lunes, 12 de mayo de 2014

RAIMON EN NOSOTROS

Como es sabido, la Plataforma Gure Esku Dago ha convocado para el próximo 8 de junio una cadena humana entre Durango y Pamplona impulsada por bajo el lema "Somos una nación, tenemos derecho a decidir, es el momento de la ciudadanía". La convocatoria está siendo precedida de numerosos actos por la geografía vasconavarra. Con ecos de la Vía Catalana hacia la Independencia del pasado 11 de septiembre que, organizada por la Asamblea Nacional Catalana, reunió a decenas de miles de personas entre Le Perthus y Vinaroz, la diferencia fundamental entre ambas iniciativas consistiría en que mientras la primera une ámbitos espaciales extensos de dos comunidades autónomas, apelando al derecho a decidir de las poblaciones de la Comunidad Autonóma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra, consideradas ambas como una única nación, un único sujeto nacional, la segunda, a pesar de introducirse levemente en territorios de otra obediencia administrativa, se centraba en una sola realidad políticoinstitucional. El Manifiesto de aquella plataforma, emitido el 9 de diciembre de 2013, hace referencia a vivirse “un nuevo tiempo en Euskal Herria” para el que se requerirían “nuevas iniciativas de hondo calado por la senda del trabajo en común” en las que “la ciudadanía se convierta en la principal protagonista de ese camino”. “Más allá de los diferentes proyectos que pueda proponer cada cual de cara al futuro, entendemos que es posible, necesaria, oportuna y legitima la acción colectiva en torno a la socialización y ejercicio” del derecho a decidir, “un derecho, como punto de encuentro de diferentes sensibilidades”. Por todo lo cual, se afirma “que como pueblo tenemos derecho a decidir sobre nuestro futuro” y “que la decisión nos corresponde a las ciudadanas y los ciudadanos”. En otro lugar de la página web se considera que “es el origen del conflicto político que vive Euskal Herria. Porque es una reivindicación prepolítica, para crear una base democrática. Punto de encuentro de todas las sensibilidades” y se afirma que “la reivindicación del derecho a decidir ha estado constantemente en la agenda política y social de Euskal Herria" (en el Aberri Eguna de 1978, en el Parlamento Vasco en 1990, en Udalbiltza y en su Carta de Derechos, en los documentos de referencia de Lizarra- Garazi, en las conversaciones de Loiola, en la cumbre de Aiete y en el punto cuarto de la Declaración).

La extensión de la reivindicación del derecho a decidir en Catalunya tiene que ver con el carácter traumático del proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de aquella comunidad. La propuesta aprobada por el Parlament de Catalunya en septiembre de 2005 con los votos favorables de 120 de los 135 diputados (todos menos los del PP) fue modificada por la Comisión Constitucional del Congreso y por las negociaciones entabladas por el Gobierno de Zapatero y CiU, quedando excluídas de éstas ERC, haciendo que este último partido, miembro hasta entonces del gobierno tripartito impulsor de la propuesta, no apoyara la redacción final aprobada por el Congreso en marzo de 2006. Posteriormente, a pesar del refrendo popular a ese texto final (con un 73,9 por ciento de síes, aunque con una abstención del 50,6) el 18 de junio de 2006, el Tribunal Constitucional resolvería en junio de 2010 el recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados del Partido Popular, dictaminando la "ineficacia jurídica" del Preámbulo, así como la inconstitucionalidad de catorce artículos y la lectura de otra decena según el criterio del propio Tribunal. La manifestación, de respuesta a esa sentencia, que reunió en Barcelona el 10 de julio de 2010, bajo el lema "Som una nació, nosaltres decidim" a más de un millón de personas con el apoyo de todos los partidos políticos del Parlament, a excepción del PPC y de Ciutadans, representaría el pistoletazo de salida de crecimiento de los apoyos al movimiento a favor del derecho a decidir.  

