Recuerdo prácticamente como si fuera hoy la satisfacción de Miguel Sanz cuando se convirtió en el presidente navarro más longevo, superando los siete años y medio de mandato de Gabriel Urralburu. Me la transmitió en el propio Legislativo foral cuando servidor cubría la información parlamentaria, porque en honor a Sanz y a la verdad hay que reconocer que el político corellano encajaba la crítica sin retirar la palabra al periodista que cuestionaba sus decisiones, ducho como siempre fue en las distancias cortas. Todavía resuena en mi cabeza la apostilla de aquel Sanz ufano, además de por rebasar a Urralburu, porque lo había hecho "limpio de polvo y paja".
Para nada podía imaginar por entonces, en 2003, que menos de dos años después de abandonar las lides presidenciales a él también le iba a acompañar en su retirada la sombra de la corrupción -como a todos los inquilinos de la Diputación desde el advenimiento de la democracia, con la salvedad de Juan Cruz Alli- en una comprometida declaración ante una magistrada que requirió su testimonio en calidad de imputado.
Al margen de los asesinatos por ETA de sus correligionarios Tomás Caballero y José Javier Múgica, y probablemente también del fatal descarrilamiento de Uharte Arakil que asimismo le conmovió profundamente, podría decirse que la testifical de ayer ha sido el peor trance de la carrera política de Sanz -que aún sigue en activo, en tanto que integrante de la ejecutiva de UPN- junto con la imposibilidad de acceder a la presidencia en 1995 pese a recabar 17 de los 50 escaños y liderar la lista más votada. Un disgusto que le duró escasamente un año, ya que cuando incluso sopesaba pedir el reingreso en Caja Rural le vino a ver el conocimiento público de la cuenta en Suiza a nombre de Javier Otano relacionada con las investigadas en la conocida comotrama navarra del caso Roldán.
A diferencia de lo que ocurre hoy con las dietas ocultas de Can, este escándalo conllevó la inmediata dimisión del afectado y, como corolario, la negativa del PSOE a permitir la investidura del convergente Alli como vicepresidente de aquel Ejecutivo tripartito para apostar por una gestora para su federación navarra.
El 18 de septiembre de 1996 arrancó una presidencia de Sanz que, tres elecciones mediante, se extendería hasta el 1 de julio de 2011. Sin menoscabo de los lógicos avatares, su trayectoria gubernamental resultó en términos globales confortable. Básicamente porque coincidió con un ciclo económico bonancible, a lo que se sumó el deterioro de un PSN incapaz de armar una alternativa y los años de plomo de ETA, baza política para UPN tan patente como su perversa existencia.
Así que Sanz siempre pudo esgrimir a la menor dificultad la mejora comparativa respecto al resto del Estado, con su sempiterna glosa de lo impoluto de su gestión pese al obvio clientelismo, manifestado sobremanera en la concesión de las subvenciones y en el manejo partidista de las empresas públicas por ejemplo complementando con ellas los salarios de los miembros del Gobierno foral.
Una evidencia que no penalizó el elector moderado, pues Sanz debutó como candidato en 1995 con poco más de 90.000 votos y consiguió en sus últimos comicios (2007) casi 140.000, para un aumento de cinco escaños, hasta 22. Siempre en representación de UPN y PP, pues la ruptura entre los socios durante 17 años no se materializó hasta noviembre de 2008.
Ese bagaje pretérito es el que Sanz se jugó ayer en el espinoso careo con la juez Benito, el botón de muestra de su verdadera bajada a los infiernos tras ceder el liderazgo regionalista a Yolanda Barcina en marzo de 2009.
Ciertamente, los sobresueldos opacos de la comisión permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de Can (39.028 euros por 16 reuniones de un total de más de 600.000 euros en dietas desde 1991, cuando ya oficiaba de vicepresidente foral) constituyen el núcleo de las pesquisas judiciales. Pero a la probable consideración penal de tales dádivas también se agrega la falta de control sobre las decisiones adoptadas por la dirección técnica de Can hasta su desaparición como entidad financiera. Lo que apunta a Sanz más que a nadie en tanto que el de Enrique Goñi fue un fichaje personal e intransferible suyo.
Por tanto, sobre él también pesa el reproche social -y está por ver si el judicial- de la devaluación patrimonial de Can en mil millones de euros en números redondos, por ejemplo fruto de las erróneas políticas de expansión (un 43% más de oficinas de 2005 a 2009, y además comprando locales) y de personal (medio millar de prejubilaciones desde 2001), con el aditamento de la errática elección de socios para Banca Cívica.
Sin embargo, los problemas de Sanz no solo se circunscriben al affaire Can, sino que alcanzan a su relación con el partido unido que legó hace cuatro años, una sigla que por lo demás disfrutaba de estabilidad en el Gobierno. Dividida la marca y abandonado a su suerte el Ejecutivo, en lo personal le han pagado con la moneda de la ingratitud, también alguno de los acólitos que antaño acudían a su residencia de Corella para darle al naipe e intercambiar confidencias de alto copete y hogaño incluso le censuran a sus espaldas por los puestos directivos en Audenasa y la bodega de Sarría a modo de pago en diferido.
Total, que un tipo rocoso como Sanz, aquel futbolista de rompe y rasga, es hoy un hombre en la cuerda floja, pasto del vilipendio. Espetó que le olvidaran y es precisamente él quien no olvidará su declaración de ayer ante la togada Benito, a cuyos autos se encomienda para restañar su honor.
Víctor Goñi, en Diario de Noticias
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