En los últimos años los gobiernos de inspiración neoliberal han llevado a cabo la liberalización y privatización de multitud de antiguas empresas y servicios públicos.
Las razones que se han dado para justificarlas siempre han sido las mismas: el Estado es un mal empresario y provee los bienes y servicios en peores condiciones que la empresa privada. Si se privatizan servicios como la educación, la salud, los correos, la televisión, las comunicaciones, la energía, los transportes, etc. el capital privado los suministrará con toda seguridad a mejor precio, con mayor competencia, con más innovación y con menos coste para la sociedad y para todos los individuos.
Como ya hace años que esas privatizaciones se llevaron a cabo, estamos en condiciones ahora de evaluar con rigor cuál es su efecto real, si verdaderamente las promesas neoliberales eran ciertas o si se trataba de un engaño para poner capital público en manos del privado.
Precisamente, en el año que acaba de terminar se han cumplido quince años de la Directiva europea de 15 de diciembre de 1997 relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y de la mejora de la calidad del servicio. Disponemos, pues, de la experiencia y de estudios que han evaluado lo ocurrido en estos años en Europa (que, por cierto, no es muy distinto de lo que ha sucedido en otros lugares del mundo).
- En contra de lo asegurado por las autoridades europeas y por los neoliberales que defendían la liberalización privatización, después de estos años no hay apenas competencia en el mercado.
En la mayoría de los países, lo que se ha hecho con la liberalización y privatización ha sido “trocear” la antigua red nacional de correos para que las empresas privadas se instalen en los segmentos más rentables. Diversos estudios demuestran que la competencias apenas si alcanza a un máximo del 10% del mercado total, en el mejor de los casos.
- En contra de lo asegurado por las autoridades europeas y por los neoliberales que defendían la liberalización y privatización, después de estos años no ha mejorado la prestación del servicio.
Los antiguos operadores nacionales que siguen en el mercado disponen de menos ingresos (porque reciben menos financiación del estado y porque se han tenido que quedar con los segmentos menos o no rentables). Por tanto, prestan un peor servicio, con menos oficinas y menos personal, como señalaré enseguida. Por su lado, los nuevos operadores privados no se han dedicado a mejorar el servicio en su globalidad sino a encontrar nichos de rentabilidad. Eso lo han conseguido, principalmente, especializándose en los grandes clientes corporativos; en gran parte, además, para dedicarse a enviar millones de cartas no deseadas a la población. Y en casi todos los países se han cerrado multitud de oficinas de correos (el 90% en Holanda que fue el país más avanzado en la liberalización y privatización), lo que ha dificultado el acceso al servicio de los clientes normales y corrientes.
En consecuencia, en la mayoría de los casos y países se ha deteriorado el tiempo medio de entrega y la red de recogida y los servicios se prestan en peores condiciones, tal y como ha ocurrido en general con otras actividades también privatizados en los últimos años.
- En contra de lo asegurado por las autoridades europeas y por los neoliberales que defendían la liberalización y privatización, después de estos años no han bajado los precios de los servicios postales en la mayoría de los servicios y de los países, salvo en el caso de los prestados a grandes clientes que sí pueden negociar precios con las empresas. En algunos países, como Austria, el precio de los sellos para envíos ha llegado a subir el 90% (un país, por cierto, que han incentivado la conversión de los carteros en agentes de policía a cambio de 10.000 euros por cabeza). Y en otros, como Bélgica, el precio de algunos tipos de envíos ha subido el 200%.
- En contra de lo asegurado por las autoridades europeas y por los neoliberales que defendían la liberalización y privatización, después de estos años no ha mejorado la situación laboral en el sector.
Los datos de los diferentes países europeos muestran que el proceso de liberalización y privatización ha traído consigo recortes muy importantes en el empleo y, más concretamente, la sustitución de los puestos de trabajo a tiempo completo por los contratos a tiempo parcial o incluso de autónomo.
En algunos países la disminución en el número de empleos ha llegado a ser del 50% (Portugal) y en la mayoría de ellos la disminución se sitúa entre el 20% y el 30%. En España, la pérdida de empleos es más o menos equivalente a los nuevos que se han creado en el sector privatizado pero éstos últimos son en su inmensa mayoría a tiempo parcial, lo que supone una gran pérdida neta de empleo e ingreso laboral.
Los sueldos también ha disminuido a consecuencia de todo ello en la práctica totalidad de los países. En Alemania, cuyo nuevo sector postal está plagado de los llamados “mini jobs”, se han reducido alrededor del 30% llegando a ser de unos 5 euros por hora en algún tipo concreto de servicios. En España se calcula que, hasta que empezó la crisis, la caída salarial fue del 30% y, tras ella, posiblemente de hasta el 50%.
- Finalmente, y en contra también de lo asegurado por las autoridades europeas y por los neoliberales que defendían la liberalización y privatización, después de estos años no se ha producido una gran innovación, salvo la que ahorra puestos de trabajo y costes laborales, y las empresas compiten principalmente a través del precio y no de la calidad en el servicio.
La privatización, pues, no ha proporcionado más eficacia y menor coste para los gobiernos y la población. Ha sido simplemente un puro negocio para el capital privado del que solo se han beneficiado los propietarios de las nuevas empresas del sector, los grandes clientes y no el conjunto de la sociedad. Y, para colmo, cuando se han privatizado empresas públicas, como en otros ámbitos, los estados ni siquiera han obtenido ingresos competitivos porque las han vendido a precios de saldo.
En España, el Partido Popular puso en marcha la aplicación de la directiva privatizadora y luego el Socialista, como en tantos otros ámbitos, no tuvo coraje político para revertir el proceso y mucho menos para aprovechar la oportunidad y crear un banco público a partir de la antigua Caja Postal que hubiera sido un instrumento decisivo para afrontar de otro modo y con más empleo y bienestar la crisis económica.
De todo esto se deduce que una tarea que tiene pendiente la ciudadanía española es evaluar con rigor lo que ha habido detrás de estas privatizaciones, determinar quién y de qué modo se ha beneficiado de ellas y pedir responsabilidades a quienes se pasan todo el día hablando de patriotismo pero que regalan la riqueza nacional a los más poderosos.
Juan Torres López, en Público
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