Casi 38 años después de la muerte de Franco, la impunidad del régimen dictatorial que dirigió con mano de hierro España comienza a resquebrajarse. La jueza argentina ha dictado cuatro órdenes de detención internacional contra tres miembros de la Brigada Político y Social de la dictadura (Juan Antonio González, Celso Galván y Giralte González) y contra el ex guardia civil Jesús Muñecas, golpista en el 23-F. Así, la Justicia argentina también emitirá un exhorto para reclamar la colaboración del Gobierno y de la Justicia del Estado español.
"Es un día histórico. La resolución de la juez es, además, fundamental no sólo por lo que representa sino porque nos permite entrar en la segunda parte del proceso: en el juicio contra el franquismo", ha asegurado a Público la abogada de la acusación, Ana Messuti, nada más conocer la noticia.
El fin de la impunidad llega, sin embargo, por la parte más débil del régimen. Al contrario del proceso judicial que juzgó la dictadura argentina, las órdenes de detención dictadas por la jueza que instruye la causa contra los crímenes de la dictadura franquista afectan solamente a cuatro de los torturadores del régimen y a ningún alto cargo político. "Es el camino más sencillo. Contra estas cuatro personas había muchos más testimonios y pruebas", ha añadido la abogada Ana Messuti. Los querellantes habían solicitado también la detención, entre otros, de tres exministros de la dictadura: Rodolfo Martín Villa, por el asesinato de cinco obreros durante una huelga en Vitoria y José Utrera Molina (suegro de Gallardón), por firmar la condena a muerte de Puig Antich; y de Fernando Suárez, exministro de Trabajo.
Este es el perfil de los cuatro torturadores que, desde hoy, están en búsqueda y captura:
Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño
Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño está considerado como uno de los mayores torturadores del régimen franquista. Tiene un amplio dossier de diligencias judiciales por presuntas torturas en los últimos años del franquismo. Su nombre llega a aparecer hasta en 17 querellas, presentadas en Argentina, unido de manera indisoluble al delito de tortura. En 1974 llegó a ser condenado, junto a otros tres policías, por el Juzgado Municipal número 19 de Madrid, a pagar1.000 pesetas por una falta de malos tratos y otra de coacciones al estudiante Francisco Lobatón. Un año antes, en 1973, ya había sido condenado por otra falta de lesiones interpuesta por Enrique Aguilar Benítez de Lugo.
González Pacheco fue absuelto de todos los procesos judiciales en los que estaba envuelto por la Ley de Amnistía. El resto de procesos pendientes se sobreseyeron tras no presentarse reiteradamente a los juicios en los que estaba encausado y beneficiarse, posteriormente, de la ley de Amnistía de 1977 que se extendió a "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos Incluidos en esta ley".
Así, también prestó declaración ante la Audiencia Nacional por su presunta relación con los asesinos de los abogados de Atocha y por los grupos antiterroristas paramilitares Antiterrorismo ETA y Batallón Vasco Español, autores de varios asesinatos durante la Transición.
Pero la Ley de Amnistía no fue suficiente para limpiar su honor. El 1 de julio de 1977 el Ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, le condecoró con la Medalla de Plata al Mérito Policial y se le organizó una cena homenaje "como desagravio a la persecución de la que es objeto por parte de algunos medios de comunicación". Al acto asistieron cien policías, entre ellos Manuel Ballesteros que será Jefe del Mando Único de la Lucha Antiterrorista. Ese mismo año pasó a formar parte de la Brigada Central de Información, que más tarde daría lugar a la Brigada Antiterrorista donde actúa como segundo de Roberto Conesa, que también fue su superior en la BPS.
En 1985 González Pacheco aparece como jefe de seguridad de la empresa automovilística Talbot en Madrid, donde también trabaja en diversas empresas de seguridad. En 2011, según la documentación previa a la demanda de la Red Aqua, figura como jefe de tráfico de la empresa Loomis.
Celso Galván Abascal, acusado de asesinar al estudiante Enrique Ruano
Fue escolta de Franco y, más tarde, de la Casa Real. Ha sido denunciado por haber diseñado diversas estrategias de tortura. Fue acusado por el asesinato del estudiante Enrique Ruano el 17 de enero de 1969 cuando era inspector de la Brigada Político-Social del franquismo.
Sin embargo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial decidió su absolución por "falta de pruebas", si bien indicaba el propio auto que no es posible admitir sin dudas razonables la versión oficial del suicidio por parte del estudiante.
Jesús Muñecas, golpista del 23-F
Jesús Muñecas es, actualmente, propietario de un centro de equitación en Valdemoro. Recibe la pensión máxima de jubilación por sus servicios prestados al Estado a lo largo de su dilatada trayectoria como guardia civil. Su nombre no pasó a la historia, como el de Tejero, pero sí su intervención en el 23-F. Él fue el primero en dirigirse a los diputados para comunicarles la "próxima" llegada de la "autoridad, militar, por supuesto". Durante el secuestro de los diputados en el hemiciclo, él mismo se ocupó de dirigir el grupo armado que tuvo a su cargo la vigilancia de las puertas del Parlamento.
Jesús Muñecas disfruta de la pensión máxima a pesar de haber protagonizado un golpe de Estado. Previamente, había sido denunciado en varias ocasiones por delitos de torturas en la Comandancia de Zarautz y en la Comandancia de la Guardia Civil de Tolosa, dependiente de la de San Sebastián. No fue condenado por ninguna de ellas.
Sí lo fue tras el 23-F por "delito consumado de rebelión militar" por el que es condenado a tres años y seis meses de prisión. Salió en libertad en octubre de 1984, tras cumplir las tres cuartas partes de la condena y obtener setenta y cuatro días de reducción por trabajos realizados.
José Ignacio Giralte González
Fue miembro destacado de la Brigada Político Social hasta su disolución y, posteriormente, fue comisario del Cuerpo Nacional de Policía. En su trayectoria como policía del régimen siguió un camino similar al de Billy el Niño. Su nombre aparece en, al menos, cuatro de las querellas presentadas en Argentina asociado a torturas a miembros del movimiento estudiantil del tardofranquismo.
Alejandro Torrús, en Público
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