Islandia era, hasta hace poco más de un año, uno de los países más prósperos del mundo. Tercer país del mundo según el Índice de Desarrollo Humano y entre los 20 primeros según su renta per cápita. Pero la crisis financiera rompió con el sueño de los islandeses y la quiebra de los tres principales bancos del país los adentró en una pesadilla de recesión, paro, pérdida de capacidad adquisitiva y deudas. Entre estas últimos destaca el “deuda externa” que el Estado islandés ha reconocido tener con el Reino Unido y los Países Bajos y que estos últimos días ha hecho correr ríos de tinta a los diarios económicos. La quiebra de uno de los principales bancos islandeses, Landsbanki, en septiembre de 2008, afectó a miles de pequeños ahorradores e inversionistas británicos y holandeses. Las autoridades de estos dos países se apresuraron a asegurar que sus ciudadanos no se vieran perjudicados por los excesos de un sistema financiero altamente especulativo e irresponsable, garantizando los depósitos afectados. Meses más tarde, tras las elecciones, el nuevo gobierno de Islandia prometió rembolsar al Reino Unido y los Países Bajos el coste de esta operación de salvamento, asumiendo así una deuda de 3.800 millones de euros. Esta semana, tras duras negociaciones sobre las condiciones del retorno de la deuda, el Parlamento islandés aprobó por un escaso margen la ley que debía garantizar su pago. En el proceso, dadas las presiones del Reino Unido y Holanda, Islandia ha tenido que renunciar a las salvaguardas que había propuesto para evitar que la asunción de esta deuda afectara la capacidad de recuperación de la economía Islandesa y el bienestar de la población.
Finalmente, haciendo caso a los miles de islandeses que pedían el no pago de la deuda, a través de una petición firmada por un cuarto de los votantes del país, el Presidente islandés Olafur Grimsson ha sorprendido a todo el mundo negándose a ratificar la ley aprobada al Parlamento. Esta decisión le ha costado ya a Islandia una depreciación de sus bonos en los mercados financieros y amenazas de aislamiento financiero y político, incluyendo el veto de los supuestos “acreedores” a la posible incorporación del país a la Unión Europea. La decisión final, según lo que establece la Constitución, la tomarán próximamente los ciudadanos en un referéndum.
El caso islandés nos sorprende porque se trata de un país europeo, rico, desarrollado... pero es un ejemplo más de cómo funciona el sistema financiero internacional y el mecanismo de la deuda externa que sufren desde hace décadas los países empobrecidos. La carencia de control sobre el sector financiero privado, altamente especulativo, ha quedado en evidencia con la crisis financiera, pero para los países del Sur las consecuencias de estos excesos no son ninguna novedad. Como tampoco lo son la asunción de deudas privadas por parte de las instituciones públicas, convirtiendo pérdidas privadas en deuda externa del Estado. El papel del FMI, en Islandia como en los países del Sur, de recomendar la asunción de estas deudas y su pago al coste que haga falta, tampoco es nuevo. Como tampoco resulta novedosa la falta de mecanismos para resolver disputas en torno a deudas como esta.
Si Islandia acaba asumiendo y pagando esta deuda, serán los ciudadanos y ciudadanas del país los que lo pagarán, tanto en forma de impuestos como de carencia de inversión pública (muy necesaria en un momento de crisis económica). Como pasa a en cualquier parte del mundo menos desarrollado, los créditos y los flujos financieros benefician a una minoría pero, cuando se trata de asumir pérdidas, estas se socializan entre la mayoría empobrecida. Son deudas que desde la sociedad civil llamamos ilegítimas, que en ningún caso han beneficiado a la población que debe asumir las consecuencias, que acaban suponiendo, de forma directa o indirecta, la violación de los derechos humanos o de los derechos económicos, sociales y culturales. Son deudas que los países se ven obligados a pagar, sin importar cómo sean de ilegítimas, ilegales o injustas, a expensas del bienestar de la población.
Pero también son deudas que deben poder ser auditadas, como hizo Ecuador con su deuda externa hace poco más de un año. Son deudas que deben poder ser evaluadas y juzgadas por mecanismos e instituciones imparciales, justas y transparentes. Son deudas que deben poder ser repudiadas en caso de suponer un perjuicio para la población, sin que esto suponga castigos financieros ni amenazas políticas para el país que ejerce su derecho soberano a velar por el bienestar su población.
El caso de Islandia nos puede ayudar a ver de más cerca la problemática de la deuda externa que hace décadas sufren los países empobrecidos. Nos puede ayudar a exigir a las autoridades el establecimiento de sistemas de auditorías, el reconocimiento de la ilegitimidad de las deudas y la puesta en marcha de procesos de financiación responsable, democrática y soberana, así como de mecanismos justos y transparentes de resolución de disputas sobre las deudas. El caso de Islandia es el de centenares de países del Sur, pero en nuestra casa, en la Europa próspera y desarrollada. Esperamos que suponga también el establecimiento de nuevos caminos para la construcción de un nuevo sistema financiero internacional, que no perpetúe la problemática de la deuda externa y sus consecuencias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario