LA LUCHA POR LA MEMORIA HISTÓRICA Y EL RÉGIMEN DE LA TRANSICIÓN

Estimados amigos: quisiera ante todo dar las gracias al Ateneo Republicano español del Limousin por la invitación a participar en estas jornadas dedicadas a las fronteras entre memoria individual y memoria colectiva. Estamos a casi tres cuartos de siglo de los sucesos de la guerra civil española y de la ocupación de Francia durante los años de la guerra mundial y es un momento histórico muy apropiado para hacer una reflexión como la que aquí nos proponéis.

En vuestra invitación jugáis con la palabra historia e historias, mezclando las historias personales—el recuerdo personal, pero también familiar— con la historia, así, en singular, entendida como la historia de todo un país o de toda una sociedad. Es un tema de profundo calado y donde se han hecho exploraciones de gran importancia. Recordemos a Paul Ricoeur y a Maurice Halbwachs —muerto él mismo en la deportación—, quienes en momentos distintos acometieron el problema y realizaron aportaciones que todos debemos tener en cuenta. Hubo un momento en el que el pueblo entró en escena explícitamente, y desde entonces en la vida colectiva de nuestras sociedades, cuando el estado desea representar simbólicamente su fundación o los valores políticos y morales en los que se basa nuestra convivencia democrática, se apela a la memoria de los que se sacrificaron por todos nosotros, tanto por sus contemporáneos, como por los hombres y la mujeres de la actualidad.

Decir memoria colectiva en una sociedad democrática es decir recuerdo de los que la hicieron posible, significa recordar que las libertades y los derechos sociales y políticos no se lograron accidentalmente, sino que hubo que luchar por ellos; la pérdida de la memoria colectiva nos desconecta de nuestro pasado, de nuestra experiencia y nos condena a un presente sin identidad que cualquier poder contemporáneo podría manipular. Memoria de la lucha y de los sacrificios por las libertades no son las únicas evocaciones que provoca el concepto de memoria colectiva, pero sí son algunas de las más importantes.

Los años de la IIª República española y de la III ª República Francesa fueron especialmente difíciles para ambos pueblos: en ambos casos, las tensiones internas de nuestras sociedades, fruto de su propia historia y de los procesos de modernización social abiertos en cada caso, se vieron aceleradas de forma brutal en un caso por un golpe militar y, en los dos casos, también en el caso español, por la agresión extranjera del nazismo. Después de 1944-45, la Francia recuperada, ya libre de nuevo, inició de nuevo su propia historia y en ella tuvo su lugar el mantener el recuerdo colectivo —memoria es otra forma de denominarlo— de los esfuerzos por defender las libertades y la soberanía nacional en unos años difíciles como fueron los de la ocupación y la guerra mundial. Ese recuerdo colectivo se traduce en monumentos y actos públicos donde participan los ciudadanos pero también las autoridades, se traduce en políticas activas de memoria que apoyan contenidos educativos en los planes de estudio, museos y discursos museográficos que recogen, valoran y respetan estos aspectos de la memoria, son actuaciones hacia los jóvenes, pero también hacia los veteranos. No sólo ha habido reflexión académica de primer nivel, sino también políticas institucionales de memoria que ligan al Estado y a los ciudadanos en manifestaciones públicas que ejemplifican el respeto de la sociedad francesa a los que dieron sus vidas por las libertades de todos o fueron víctimas de la agresión fascista. No es Francia el único país donde esto ocurre, donde el estado y la sociedad civil escenifican públicamente ese respeto, pero en el debate en el mundo de las ideas sobre la naturaleza colectiva de la memoria como un elemento imprescindible en la vida civil de las sociedades democráticas, la aportación de los franceses es de gran importancia.

