GUENDULÁIN, ¿140 MILLONES DE QUÉ?

El Gobierno de UPN, por boca de su consejero Zarraluqui, ha desvelado el objetivo último de seguir hasta el final con la operación especulativa que fue el proyecto de la macrociudad de Guenduláin -la segunda de Navarra con 18.000 nuevas viviendas en la idea original, ya convertida en un fracaso inviable: blindar los intereses de los promotores que compraron un descampado rústico al Conde de Guenduláin y familia por 130 millones de euros (que el Gobierno en el concurso público hecho a medida de esos 42 empresas promotoras y constructoras recalificó como urbanizable seis días después de la operación y lo valoró en 90 millones, el máximo posible), ahora con un valor de 140 millones en caso de que Navarra renuncie al planeamiento. O se impone seguir con un imposible urbanístico o pagamos la fracasada inversión privada con intereses. ¿De qué? ¿De dónde sale ese cálculo de 140 millones? ¿Qué estudio de viabilidad urbanística lo avala? ¿Por qué insiste Zarraluqui, una persona vinculada en su trayectoria profesional a los intereses privados del suelo y la vivienda, en aprobar un Plan Sectorial que blinda una indemnización que la Cámara de Comptos ya consideró innecesaria hace seis años? ¿Qué informe avala la viabilidad de esa ciudad en este momento histórico? ¿Por qué las arcas forales tienen que avalar o pagar esa fracasada operación urbanística de intereses privados? Es evidente que Guenduláin, un simple pelotazo más al amparo de la falta de transparencia con la complicidad del Gobierno de UPN, el habitual apoyo incondicional entonces del PSN y el uso instrumental de la vieja CAN, y una oscura operación cuestionada desde el comienzo por arquitectos, urbanistas, partidos políticos, Cámara de Comptos, organizaciones sociales y medioambientales e incluso los técnicos de Ordenación del Territorio de la Administración foral, es a estas alturas otro inmenso agujero sin fondo y, lo que es aún peor, se pretende trasladar a las nuevas generaciones. Fue un mal intento de negocio particular con el aval de los recursos públicos, otro ejemplo de amiguismo, clientelismo y favoritismo de los intereses privados por encima de los intereses generales, pero ya no es una ciudad viable y no hay razón sensata ni sentido ético alguno en que el conjunto de la sociedad navarra tengan que asumir a escote el coste de ese despropósito. Otro más de un régimen fallido que ha dejado la capacidad económica y presupuestaria de Navarra y la credibilidad de sus instituciones bajo mínimos democráticos. Otra inmensa estafa.

Editorial del Diario de Noticias