¡Qué contento está -y se le ve por la tele - al nuevo ministro de Justicia con su cargo! Gallardón está henchido, ¡mucho más que un niño con su “play” nueva! Rezuma, en lo sardónico de su sonrisa, la felicidad impostada de quién se siente parcialmente recompensado por una larga trayectoria de peloteo a dos (“marianistas” y aznaristas”) y más bandas; y que, a la vez, parece decirnos a todos: ¡ya me ha llegado la hora de estar donde tenía que haber llegado hace tiempo, y ahora os vais a enterar de lo que vale un peine!
En resumen, que encantado de conocerse, Gallardón se ha presentado en el Congreso y ante España paseándose por todas las teles y radios con un paquete de medidas para su ministerio, nítidamente regresivas en el plano de los derechos sociales (reforma de la Ley del aborto para empezar); y aún más en el ámbito del poder judicial que el PP quiere reformar, para apuntalar el control de la derecha judicial sobre los mencionados órganos de la magistratura. Sin cortase un pelo, y obviando que durante tres largos años el PP ha estado bloqueando la renovación del Tribunal Constitucional para mantener la mayoría conservadora en la sentencia del Estatuto de Catalunya; Gallardón ha lanzado el maniqueo -y siempre incumplido- discurso de que el objetivo que se persigue con la reforma es garantizar la independencia de los órganos judiciales. ¡Ja!
Reformas que, por el momento, se completan con el anuncio de que va a abrir la brecha para la privatización de las bodas civiles y los divorcios no problemáticos, metiendo dinero en el bolsillo de los notarios. Pobrecitos ellos, quejándose amargamente, porque sus ingresos se han visto mermados por la crisis. Lo que lleva a más de uno a preguntarse: ¿pero no son estos -los notarios- los que pillan por todas partes con unas minutas de escándalo por mover cualquier papel? Con el argumento de descargar de trabajo a los juzgados, ahora serán los notarios -quienes de manera endogámica- fijarán las tarifas a cobrar por esta nueva bula que les concede el Gobierno del PP de mano del insigne Gallardón. Atentos porque por aquí se abre la espita para una justicia para ricos y otra para las gentes del común.
Y ahí se queda todo, porque claro, Gallardón no baja nunca a la calle y, por eso, no se entera -o si se entera guarda un cómplice silencio- con respecto a la no mala, sino malísima imagen que de la justicia española tiene cada vez un mayor número de ciudadanos, ¡y con razón!, ya que solo basta con hacer un repaso de los últimos hechos producidos en los tribunales, para comprobar el errático concepto de justicia que aplican jueces y magistrados.
Sólo en los últimos tres meses hemos asistido, atónitos, a hechos como los siguientes. Todavía continúa en la cárcel el preso más antiguo de España (que nunca ha cometido delito de sangre alguno), después de haber sido indultado –sucesivamente- por el gobierno Zapatero en su último consejo de ministros, y por el primero que celebró el nuevo gobierno de Rajoy. Sin embargo, ahí sigue tras los barrotes. En contrapartida el vicepresidente del banco Santander, Alfredo Sáenz, fue indultado de inmediato, y ni siquiera llegó a entrar en prisión, después de ser condenado a cuatro años por el Tribunal Supremo, y archivada la causa a velocidad de vértigo. ¿Es esto justicia? En paralelo, hemos conocido dos sentencias de aúpa que han provocado estupor entre la ciudadanía que cada vez tiene menos dudas sobre el distanciamiento de los jueces con respecto a la realidad social. Una, la sentencia del caso Marta del Castillo que deja en la calle a cómplices de encubrimiento en una desaparición-asesinato. Y dos, la sentencia exculpatoria para Francisco Camps, quién tras dejar en bancarrota a la Generalitat Valenciana, sale exonerado de cohecho impropio fruto del dictamen de un jurado popular que pone en tela de juicio el funcionamiento de este modelo de tribunal, y con el que el juez ponente ha redactado una sentencia en la que tergiversa -difícil pensar que por error-, los hechos probados durante la vista que todos hemos seguido, con vergüenza ajena, a través de prensa, radio, televisión e internet. ¡Amiguito del alma, te quiero un huevo!
Y, por último, y como gota que colma el vaso de la mala imagen de la justicia española, ahí tenemos al todavía - pero no por mucho tiempo – juez Baltasar Garzón, pasando su particular vía crucis en el Tribunal Supremo, en un descarado acoso para echarle de la carrera judicial. Pero de nada de esto ha hablado aún Gallardón, porque este contenido histrión que obra y actúa como si hubiera sido ungido por los dioses, sobrevuela sobre la realidad y opiniones de los mortales, despreocupado por tanto del creciente desprestigio, dentro y fuera de España, de una justicia que obra, cada vez más a las claras, con distintas varas de medir para unos y para otros.