Todos sabemos que en el caso español las cosas fueron diferentes. El final de la guerra mundial, pese a la heroica resistencia de los españoles, no trajo la liberación; la recuperación de la democracia hubo de esperar hasta 1977; fueron muchos años bajo una dictadura que mostró un gran interés en justificar su propia existencia y dedicó amplios esfuerzos a falsificar el pasado. En pleno siglo XXI, en el año 2010, los españoles estamos viviendo un intenso debate sobre la suerte de la memoria histórica en nuestro país. Y quizá una de las primeras cosas que hemos aprendido es que el estado de salud democrático de la sociedad española se puede valorar considerando el grado de respeto publico, tanto civil como institucional, que recibe la memoria histórica.

He titulado esta contribución al debate como «La lucha por la memoria y el régimen de la Transición». Mi intención es hacer un breve repaso a la situación, tal y como la interpretamos quienes además de dedicar esfuerzo académico a la comprensión de estos procesos, somos también ciudadanos que participan activamente en los debates y en las acciones en el seno de la sociedad civil española. Se da la circunstancia de que mi pertenencia a la dirección nacional de la Federación Estatal de Foros por la memoria, me ofrece una oportunidad de vivir de cerca la evolución de este fenómeno sociológico que conocemos en España como «la memoria histórica». Quisiera por tanto compartir con ustedes la experiencia de estos años en esta lucha ciudadana y les aseguró que intentaré ponderar mis opiniones lo más posible. Los sociólogos sabemos que las opiniones del observador pueden influir en las observaciones y los resultados sino se tiene cuidado; los españoles distinguimos entre las palabras objetivo/subjetivo y parcial/imparcial; la pretensión de imparcialidad implicaría no tener opiniones, simpatías o preferencias, algo realmente complicado. No es el caso, lo confieso. Ciertamente tengo una posición de compromiso —que es público además—, con las libertades y los valores republicanos, pero esto no significa que no pueda hacer un esfuerzo por la objetividad, por respetar los hechos, por no ocultarlos, por respetar, en suma, aquello que encontremos cuando estudiamos la realidad.

He hablado en el título de «Régimen de la Transición». El Régimen de la Transición en España es el sistema político democrático y constitucional derivado de la Constitución de 1978, elaborada tras las elecciones de 1977 y que consagró la Monarquía de Juan Carlos Borbón en unión a un sistema claramente parlamentario y constitucional. La palabra Transición se refiere al proceso de paso entre el Régimen de la dictadura franquista y el nuevo, ya homologable a un sistema democrático occidental clásico. Este proceso de cambio tuvo unas especiales características que realmente son difíciles de encontrar en otros países.

El Rey de España, jefe de estado en un sistema constitucional parlamentario, no debe su puesto a la jura de la Constitución sino a sucesos previos a la redacción de esa constitución. En otras monarquías europeas contemporáneas, los reyes son proclamados tras escenificar el compromiso del Rey o Reina con las libertades ciudadanas a través de la jura pública —ante los parlamentos depositarios de la soberanía popular— de la constitución. Es un hecho que en España eso no ha ocurrido. El Rey fue elegido por el dictador e impuesta su presencia durante el proceso constituyente, sin que pudiera cuestionarse, tras la muerte de Franco,. Era previo a la constitución. No la ha jurado. No busquen en los archivos esa escenificación del compromiso entre pueblo y jefe de estado, en este caso monarca. No es esa la escena que encontrarán. Será otra muy distinta.

He puesto este ejemplo para tratar de mostrar como la memoria histórica sobre hechos ciertos y en los que se basa nuestro actual sistema democrático es, en ocasiones, una memoria «incómoda» para las autoridades e instituciones públicas españolas.

Pueden ustedes considerar, y en España lo hacen muchos, que esta cuestión es secundaria, que fue un mal menor, necesario tal vez para salir de una difícil situación histórica y que el resultado final, la flamante España democrática del siglo XXI es la mejor prueba de ello. Si éste fuese el único problema de desajuste de nuestra memoria colectiva tal vez podríamos verlo de una manera diferente. Pero no es el único problema que encontramos.

