DURO VARAPALO JUDICIAL A UPN

Han pasado ya más de cuatro años desde que en diciembre de 2005 el Tribunal Superior de Justicia de Navarra anulase el reparto de licencias de FM del año 1998, obligando al Gobierno a volver atrás y a readjudicar las concesiones, y una nueva sentencia del mismo tribunal ha dejado en evidencia el incumplimiento del anterior requerimiento por parte del Gobierno de UPN. Este nuevo auto pone al descubierto, aún más si cabe, el carácter discrecional, ideológicamente sectario y contrario a la libre concurrencia democrática de toda la actuación que han mantenido los diversos consejeros y gobiernos de UPN implicados en una chapuza política dirigida únicamente a excluir a la emisora en euskera de la Comarca de Pamplona Euskalerria Irratia de una adjudicación que había ganado objetivamente en el concurso. Desde 1998, tres gobiernos de UPN, consejeros y altos cargos regionalistas -en todos los casos, con Miguel Sanz como presidente- han enturbiado su nombre y su gestión tan sólo por intentar encubrir lo que ya en 1999 una comisión de investigación del Parlamento de Navarra describió de la siguiente forma: "La decisión final, dictada por el capricho y el prejuicio, es arbitraria al dar lugar a actos contrarios a la razón y la Ley". De aquel análisis se derivó la reprobación de José Ignacio Palacios, máximo responsable político de la resolución del concurso entonces y ahora integrado en las filas del nuevo PP de Navarra. Quizá sea el momento de que Palacios haga realidad una insinuación suya apuntando la posibilidad de que algún día dijera la verdad sobre el despropósito que fue aquel proceso de adjudicación de licencias de FM de 1998. Posteriormente, el vicepresidente Francisco Iribarren -ahora ya acomodado en la empresa privada- intentó eludir el cumplimiento de la sentencia del TSJN de 2005 con otro simulacro de readjudicación, del que nuevamente se excluyó a Euskalerria Irratia, con el contenido de un informe profundamente viciado con falsedades flagrantes y elaborado por una empresa ajena a la Administración foral y vinculada a una de las beneficiarias de la adjudicación a dedo de 1998. Aquel inconsistente informe de Doxa -por el que UPN pagó con dinero público- tampoco ha pasado la prueba de la legalidad judicial. Doxa era una empresa relacionada con la Universidad de Navarra, que se repartió con Net 21 -que ya no emite e intenta vender a toda prisa su frecuencia en un intento de impedir que la arbitrariedad tenga vuelta atrás- las dos frecuencias del concurso. El acoso político del Gobierno de UPN a Euskalerria Irratia no acabó ahí, sino que el director de Comunicación del actual Gobierno de UPN, Joaquín Ortigosa, compareció públicamente hace casi un año para señalar a esta emisora como responsable de unas interferencias en los aviones que aterrizaban en Noáin que ponían en peligro la vida de los pasajeros, hechos desmentidos posteriormente por los informes técnicos, pero que obligaron a la radio a abandonar su centro emisor y tener que ubicarse en otro lugar con mucho menor radio de alcance. En realidad, este nuevo fallo avala otra vez la reclamación de Euskalerria Irratia -cuyo trabajo tiene incluso el amparo del Consejo de Europa-, y describe también un claro ejemplo de anteposición de los prejuicios ideológicos a la libre concurrencia y la transparencia democrática y, posiblemente, de enchufismo y amiguismo. Sin olvidar que la empresa radiofónica ha tenido que mantener la vía judicial con sus propios recursos -y probablemente deba seguir haciéndolo en la vía civil para reclamar su legítimo derecho a la reparación de los daños económicos sufridos en este tiempo a su negocio-, mientras que el Gobierno de UPN se ha amparado en los dineros que aportan todos los contribuyentes navarros para intentar ocultar su enorme tomadura de pelo a la ciudadanía navarra. ¿Quién debe responder políticamente de todo ello?

Joseba Santamaría, en el editorial del Diario de Noticias