El alcalde de Murillo el Fruto, Javier Gárriz Gabari, de UPN, deberá declarar el próximo lunes en el Juzgado de Tafalla por un posible de delito de prevaricación durante la compra de un almacén de la localidad a la cooperativa agrícola San Isidro. Gárriz ya tuvo que declarar hace un año en el mismo juzgado por otro presunto delito de prevaricación, aunque la denuncia por las presuntas irregularidades en la devolución a algunos vecinos de un impuesto especial fue sobreseída. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha admitido a trámite el recurso interpuesto por los denunciantes, los tres ediles de la Agrupación Independiente de Murillo el Fruto (AIM) y que se encuentra pendiente de resolución. En esta ocasión, la denuncia, también presentada por los representantes de AIM, viene motivada por la operación de compra de un local a la cooperativa agrícola San Isidro. El pleno del Ayuntamiento aprobó el 30 de diciembre de 2009 un convenio según el cual el Consistorio adquiría un almacén a cambio del pago de 136.559 euros y la cesión de 3.604 metros cuadrados de terreno rústico comunal en los que están situadas las instalaciones de la cooperativa, y que el informe pericial valora en 43.248 euros, 12 euros el metro cuadrado. El Consistorio se comprometía además a calificar como suelo urbano de uso terciario toda la superficie catastral ocupada por la cooperativa, y en la que se incluyen los terrenos traspasados. Según el convenio, la escritura de compraventa se debería formalizar en un máximo de seis meses, "abonando el Ayuntamiento en ese mismo momento la parte del precio en dinero".
Los ediles de AIM denunciaron el acuerdo ante el Tribunal Administrativo de Navarra al entender que el Ayuntamiento no puede satisfacer parte del pago por el local transmitiendo unos terrenos comunales, valorados como tales, con el compromiso de modificar el Plan General para convertirlos en urbanos. El TAN dio la razón a los denunciantes el pasado 1 de junio, anulando "por ser contrario a derecho" el acuerdo municipal del 30 de diciembre, y por considerar que la valoración de los terrenos "carece de fundamento". "No se puede decir que se va a vender un terreno que será urbano en el futuro y valorarlo económicamente como bien comunal no enajenable. Si es vendible, valórese como urbano, y si no es todavía enajenable, que no lo es, no se hagan transacciones con el mismo carentes, por prematuras, de fundamento", afirma el TAN.
Pero antes de la resolución del TAN, Gárriz decide acelerar los trámites y el 3 de mayo procede a pagar mediante transferencia a la cooperativa los 136.556 euros acordados. La firma de la escritura se pospone hasta el 8 de junio, fecha para la que se citan en el despacho del alcalde el propio primer edil y el presidente de la cooperativa. No obstante, el representante agrario, aconsejado por su abogado, decide suspender temporalmente la firma ya que para entonces el TAN ya ha hecho pública su resolución, y dos días después, el 10 de junio, procede a la devolución de la cantidad que le fue abonada.
Es entonces cuando los tres ediles de AMI presentan la denuncia penal contra Gárriz, al entender que la ejecución del pago a la cooperativa "sin haberse otorgado aún la escritura y sin el informe de intervención o secretaría que avalase tal decisión" puede ser constitutivo de un delito de prevaricación. Según recoge la denuncia, los suscribientes consideran que el alcalde, "deliberadamente" y de forma "unilateral y arbitraria" decidió abonar la cantidad acordada "a sabiendas de que no podía hacerlo, con evidente perjuicio al erario público municipal" y "prescindiendo absolutamente del procedimiento legal establecido".
En base a esta denuncia el Juzgado de Tafalla ha decido abrir diligencias previas y citar en calidad de imputado a Javier Gárriz para declare el próximo día 19 por un presunto delito de prevaricación que, según el artículo 404 del Código Penal, podría suponerle entre siete y diez años de inhabilitación. Diario de Noticias
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