada, sobre ETA y sobre el caso Batasuna, como militante del PP”.
La sentencia sobre Miguel Hernández
La Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica denunciará al Comité de los de Derechos Humanos, Civiles y Políticos de la ONU que fue precisamente Francisco Pérez de los Cobos uno de los tres magistrados que decidieron no admitir a trámite el recurso para la nulidad de la condena franquista a muerte del poeta Miguel Hernández en 1940. Un miembro de la Comisión de Memoria Histórica que impulsó la presentación del recurso señaló a El País que si hubieran conocido que “uno de los magistrados era del PP probablemente hubiéramos estudiado su recusación”.
El Plural
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