En febrero de 2010 celebramos en Madrid una concentración ante el Tribunal Supremo. Se llevó cabo igualmente en otras veinte ciudades españolas; en todos los casos ante las sedes de los Tribunales de Justicia territoriales; la repetimos todos los meses, y me atrevo a decir que estas acciones son todo un éxito. En todos los casos se portan pancartas que demandan Verdad, Reparación y Justicia. Estas tres palabras, recogidas en el ordenamiento jurídico internacional —y español— como obligaciones de los estados hacia las víctimas de crímenes, se han convertido en la bandera actual del movimiento español de la Memoria Histórica. España vivió un golpe, una guerra en la que fue decisiva la agresión extranjera y una dictadura atroz que duró décadas: ¿qué sentido tiene que un estado democrático moderno—como presume ser el español— olvide a las víctimas de los crímenes llevados a cabo por ese régimen?

El régimen de la Transición olvidó a las víctimas de la dictadura. Imaginemos una Francia, una Italia o una Alemania donde no hubiera espacios públicos ni respeto institucional para las victimas del nazismo. Traten de imaginarlo por un instante, que no fuese posible encontrar ni una sola palabra de ánimo, de cariño o de piedad hacia las víctimas en las declaraciones de sus jefes de estado con ocasión de actos o efemérides oficiales. Es difícil de creer, entre otras cosas porque nunca se habla de ello, pero no ha habido nunca, jamás, en treinta cinco años de régimen democrático en España tras la muerte de Franco, ni una sala palabra de recuerdo o respeto del Rey hacia las víctimas del franquismo.

No es algo que haya sido posible solamente por la actitud del ciudadano Borbón, no me sorprendería que a nivel personal pudiera sentir la necesidad de hacerlo, pero me temo que su hipotética opinión personal es irrelevante, la institución como tal responde con silencio, ese el hecho que hemos de valorar; fue Saint-Just quien nos enseñó cómo ponderar las acciones de un Rey a la hora de juzgar sus responsabilidades; ese silencio institucional en la más alta magistratura otorga sentido a la tipificación que hacemos de «régimen de la transición», pues es el estado el que ofrece la impresión de sentirse amenazado si el Rey mostrase un poco de humanidad hacia las víctimas del régimen anterior.

El hecho es que tal manifestación simbólica no se ha producido nunca. Los partidos políticos españoles presentes en el Parlamento (ya saben que los españoles llamamos al Parlamento, «Las Cortes») tampoco se lo han exigido ni se lo han reprochado nunca. Estamos por tanto ante una actitud compartida. Es un olvido, una desmemoria «colectiva» y que algunos defensores a ultranza del modelo español de transición entre un régimen dictatorial y una democracia consideraron como imprescindible.

El movimiento de la Memoria Histórica surgió como una respuesta ciudadana, desde abajo, frente a estas contradicciones. No voy a poder extenderme mucho en un problema como este, ciertamente complejo, pero creo que podemos en el tiempo y espacio del que disponemos hacer un breve resumen de la situación.

Se suele situar el año 2000 como el comienzo de este movimiento social cuando en la provincia de León, un grupo de ciudadanos constituyó una asociación llamada para la «Recuperación de la Memoria Histórica», empleando una formula castellana que habla de la memoria como la conexión en el presente con el pasado. Con ese nombre, se decía que ese proceso activo se había roto; «recuperar» significaba reconstruir los lazos entre el pasado y el presente. Esos lazos, donde estaba la clave de nuestra identidad colectiva y democrática, habían sido cortados por el golpe, la guerra y la dictadura, pero lo que era peor es que la nueva España democrática de la Transición parecía haber renunciado a la tradición histórica democrática de los españoles y buscaba su legitimidad solamente en los años posteriores a 1977. Recuperar la memoria histórica fue un concepto que todo el mundo entendió rápidamente, unos de una forma y otros de otra, pero la idea se extendió. Por toda España surgieron otras asociaciones de nombre parecido que pretendían actuar en cada localidad o territorio siguiendo aquel ejemplo pionero.

