Hace unas semanas el señor Félix Bariáin
(UAGN) realizó unas declaraciones acerca de la ampliación de la primera fase
del Canal de Navarra, cuyo inicio de obras está programado en 2013,
calificándola de “fundamental” en base a los argumentos de que es rentable para
el agricultor, fundamental para la sociedad navarra, y creadora de 7.000
puestos de trabajo. Estos argumentos están en línea con los utilizados por
Gobierno de Navarra en todas sus manifestaciones sobre el asunto.
No compartimos estos argumentos. En nuestra
opinión la ampliación del Canal de Navarra no cumple con los mínimos requisitos
de racionalidad económica, ambiental o social que serían exigibles a cualquier
obra pública, tal como hemos expuesto en los comentarios y alegaciones ya
presentados ante la administración.
En primer lugar, pensamos que las obras del
Canal no han sido ni serán rentables para el conjunto de agricultores y
ganaderos. El dinero público que se dedica al Canal (que en conjunto consume un
presupuesto enorme, dato que nuestros políticos procuran ocultar fraccionando
la información en sus triunfales anuncios) se quita de esas “partidas imprescindibles para
agricultores y ganaderos”, que
a pesar de ser imprescindibles son mermadas año tras año. Como ejemplos de
ayudas que desaparecen en momentos críticos para sectores importantes,
podríamos destacar la eliminación de la ayuda a las producciones ganaderas
sostenibles (más de 88.000
ha en Navarra, en un momento muy delicado por la
evolución de precios), o la no convocatoria en 2012 de ayudas para la
adecuación a la nueva normativa de bienestar animal porcino (de obligado
cumplimiento desde comienzo de 2.013).
Las obras del Canal tampoco son rentables para
una buena parte de los agricultores de la zona regable que se ven obligados a
vender o alquilar sus explotaciones por tener fincas pequeñas, edad avanzada, o
poca capacidad de pago frente a las importantes inversiones requeridas para la
conversión a regadío por presión. Esto va a ser especialmente dramático
en las más de 6.000 ha
de regadío tradicional que se incluyen sin ningún tipo de análisis social en la
ampliación (por no hablar de la falta de análisis de la pérdida de valores
ambientales y paisajísticos que van a sufrir estas vegas).
Permanece siendo una incógnita si, a pesar de
la enorme cantidad de dinero público invertido que nunca será recuperado
(porque los regantes pagan sólo una parte relativamente pequeña del total
invertido, el resto lo pagamos todos), las obras van a ser rentables a medio y
largo plazo para los agricultores que permanezcan. Es cierto que actualmente
estamos en un máximo histórico de precios de cereal, pero no es prudente
suponer que los precios se mantendrán en este nivel mucho tiempo. Y sin
precios altos, las cuentas no salen (por otra parte, en el cereal de secano
según los años y las zonas también se han sacado buenas rentabilidades sin
grandes inversiones ni costos).
Además, al mismo tiempo que se anuncian nuevas
inversiones en la ampliación, los agricultores de la primera fase han visto
cómo se les aplazan las ayudas que se les habían prometido en 2.012 para la
instalación en parcela, nueva maquinaria y secaderos, lo cual en muchos casos
les pone en dificultades financieras, ya que han tenido que realizar
inversiones importantes en estos conceptos.
Lo que sí es perfectamente conocido es que
estas obras no van a generar 7.000 puestos de trabajo. No hay más que ver los
datos disponibles de los diferentes sectores de la primera fase del Canal para
comprobar en cifras que no ha habido creación de empleo. No hay más que ver
cuáles son los cultivos mayoritarios para entenderlo (regadío extensivo,
mayoritariamente cereal que apenas requiere mano de obra). No hay más que
hablar con cualquier agricultor de la zona para confirmarlo. En la situación
social y económica en que estamos, resulta triste e indignante ver a alguien
que por fuerza tiene que conocer la situación, empleando semejante argumento.
Los argumentos a favor de la ampliación son
papel mojado, porque este proyecto no está amparado en un análisis serio de su
necesidad o su conveniencia. Se trata de una huida hacia adelante con el
proyecto Itoiz-Canal de Navarra, proyecto que representa lo peor de una
política de aguas arbitraria, autoritaria y opaca, empeñada en la construcción
de grandes infraestructuras hidráulicas, donde quienes se han beneficiado son
los bancos y las constructoras.
Otro aspecto preocupante es el de las fórmulas
de financiación público-privadas, que no son otra cosa que una privatización de
los servicios del agua. En las obras de interés general de la zona regable de
la primera fase, se utilizó una fórmula de peaje en sombra que lastrará durante
30 años las cuentas forales con un canon que ya asciende a los 13 M€ al año.
Como esta fórmula ya no está permitida en Europa, Gobierno de Navarra ha
decidido que INTIA valore la posibilidad de un sistema concesional, o la de una
sociedad de economía mixta. Esto supone un escenario de gran incertidumbre
económica para los futuros regantes de la ampliación, que de acuerdo con las
fórmulas de financiación previstas (régimen concesional o sociedad mixta)
podrían tener que pagar una mayor parte de las obras que los de la primera
fase. A pesar de esto a los agricultores ni se les informa ni se les pregunta,
incumpliendo con ello la Ley de Aguas y la Ley Foral de Infraestructuras
Agrícolas.
Daniel Arana Belloso y Fco. Javier Suescun
(Patxi Sueskun), miembros de URA, Nueva Cultura del Agua
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