lunes, 30 de marzo de 2020

GEROA BAI RECUERDA A SÁNCHEZ QUE LA UNIFORMIDAD EN ESTA CRISIS NO ESTÁ SIENDO EFICAZ

Tras la publicación esta pasada noche del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, Geroa Bai recuerda al Presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que ha quedado acreditado que la uniformidad en esta crisis no está siendo una herramienta eficaz, tal y como ocurrió por ejemplo en la centralización de la compra de recursos de EPIs (Equipos de Protección Individual), de tests y de respiradores, y pide a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, que asuma el liderazgo que le corresponde frente a una actitud de inercia.

Sin dejar de lado que lo que no está en discusión es la salud de las personas y el empeño en su salvaguarda, la coalición considera inaceptables las formas en las que en las últimas horas se han sucedido las acontecimientos en torno al Real Decreto aprobado ayer por el Gobierno central: un Decreto que se filtra el viernes, que se anuncia el sábado y que se publica el domingo pasadas las 23.30 horas, con una moratoria de 24 horas, dejando a empresas, trabajadores y trabajadoras y administraciones como los Ayuntamientos y como la propia Administración Foral en una situación de inseguridad, indefensión e incertidumbre que solo podemos calificar de despropósito, por el escaso margen que ofrece para adaptarse al mismo.

Para Geroa Bai, el Decreto es preocupante también en el fondo, ya que aplica una tabla rasa en el conjunto del Estado y no da una respuesta acorde a las necesidades, los retos y la situación de Navarra. La coalición afirma que la economía navarra no puede someterse a las mismas soluciones que otras comunidades, y recuerda que el PIB de la Comunidad Foral depende en más del 30% de la industria, por lo que no es la mejor solución para Navarra aplicar una receta pensada para comunidades ligadas al turismo o a otros sectores.

Geroa Bai subraya además que el Decreto no despeja con claridad cuestiones como la situación en que queda el sector de los trabajadores y trabajadoras autónomos, uno de los grandes olvidados en esta crisis, y señala que no contempla, al contrario que el italiano, sectores claves en la economía navarra, como es el de I+D de desarrollo tecnológico.

Por todo ello, Geroa Bai afirma que la mejor cooperación es la coordinación de recursos y no la dirección centralizada, y apunta que no podemos limitarnos a seguir los pasos dados por el Gobierno Central realizando mínimas o nulas adaptaciones de sus decisiones, si estas no son las decisiones buenas para Navarra.

En este sentido, la coalición insta al Gobierno de Navarra a crear un directorio que aclare las dudas que surgen sobre la aplicación de este Real Decreto, tal y como se ha hecho en otros ámbitos como el Brexit, la Plataforma Next, o la ayuda psicológica puesta en marcha durante la crisis del COVID-19.

domingo, 29 de marzo de 2020

LA TORMENTA PERFECTA DE AUTORITARISMO

Marea roja es una película de 1995 cuyo argumento gira en torno al conflicto que estalla en un submarino atómico norteamericano entre el capitán de la nave y el segundo de a bordo, en el contexto de una crisis internacional que amenaza con desencadenar una guerra nuclear. Al poco de empezar la misión se produce un incendio en el submarino. Mientras los equipos de emergencia tratan de sofocar el fuego, el capitán pide al resto de la tripulación que realice unos ejercicios de combate. Su ayudante se desespera hasta el límite de la insubordinación ante lo que le parece una irresponsabilidad en una situación crítica. Cuando todo acaba, el capitán le explica que ese era el momento idóneo para hacer unas maniobras, lo más parecido que cabía imaginar a las condiciones de estrés y caos que se dan en una batalla real.