Recuerdos, homenajes, investigación, actos de respeto público a las víctimas del franquismo se habían llevado a cabo desde 1977 en numerosas ocasiones, pero siempre como manifestaciones privadas, con muy escasa participación de las instituciones públicas cuando no con su indiferencia. A partir de 2000 las cosas cambiaron. La intensidad del movimiento fue sorprendente y las autoridades se vieron obligadas a reaccionar. Lo hicieron a través de la legislación, dando ayudas al movimiento memorialista, pero sin asumir en los actos públicos oficiales muestras de respeto y reconocimiento a las víctimas.

Pero ni en 1977, ni en 2000 o en los años posteriores, el movimiento por la memoria histórica, lo tuvo fácil, algo que no es sencillo de comprender en una sociedad regida democráticamente. ¿Cómo es posible que no se respetase la memoria de las víctimas y que se desterrase la verdad, la reparación y la justicia? La respuesta hay que buscarla en otra palabra: Impunidad. El problema que impide que la democracia española rinda homenaje a las víctimas del franquismo, y la verdad, la reparación y la justicia sean una realidad, consolidando así el sistema democrático, es la impunidad del franquismo.

La transición se había basado en la impunidad del franquismo. O mejor dicho, en la impunidad de los franquistas, de todos aquellos que se había beneficiado de los crímenes de la dictadura o habían sido su instrumento, algo que implicaba el olvido civil y público de sus víctimas y desligar la memoria de la democracia republicana de la democracia surgida en 1977.

Hay opiniones e interpretaciones distintas de esto que aquí afirmo, que duda cabe, pero quisiera llamar su atención sobre el proceso que en estos días se abate sobre el Juez Garzón. Es conocido el caso: este juez de la Audiencia Nacional había iniciado un proceso sobre los crímenes llevados a cabo por la dictadura y que incluyen cientos de miles de víctimas; hoy se encuentra él mismo procesado. Uno de los argumentos empleados en su contra es que las personas y acciones que consideró como criminales o delictivos habían sido beneficiarios de la Ley de Amnistía de 1977, elaborada antes de la constitución y que además de liberar a los presos políticos de la dictadura incluía un artículo que exoneraba de toda responsabilidad legal a los defensores de la dictadura. Ha sido en 2010 cuando millones de españoles han podido comprobar estupefactos que los franquistas habían escapado a la acción de la justicia y un partido como Falange se erigía en acusador de un juez que había intentado defender los derechos de las víctimas.

No quisiera, antes de continuar, que esta mención a las vicisitudes sufridas por el juez Garzón se malinterpretasen. Somos muchos los que consideramos este incidente como muy grave y denunciamos la triste actuación del sistema legal español cuando olvida a las víctimas, persigue al juez y niega los crímenes contra la humanidad perpetrados por la dictadura. Pero que afirmemos esto no significa un apoyo ciego al Juez Garzón; al contrario, su actuación en el asunto de los crímenes de la dictadura merece una dura crítica. No necesitamos al juez para saber que Franco ya ha muerto, eso es algo que todos conocemos; y considerar, además, que los crímenes son solamente los cometidos hasta 1952 —como exponía el juez en su actuación— es algo más que un absurdo, es una burla a la justicia. El problema es que la tímida denuncia del juez, que tenía mucho más de simbólica que de efectiva, le pareció excesiva a un sector del poder judicial español identificado con la necesidad de defender la pasada «legalidad» franquista. Eso es lo grave: que el estado español es incapaz de dejar claro hoy en día en sus textos y acciones legales que el régimen franquista fue ilegal y se basó en el crimen. El «affaire» Garzón así lo ha demostrado públicamente, pese a los errores del juez en este caso y a su discutible trayectoria en otros aspectos.