En el caso de la CAV, la propuesta de reforma del Estatuto, planteada en 2003 por el Gobierno de coalición del Lehendakari Ibarretxe, fue rechazada en febrero de 2005 por el Congreso por 313 votos en contra (PSOE, PP, IU, CC y CHA), 29 a favor (PNV, ERC, CiU, EA, NaBai y BNG) y 2 abstenciones (ICV). 

Esos dos proyectos fracasados de ampliación del autogobierno registraron, o han registrado, sendos episodios finales que tienen que ver con el intento de conformación de sendos sujetos decisorios fragmentarios en las comunidades autónomas vasca y catalana. 

En la CAV, ante el fracaso de un nuevo intento negociador con el Gobierno de España para el establecimiento de un nuevo marco, el Gobierno de Ibarretxe impulsó la aprobación en junio de 2008 de un proyecto de ley de consulta a la ciudadanía vasca, fijando el texto de las preguntas. Esa ley sería declarada inconstitucional en septiembre del mismo año por el Tribunal Constitucional.  

Precisamente el contenido de aquella sentencia, la 103/2008 del Tribunal Constitucional, prefiguró en buena medida la reciente sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 25 de marzo relativa a la Declaración del Parlamento catalán de 23 de enero de 2013, por la que el Parlement de Catalunya proclamaba al pueblo catalán como sujeto político y jurídico soberano. El Tribunal Constitucional afirma que el reconocimiento de un sujeto dotado de soberanía y distinto del pueblo español, como pudiera serlo el catalán o el de otra comunidad del Estado, resulta contrario a las previsiones de los artículos 1.2 y 2 de la Constitución. Por lo tanto, ninguna Comunidad Autónoma podría unilateralmente convocar un referéndum sobre su forma de integración en España o de segregación del Estado. Con todo, en las mismas dos sentencias se abre la puerta a modificaciones del engarce de las partes con el todo mediante propuestas de reforma de la Constitución dirigidas a ser consideradas por el Parlamento Español, es decir, mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional del artículo 168 de la Constitución. Debe subrayarse que, en el caso catalán, de cara a esa "interpretación constitucional de las referencias al derecho a decidir" de los ciudadanos catalanes, el Tribunal Constitucional recuerda que son "los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales" quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación  los problemas que se suscitan en el orden constitucional, en particular los derivados de la voluntad de una parte de alterar su estatus jurídico". También hay que decir que, contando con el antecedente de la primera sentencia, el Consejo Asesor para la Transición Nacional en su informe La consulta sobre el futur polític de Catalunya había juzgado que, en comparación con otras cuatro posibles vías legales (dos de ellas surgidas de artículos de la Constitución, otra de la ley autonómica 4/2010 y la última, de la proposición de ley sobre consultas populares), la vía de la reforma constitucional suponía un proceso largo y complejo en el que las fuerzas políticas catalanas siempre estarían en minoría, exigiendo, además, de ingeniería constitucional. 

Por lo tanto, la historia reciente prueba que intentar ampliar el autogobierno siguiendo las vías constitucionales puede ser arrumbado o recortado por las fuerzas dominantes en Madrid, bien en el Congreso o bien por el Tribunal Constitucional. A su vez, la puerta que abren las dos sentencias del TC sobre un posible derecho a decidir fragmentario que siga la vía constitucional de la reforma de la Constitución es inconcreta y nebulosa (¿cómo podría obviarse el contenido de los dos primeros artículos del texto constitucional?) y siempre penderá sobre ella el veto del PP y del PSOE.

En lo que respecta a Navarra, las tesis favorables al aumento de nuestro autogobierno de algunas formaciones políticas no han podido abrirse camino, por cuestión de mayorías y por la imposibilidad de articularse una alternativa a UPN por la negativa del PSN a apostar por otras opciones que no sean la entrada en gobiernos de coalición con aquel partido o apoyar su acción de gobierno, en situación de minoría parlamentaria, desde el exterior. No hace falta recordar el fracaso la Ponencia sobre Autogobierno de la legislatura 2003-2007 y de los vanos intentos por resucitarla ulteriormente. Paralelamente, y por las mismas razones que las antedichas, tampoco se ha podido impulsar ninguna iniciativa, siguiendo parámetros constitucionales, tendente a establecer políticas estables de cooperación con la Comunidad Autónoma Vasca mediante órganos permanentes como el previsto por el gobierno de coalición entre el PSN, CDN y EA de 1995, que fue finalmente abortado por la demolición de dicho gobierno, decidida por el propio PSN, tras el asunto de las cuentas secretas en Suiza de Otano. 