La respuesta al incendio del coronavirus está siendo no solo una movilización general de todos los recursos sanitarios públicos, sino también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e incluso el Ejército, con atribuciones sin precedentes en la historia de nuestra democracia. Seguramente son medidas inevitables, pero plantean desafíos evidentes por lo que toca a la salvaguarda de las libertades ciudadanas y al mantenimiento de los límites legales del uso de la fuerza por parte del Estado. Hay gente a la que la preocupación por un problema como ese, mientras miles de muertos se amontonan en las morgues, le resulta irresponsable y frívola. El deterioro de la democracia puede parecer un fenómeno transitorio y, sobre todo, un precio a pagar razonable en el contexto de una catástrofe sin parangón. En mi opinión, las cosas son justo al contrario. La fortaleza del Estado de derecho se demuestra en los momentos de crisis. Pensar que los derechos civiles son para cuando nos los podemos permitir es sencillamente no creer en los derechos civiles. Si en algún momento necesitamos que funcionen los mecanismos de control de las fuerzas de seguridad es cuando les otorgamos poderes extraordinarios. Y con frecuencia las pérdidas en libertades no son transitorias, sino que dejan secuelas en las instituciones y la cultura política de un país. De hecho, España sufre un déficit histórico, heredado del franquismo, en lo que respecta a la supervisión ciudadana del monopolio de la fuerza por parte del Estado. Se trata de un problema que se acentuó en el contexto de la lucha antiterrorista, cuando cualquier duda sobre las actuaciones judiciales o policiales era interpretada como un signo de deslealtad o complicidad con la violencia.

¿De verdad es razonable que la policía haya impuesto 150.000 sanciones relacionadas con el coronavirus en 12 días (el triple que en Italia en un mes)? Además, hay indicios razonables de que la vigilancia policial del confinamiento está deparando, como mínimo, algunos abusos de poder no meramente anecdóticos. En las redes sociales proliferan los vídeos y testimonios que documentan los excesos policiales y, sobre todo, un repertorio asombroso de arbitrariedades. Hace unos días, el administrador de una cuenta de Facebook que reúne a una gran cantidad de policías (tiene más de 130.000 seguidores), lanzaba un mensaje de alarma que resume bastante bien el problema: “Os pido calma y mano izquierda, compañeros. (…) Esto se ha convertido en una cacería absurda, en un descontrol de macarrismo uniformado. Somos policías”. Es comprensible que los agentes estén abrumados por una tarea gigantesca y que en ocasiones la tensión o el cansancio les lleven a cometer errores. Tampoco estoy sugiriendo de ningún modo que sea una pauta generalizada. El problema es el clima de impunidad que ampara esas conductas minoritarias.

Porque lo cierto es que muchas personas justifican e incluso jalean los abusos de poder. Esta especie de masoquismo ciudadano, de subordinación entusiasta, forma parte de un fenómeno más amplio de normalización del linchamiento social. Las personas que vigilan desde la ventana de su casa a sus vecinos y acosan a quienes salen a la calle por un motivo que no les parece apropiado se han convertido en el paisaje social de muchos barrios durante el confinamiento. Esta especie de comunitarismo represivo era bastante previsible, en realidad. A menudo, las catástrofes aumentan la cohesión, pero al precio de un incremento de la coacción social. El resultado es que ahora tenemos una patrulla ciudadana tras cada visillo. La España de los balcones era el país de los chivatos de terraza. Los medios de comunicación han señalado que muchas veces las víctimas del acoso balconero son, en realidad, personas que disfrutan de alguna excepción legal al confinamiento: niños con trastornos de la conducta, enfermos que necesitan caminar por prescripción médica o personas que salen de su domicilio para ayudar a familiares dependientes. Incluso ha llegado a surgir alguna iniciativa para que quienes tienen derecho a salir a la calle durante el confinamiento lleven una prenda distintiva que los vecinos al acecho puedan reconocer desde sus ventanas. Como si el problema fuera la puntería de los chivatos. Tal vez aún más estremecedora es su falta de empatía cuando aciertan, su incapacidad para preguntarse qué puede haber llevado a alguien a quebrantar el confinamiento arriesgándose a una multa y a los reproches de sus vecinos. Hay mucha gente imprudente e insolidaria, sin duda, pero hay también personas desesperadas, que viven muy solas y están asustadas, hacinadas en pisos diminutos o en situaciones familiares insostenibles, con problemas graves de ansiedad...