Pero la lucha ciudadana sigue y lo sucedido con Garzón supuso un punto de inflexión importante en el que la opinión pública se vio afectada; durante años el estado quiso que estas contradicciones no aflorasen a la superficie, pero esa época ya ha acabado. En estos años, de una lucha casi individual —sustentada por miles y miles de personas— por el respeto y el recuerdo emocionado y publico a las víctimas, hemos pasado a una movilización colectiva por la Verdad, la Reparación y la Justicia, que está teniendo en la denuncia de la impunidad su bandera actual. La Transición se basó en negar el pasado y en negar la Justicia, negaciones exigidas por los franquistas para aceptar un cambio que no les cuestionase su posición y su influencia. Hoy son muchos en España los que pensamos que eso debe cambiar.

No hemos de creer, no obstante, que estas luchas o demandas ciudadanas que tienen mucho de simbólicas y que podrían ser satisfechas fácilmente si hubiese un mínimo de voluntad política entre los partidos democráticos mayoritarios, constituyan el problema más grave por el que pasa la sociedad española. En modo alguno. Hay otros problemas que son comunes a toda Europa en estos momentos y que tienen que ver con la crisis económica y la lucha en defensa de los derechos sociales frente a las imposiciones de los mercados financieros. Lo que ocurre es que, en España, además de esos problemas, estamos también inmersos en una cuestión de principios y que tienen que ver con nuestra identidad democrática como nación. Si no existe respeto a las víctimas del franquismo y a nuestra tradición republicana… ¿qué esperanza hay de que se respeten y valores los derechos sociales y civiles en la actualidad? Si no existe sensibilidad democrática en esos aspectos relacionados con la memoria, no podremos esperar mucho del futuro.

Es por eso que podemos afirmar que el proceso de lucha por la memoria histórica y contra la impunidad del franquismo es una pieza clave en la reconstrucción del espacio político de la izquierda frente a los desafíos del siglo XXI. La lucha por reconstruir la izquierda exige en España asumir el reto de la memoria histórica y reagruparse bajo la bandera tricolor. Este es un proceso actualmente abierto y que surgió con fuerza desde el movimiento de la memoria histórica. Hay además un factor nuevo: los grupos y asociaciones ciudadanas que luchan por una futura Tercera República, están en proceso de convergencia con los llamados grupos de memoria. Es un proceso imparable.

Efectivamente, grupos de memoria, asociaciones republicanas, asociaciones de familiares de víctimas, ateneos republicanos… proliferan en España, forman parte en la actualidad del paisaje social de la izquierda y si los partidos políticos de izquierda desean mantener cierta credibilidad entre sus votantes han de tener en cuenta este factor de una forma u otra.

¿Cuál es el mapa del movimiento por la memoria en España actualmente?

Deberíamos primero recordar que la situación general de la izquierda política no es precisamente muy buena. Aunque gobierna el partido socialista, las políticas del gobierno no son precisamente de izquierda e temas clave como las políticas económicas y sociales. Existe una gran confusión política, los partidos de izquierda han perdido credibilidad y militancia y la derecha política y económica impone el discurso neoliberal casi sin oposición. Esa es la cruda realidad.

A estas contradicciones compartidas por buena parte de los países europeos, los españoles sumamos las nuestras, las nacidas de nuestra propia historia. Como he intentado explicarles, la salida de la dictadura se basó en la impunidad y en el destierro de la memoria republicana. A lo largo de los años noventa, muchos militantes de la izquierda se desmovilizaron y abandonaron las filas de los partidos, al tiempo que la representación parlamentaria disminuía. Izquierda Unida pasó de 22 diputados en 1996 a 1 en 2008. No es esta la ocasión de analizar en profundidad este fenómeno, pero podría bastar con recordar que la perdida de votos de la izquierda está más relacionada con las políticas derechistas que adoptan los partidos de izquierda en las instituciones que con una pérdida de valores de la izquierda entre los votantes. No sube votos la derecha, es la izquierda social la que se abstiene, desilusionada por la deriva oportunista o derechista de sus representantes electos. Son los partidos y sus estructuras los que no están a la altura de la situación; el modelo político de la izquierda occidental forjado en los años de la guerra fría está en crisis y la socialdemocracia no tiene espacio para maniobrar cuando la derecha económica y política defiende la lucha de clases de los poderosos. La izquierda mayoritaria no tiene programa alternativo, practica políticas de la derecha y no tiene ni la voluntad ni la motivación para hacer frente al desafío de la nueva derecha.

