lunes, 19 de enero de 2015

LA CÚPULA DE LAS CAJAS GALLEGAS SERÁ JUZGADA POR EL COBRO DE PREJUBILACIONES MILLONARIAS

La Audiencia Nacional comenzará a juzgar a partir del próximo 18 de mayo a cinco antiguos directivos de Novacaixagalicia, surgida de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, entre ellos a su excopresidente Julio Fernández Gayoso, por el supuesto cobro indebido de prejubilaciones millonarias.

La sección tercera de la sala de lo penal ha fijado la vista del 18 al 20 y del 27 al 29 de mayo, y la misma proseguirá las jornadas del 11, 12, 29 y 30 de junio y del 1, 8 y 9 de julio, han informado fuentes jurídicas.

Además de Fernández Gayoso, en el banquillo se sentarán el ex director general de la entidad, José Luis Pego; el ex director general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; el antiguo responsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán; uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada, y el abogado Ricardo Pradas.

La Fiscalía Anticorrupción y NGC Banco reclamaron tres años de prisión para cada uno por apropiación indebida y, alternativamente, de estafa, así como que devuelvan las cantidades "ilícitamente" percibidas, que ascienden a 18,9 millones, mientras que Adicae eleva su petición a cuatro años de cárcel.

Según el instructor, Ismael Moreno, a mediados de 2010, con motivo de la fusión de Caixagalicia y Caixanova y de la primera petición de ayuda al FROB de 1.162 millones, Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán, pertenecientes a la segunda entidad, acordaron con Fernández Gayoso "mejorar sus contratos de alta dirección" para "preparar su previsible futura salida de la entidad".

Pego firmó los nuevos contratos "introduciéndose mejoras en las retribuciones a percibir" en caso de "desestimiento unilateral de su relación laboral", modificaciones que "fueron ocultadas" al Consejo de Administración.

"De esta manera, con abuso de confianza y engañando al Consejo de Novacaixagalicia, consiguieron que la nueva caja se subrogara en las obligaciones que, según les informaron, habían sido previamente adquiridas por Caixanova en materia de retribuciones de altos directivos", por lo que pensaron que databan de los antiguos contratos.

A propuesta de Fernández Gayoso se acordó que Pego también suscribiera un contrato de alta dirección con García de Paredes, antiguo directivo de Caixagalicia, "en las mismas condiciones" que los anteriores.

De esta forma, en ejecución del "plan previamente concebido para preparar su salida de la entidad y con pleno conocimiento de su próxima bancarización", el 15 de agosto de 2011 se reunió el Consejo de NGC.

En él Pradas planteó "de manera abstracta", sin identificar "a qué personas podía afectar ni tampoco las provisiones necesarias", que concurría uno de los supuestos necesarios, el de la fusión de entidades, para extinguir el contrato de los directivos.

También informó de los conceptos retributivos para éstos, que eran los mismos que "para el resto de personal de la plantilla y que no existen cláusulas de blindaje, lo cual era manifiestamente incierto".

Por ello, el Consejo, en la creencia de que los cuatro directivos deberían cobrar por los mismos conceptos que el resto de la plantilla que se acogió al plan de prejubilaciones, declaró otra vez vigentes los antiguos contratos y decidió dotar una provisión "cuya cuantía no se concreta" para el supuesto de que algún día, "en el marco de un futuro incierto", se produjera el cese voluntario.

En septiembre, Fernández Gayoso aprobó y liquidó los importes de Pego, que se embolsó 7,7 millones; Rodríguez Estrada (691.261 euros) y de Gorriarán (4,8 millones).

Mientras, José María Castellano, como presidente de la nueva entidad fusionada, liquidó la indemnización de García de Paredes de 5,6 millones "en la creencia de que la misma se ajusta a la legalidad"

Dichas liquidaciones, sus conceptos e importes "no fueron conocidos ni aprobados por el Consejo de Administración de la caja ni tampoco por el Banco de España hasta después de su pago", e incumplieron lo pactado con el FROB en materia de retribuciones de altos cargos y con la obligación de informar al supervisor.

El Progreso