La resaca que dejará la ampliación del poder policial en nuestras instituciones combinada con la normalización del acoso social puede producir una tormenta perfecta de autoritarismo. En especial, porque se solapa sobre una tendencia aún no generalizada, pero sí creciente hacia la normalización de la democracia iliberal en nuestro país. Es un proceso que tiene hitos legales, como la ley de partidos y la ley mordaza, pero en el que también está desempeñando un papel destacado el Poder Judicial. La Audiencia Nacional parece haberse especializado en la persecución de supuestos delitos de opinión completamente triviales. Del mismo modo, en el contexto de la crisis catalana hemos asistido a una intensísima movilización judicial de dudosa compatibilidad con la separación de poderes. ¿Qué ocurrirá cuando se levante el confinamiento y la catástrofe económica que se avecina empiece a dar lugar a movilizaciones laborales o sociales? ¿Jueces y policías se dejarán arrastrar por la inercia represiva creada durante el estado de alarma? ¿Se seguirá apelando a la excepcionalidad de la situación y a la unidad frente a la catástrofe? ¿Continuarán las metáforas bélicas para exhortarnos a acatar las decisiones del Gobierno?

En muchos lugares del mundo la derecha radical se está imponiendo como una alternativa al derrumbe de la globalización neoliberal, ofreciendo una promesa de orden y retorno a los viejos buenos tiempos anteriores a la Gran Recesión. Las inmensas conmociones económicas que va a desencadenar la pandemia del coronavirus son un escenario perfecto para una extrema derecha capaz de conjugar un programa económico posneoliberal con una gestión inteligente del rencor social y el miedo colectivo. En realidad, un país en cuarentena se parece mucho a las distopías políticas de la nueva ultraderecha: el Ejército en la calle, llamamientos a la unidad nacional, limitación del poder autonómico, comunitarismo represivo y ruedas de prensa en prime time a cargo de un general cuyos comunicados parecen un diálogo desechado de La escopeta nacional.

César Rondueles, profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid (en El País)

martes, 24 de marzo de 2020

EL CORONAVIRUS EN EL SISTEMA PENITENCIARIO

A cada uno, según su sensibilidad, le preocupa uno u otro de  los problemas de la sociedad. Creo que estamos obligados a reflexionar sobre ellos y a formarnos al respecto un criterio ético de comportamiento en consonancia con el humanismo que cada cual haya asumido. El mío, que es resultado de varias influencias, me ha hecho especialmente sensible  a la situación de los colectivos marginados en la sociedad. Creo que uno de ellos puede ser la población más pobre de los reclusos de los centros penitenciarios, donde también hay un grupo importante de indigentes, necesitados de todo tipo de ayuda. Algunos, por distintas razones, carecen hasta de un lugar donde salir a disfrutar de los permisos de salida a los que tendrían derecho. Precisamente mi servicio de voluntariado lo hago en una ONG que trata de ser un hogar adecuado de acogida. De ahí mi preocupación por la situación de las cárceles en este difícil momento en el que vivimos, impactados por el agresivo coronavirus.

Podemos informarnos de la normativa que el Ministerio de Interior dio para afrontar la situación en prisiones y también podemos conocer los problemas que hay entre los funcionarios de prisiones, que, sin duda, ellos mismos deben disponer de todos los medios preventivos seguros para no contagiar ni contagiarse. Sería importante que la sociedad recibiera información detallada sobre la situación en todas las prisiones. Este un colectivo de muchísimo riesgo si no se cumplen las normas y no se disponen de los medios necesarios para prevenir el contagio.

Por mi parte, quiero unirme al escrito que un grupo de asociaciones han enviado hace unos días al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En él solicitan, “dada la crítica situación de la asistencia sanitaria dentro de prisión y de los efectos que el coronavirus puede tener en una población especialmente vulnerable, una serie de medidas urgentes para velar por los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”, mostrando su preocupación por “los efectos que puede tener el coronavirus en la salud y en los derechos de las personas presas”.