Vicente Mateos, del Consejo Editorial “La Antorcha de la Información”
En resumen, que encantado de conocerse, Gallardón se ha presentado en el Congreso y ante España paseándose por todas las teles y radios con un paquete de medidas para su ministerio, nítidamente regresivas en el plano de los derechos sociales (reforma de la Ley del aborto para empezar); y aún más en el ámbito del poder judicial que el PP quiere reformar, para apuntalar el control de la derecha judicial sobre los mencionados órganos de la magistratura. Sin cortase un pelo, y obviando que durante tres largos años el PP ha estado bloqueando la renovación del Tribunal Constitucional para mantener la mayoría conservadora en la sentencia del Estatuto de Catalunya; Gallardón ha lanzado el maniqueo -y siempre incumplido- discurso de que el objetivo que se persigue con la reforma es garantizar la independencia de los órganos judiciales. ¡Ja!
Reformas que, por el momento, se completan con el anuncio de que va a abrir la brecha para la privatización de las bodas civiles y los divorcios no problemáticos, metiendo dinero en el bolsillo de los notarios. Pobrecitos ellos, quejándose amargamente, porque sus ingresos se han visto mermados por la crisis. Lo que lleva a más de uno a preguntarse: ¿pero no son estos -los notarios- los que pillan por todas partes con unas minutas de escándalo por mover cualquier papel? Con el argumento de descargar de trabajo a los juzgados, ahora serán los notarios -quienes de manera endogámica- fijarán las tarifas a cobrar por esta nueva bula que les concede el Gobierno del PP de mano del insigne Gallardón. Atentos porque por aquí se abre la espita para una justicia para ricos y otra para las gentes del común.
Y ahí se queda todo, porque claro, Gallardón no baja nunca a la calle y, por eso, no se entera -o si se entera guarda un cómplice silencio- con respecto a la no mala, sino malísima imagen que de la justicia española tiene cada vez un mayor número de ciudadanos, ¡y con razón!, ya que solo basta con hacer un repaso de los últimos hechos producidos en los tribunales, para comprobar el errático concepto de justicia que aplican jueces y magistrados.
Sólo en los últimos tres meses hemos asistido, atónitos, a hechos como los siguientes. Todavía continúa en la cárcel el preso más antiguo de España (que nunca ha cometido delito de sangre alguno), después de haber sido indultado –sucesivamente- por el gobierno Zapatero en su último consejo de ministros, y por el primero que celebró el nuevo gobierno de Rajoy. Sin embargo, ahí sigue tras los barrotes. En contrapartida el vicepresidente del banco Santander, Alfredo Sáenz, fue indultado de inmediato, y ni siquiera llegó a entrar en prisión, después de ser condenado a cuatro años por el Tribunal Supremo, y archivada la causa a velocidad de vértigo. ¿Es esto justicia? En paralelo, hemos conocido dos sentencias de aúpa que han provocado estupor entre la ciudadanía que cada vez tiene menos dudas sobre el distanciamiento de los jueces con respecto a la realidad social. Una, la sentencia del caso Marta del Castillo que deja en la calle a cómplices de encubrimiento en una desaparición-asesinato. Y dos, la sentencia exculpatoria para Francisco Camps, quién tras dejar en bancarrota a la Generalitat Valenciana, sale exonerado de cohecho impropio fruto del dictamen de un jurado popular que pone en tela de juicio el funcionamiento de este modelo de tribunal, y con el que el juez ponente ha redactado una sentencia en la que tergiversa -difícil pensar que por error-, los hechos probados durante la vista que todos hemos seguido, con vergüenza ajena, a través de prensa, radio, televisión e internet. ¡Amiguito del alma, te quiero un huevo!
Y, por último, y como gota que colma el vaso de la mala imagen de la justicia española, ahí tenemos al todavía - pero no por mucho tiempo – juez Baltasar Garzón, pasando su particular vía crucis en el Tribunal Supremo, en un descarado acoso para echarle de la carrera judicial. Pero de nada de esto ha hablado aún Gallardón, porque este contenido histrión que obra y actúa como si hubiera sido ungido por los dioses, sobrevuela sobre la realidad y opiniones de los mortales, despreocupado por tanto del creciente desprestigio, dentro y fuera de España, de una justicia que obra, cada vez más a las claras, con distintas varas de medir para unos y para otros.
Vicente Mateos, del Consejo Editorial “La Antorcha de la Información”
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