Curiosamente tampoco han sido socializadas convenientemente propuestas de incremento del autogobierno navarro, calificables como de “terceras vías” entre la inmovilidad del bloque constitucionalista y las procedentes de la izquierda abertzale, como la de Nafarroa Bai de 2007. Dicha propuesta, asumida en su plenitud hoy en día por formaciones como Zabaltzen, integrada en la coalición Geroa Bai, habla también del empleo de la vía de los derechos históricos para lograr dicho incremento competencial, de la defensa de la concepción de la ciudadanía navarra como sujeto político decisorio libre e incondicionado, del respeto a la convivencia interidentitaria y del establecimiento, en el corto plazo, de un órgano de cooperación permanente entre Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca como el que casi se puso en marcha 1995. Todo ello, desde la perspectiva de que la voluntad democrática y la negociación son las fuentes primordiales de legitimación de las organizaciones políticas, con lo que se residencian las decisiones relacionadas con el marco políticoinstitucional navarro en la conformación de mayorías a través del pacto. Y con la idea de agotar, en relación con todo lo anterior, los mecanismos que proporciona el actual marco constitucional. 

Teniendo en cuenta todo ello, y volviendo a la iniciativa de la cadena humana del 8 de junio, no parece de demasiado recorrido la mezcla, implícita en esa iniciativa, de ámbitos de decisión tan diferentes como el de la CAV y el navarro. Asimismo, no parece demasiado acertado partir de enfoques desiderativos y prepolíticos, que busquen un amoldamiento de la realidad a una determinada concepción de la sociedad y de la territorialidad vasconavarra, sin tener en cuenta, en última instancia, la necesidad de hacer política desde la evidencia.

A pesar de la diferencia de estadio y de clima entre el contexto catalán, el de la CAV y el de la Navarra, queremos hacernos eco también aquí de las reflexiones del cantante valenciano Raimon sobre las repercusiones del actual proceso catalán en otros territorios de lengua catalana como la Comunidad Valenciana o Baleares. Artista que no necesita presentación para quienes ya tenemos cierta edad y cuyas actitudes personales han sido en más de ocasión dignas de elogio, Raimon afirmó la semana pasada en unas declaraciones en Catalunya: “Yo no soy independentista porque no me lo había planteado nunca y desde Valencia todo esto se mira de otro modo”; la independencia “te la miras con más atención, si piensas en términos de unidad cultural, y con más alarmas porque en el País Valenciano hay un anticatalanismo que está funcionando y puede crecer”; “Yo soy valenciano. ¿Qué repercusiones podría tener la independencia de Cataluña en el País Valenciano? El anticatalanismo crecería todavía más”. Aunque posteriormente ha subrayado su apoyo a la consulta a la ciudadanía e incluso su hipotético voto positivo de poder votar en ella, sus posturas han generado múltiples reacciones, así como críticas en las redes sociales. Con todo, en su tierra de origen no faltan quienes ven razonables sus palabras, si bien también es justo reconocer que no yerran quienes apuntan a que a la derecha valenciana no le hace falta la independencia de Catalunya para distinguirse por su anticatalanismo extremo.

No podemos dejar se sentirnos concernidos por las palabras de Raimon. Hay muchas similitudes entre la Comunidad Valenciana y Navarra. Entre ellas, un dualismo identitario de base (si bien hoy en día proyectado a una diversidad de etiquetas identificatorias); una parecida situación de doble perifericidad ante un nacionalismo español dominante y un nacionalismo, mayoritario en la comunidad vecina, pero minoritario aquí; una similar pulsión de adaptación a Navarra de uno y otro nacionalismo, que complejiza mucho las cosas, no sólo por la introducción de un pathos radical; una cierta desmemoria, no obstante, ante la valoración de lo propio que dificulta la emergencia de un sentimiento particularista estrictamente autóctono y sin ataduras; una derecha, por último, cuyas formas de gobierno son deleznables y cuya gestión está teñidísima de corrupción, que emplea el argumento identitario como parapeto defensivo y que hasta ahora se ha beneficiado de esa estrategia. 