Piden además en el referido escrito que se refuerce de inmediato las plantillas de personal sanitario dentro de prisión; que las medidas preventivas que se adopten no les supongan más restricción de los derechos fundamentales de la que ya tienen en la actualidad por su propia condición de reclusión; cualquier aislamiento que deba adoptarse por medidas de prevención de contagios debe hacerse con criterios estrictamente médicos; se pide que los centros penitenciarios hagan un esfuerzo comunicacional para que los reclusos mantengan la relación con su familia y la sociedad; se solicita la “gratuidad de las llamadas telefónicas extras. Hay que tener en cuenta que se han anulado todos los permisos penitenciarios y la entrada en la cárcel de las ONGs y de otros agentes externos habituales. También piden estas asociaciones que se valore la posibilidad de que, en determinados casos, se puedan adoptar otras medidas para internos enfermos graves y de más de 70 años por constituir un grupo con doble riesgo, y también para los que están en prisión preventiva.

Estas organizaciones sociales, académicas y profesionales, dedicadas a la promoción de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, señalan que se trata de “adoptar medidas urgentes que eviten, por un lado, la propagación del coronavirus dentro de las cárceles y, por otro, que se garanticen los derechos fundamentales en igualdad de condiciones con la ciudadanía”.

Marzo  de 2020
José María Álvarez Rodríguez (Foro Gaspar García Laviana)  (publicado por Redes Cristianas)

