En el recién estrenado año 2011 tendría que haberse hecho efectiva la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas, pero el Gobierno paralizó el pasado otoño la entrada en vigor de esta medida, aprobada por Ley, anunciando que se posponía hasta 2012 a causa de la crisis económica. La Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA), compuesta por más de 80 organizaciones sociales, rechaza este argumento y defiende que la igualdad de los permisos es, por el contrario, una contribución al fin recesión económica.
El permiso de paternidad es actualmente de 13 días pagados por la Seguridad Social, que se añaden a los dos días a cargo de la empresa. María Pazos, jefa de Investigación del Instituto de Estudios Fiscales en el Ministerio de Economía y portavoz de la PPiiNA, explica que su ampliación supondría un coste “abordable” de 200 millones de euros y, por tanto, el razonamiento del Gobierno de que en tiempos de crisis no es recomendable por motivos presupuestarios no responde a la realidad ya que sobrestima el coste. “Estos argumentos aparecen a la hora de aumentar el permiso de paternidad, pero no cuando se trata de aumentar el de maternidad, de subvencionar empleos a tiempo parcial o excedencias para el cuidado” a las mujeres, añade Pazos. Y critica al Gobierno por decidir este retraso “de espaldas a la ciudadanía, puesto que según el Barómetro del CIS de marzo de 2010, el 88,7% de las mujeres y el 88,5% de los hombres españoles se mostraba muy de acuerdo o bastante de acuerdo con esta ampliación”.
En este sentido, María Pazos recuerda que mientras se cuestionaba el coste de ampliar el permiso de paternidad, se establecieron medidas que suponen un “despilfarro”, como el llamado cheque-bebé que ha supuesto 1.200 millones de euros anuales sin que haya constancia de que signifique avance hacia la igualdad.
Los representantes políticos del PSOE, IU y del PP coinciden en afirmar que es necesario aumentar la duración de los permisos de paternidad en el Estado español, aunque dicha ampliación no se hará efectiva en 2011. “Queremos las mismas políticas pero el desacuerdo está en si las consideramos prescindibles en época de crisis o no”, manifestó el diputado de IU, Gaspar Llamazares.
Para la portavoz de la PPiiNA, la crisis hace que sea más urgente “esta reforma, como todas las medidas efectivas para la igualdad total” pues son imprescindibles para que se produzca un cambio del actual modelo productivo y se acabe con el derroche “del capital humano de las mujeres, del capital cuidador de los hombres, y se termine también con la segmentación del mercado de trabajo por sexos”. Por su parte, Soledad Murillo, miembro del Comité de Antidiscriminación de la Mujer de la ONU (CEDAW) considera que alargar los permisos a las madres mantiene la situación de discriminación de la mujer en el rol de cuidadora y, de este modo, “a las mujeres se les expropia el tiempo”. En su opinión, los Estados gestionan los permisos de maternidad tratándolos “como políticas encaminadas a cubrir necesidades, no como derechos, y las tratan como asuntos de mujeres” considerando a las mujeres como colectivo. Así, “se habla de conciliación entre vida personal y profesional sólo para las mujeres”. Por el contrario, sostiene Murillo, las medidas que no tienen que ver con los temas de cuidado, es decir, aquellas que los roles sociales no asocian a las mujeres, “se gestionan como derechos para toda la ciudadanía”. Además, remacha Soledad Murillo, los Estados contemplan las medidas de igualdad dentro de las políticas de familia institucionalizando así los roles tradicionales.
Por otro lado, el envejecimiento de la población que vive la sociedad provoca que “cada vez hay más personas en edad de ser cuidadas y cada vez menos personas en edad de cuidar”, por eso, indica Pazos, la sociedad no puede permitirse que los hombres, es decir la mitad de la población, no cuiden. “Hay que pensar que la maternidad es la tasa de reposición que garantiza la jubilación y por eso no se pude convertir la maternidad en una penalización en el trabajo”, añade Gimeno.
Soledad Murillo opina que “el cuidado es un derecho” y propone exigir a los Estados información sobre las partidas presupuestarias que destinan a la financiación de los cuidados. Eliminar estas discriminaciones aumentaría “enormemente” la productividad y la competitividad del país, incide Rosa María Fernández Sansa, de la Coordinadora Española del Lobby Europeo de Mujeres, e insiste en la necesidad de mantener la totalidad del salario mientras dura la baja para que “las familias se sientan seguras” en el momento de decidir tener descendencia.
Para recuperar las tasas de fecundidad “hasta niveles aceptables” la PPiiNA propone ayudar a las familias para que puedan tener los hijos que desean, que según las encuestas son una media de 2,1 hijos por mujer, y pide respaldar a estas para que no se vean obligadas a elegir entre empleo de calidad y maternidad. Y ello porque recuerda esta Plataforma, el hecho de tener un hijo o hija es un hándicap en el desarrollo profesional de las mujeres y la precariedad laboral femenina provoca que cada día más las mujeres retrasen el momento de ser madres.
Carmen Castro, economista y coportavoz de la PPiiNA insiste en que “la equiparación de los permisos no debe entenderse como un coste sino como una inversión de futuro extremadamente rentable” y sostiene que “si los permisos de paternidad intransferibles estuvieran incorporados en el mercado laboral español, el PIB del país aumentaría un 38%”.
Teresa García Espejo, en Diagonal
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