La envergadura del proyecto de la central hidroeléctrica de Mendavia y sobre todo del canal que lleva aparejado y por el que se trasladará el agua del río Ebro sorprendió ayer en el Parlamento, donde los vecinos de la asociación La Barca expusieron los datos del proyecto y argumentaron su oposición al mismo.
De esta forma, Javier Martínez, Antonio Ezquerro y José Delgado detallaron que el río Ebro se desviará durante 8 kilómetros de su cauce habitual y que tendrá en su recorrido una anchura de 51 metros. Además señalaron que en el proyecto se ha solicitado una concesión de 99 metros cúbicos por segundo cuando esta asociación asegura que la media del caudal de este río no llega a los 100. Además, añadieron que, de forma aparejada al canal, se van a construir dos caminos de 5 metros de ancho más y que habrá otro canal de riego de una veintena de metros. “En total son 80 metros de ancho”, indicaron. La Barca señaló que la central va a producir 9.000 kilovatios por hora y que de ella saldrá una línea eléctrica de 2,5 kilómetros.
A esto, se suman las afecciones que, según estiman, el plan tendrá para algunas especies como el visón europeo, la nutria o el águila perdicera.
Los grupos de la Cámara coincidieron en que estos datos supondrían un importante impacto medioambiental. Sin embargo, a la hora de interpretarlos sí que hubo diferencias.
Víctor Rubio de Bildu, grupo que junto a Aralar había pedido la comparecencia de los vecinos, incidió en que la anchura prevista es el doble que la del Canal de Navarra y destacó que el Gobierno de La Rioja va a ser quien defienda el Medio Ambiente navarro ya que ese Ejecutivo se opone al proyecto. Txentxo Jiménez, de Aralar planteó varias preguntas como cuál es la necesidad de este proyecto y quiso que el Gobierno de Navarra valore el impacto ambiental del mismo.
María de Simón (IU) calificó la obra como de “una envergadura espectacular” y pidió que el Ayuntamiento atienda la voluntad del pueblo, que expresará su opinión en un sondeo. Eva María Gorri (PPN) explicó que, según los datos aportados, el impacto sería “brutal”. Eso sí remarcó que la zona está protegida por la legislación europea y que la deberá cumplir.
Jerónimo Gómez (UPN) se planteó la pregunta de que “si este plan fuese semejante desastre ¿alguien se puede plantear qué se va a hacer?” y explicó que el camino que ha tomado el Consistorio es el lógico, en relación a los trámites que se han realizado. “Un Ayuntamiento no puede denegar algo porque le dé la gana”. Samuel Caro (PSN) mantuvo ese último argumento y destacó los posibles beneficios del plan en los ámbitos del empleo, el desarrollo económico y la agroindustria. Eso sí, defendió que si el proyecto no cumple la legalidad, no se debe hacer.
Los miembros de La Barca explicaron que cuentan con 1.200 firmas en contra de este plan y desde este colectivo establecieron posibles conexiones entre el propietario de la empresa que promueve el proyecto y el Gobierno foral. También cuestionaron cómo una empresa sin actividad y con un capital de 250.000 euros puede lanzar un proyecto de 37 millones y que no se creará el empleo prometido.
Diario de Noticias
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