viernes, 2 de mayo de 2014

SOBRE LA PURGA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DE OLITE EN 1936

El grupo por la Memoria de Olite/Erriberri organizó recientemente un acto de homenaje  a los 51 republicanos del pueblo muertos en 1936. Aquellas desapariciones terribles no fueron la única forma de hacer borrón y cuenta nueva. En cuanto tomó las riendas del poder, el nuevo Ayuntamiento echó a los ediles republicanos (seis, entre ellos dos alcaldes, fueron asesinados)  y se dedicó a despedir a, al menos, once funcionarios “desafectos”,  a “limpiar” maestros, alguaciles, pregoneros,  serenos, guardas de campo o enterradores del cementerio, que perdieron el empleo, y la vida en algunos casos, sin prácticamente opción a la defensa ni ningún tipo de compensación. Todavía hoy no se ha reconocido el atropello. Tampoco reparado el honor de aquellos trabajadores municipales.

Doce días después de que los militares se sublevaran, el ayuntamiento “interino” de Olite se reunió el 30 de julio de 1936 para tratar del gobierno municipal y, en el orden del día, ya incluyó la destitución de algunos alguaciles, “que por su conducta no pueden ser merecedores de la confianza del alcalde, concejales y vecindario”, ya que habían estado afiliados a sindicatos “de carácter marxista”, según recoge el acta de la sesión. Este argumento,  así como “haber votado a los nacionalistas”, fue suficiente para mancillar el nombre de los funcionarios.

“Se han manifestado abiertamente a favor del Frente Popular y de las izquierdas, y en contra de las derechas y de los buenos españoles”, esgrimían los acusadores, que manchaban el expediente laboral de los trabajadores todo lo que podían. Aseguraban de ellos que, además de adversos al nuevo régimen, eran vagos y frecuentan las tabernas, por lo que “hay que considerarlos como enemigos del movimiento salvador de España”.

Así que el consistorio acordó en aquella sesión despedir y dejar sin sueldo a los alguaciles Inocencio Remírez Moreno, Francisco Gabari Viela y Julio Jarauta Pérez; a los serenos Hilario Garbayo Fernández, Félix Arrieta Domínguez y Braulio Gurrea Armendáriz; y a los guardas de campo Prisciliano Suescun Gorri y Teófilo Santesteban Armendáriz. También cesó al sepulturero del cementerio Félix Garde Moreno, que además hacía la limpieza de los lavaderos y abrevaderos municipales. Gabari y Garde, por ejemplo, fueron fusilados después.

Sin transcurrir un mes, en sesión extraordinaria del 24 de agosto, el Ayuntamiento abordó la desaparición de dos maestros de la plantilla de la escuela municipal. La Junta Superior de Educación de Navarra había decidido que iba a reducir a la mitad las aulas del curso que comenzaba el 1 de septiembre en Olite. Reclamaba al Alcalde que, por tanto, le contara cuántas “bajas” de maestros tenía contabilizadas aquel sangriento verano del 36.

El Pleno comunicó que el docente Juan Barásoain Armendáriz, de 26 años y natural en Uterga, no se iba a presentar porque había sido detenido en un pueblo en el que estaba de vacaciones y apresado en el fuerte San Cristóbal, en Pamplona. Barásoin, de convicciones republicanas y progresistas, fue asesinado después, en noviembre. En cuanto a la maestra de niñas Mª Carmen Sánchez López, el consistorio había recibido noticias de que su padre, desde Santander, había escrito al casero donde se hospedaba en Olite para comunicarle que tras estallar la guerra había perdido contacto con su hija, por lo que el Ayuntamiento informó a la Junta de Educación que tampoco contara con esta profesora.

La plantilla de maestros quedaba así reducida a la mitad. Julián Tabernero y Paulina Paternáin siguieron al frente de una escuela pública mermada, “con escaso número de matriculados” y “siendo corta la asistencia de alumnos”, frente, según informó el Ayuntamiento a la Junta, los colegios “particulares” de los Franciscanos y las monjas de la Caridad a los que los párvulos acudían en masa para, de acuerdo con los nuevos tiempos, recibir una formación “profundamente religiosa y eminentemente patriótica”, según reza el acta municipal que, además, aprobó dar una ayuda económica a los colegios privados y ordenó comprar crucifijos para recolocarlos en las mermadas aulas de la escuela municipal.

El 25 de noviembre el Ayuntamiento volvió ha reunirse en sesión extraordinaria para resolver definitivamente los expedientes de expulsión de los trabajadores purgados. Se repitieron excusas como que los funcionarios pertenecían a sindicatos de clase o que eran simpatizantes del Frente Popular. “Siempre ha emitido el sufragio para las izquierdas o los nacionalistas vascos”, argumentaron, por ejemplo, para echar a un guarda de campo que llevaba 31 años de servicio y estaba a punto de jubilarse antes de dejarlo sin sustento.

Algunos empleados ingenuos intentaron responder a las acusaciones de desprestigio y presentaron alegaciones, como un escrito avalado por seis dueños de bares que certificaban que “no han visto ni una sola vez” en sus tabernas al funcionario apartado. No sirvió de nada. También hubo quien llevó recibos que atestiguaban su católica contribución al “culto y clero” de iglesia de San Pedro, pero el Pleno interpretó que las pruebas “no desvirtuaban los hechos para la suspensión” del empleo ya dictada. “Era necesario hacer una limpieza destituyendo a los empleados del Ayuntamiento por ser todos partidarios de las izquierdas...”, sentenció tajante el documento justificativo.

Todavía el 15 de diciembre, el guarda Teófilo Santesteban y el pregonero Julio Jarauta no perdían la esperanza y se dirigían al Ayuntamiento en defensa de sus puestos. Entablaron así un recurso de reposición contra el acuerdo que los cesó, porque “no se había probado ninguna de la acusaciones” lanzadas contra ellos, a lo que el Ayuntamiento franquista respondió como la pelota que rebota de la pared del frontón, que se ratifica en los despidos.

El Olitense

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