jueves, 19 de marzo de 2020

PABLO ARCHANCO, DE OSASUNA AL EXILIO

Pablo Archanco Zubiri (Iruña 15.1.1892-Buenos Aires, 4.4.1962) falleció en el exilio en Argentina, donde residía con su familia desde 1938.
Su vinculación con Osasuna aparece en 1927. Era directivo y ejercía de contable. Desconocemos su relación anterior con el club hasta ese año. Desde sus inicios, los clubes de fútbol navarros estaban asociados en la Federación Guipuzcoana. En julio de 1928 se constituye la Federación Navarra. Pablo participa desde el principio y es elegido su primer presidente. Regresará a Osasuna como directivo en 1935. Año histórico, produciéndose el primer ascenso a Primera división. Osasuna compite y lo hace muy bien, disputa dos semifinales consecutivas de Copa Presidente de La República.
Su formación académica era de nivel superior. Era Ingeniero Agrícola y de profesión maestro en la Escuela de Peritos de la Diputación de Navarra. Estaba afiliado al sindicato ELA. Formaba parte del grupo de maestros y maestras que renovó los métodos educativos durante el período republicano. Impulsando la participación, siendo la pluralidad una de las señas de identidad, con el objetivo de ser socializadores y localistas (amantes de lo más próximo).
Pertenecía a la sociedad Euskeraren Adiskideak (Los amigos del euskera), fundada en 1925 y secretario de la misma a partir de 1931. Continuando el trabajo iniciado por Arturo Campión con la Sociedad Euskara de Navarra, de finales del siglo XIX, cuyo objetivo era "enseñar, sostener, fomentar y extender el euskara". En este y otros proyectos como Eusko Ikaskuntza coinciden ilustres osasunistas como Eladio Zilbeti, Domingo Beúnza, Fortunato Aguirre, Miguel Blanco... y el mismo Pablo.
En ésta época, en los ambientes que frecuentaba Pablo sobre todo, era muy frecuente acudir a clases de euskera, lengua que llegó a dominar hasta convertirse en profesor. Fundó la primera Ikastola de Pamplona junto a Aingeru Irigarai y fue miembro del Patronato pamplonés de las Escuelas Vascas, desempeñando numerosas actividades para asegurar el funcionamiento de esta pionera ikastola navarra.
Coincide, junto a otros directivos de Osasuna como Ramón Bengaray, José Javier Villafranca, los hermanos Azagra y otros amigos en la fundación de la piscina Larreina. El primer vaso de agua que albergaba competiciones de natación en Iruña.
De familia carlista, desde muy joven simpatizaba con éste movimiento, evolucionando, desde un punto de vista cultural primero, hacia el nacionalismo para acabar fundando Euzko Gastetxu Batza. En ésta y otras organizaciones como Juventud Vasca coinciden varios fundadores de Osasuna como Cristóbal Manso, Pedro Ardaiz, Nestor Aldave, Txomin Meaurio, Inocencio San José, Francisco Altadill, Fortunato Aguirre, etcétera.
Afiliado al PNV, destacó por impulsar el Estatuto General de Estado Vasco de Eusko Ikaskuntza en 1931 y solicitó aplazar la reunión de ayuntamientos que tuvo lugar en Pamplona en 1932. Formó parte de la Comisión de los Veinte que participó en la unificación PNV-CNV. Después de aquello, tras la Asamblea de Bergara, se distanció del recién unificado Partido y aparece en la fundación de ANV. Partido laico de izquierdas que defendía objetivos nacionalistas desde un punto de vista de clase trabajadora.
En 1933 se constituye ANV en Navarra. Durante el período republicano, Pablo es su dirigente más importante. Forma parte del Comité Nacional del partido, al mismo tiempo que comienza una intensa lucha política para resolver el problema agrario en Navarra. Junto a José Ignacio Irujo volverá a formar parte del ejecutivo del partido en 1936.
Ese mismo año, ANV se presenta a las elecciones bajo la coalición del Frente Popular Navarro, donde participan socialistas, comunistas, nacionalistas de izquierdas, Izquierda Republicana, POUM y UGT. El candidato por ANV es J.C. Basterra que, junto a Jesús Monzón, Aquiles Cuadra, Ramón Bengaray y Tomás Ariz, recorrerían Navarra aquella temporada dando mítines.
El FP ganó las elecciones generales en España; en Navarra, sin embargo, el resultado no fue el esperado, la hegemonía política pertenecía a las derechas. Seis meses después de las elecciones, tres de ellos (Bengaray, Ariz y Cuadra) serían fusilados por los sublevados.
El 18 de julio de 1936, llegan noticias del golpe de Estado. En Pamplona los requetés se concentran en la Plaza del Castillo. Es entonces cuando su hermano le aconseja huir en vez de permanecer escondido, sabía perfectamente que estaba en las listas de personas que iban a ser detenidas y posteriormente fusiladas. Logra pasar a Francia. Argimiro, uno de sus hermanos, es detenido y encarcelado hasta en cuatro ocasiones entre 1936 y 1940.
Tras un periodo en Iparralde, se instala en Donibane Garazi y Baiona, donde trabajará también como profesor, en 1938 se exilia a Argentina junto a su mujer Araceli Arbizu y sus cuatro hijos (Miren, Maialen, Jon y Amaia). En Argentina la comunidad vasco-navarra siempre fue importante e influyente, con entidades como el centro Laurak Bat. Según el historiador Iosu Chueca, contaba además con el apoyo de parte de autoridades, que permitieron y posibilitaron el asentamiento de todos los ciudadanos vascos que quisieran hacerlo, no así el exilio republicano español.
Archanco, como miembro del Gobierno Vasco en el exilio, es enviado como delegado a Chile para recabar apoyos. A su regreso a Buenos Aires, trabaja como profesor de euskera y colabora con la revistas Eusko Deya, Galeuzka y Tierra Vasca. Falleció en la capital argentina el 4 de abril de 1962. Firmaba con el seudónimo Irunsheme.
El triunfo de Franco y la instauración de su larga dictadura frenó el desarrollo de proyectos democráticos y populares en los que Pablo y sectores importantes de la sociedad navarra estaban comprometidos: El euskera, la profesionalización de Osasuna y su participación en la élite, la renovación y modernización de la educación, la reforma agraria y el reparto de la tierra, un Estatuto común vasco-navarro, etcétera. Todo ello se vio truncado por muchos años.
Después de la guerra, el apellido Archanco aparece vinculado a Osasuna en varios casos. Su hermano Antonio, carlista, alcalde de Pamplona entre 1942 y 1944, abandonaría la vara de mando para hacerse con la presidencia del club. Otro familiar, Javier Archanco, formaba parte del equipo en las temporadas de la guerra e inmediatamente posteriores. Miguel Archanco fue directivo y presidente del club, actualmente a la espera de resolución judicial tras el proceso a varios exdirectivos del club por amaño de partidos.
En 2016 el alcalde Asiron propuso el nombre de Pablo Archanco para el cambio de nombre de la plaza Conde Rodezno, uno de los líderes golpistas de 1936. Finalmente, aceptó el nombre de Plaza de la Libertad que defendían el resto de fuerzas políticas.

