El objetivo de esta ley es “asegurar de forma efectiva la plena dignidad de la persona en el proceso de final de vida”, explicó en rueda de prensa el parlamentario de Nafarroa Bai Ioseba Eceolaza.
Según esta proposición, toda persona tiene derecho a rechazar una intervención sanitaria, aunque ello pueda poner en peligro su vida. Además, se propone que el médico vele para que esta decisión sea “libre, informada, voluntaria, consciente y no esté sujeta a presiones indebidas”.
La proposición de ley plantea que “las personas que se encuentren en el proceso de final de vida o que afronten decisiones relacionadas con dicho proceso tienen derecho a recibir información clínica verdadera, comprensible y adecuada a sus necesidades y requerimientos para ayudarle a tomar decisiones de una manera autónoma”. “La información será verbal por regla general, y se dejará constancia en la historia clínica”, añade.
Asimismo, la proposición presentada por Nafarroa Bai establece que “toda persona que se encuentre en el proceso de final de vida o que afronte decisiones relacionadas con dicho proceso tiene derecho a tomar decisiones respecto a las intervenciones sanitarias que le afecten”. “El médico responsable velará para que la toma de decisiones sea tomada tras un proceso de comunicación y de diálogo con el paciente, en consonancia con la doctrina del consentimiento informado”, expone.
En el caso de las personas en situación de incapacidad, el ejercicio de sus derechos “se hará siempre buscando su mayor beneficio y el respeto a su dignidad personal” y “para la interpretación de la voluntad del paciente se tendrán en cuenta tanto sus deseos expresados previamente como los que hubiera formulado presuntamente de encontrarse ahora en situación de capacidad”.
La ley fue presentada en rueda de prensa por los parlamentarios de Nafarroa Bai Ioseba Eceolaza y Asun Fernández de Garaialde, que estuvieron acompañados por la médico de San Juan de Dios Helena Escalada, el médico de Atención Primaria Manuel Eciolaza, la trabajadora social del centro de salud de Ermitagaña Luisa Jusué, y la médico y técnico en gestión sanitaria Edurne Eguino.
Ioseba Eceolaza señaló que esta proposición de ley “coloca a la persona en el centro de la relación clínica, al entender que es la titular de los derechos y que debe dirigir su proceso en deliberación con la persona que le asiste”. “La idea básica es el respeto a la personalidad, a la dignidad humana, a la intimidad, sin discriminación. Queremos seguir ampliando derechos, respetando a la persona y la autonomía del paciente”, dijo.
Además, Eceolaza afirmó que “la ley recoge una demanda social detectada en Navarra y también una demanda detectada en el día a día de los profesionales que se dedican a la medicina o al trabajo social”. “El debate sobre la buena muerte está en la calle, está en el ámbito médico, y queremos transmitir el debate del proceso de final de vida a las instituciones”, aseguró.
Por su parte, el médico de Atención Primaria Manuel Eciolaza señaló que hay que evitar “asistir a calvarios como el de Eluana Englaro en Italia, Inmaculada Echeverría en Andalucía, o el tristemente famoso caso Leganés, con acusaciones de asesinato por parte de los políticos hacia el equipo médico que acabaron siendo consideradas por los tribunales como buena praxis médica”.
Por ello, Eciolaza incidió en la necesidad de que “los servicios médicos puedan trabajar siempre en pos de la mejor solución en los momentos finales, a veces con situaciones dantescas de dolor, resguardados por una ley que respalde el buen hacer habitual”.
Finalmente, Helena Escalada, médico del Hospital San Juan de Dios, explicó que “esta ley quiere abogar por eliminar la mala muerte, facilitando un apoyo legal para todas las personas y familias que acepten los cuidados paliativos allí donde se encuentren, en urgencias, en el hospital, en sus casas o en una residencia, aclarando los deberes de los profesionales sanitarios”. ezkerrekonabaizaleok.wordpress.com
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