Sin embargo los movimientos sociales se han ido desarrollando. Muchas de las luchas que no encontraban reflejo en las instituciones se extendían en la calle. No voy a hacer ahora un repaso de todas ellas, pero me centraré en el movimiento de la memoria; un movimiento social —la memoria histórica— que empezó a nutrir sus filas con multitud de personas que, desilusionadas con las políticas de partido cómplices con el modelo español de Transición que exigió el olvido de la República, acudieron sin embargo a este nuevo frente de lucha sin que que nadie les convocase; nació desde abajo, desde los corazones de miles de personas donde la bandera republicana nunca dejó de alzarse o donde por lo menos se mantenía el respeto a cuantos había luchado por ella en el pasado. Fue también un fenómeno de recuperación de la propia memoria familiar y personal.

La así llamada Asociación para la Recuperación para la memoria histórica (ARMH) nació en 2000, como decíamos antes, para luego extenderse siguiendo el modelo de las franquicias, personas distintas, sitios distintos pero una misma lógica, un mismo nombre. Entusiasmados con la idea, muchas personas de todo el país siguieron ese modelo y crearon asociaciones «de memoria».

En 2005, se creó una nueva asociación, la «Federación estatal de Foros por la Memoria» con la finalidad de coordinar los esfuerzos de los Foros que en el ámbito provincial o regional se estaban igualmente creando desde algún tiempo atrás. La palabra «Foro» es en castellano sinónimo de espacio de encuentro y diálogo, pero también de espacio donde llegar a acuerdos. Los foros por la memoria son distintos a la asociaciones de «recuperación de memoria». Intentaré caracterizar ambas líneas:

Las ARMH nacieron como asociaciones de familiares y lucharon por rescatar los cuerpos de los miles y miles de asesinados por la represión fascista que seguían enterrados en fosas comunes ocultas; su posición política era menos nítida y no mantenían una posición beligerante en defensa de la memoria política de la República.

Los Foros por la Memoria, por su parte, se coordinaron desde el primer momento con unos objetivos políticos mucho más claros: se trataba de recuperar la memoria de la República y de los que había luchado en su defensa, fuesen o no familiares. Los foros son más exactamente asociaciones de derechos civiles y con un compromiso claro en defensa de la tradición republicana. Ambos grupos acometieron la lucha por rescatar las fosas comunes en las que decenas de miles de cuerpos yacían sin identificar. Durante estos años, las noticias sobre la localización de fosas y la identificación de cuerpos han sido habituales en la prensa española. La opinión pública pronto se dio cuenta de que una parte de la historia que se pretendía olvidada estaba saliendo de nuevo a la superficie. La actuación de los Foros y las ARMH, habían hecho saltar el muro de olvido y silencio de la Transición y era ya público que la sociedad española debía afrontar su pasado si quería construir una democracia sólida en su presente.

En el movimiento hay muchos más grupos, por supuesto. Hoy tenemos aquí con nosotros en estas jornadas a «Archivo Guerra y Exilio», asociación conocida por todos ustedes y que me ha precedido en el uso de la palabra.

