Una huelga inédita que ha entrado este lunes en su segunda semana tiene bloqueado el comienzo del curso escolar en Baleares. Las clases no se imparten con normalidad en gran parte de los 300 centros públicos pese a que las aulas se abrieron el pasado día 13 de septiembre. La comunidad educativa protesta contra el modelo trilingüe impuesto por el Gobierno de José Ramón Bauzá (PP) que resta peso horario al catalán en favor del inglés. El apoyo social recabado por los profesores es incontestable en las calles. Como prueba, las fotografías y un dato: la caja de resistencia para compensar la pérdida de salario por la huelga lleva ya recaudados 107.000 euros en aportaciones individuales y alguna donación significativa: el pintor Miquel Barceló aportó un grabado para su venta en subasta, en un acto cómplice con la causa de los huelguistas.
El paro representa un episodio sin precedentes por la resistencia de los docentes —pese a la sangría en sus nóminas, hasta 600 euros— y, también por esa complicidad ciudadana, aunque hay también sectores disonantes, movimientos críticos de familias por la duración del conflicto. En Ibiza y Formentera el Gobierno reconoce un impacto del 27% entre el profesorado mientras que los sindicatos lo elevan al 90%. En Mallorca, la Administración habla del 9,5% y los huelguistas del 55%. En Menorca la protesta ha bajado su intensidad. El paro no tiene visos de solución inmediata aunque el Gobierno ha llamado a los sindicatos a una mesa de negociación con los mismos puntos de otras citas, pero no plantea, inicialmente, un diálogo concreto para afrontar el fin de la huelga. Los padres no enviarán a sus hijos el viernes a la escuela y el domingo se prepara una movilización ciudadana en Palma, Mahón, Ibiza y Formentera; este martes ante el Parlamento los huelguistas quieren expresar, de nuevo, su rechazo al refrendo de normas lingüísticas y educativas aprobadas por decreto. El PP actuó en vísperas del inicio del curso para esquivar una sentencia adversa de los tribunales. El Tribunal Superior de Baleares había paralizado cautelarmente la implantación del decreto de trilingüismo por defectos de forma a la espera de pronunciarse sobre el fondo del asunto.
“Es grave que llevemos una semana sin dar clases pero el Gobierno tarda dos y tres semanas en sustituir una baja en los centros”, advirtió una portavoz de los profesores huelguistas. En el sistema balear hay 164.000 alumnos de los que 54.000 asisten a escuelas privadas y concertadas, donde el eco del conflicto es testimonial. La mitad de las plantillas de los 10.500 profesores de los centros públicos sigue parada aunque el Gobierno rebaja al 9,5% el impacto del paro de este lunes.
La patronal de las 25 escuelas privadas, con 11.000 alumnos, salió en apoyo del Gobierno del PP y la presidenta del gremio concertado, Magdalena Mateu, dijo a la radio Ib3: “La consejera de Educación, Joana Maria Camps, hará todo lo posible para que todo funcione” y desgranó las bondades sobre el trilingüismo.
El Gobierno de las islas ha dejado crecer un conflicto excepcional por su impacto y extensión en toda la geografía del archipiélago. En cada pueblo, en cada una de las escuelas, existe un núcleo contestatario, que objeta a la política educativa gubernamental. Los sindicatos CC OO, el nacionalista STEI, UGT y la alternativa asamblea de docentes impugnaron las acciones urgentes del PP para dar un vuelco al sistema educativo. El sindicato conservador ANPE se adhiere a la protesta y la escuela católica se muestra comprensiva.
La derecha balear apostó por anular la inmersión lingüística parcial en las escuelas, que tenía el catalán como lengua vehicular de la enseñanza. “Hemos acabado con la imposición de la inmersión y apostamos por la libertad”, predica el presidente Bauzá, que culpa, sin datos científicos a la vista, del fracaso escolar (del 39%) a este modelo y “las leyes socialistas”. La estructura imperante en la educación de las Baleares desde hace tres décadas tiene la marca de la propia derecha.
La mecha que prendió la protesta tiene diferentes líneas. Los argumentos iniciales radican en una respuesta a los recortes salariales, de plantillas, de becas de transporte y comedor, más las leyes de símbolos (con multas de 10.000 euros por exhibir banderas catalanas en los centros) y las normas nuevas autonómicas de convivencia sobre la autoridad y respeto en las aulas. Una marea verde nació en cada isla para defender la escuela pública y el bilingüismo y los sindicatos llamaron a la huelga contra la imposición urgente del trilingüismo.
La llamarada partió del TIL (Tratamiento Integrado de Lenguas) que afecta a 36.000 alumnos que estudiarán en inglés, castellano y catalán. Su aplicación se inicia entre alumnos de cinco años (en segundo curso de educación infantil) y de 11, en primero, en un solo curso de ESO. En primaria, primero, tercero y quinto, inician el proceso experimental, a desarrollar totalmente en cinco años en todos los cursos y niveles.
Un librero distribuidor de textos escolares narró a EL PAIS el desconcierto inicial de la aplicación del trilingüismo, que se aplicó, se suspendió judicialmente durante dos horas y el Gobierno lo reactivó, modificándolo, al cabo de otras dos horas. “En una mañana, en tres horas recibimos tres encargos distintos de libros de texto para una asignatura, Matemáticas, que cambio del inglés al español y después al catalán. Eran 50 libros cada vez”. Este día el Gobierno excitó más aún la protesta.
Este lunes, en una escuela de la turística Portocristo, Manacor, un solo niño fue a clase. En es Pont de son Gotleu de Palma tan solo 60 escolares de los tres centenares habituales. En Menorca ha bajado el seguimiento aunque se mantiene desde hace una semana una acampada de padres contra las sanciones a tres directores de instituto que objetaron el nuevo modelo del trilingüismo. “Estamos preparados para resistir esta semana y más”, confesó anoche una maestra de primaria tras la masiva Asamblea de Docentes. “No hay visos de dar marcha atrás, seguimos”, dijo a última hora.
Las familias cooperan con la protesta. La federación de padres apoya la huelga y contribuye a su impacto, pese a las amenazas gubernamentales de intentar sancionar a quienes impulsan el absentismo de sus hijos. En Ibiza, 1.000 personas llenaron el fin de semana el paseo central de la capital con sus camisetas verdes y fueron las asociaciones de padres y madres las que se movilizaron. “Los padres reciben presiones muy fuertes para que no lleven sus niños a clases”, repitieron distintos líderes del PP.
“El Gobierno no quiere negociar nada”, replican los sindicatos. “No pasaremos por la retirada del decreto de trilingüismo”, advirtió la portavoz del PP, Mabel Cabrer. Y la diputada Magda Prohens repitió en dos radios locales las ideas del argumentario. “Algunos profesores intentan aliarse con los padres para que no lleven a sus hijos a la escuela. Ellos tienen una obligación, cobran un sueldo público que pagamos todos. Cobran para dar clases”.
Andreu Manresa, en El País
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