Osasunaren Memoria

miércoles, 18 de marzo de 2020

JUAN CARLOS I: MUCHO MÁS QUE LA CORRUPCIÓN DE UN EX REY

“El Rey viaja a Arabia Saudí para allanar el camino a proyectos empresariales”. El rey que iba a Arabia Saudí por temas empresariales no era Juan Carlos I, era Felipe VI en 2017, quien según ABC llevaba ya varios años intentando evitar que los españoles conociésemos los casos de corrupción relacionados (algunos) con negocios en Arabia Saudí. Los "proyectos empresariales" a los que se refiere la noticia son varios: uno de ellos el AVE del que surgieron las comisiones que hoy conocemos.

Según confiesa el comunicado de la Casa Real del 15 de marzo, Felipe VI conocía la existencia de los negocios irregulares de Juan Carlos I hace al menos un año. No lo denunció de forma conocida, no le quitó la asignación económica, no renunció a la herencia (económica)… hasta que nos enteramos los demás. Como en el caso Urdangarín, la Casa Real no reacciona cuando se entera de los casos sino cuando nos enteramos los ciudadanos.

El 3 de febrero de 2011 Juan Carlos de Borbón creó el marquesado de Villar Mir, otorgado a Juan Miguel Villar Mir, cuya biografía es muy completa. Ministro de Arias Navarro en los 70, fundador del grupo constructor OHL y perejil de todas las salsas corruptas: su nombre figuraba en la libreta de Bárcenas, en el caso Zaplana, en el caso Lezo… Es, por supuesto, uno de los agraciados con los contratos del AVE saudí con los que Juan Carlos I obtuvo al menos 100 millones en comisiones ilegales, cuyos "proyectos empresariales" habría seguido "allanando" el nuevo rey Felipe VI en su viaje de 2017. Villar Mir es también el suegro de López Madrid, su hombre en OHL, condenado por las tarjetas black, detenido por el caso Lezo, investigado en un puñado de asuntos extremadamente turbios y a quien la reina Letizia Ortiz llamó "compi yogui" en el cariñoso mensaje para arroparle tras el escándalo de las tarjetas black: “Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC y ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)”. En la conversación intervenía Felipe VI más prudente (no en vano lleva toda la vida estudiando para el cargo) recomendando continuar la conversación en persona, no por escrito. La continuidad dinástica en OHL va de la mano de la continuidad dinástica en Zarzuela con un hilo conductor: la corrupción y el desprecio a los intereses de los españoles.

La posición de la monarquía en la economía y la política exterior española de los últimos cuarenta años no ha sido neutra, ni es cosa de los últimos años, ni se ha limitado a la construcción. Y, desde luego, lo que la ha guiado no ha sido nunca los intereses de los españoles.

Los inicios del reinado de Juan Carlos I en plena crisis mundial del petróleo no permitían equívocos: se le atribuye (Jesús Cacho: El negocio de la libertad, Ed Foca, 1998) el acuerdo con Arabia Saudí por el que cobraría una comisión por cada barril de petróleo que importara España de la tiranía saudí. España condicionaba a este negocio ilegal la economía española en un momento tan frágil. Contaba Cacho  que cuando un "ingenuo" responsable español de CAMPSA, entonces pública, consiguió en 1979 un acuerdo para importar petróleo kuwaití más barato, el Gobierno le llamó a capítulo porque ese tema no se podía tocar: España tenía que centrarse en la importación de petróleo saudí aunque le saliera más caro porque a Juan Carlos I le salía personalmente más rentable. Son los mismos años en los que el rey Juan Carlos pedía al Sha de Persia dinero para financiar a UCD (Gregorio Morán: “Adolfo Suárez: ambición y destino”, Debate, 2009): el partido en el Gobierno, que garantizaba el negocio petrolero del propio rey Juan Carlos; el partido que se opuso a una consulta a los españoles sobre la monarquía porque, según Adolfo Suárez confesaría años después, la habrían perdido. La financiación ilegal de partidos políticos también empezó de su mano.

