Los ajustes presupuestarios a que se ha visto sometido el Ministerio de Fomento constatan la certeza del cambio de ciclo en la inversión pública en infraestructuras. Un cambio, no por previsible, menos súbito y contundente. En efecto, la desaparición de los Fondos Europeos aplicables al estado Español y el escenario fiscal, donde en menos de dieciocho meses se ha pasado de un notable superávit a un insoportable déficit, constituían dos argumentos muy sólidos para entrever y prever el cambio de ciclo.
Sin embargo, ni la anterior ministra, ni José Blanco, han querido darse por enterados, continuando instalados en una más que suicida política de inversión calificable con el título de aquella famosa película: "con faldas y a lo loco". Las promesas y los compromisos rebasaban cualquier nivel de racionalidad. Se prometían, y lo que es más grave, se iniciaban autopistas para trayectos con intensidades de tráfico que no superan los 2.000 vehículos, cuando en la Europa solvente constituye un pecado "mortal" la implantación de una vía rápida para menos de 15.000 vehículos/día. Si grave es el desenfreno inversor en carreteras, lo de los trenes de alta velocidad no parece tener parangón en el mundo. Este modo de transporte sólo resulta sostenible, ambiental y económicamente para corredores de gran tráfico, que unan sistemas de ciudades densamente pobladas. Así lo aplican Japón y Francia, países pioneros. Y la sensata Alemania invierte con prudencia, adaptando progresivamente sus itinerarios principales a la circulación de los trenes rápidos. No hay lugar para la estulticia del "café para todos". Si en un trayecto se pueden conseguir tiempos competitivos con velocidades de 200 km/h no se debería dilapidar recursos públicos en costosísimas inversiones que sólo permiten ahorrar unos minutos.
Aquí nadie parece reparar en que, los trenes de alta velocidad deben competir en el mercado, lo cual significa que si las inversiones se realizan sin ningún tipo de evaluación de su rentabilidad, deberá explicarse algún día -no muy lejano- que el coste de transportar un viajero por AVE entre Madrid y ciertas capitales de provincia es superior al de pagarle el trayecto por limusina a cada pasajero. Lo que es más grave es que con estas decisiones alocadas se está situando a la empresa pública Renfe al borde de la inviabilidad, con riesgo para el servicio público y para su propia continuidad.
Por todo ello, CiU le planteó al ministro de Fomento, el día de su comparecencia ante el Congreso, la necesidad de una moratoria inmediata en la construcción de líneas de alta velocidad. Hay que detener el desaguisado antes de que sea demasiado tarde. Los escasos recursos disponibles los necesitamos para completar las redes aún inconexas y solucionar los estrangulamientos viarios y ferroviarios alrededor de algunas ciudades, que ocasionan graves perjuicios a la productividad de los sectores económicos. También hay que priorizar los servicios de cercanías que coadyuvan tanto al incremento de la productividad, como por sus objetivos de equidad social.
La explotación de las actuales líneas andaluza y catalana, así como la que próximamente va a inaugurarse en Levante y la Y vasca, puede responder al criterio de eficiencia. Habrá que ver como la liberalización del transporte ferroviario de viajeros puede afectar a los trenes AVE de Renfe. Lo que no parece ni oportuno ni prudente es la extensión de una red sin que los ciudadanos siquiera conozcamos los costes de unos servicios que deberán asumir en su totalidad sus usuarios, en aplicación de la política común de transporte.
Ordenar la moratoria de construcción de líneas de alta velocidad no es una decisión fácil. Y, me consta, especialmente dolorosa para el actual ministro tan implicado en "llevar" el AVE a su Galicia natal. Pero hay que tomar decisiones audaces. Si no las tomamos nosotros, otros lo harán… Como ha sucedido con el ajuste, como la reforma laboral, como la congelación de pensiones o la baja de sueldos a los funcionarios.
Y por favor, dejémonos de pavonear en Europa que tenemos más autovías y más AVE que ningún país. En las actuales circunstancias resulta tan ridículo como pedirle una tacita de caldo caliente al heladero de la playa…
Pere Macias i Arau, Portavoz adjunto de CiU al Congreso de los Diputados
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