La promesa del presidente de los EE UU de reformar la sanidad, en el único país industrializado del mundo sin cobertura universal, se desvanece. El “Yes, we can” retrocede ante el poder de las aseguradoras médicas.La reforma del sistema sanitario estadounidense fue un punto central en la campaña electoral de Barack Obama. En noviembre de 2009, la Cámara de Representantes aprobó una versión del anteproyecto de ley para una reforma, que fue seguida por la aprobación de la versión del Senado el pasado 24 de diciembre, en esta cámara los demócratas acaban de perder la mayoría absoluta. Si bien no se conocerá el proyecto definitivo hasta que finalice la negociación entre ambas cámaras (que ahora deberán armonizar ambos textos en uno sólo o ponerse de acuerdo en aprobar una de las dos versiones), la posibilidad de un plan público de salud para el pueblo estadounidense ya ha quedado descartada, lo que podría explicar parcialmente la decepción de buena parte de las bases y votantes del partido demócrata. La sanidad universal, promesa electoral de Obama muy aclamada por buena parte de los medios de comunicación, se convertirá finalmente en una obligación jurídica de comprar un producto privado: la ciudadanía deberá adquirir uno de los seguros médicos que ofrecen muchas de las compañías aseguradoras que operan en el país. Todo ello a pesar de que Obama y el vicepresidente Biden se expresaron en contra de esta medida hace un año. A partir de ahora, quien no obtenga una póliza médica recibirá una multa.
El Gobierno de EE UU ha renunciado también, como explica el catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas Vincenç Navarro, a la medida muy popular de financiar la reforma con los impuestos sobre los grupos más pudientes. Gana terreno, por el contrario, la propuesta republicana de que la expansión de la cobertura a las personas sin prestaciones médicas se realice a base de aumentar los impuestos de los trabajadores que tenían un aseguramiento colectivo, lo que penaliza a los colectivos de trabajadores mejor organizados.
En el único país industrializado del mundo que sigue sin contar con una asistencia sanitaria universal, los conservadores y las aseguradoras, que con la reforma verán ampliado su mercado, se han opuesto de manera ferviente a la opción pública, que temen pueda servir de ‘caballo de Troya’ para sustituir el modelo actual de pagadores múltiples por un modelo de pagador único (single-payer), un seguro social universal. Este último, que viene siendo reivindicado desde hace tiempo por diferentes asociaciones de profesionales médicos y colectivos de los movimientos sociales, ha pasado a ser un tema del que los políticos han evitado hablar durante los meses que ha durado el debate de la reforma sanitaria. En mayo de 2009, ocho activistas fueron detenidos durante una vista que celebraba la Comisión Financiera del Senado sobre la reforma sanitaria. Esta vista incluía un panel de invitados de 41 expertos, entre los cuales no se encontraba ningún representante de las asociaciones médicas que defienden el sistema de pagador único, a pesar de que habían solicitado una invitación de forma insistente. El suceso ha pasado a ser conocido como el caso de Baucus 8.
La OMS, en su Informe sobre la salud en el mundo 2000 - Mejorar el desempeño de los sistemas de salud, dice que los objetivos de los sistemas sanitarios deben ser la buena salud, la receptividad ante las expectativas de la población y una contribución financiera justa. Sin embargo, en EE UU cada año mueren 100.000 personas por no poder sufragar los gastos de los servicios sanitarios, según un estudio de la Universidad de Harvard. Unos 47 millones de estadounidenses carecen de cobertura médica por ser rechazada por las compañías aseguradoras, por no poder pagar una póliza privada o por no cumplir con suficientes requisitos para entrar en uno de los programas médicos que ofrece el Estado a determinados grupos. Un dato más: la bancarrota por el alto precio de las facturas médicas conforma la primera causa de quiebra personal.
A la hora de intentar explicar el motivo de estos datos en el país que es considerado primera potencia económica, la mayoría de expertos no dudan en señalar hacia el poder de las compañías de seguros privados, que mueven un negocio de 400.000 millones de dólares al año. Las mismas compañías que controlan el sistema sanitario invierten también grandes sumas de dinero para financiar las campañas electorales de los candidatos (seis millones de dólares en el caso de la campaña de Barack Obama). Hace unos días aparecía en los titulares de varios medios de comunicación la decisión del Tribunal Supremo de eliminar restricciones en la financiación privada de las elecciones, por lo que no resulta difícil interpretar que la influencia de este sector seguirá creciendo, no sólo en la financiación de las carreras políticas sino además ejerciendo presión como potentes lobbies.
Alsi Canales (Diagonal)
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