Si tuviera que establecer una clasificación de las semejanzas y diferencias entre los grupos de la memoria en España me atrevería a decir que la posición ante la impunidad del franquismo es clave. Para unos la lucha por la memoria es algo necesario moralmente, pero que no debe trascender la esfera de lo personal o familiar. Para otros la memoria es por supuesto personal, familiar, pero tiene una dimensión pública clara: estamos hablando de una guerra y una dictadura atroces que causaron cientos de miles de víctimas. Familiar e íntimo, frente a colectivo y público. Para muchos basta con el apoyo de las instituciones a los homenajes privados que por cientos se realizan; para otros eso no basta. La memoria histórica democrática de nuestro pueblo debe ser asumida por las instituciones públicas como parte propia inexcusable. La memoria de las víctimas del franquismo y el respeto a nuestra tradición republicana debe ser objeto de respeto publico por parte del estado español. ¿No somos un país democrático?… pues la democracia es el referente de la democracia, ¡por supuesto que la España actual podría incorporar a su patrimonio público muestras de respeto a su pasado republicano!; sin embargo en España la mayoría de la derecha política y social se considera heredera del franquismo, consideraran que aquel golpe, aquella guerra y aquella dictadura fueron necesarias y les causa gran incomodidad que se recuerde el pasado; son postfranquistas, no se sienten culpables de ningún crimen, los cientos de miles de víctimas no les importan nada en absoluto. En estas condiciones la democracia no podrá nunca consolidarse. Por eso es vital la batalla de la memoria, que es también la batalla por la verdad y la justicia. La impunidad favorece el envilecimiento moral, por ello la impunidad debe acabar de una vez y la verdad, la reparación y la justicia deben abrirse paso.

La cuestión de las fosas comunes clandestinas —es terrible tener que hablar así en la Europa del siglo XXI— nos puede permitir explicar las diferentes posiciones en el seno del movimiento de la memoria. El estado español está realizando una activa política de subvenciones económicas a las asociaciones de familiares que desean rescatar los cuerpos de sus familiares. Con dinero público, asociaciones privadas, también empresas, localizan, exhuman y entregan a los familiares los cuerpos localizados en cualquiera de las miles de fosas que se han localizado. Ese es el modelo dominante: dinero público, iniciativa privada y sin participación de la Justicia, ni de los jueces. Un tratamiento privado, administrativo, nunca público ni institucional. Pues bien, la mayoría de las asociaciones estamos en contra de esa posición representada por la ARMH.

Para los Foros por la Memoria, las fosas son pruebas de crímenes. De crímenes terribles y que no han prescrito de acuerdo con la legislación internacional. Nosotros consideramos que las fosas deben ser localizadas y abiertas por las autoridades públicas. Los jueces deben intervenir. Deben aplicarse los protocolos penales forenses y asumido todo el proceso por el estado. Si el estado no lo hace, lo haremos nosotros, pero si encontramos una fosa con cuerpos, siempre ponemos una denuncia en el Juzgado y solicitamos la intervención del Juez, de la policía judicial y de los forenses. Debo decir que hasta el momento, no se ha logrado la intervención del estado en aplicación de las leyes vigentes.

Ante las contradicciones que todas estas luchas han provocado, el gobierno del partido socialista promovió una ley especial. Es conocida como ley de Memoria, aunque su nombre oficial es otro. Nosotros la interpretamos como una ley cortafuegos. Su objetivo es frenar al movimiento por la memoria. Para la ley de Memoria, las sentencias de los tribunales franquistas siguen siendo legales, no se cuestionan los tribunales que condenaron a muerte a más de ciento cincuenta mil españoles. El franquismo es considerado ilegitimo, pero no ilegal, sencillamente. Las fosas requieren —desde el punto de vista del estado español— un tratamiento administrativo, nunca penal, se apoya su apertura y la recuperación familiar de los cuerpos, pero no que se abran investigaciones por crímenes contra la humanidad.