No hace falta decir que en estas décadas la construcción y la energía han sido pilares de la corrupción que ha sufrido nuestro país y que ha condicionado nuestra economía poniéndola al servicio de negocios muy fértiles para una pequeñísima élite político-empresarial frente a los intereses del conjunto de los españoles.  Las dos grandes crisis que ha vivido nuestro país hasta la actual han sido la del petróleo y la inmobiliaria y en ninguna de las dos primó el interés general sobre el interés de una pequeña minoría: más bien al contrario, las crisis causaron mucho sufrimiento para la inmensa mayoría y un ingente botín para muy poquitos.

La corrupción de Zarzuela ha acompañado, si no condicionado, las políticas económicas y exteriores más perniciosas para nuestro país.
La protección cortesana a las irregularidades de la Casa Real ha retorcido aspectos cruciales de nuestra democracia. La cultura política y mediática que pretendió blindar al monarca ha ido avanzando hacia una cultura profundamente antidemocrática, que sustituye la deliberación republicana y la fiscalización del poder por el peloteo cortesano. Esa cultura política ha corroído en España los cimientos imprescindibles para una democracia liberal avanzada.

Muchísimos medios de comunicación abdicaron de su obligación con el derecho fundamental de los españoles a la información silenciando casos de corrupción conocidos y convirtiendo los viajes de negocios para obtener comisiones en “misiones del mejor embajador que tiene España”. Cuando hay grietas en la sumisión voluntaria del aparato mediático aparece el Código Penal con una sobreprotección de la Corona más propia de regímenes autoritarios.

Las instituciones democráticas (desde los más altos tribunales hasta el Congreso de los Diputados pasando por todos los Gobiernos que hemos tenido) se han deteriorado retorciendo, cuando no vulnerando obscenamente, la legalidad para mantener ocultas las ilegalidades cometidas desde Zarzuela. Apenas hace unos días la Mesa del Congreso de los Diputados se negaba a tramitar la petición de comisión de investigación a sabiendas de que tenía perfecta cobertura constitucional (el artículo 76.1 faculta la creación de estas comisiones sobre “cualquier asunto de interés público” independientemente de que sea o no judicializable). El PSOE, Ciudadanos, Vox y el Partido Popular deberían tener la decencia de pedir perdón a los españoles por haber dado cobertura consciente a la corrupción saltándose la legalidad y, sobre todo, los principios democráticos y liberales.

Esa cultura cortesana y corrupta para la que es más importante proteger al jefe que guardar una mínima decencia va de la mano de los peores lastres de la cultura política y mediática española, en la que el sectarismo asume que todo vale, la mentira, la ilegalidad, el robo, con tal de defender una trinchera que no se evalúa, no se controla, no se fiscaliza. Es también la cultura económica que ha sometido los intereses legítimos del común de los españoles al interés privado, ilegítimo y frecuentemente ilegal de una élite corrupta.

La cultura cortesana irradiada desde Zarzuela contiene todos y cada uno de los lastres de la política española. Ha debilitado las posibilidades económicas de España, las ha sometido a intereses de élite y no de conjunto (con el consiguiente desprecio por unos servicios públicos que no importan a esa élite: ahora que vemos cuánto dependemos de los servicios públicos, ¿alguien recuerda un solo miembro de la Familia Real que usara la sanidad o la educación públicas?) y en vez de servir a las instituciones españolas se han servido de ellas.

Felipe VI está intentando jugar con los tiempos para salvar una institución condenada, su propio cargo. Es muy simbólico que su comunicado intentando una voladura controlada del "caso Juan Carlos I" fuera apenas unos minutos antes del aplauso que los españoles dábamos al personal sanitario. Como esos jugadores de fútbol que pretenden que el árbitro olvide sacarles tarjeta porque tras su falta siguió la jugada por ley de la ventaja, Felipe VI sabe que España no puede pararse ahora y que guardamos el monumental escándalo para después de la crisis sanitaria y económica en la que estamos centrados los demás y que él está intentando aprovechar para esconderse.

Sin embargo, precisamente la batalla es de tal envergadura que a la vuelta tendremos que repensar muchas cosas. Tendremos que repensar una Europa necesaria pero hoy insuficiente para afrontar crisis que son siempre conjuntas; tendremos que examinar el desmantelamiento y privatización de servicios públicos, especialmente sanitarios y recuperarlos; y también tendremos que repensar una estructura institucional debilitada por intereses ajenos al pueblo español para que el país deje de estar al servicio de los intereses concretos de unas élites minúsculas, a cuyo frente ha estado siempre la Casa Real.

