Ahora, el alcalde se habrá cansado de recibir alertas Google con el suceso. Los militantes locales del desenterramiento de ignominias no han podido menos que sonreír por el carácter esclarecedor que han tomado los hechos. Bien mirado, los restos podrán esperar hasta que se obtenga –tiempo al tiempo, y siempre por medios privados- la expropiación provisional forzosa de la parte de la finca que los fascistas convirtieron en umbrío cementerio. Ahora, en todo el mundo se ha visto que este país está enfermo y aflora el mal por la herida que la excavadora no ha podido hacer en terreno candeledano.
La actuación del PSOE en materia de la denominada memoria histórica es un puro lapsus derrotista. Un pisoteo de las cunetas. Una palada de tierra encima de los represaliados del franquismo, de sus propios militantes de antaño. En cualquier país civilizado, si se hace algo así como restaurar la democracia, como mínimo el Estado asume sus responsabilidades más elementales y esclarece los crímenes de la dictadura, desentierra los cuerpos y resarce moral y económicamente a las familias que llevan más de setenta años viviendo salvajemente damnificadas. Lo hace el Estado con leyes que obliguen a los jueces a asumir sus responsabilidades, y que pongan los medios materiales y jurídicos para que se reparen en lo posible los daños brutales infligidos a los derrotados. Así, la expropiación parcial de los lugares donde estén los cuerpos y las pruebas del crimen de lesa humanidad (de esos que no prescriben según los convenios internacionales firmados por España, que tienen rango constitucional y deberían estar por encima de, por ejemplo, la Ley de Amnistía) debería efectuarse de oficio.
Arteramente, los que se han quedado con las siglas históricas de la organización de Pablo Iglesias han dejado los procesos de exhumación en manos privadas, reducidos a algo así como actos dentro de la órbita de lo familiar que el Gobierno puede apoyar puntualmente mediante subvenciones o cediendo algunos recursos de las administraciones. Tras setenta años de represivo silencio, de terror de Estado, ahora, con la Ley de la Memoria Histórica y las variadas actuaciones de gobernantes socialistas de toda laya, nos vienen a decir que nos podemos dar con un canto en los dientes porque nos dejan sacar a los muertos, y hasta nos ayudan, porque es algo humanitario a lo que las familias tienen derecho. El dueño del terreno, a través del alcalde, ha querido imponer unas condiciones apolíticas para la exhumación. En principio, ante una iniciativa familiar en la tierra de otro, prima el derecho de propiedad, ¿no? Así, nos encontramos con que la segregación de algo que es de justicia y que tiene serias repercusiones políticas a la esfera de lo privado conlleva naturalizar la oposición entre el tratamiento familiar, es decir, apolítico del crimen, frente a las aspiraciones de esos rojos del Foro por la Memoria que quieren aprovechar las circunstancias para politizar el caso.
Sacar los muertos, esclarecer cada caso del conjunto coherente de lo que fue un evidente genocidio político, si no se politiza debe ser, entonces, una cuestión jurídica. Si el Gobierno y el Legislador no ponen los medios para que sea una cuestión jurídica, entonces ¡la están politizando a lo bestia! Si se utiliza el derecho de propiedad para reprimir la exhibición de las ideas democráticas por las que fueron asesinados los jornaleros, resarcimiento mínimo que exige su memoria, se está dando una politización brutal del caso... una politización que prolonga setenta años después la violencia fascista. Es lo que pasa con las neurosis. Las racionalizaciones esconden la mugre reprimida.
Uno de los factores que contribuyeron a hacer definitivamente imposibles las exhumaciones de la Cuesta del Avión fue la actitud del grupo de arqueólogos que se había juntado para efectuar las labores técnicas correspondientes. Ante el tono y los argumentos del alcalde cuando, en nombre de la propiedad de la finca, quiso imponer condiciones vergonzantes, inauditas, para la exhumación, los jóvenes arqueólogos, que en su mayor parte no pertenecían al movimiento antiamnesia, reaccionaron solidarizándose a su modo con el Ayuntamiento y la propiedad de la finca en contra de la metodología de los Foros por la Memoria. Adujeron que ellos habían acudido allí a “desenterrar cuerpos, lo mismo nos da que sean republicanos que cartagineses”... Total, se trata de lo ya pasado, de fases ya superadas de la Historia. Este argumento es el colofón sintomatológico que explica el éxito político de la pedagogía del terror franquista y su continuación reformista. Ahora resulta que son batallitas del pasado, trabajo para arqueólogos, material inerme en el mundo presente.
Es curioso que un argumento de esa bajeza moral, proferido con una exasperante naturalidad, sea compatible con la afirmación siguiente: “Nosotros los sacamos y se los damos a los familiares, y punto”. Vaya, como con los huesos de cartaginés o de romano, ¿no?, buscamos a los familiares y se los damos.
Además, aparte de que aún están vivos los que han tenido que pasar una vida entera huérfanos de padres o abuelos por crímenes de estado silenciados y aún vergonzantes, hay que ver lo importante que resulta la caída de Cartago para la legitimación de la Constitución Española del 78. ¿Estará Escipión criogenizado? Igual lo podemos despertar para que responda por sus crímenes.
Rebelión
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