Aunque CC OO y UGT trataron de que el Gobierno postergara su avance de Reforma Laboral, sus direcciones salieron satisfechas de la reunión en que ésta se les presentó porque consideraron que sus propuestas “habían dejado huella” en el texto. También la patronal (CEOE y Cepyme) se mostró conforme con el papel avanzado, un borrador que apenas esboza las normas que van a tocarse. “El texto es muy genérico y poco claro, y puede dar lugar a diferentes interpretaciones, lo que supongo que es justo lo que se buscaba”, resume el economista José Luis Carretero.
Para el abogado Raúl Maíllo, el borrador y el resumen de la propuesta recorren los mismos senderos de las anteriores reformas. La gestión empresarial del empleo; la reducción del precio del trabajo asalariado; el hecho de que el coste fijo del factor trabajo pase a ser un coste variable y la flexibilidad interna de la prestación salarial, son, a juicio de este abogado, los objetivos de la reforma: “Se trata de equiparar el coste del trabajo al coste de la luz, de forma que se pueda apagar el interruptor y eliminar el coste”.
Sobre el papel de CC OO y UGT, Carretero cree que “si se inicia un proceso amplio de movilizaciones en la calle, las direcciones de los sindicatos mayoritarios se verán obligadas a responder mostrando mayor oposición, so pena de incrementar la deslegitimidad que ya padecen”. Raúl Maíllo cree que los sindicatos de concertación han comenzado un proceso de mínima reacción, que forma parte de una puesta en escena previa a la rúbrica de la reforma.
“Asumida la inacción ante una crisis como la actual y la traslación de la crisis hacia los más débiles así como la intervención de los poderes del Estado a favor de la reconstitución de empresas y banca”, explica este abogado, “sin avanzar en la efectividad de los derechos sociales y económicos; sin reforzar la posición de los trabajadores en el contrato de trabajo, y sin afrontar la reforma de la externalización y subcontratación, que aleja a numerosa población asalariada de la negociación colectiva y que permite una contracción del empleo en momentos como el actual; sin conflicto laboral y sin coste ni control colectivos del proceso, se denota una imposibilidad para poder enfrentar una reforma laboral en defensa de los derechos de la población asalariada”, concluye Maíllo.
Pablo Elorduy (Diagonal)
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