Si hay un sector donde la frontera entre el trabajo formal e informal es imposible de definir, ése es el de la denominada economía del cuidado y el trabajo doméstico. Según el estudio del Instituto de la Mujer Cuidados a personas dependientes. Valoración económica, aproximadamente 5,3 millones de mujeres se dedican al cuidado informal prestado a personas dependientes, lo que supone el 9,05% del empleo en el Estado español y el 4,2% del producto interior bruto, sin que por ello reciban remuneración alguna.No obstante, dicho sector se ha convertido también en puerta de entrada al mercado laboral de la mujer inmigrante, lo que lo ha convertido en un gran nicho de trabajo en negro. Desde 1997, se ha producido un aumento anual del 30% en el número de personas que se incorporaban a la economía de los cuidados recibiendo algún tipo de remuneración. “Los países mediterráneos son un claro ejemplo de cómo la inmigración, particularmente la femenina, ‘ayuda’ a suplir las carencias del Estado del bienestar. Las mujeres inmigrantes proveen los servicios de atención que el Estado no ofrece y a un precio inferior al de la provisión realizada por empresas privadas, dado que generalmente se ven obligadas a aceptar salarios bajos en condiciones de trabajo precarias e informales”, afirma Isabel Pla Julián, directora de la Unidad de Economía y Género de la Universidad de Valencia.
Según esta profesora valenciana, la realidad actual es que la mujer inmigrante ha venido a cubrir el vacío dejado en el hogar por la mujer autóctona, al incorporarse ésta al mercado laboral en la última década. Sin embargo, la crisis también ha llegado al sector doméstico, puesto que en el último año el tiempo medio de espera para encontrar trabajo ha pasado de tres a seis meses.
La legislación actual permite realizar contratos verbales entre empleador y trabajador, sin que el primero deba hacerse cargo de las cotizaciones de éste a la Seguridad Social, excepto cuando el 80% de la actividad del empleado se hace con una sola persona. En la práctica, esto sólo sucede cuando se trata de trabajadoras internas o empleadas del hogar de las grandes fortunas. Cuando el trabajo se realiza a través de la Administración, la precariedad se multiplica.
“Hasta hace diez años las personas dedicadas a los cuidados formaban parte de la plantilla de los Ayuntamientos. Pero poco a poco se han ido externalizado esos servicios, contratando empresas privadas y reduciendo al máximo esos gastos sociales. Eso ha llevado a cargar de trabajo a los cuidadores y empeorar el servicio que se da, especialmente, a personas mayores, que necesitan de un gran apoyo psicológico que ahora no hay tiempo de ofrecer”, afirma Carme Alemany, socióloga y directora de Investigación del Centre d’Estudis Dona i Societat.
La incorporación de la mujer inmigrante ha agravado aún más la precariedad del sector. “Las mujeres inmigrantes cobran menos que las españolas, nunca más de siete euros la hora, y lo hacen sin Seguridad Social. La inestabilidad es terrible, pues en la limpieza dependes de que mañana la señora pueda decirte que no vuelvas más. Y cuando se trata de una persona mayor suelen vivir en la casa, sin ninguna regulación, sin horario ni vacaciones, y dependiendo de que esa persona se muera y se acabe el trabajo de un día para otro”, concluye Alemany.
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