El parlamentario de Geroa Bai, Patxi Leuza, ha solicitado la comparecencia del Consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, Íñigo Alli Martínez, para que explique "la repercusión y los efectos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN)", dictada el 28 de septiembre de 2012, " por la que se reconoce el derecho del Ayuntamiento de Tafalla a percibir del Gobierno de Navarra la subvención del coste de atención domiciliaria prestado en 2010 dirigido a dependientes con grado severo nivel 1".
Y es que según manifiesta el parlamentario de Geroa Bai, el departamento de Políticas Sociales "debe dar explicaciones sobre esta sentencia que reconoce el derecho del Ayuntamiento de Tafalla a percibir 19.338,05 euros del coste del servicio de atención domiciliaria de 2010 que inicialmente no fueron abonados por la Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación del Departamento de Política Social del Gobierno de Navarra".
Patxi Leuza apunta al respecto que "según la resolución dictada a principio de 2011 la subvención autorizada al Ayuntamiento de Tafalla fue de 15.737,59 euros correspondientes al servicio de atención domiciliaria a personas con grado de Gran Dependencia (niveles 1 y 2) y a los Dependientes Severos de nivel 2. Sin embargo no se abonó el importe de la subvención correspondiente a la atención de Dependientes Severos nivel 1".
No obstante, tras el correspondiente recurso por parte del Ayuntamiento de Tafalla "el TSJN ha reconocido que este consistorio tiene derecho también a la percepción de las cantidades reclamadas al Gobierno de Navarra correspondientes a la atención de los dependientes severos 1, sin perjuicio de que el Gobierno foral deba descontar esas cantidades que en última instancia corresponden al Estado en el marco del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra", señala Patxi Leuza.
De este modo el TSJN se posiciona del lado del Consistorio que reclamaba además de la cantidad concedida como subvención (15.737,59 euros) otros 19.388,05 euros "habida cuenta de que debe prestar el servicio de atención domiciliaria a personas con grado de dependencia, niveles 1 y 2, así como con grado de dependencia severo, niveles 1 y 2, siendo la cantidad que se le adeudaría la correspondiente al grado de dependencia severo, nivel 1, que la Administración demandada considera que no le corresponde abonar ".
Por todo ello, "dada la trascendencia de esta sentencia y a la vista de las repercusiones que puede tener este fallo", el parlamentario de Geroa Bai considera "esencial que el consejero Alli ofrezca las explicaciones oportunas".
Diario de Noticias
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