Estos problemas no están encontrando solución. No es algo que tenga que ver con el pasado. Son intereses políticos y privados muy poderosos relacionados con el presente y el futuro, los que impiden lograr reparación y justicia. El estado español considera que las víctimas del franquismo que fueron robadas y expropiadas por el régimen, además de ser sometidas a penas de cárcel o muerte, no tienen derecho a presentar demandas que les restituyan sus bienes o a recibir una indemnización por los daños sufridos. Es vergonzoso que la excusa aducida para negar este derecho sea que reconocer este derecho «pondría en peligro la seguridad jurídica». La ley y la seguridad —decimos nosotros— no deben amparar crímenes ni hacer perdurar las humillaciones y los robos. Los descendientes de quienes se beneficiaron del robo a las victimas y a los deportados tienen suficiente peso e influencia como impedir que se ponga fin a esta situación.

El movimiento por la memoria en España es cada día más un movimiento contra la supervivencia de la impunidad del franquismo. Quienes han defendido la ley de memoria ya no se atreven a hacerlo públicamente. Hoy todos dicen ser críticos con ella.

Queremos que se reconozca oficialmente que el franquismo fue una dictadura fascista, una dictadura criminal, que logró instalarse en España a través de una guerra y de realizar crímenes contra la humanidad.

Queremos que se reconozca que las fosas son pruebas de crímenes contra la humanidad y que el estado español, a través de jueces y fiscales, ordene la investigación y levantamiento de las fosas.

Queremos que se aplique en España la Legislación penal internacional y se juzgue a los cómplices de crímenes contra la humanidad.

Estos deseos que aquí expreso son viables. No son maximalistas, podrían traducirse en acciones concretas: Es perfectamente posible disolver la Fundación Francisco Franco (que no sólo existe legalmente sino que recibe dinero público) y entregar sus documentos a los archivos nacionales, es posible dar a conocer la lista de las Empresas que emplearon trabajadores forzados y se lucraron con ello durante años y formar con sus aportaciones un fondo de ayuda a las víctimas, es posible crear un registro nacional de víctimas, declarar nulos los tribunales militares golpistas y nulas sus sentencias, o rendir homenaje público, militar e institucional a los miembros de la resistencia que lucharon en la guerrilla antifranquista. Son muchas pequeñas acciones las que son posibles. Por supuesto que son posibles. Pero exigen voluntad política e ideas claras. Algo que no encontramos fácilmente en este tema.

Y permítanme que les aclare algo. Para defender y exigir esto no es necesario ser republicano o de izquierda, basta con ser demócrata y defender los valores democráticos.

Es por eso que la lucha por la memoria no es una lucha de partido, de estas u otras siglas. No, en modo alguno. Es algo que puede traspasar las fronteras de nombres y siglas. Debería ser algo asumido con sinceridad por todos aquellos que se consideren demócratas.

Quienes somos republicanos consideramos una obligación moral asumir esta lucha, pero no creemos ser los únicos en poder hacerlo. No comprendo cómo es posible autoconsiderarse de izquierda y no defender los valores republicanos. La reconstrucción de la izquierda en España está exigiendo cada día más claridad en este tema. La lucha por la memoria asumida por miles y miles de ciudadanos anónimos está contribuyendo a este proceso. El futuro está abierto, y en las luchas por los derechos sociales y políticos del los ciudadanos, amenazados cada día más por un insolente neoliberalismo que desprecia los derechos humanos, me atrevo a decir que la lucha por la memoria es imprescindible.

Hoy, aquí, entre vosotros, en este hemiciclo en el que lucen como hermanas dos banderas tricolores, siento que de la Triada republicana de Libertad, Igualdad y Fraternidad, la gran olvidada es la Fraternidad, una Fraternidad que me une emocionado a vosotros, franceses, y que, estoy seguro, quisiéramos todos que inspirase las políticas de nuestros países y de toda Europa.

Nada más. Sólo gracias de nuevo a quienes nos han brindado la oportunidad de participar en este foro; no olvido a mi abuelo que un día de enero de 1939 cruzó la frontera del Pirineo como hicieron los abuelos de muchos de los que aquí presentes. Como recuerdo a él y como promesa de futuro dejadme acabar con un ¡¡Viva la República!

Pedro A. García Bilbao (en las Jornadas del Ateneo Republicano Español del Limousin)