También es preciso recordar, por otra parte, que iniciativas similares a la Giza Katea del 8 de junio no han contribuído históricamente a acercar Navarra al resto de Euskal Herria, sino más bien a fortalecer a los agentes contrarios a dicha aproximación. El triunfalismo peneuvista del finalmente fracasado proceso estatutario de 1931-1932 dejó demasiados cabos por atar y cometió demasiados fallos, tal y como no se privó de señalar el mismo Manuel de Irujo. Hace unas décadas, los actos de masas y la campaña del Nafarroa Euskadi Da de finales de los setenta registraron serios fallos de calibración, el peor de ellos no entender el lastre que suponía la violencia terrorista de ETA. 

No sólo hay que ir al pasado. Ejemplos recientes, en contextos absolutamente favorables a la de la iniciativa reseñada, prueban que apelar al derecho a decidir ni siquiera sirve para avalar las tesis de fondo de aquélla. La consulta llevada a cabo en Etxarri Aranatz el pasado 13 de abril, convocada por la plataforma ciudadana A13 y apadrinada por EH Bildu y por Geroa Bai, tal y como se veía en el cartel, se saldó con un fracaso. Ante la pregunta “¿Quieres ser ciudadano o ciudadana de una Euskal Herria independiente?”, sobre un total de 1.990 vecinos mayores de 16 años llamados a participar, solamente emitieron su voto 851, el 42,8 por ciento. De ellos, 804 votaron a favor de la independencia y 18 en contra. Además, se registraron 26 votos blancos y tres nulos. Además, a la escasez de los apoyos recabados, hay que añadir que los resultados obtenidos expresan una fractura clara dentro del nacionalismo vasco. Hay una clara disonancia entre los síes y los votos obtenidos por las opciones nacionalistas en anteriores convocatorias electorales. En las elecciones generales de noviembre de 2011 Amaiur sacó 837 votos y Geroa Bai 237. En las elecciones autonómicas de mayo del mismo año Bildu consiguió 795 apoyos y Nafarroa Bai 2011 306. De todo ello, se puede presumir que el electorado de Geroa Bai no votó sí en el referéndum, aún cuando dicho partido lo apoyaba, lo que se puede considerar un divorcio entre las instrucciones dadas por la élite del partido y las bases, interpretable, entre otras razones, en clave ideológica. 

Esos datos, procedentes de un laboratorio extremo, avalarían que en Navarra la política basada en la evidencia nos revela una y otra vez que, aunque las perspectivas reduccionistas, basadas en rotundas líneas de fractura y expresadas en eslóganes de trinchera, tienen su mercado en los extremos del electorado (es decir, en UPN y en Bildu), gran parte de la sociedad comparte otro tipo de visiones no maximalistas que asumen que múltiples valores pueden ser compartidos por gente de origen e idearios diferentes. Por supuesto, esos sectores más centrados del electorado se verán ahora entre dos fuegos. ¿Alguien duda que el navarrismo españolista reactivo de UPN del PP se privará de responder con toda la artillería pesada a la iniciativa del 8 de junio? No serían de extrañar convocatorias de actos masivos por parte de esos partidos (también incluso cadenas humanas o consultas a nivel municipal) invocando un supuesto derecho a decidir de los navarros en relación, por ejemplo, de la derogación de la disposición transitoria cuarta, algo acerca de lo que ya se han manifestado en múltiples ocasiones líderes de dichas formaciones. 

Raimon en nosotros. En ocasiones, en demasiadas ocasiones quizás, también se hace patria de una forma diferente, de una manera distinta a la propugnada por los guardianes de las esencias identitarias. Desde el equilibrio y el respeto proactivo a la diversidad de los ciudadanos de tu propio país.

Fernando Mikelarena, en su blog