La actividad humana se lleva a cabo cada vez con más intensidad en las costas.
La densidad de población en las mismas aumenta cada día, la disponibilidad de
recursos, la bondad del clima, la fertilidad de las tierras costeras son algunas
de las razones. Y los que no viven en la costa de manera permanente intentan
hacerlo durante las épocas del año en el que el interior se hace más hostil. En
España y Andalucía sabemos de eso, el turismo de sol y playa ha propiciado el
desarrollo de lo que hoy es el principal sector económico de la región.
Las normas legales, las reglas de comportamiento,
el ordenamiento del territorio costero por tanto se convierte en un aspecto
vital pues el desarrollo económico y el disfrute y explotación del mismo por
parte de la población debe compatibilizarse con su adecuada conservación y
mantenimiento.
Ante los atropellos que las costas españolas
sufrían en las décadas de los 60 y 70 con la fiebre constructora, los
legisladores evidenciaron la necesidad de poner coto a la ambición desmedida de
algunos, que encontraron en la especulación, la construcción y la compraventa
del suelo el negocio del siglo. Diez años después de la reforma constitucional,
en 1988 se aprobó la Ley de Costas, la principal norma reguladora que existe hoy
en este ámbito y que, aunque imperfecta, nació con la vocación de frenar y
regular el reino de taifas en que se había convertido la gestión litoral
española.
En estos momentos, existe una propuesta de dicha
ley del actual gobierno, a iniciativa del Ministro de Agricultura y Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete, estudiada en el consejo de ministros del 13 de
julio y publicada en el BOE del día siguiente y que lleva por título “Ley de
Protección y uso sostenible del litoral”.
Tal como está diseñado dicho proyecto de reforma
de ley, y, a pesar de los titulares y mensajes que de manera casi publicitaria
nos envían desde el gobierno, la reforma supone un retroceso efectivo de treinta
años en la normativa de conservación de las costas españolas.
La repercusión que va a resultar más contundente,
a efectos prácticos, es la prórroga de 75 años adicionales de la que van a
gozar las construcciones que se hayan realizado en dominio público. Todas esas
propiedades que tenían que demolerse como muy tarde en 2018 según la anterior
ley, no sólo van a mantenerse en pie sino que además podrán venderse, reformarse
e incluso heredarse. Los chiringuitos desmontables dispondrán de licencias y
permisos de cuatro años de duración (ahora son anuales) y podrán ampliar su
superficie.
Cuestiones adicionales como la disminución de los
metros protegidos, la exclusión del régimen de determinadas actividades
económicas como las salinas o las piscifactorías o la diferente categorización
de los espacios no hace sino añadir ingredientes a una reforma que se ha ganado
el rechazo pleno de todas las entidades que tienen cierta vinculación con la
conservación y con la costa. El gobierno ha conseguido agruparlas a todas en una
plataforma denominada No a Nuestra Costa y a la que se han incorporado más de
400 entidades españolas de todo tipo, además de miles de adhesiones
individuales. Cada día sube el número.
De manera evidente, la reforma tiene unas
consecuencias directas sobre el litoral onubense, lo hace incluso protagonista
pues coloca a diversos enclaves de su costa como espacios que, expresamente no
están sujetos a la ley. No se explica el por qué de esta circunstancia en la
exposición de motivos y los lugares elegidos (10 total
en España) no parecen guardar más relación entre ellos que ser núcleos urbanos
al borde del mar. En Huelva aparecen el núcleo urbano de Isla Cristina y Punta
Umbría.
Ambos lugares, por la gracia divina del
ministerio no estarán sujetos a la ley, han quedado perdonados, amnistiados, y
los propietarios y residentes en dichos espacios podrán seguir viviendo con
tranquilidad, y también modificando sus casas, comprando, vendiendo, etc. ¿Y es
que acaso era posible otra opción? Porque la otra única posible habría sido
dejarlos dentro de la ley, lo que supondría darle un período de vida a dichos
núcleos urbanos de 75 años, como al resto del litoral, para, al acabar el
período establecido, demoler. No es viable esa opción, no, igual que tampoco lo
es para los centenares de enclaves urbanizados al borde del mar que no figuran
en la lista de los diez agraciados.
Antes que todo eso llegue, la reforma de la ley
es un atentado contra el litoral porque supone la vuelta al ladrillismo y el
reinado de los especuladores, porque se traslada a los municipios la gestión
efectiva de su término municipal, pues aunque el ministerio se reserva la
supervisión de los proyectos a acometer en la costa, es en la práctica
totalmente imposible que los funcionarios puedan seguir y revisar todos los
proyectos de construcción y reforma de la costa en este país. El poder efectivo
pasa a manos locales y ya sabemos que los ayuntamientos costeros tienen en la
recalificación de terrenos, las licencias de obra, las licencias de apertura y
los impuestos y tasas a los residentes, sus principales fuentes de ingreso. Y
con lo paupérrimas que están las arcas municipales, las enormes deudas que
arrastran algunos municipios, quién va a culpar al político local de incluir en
los nuevos PGOU aumentos de zonas edificables, de congratularse por la apertura
de nuevos establecimientos, de que aumenten las plazas hoteleras del
municipio.
La situación actual en la costa de Huelva está
dando muestras que ese no es el modelo, que por ese camino el sostenimiento de
los ingresos no existe. El cierre de hoteles, la precariedad del empleo, las
urbanizaciones enteras sin vender, la dudosa
viabilidad de servicios públicos actuales, la
situación crítica del comercio local son muestras evidentes de que el gigante de
la construcción a mansalva sin el desarrollo de otros sectores y opciones tiene
los pies de barro.
Y pasará la crisis, y dentro de unos años
volverán los que, con el maletín en la mano quieran edificar prometiendo
ingresos y puestos de trabajo, y a cada nueva oleada, más ladrillo y menos de
todo lo demás.
Actualmente, España se está viendo beneficiada de
una situación internacional inestable y es aún una potencia mundial en el
turismo de verano y costa, pero llegan otros que nos ganan en atractivo, precio
y servicio. No son pocos los lugares con climas idóneos, con recursos y mano de
obra disponible y barata y con una población cada día más formada. Aquí están
llegando ya Marruecos, Argelia, Túnez, Turquía, Centroamérica, seguirán
llegando.
Y lo peor es que, para cuando eso ocurra, la
costa española estará en un punto de no retorno. Los valores naturales, esos que
hoy en día es lo que más valora el turismo internacional, desaparecidos, otros
sectores productivos, como el pesquero por ejemplo, aniquilado. En definitiva,
la gente de los pueblos de la costa, sin lugar al que mirar.
Las gentes de la costa, que son también las
gentes de la mar deben ser conscientes de lo que la reforma de la ley supone
para su futuro, y es necesario que muestren su rechazo a un modelo que va a
machacar su modo de vida en los próximos años. Es necesario hacer saber al
gobierno que ese es un camino equivocado pues mutila al litoral y sus gentes.
Aun la reforma de la ley es un proyecto, estamos a tiempo, no dejemos que nos
pasen por encima. Es hora de pedir de manera contundente que el gobierno retire
el despropósito que es el anteproyecto de reforma de la ley de costas.
Antonio Aguilera Nieves (en P 36 Andalucía)
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