El Supremo inadmitió ayer el recurso del Gobierno de Nafarroa contra la sentencia que anulaba su Plan de Residuos para 2020 y queda así anulado definitivamente. El TS condena además a Nafarroa a pagar las costas. La invalidación del plan se debe a una denuncia interpuesta por la Mancomunidad de Sakana en colaboración con la Fundación Sustrai. El motivo de que se anulara el Plan General de Residuos (PIGRN) era que el Gobierno navarro había hecho una apuesta casi en exclusiva por la incineración y ni siquiera había fijado cuál sería la ubicación de la incineradora.
Según explicaba ayer Eduardo Santos, el abogado que ha llevado el pleito, lo que ocurre es que el plan «no tenía suficiente contenido». La situación que genera es compleja de analizar, ya que Nafarroa no tiene absolutamente ninguna estrategia de gestión de las basuras y ahora se tendrá que acoger a la normativa estatal. «No tenemos nada acorde con las directrices europeas y eso lo que evidencia es que el Gobierno navarro está dejando en manos de la iniciativa privada la gestión de un bien público como es la basura», dice Santos.
El Gobierno conocía que este era el único desenlace posible. Después de haber recibido el varapalo en primera instancia, metió este recurso con el único objetivo de ganar tiempo y que el proyecto de quemar los residuos en la cementera de Olatzagutia pudiera seguir adelante. Hace unos meses, Samuel Caro, del PSN, sorprendió al anunciar que había que hacer cambios en el PIGRN y cambiar el enfoque hacia otras tecnologías. UPN también acogió de buen grado la iniciativa y, supuestamente, están preparando estas modificaciones para antes del fin de la legislatura. Detrás de todo esto está el actual consejero de Medio Ambiente, José Javier Esparza, que actualmente se encuentra en plena campaña electoral, ya que Barcina lo aupó para que fuera el candidato. Estas modificaciones en el Plan de Residuos parecen encaminadas a promover los Combustibles Derivados de Residuos o (CDR) es decir, a pretratar la basura para después quemarla con mayor libertad (sería le mejor forma de alimentar a la cementera) tal y como ya hace FCR la multinacional que controla la gestión de la basura.
El abogado de la Mancomunidad de Sakana y de Sustrai entiende que el Plan está definitivamente muerto y que, por tanto, no ha lugar a modificarlo. «Habría que empezar de cero y hay que abrir otra vez el debate a la ciudadanía y pasar por un proceso participativo», asegura.
Curiosamente, el candidato de EH Bildu, era el gerente de la mancomunidad que impulsó el pleito. «Ha sido una victoria de David contra el Goliat del Gobierno. Esto evidencia que su idea de incinerar era ilegal y tenía errores técnicos. Ahora hemos perdido años en un tema tan importante como es la gestión de los residuos», dijo ayer Adolfo Araiz.
Aritz Intxusta, en GARA
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