Hugo Martínez Abarca, en Cuarto Poder

viernes, 13 de marzo de 2020

CHINA: COVID-19 EN TRES FASES

Los últimos datos conocidos apuntan a que China ha entrado en una nueva fase de la epidemia del nuevo coronavirus. En los últimos días, tienden a bajar exponencialmente los casos confirmados y las muertes asociadas. Atrás quedan las dos etapas previas. La primera, caracterizada por la negación del brote, el ocultamiento de los datos y la represión de los facultativos informantes. Lo que para unos obedeció a la natural tendencia a la opacidad del sistema para otros fue simple resultado de la impericia, pero ambos factores pudieron confluir. Sea como fuere, el silencio y la demora en el lanzamiento de la alerta sanitaria condicionaron negativamente su rápida expansión.

La segunda, a la vista de la gravedad de la crisis, la adopción de medidas expeditivas y de gran impacto contrastó vivamente con la primera actitud, sin importar que afectara no solo a la vida cotidiana de millones de personas sino a la propia estabilidad del desarrollo socioeconómico del país. La imposición de la mayor cuarentena de la historia supuso el punto de inflexión que marcó tanto el cambio en el comportamiento de las autoridades como también la toma de conciencia masiva en la sociedad. La sensible mejora de la transparencia en la información también ayudó a una mejor percepción de la crisis.

Si la primera fase provocó malestar, indignación y rechazo, la segunda derivó en reconocimiento por el enorme sacrificio implícito en la magnitud de las medidas de prevención y control adoptadas. La propia OMS lo ha destacado llamando la atención sobre la valentía y flexibilidad de las decisiones así como su eficiencia e innovación (incluyendo el uso de big data, inteligencia artificial, 5G y otros medios técnicos a una escala inusual hasta hoy día). En este aspecto, al margen de otros hipotéticos usos, se han podido generar cantidades masivas de datos relacionados con cada caso y facilitar su consulta en línea por los hospitales, adaptando y agilizando los tratamientos a los pacientes. Y todo ello desde un sistema público de salud fortalecido.

A falta de cuantificación, todos reconocen que la economía china experimentará una importante contracción, dependiendo su magnitud final de si el brote se resuelve o no en breve. Una rápida superación es improbable, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de propagación mundial que está manifestando y la importante imbricación de la economía del gigante asiático con la internacional.

En China, la producción se está reanudando poco a poco. Las autoridades insisten en la fortaleza estructural de su economía y de su capacidad para remontar la compleja situación actual. El Consejo de Estado ha dispuesto varios paquetes de medidas de impulso que podrían incrementarse en las próximas semanas. Pero el impacto sobre las actividades económicas y sobre el conjunto de la sociedad, serán considerables. No será fácil.

Asimismo, las implicaciones políticas de su mayor crisis de salud pública de la historia reciente, no pueden pasar por alto. Los graves errores de la primera fase, que tanta indignación provocaron, fueron compensados a ojos de muchos con los aciertos de la fase siguiente. De una u otra forma, de cara al futuro, probablemente no bastará con utilizar a las autoridades locales como chivo expiatorio para explicar el pésimo manejo inicial del brote y habrá lecciones que extraer para eliminar el secretismo en la gestión de las alertas.

Xi Jinping y el PCCh han querido demostrar la enorme capacidad sistémica para conjurar un desafío de esta naturaleza. Es verdad que ningún otro país del mundo lo podría hacer de igual forma. Su escala es incomparable. Pero para ellos hay también una lección: es absurdo maquillar la realidad, aunque los tiempos varíen, esta acaba por imponerse sobre cualquier otro propósito.

El COVID-19 apareció primero en China pero eso no significa que necesariamente se originara en China. Pese a ello, la chinofobia alcanzó niveles que nunca se detectaron en otros episodios similares (como el de la gripe A originada en EEUU en 2009, por ejemplo, que provocó casi 20.000 muertos en todo el mundo). No es un hecho casual. Como quizá tampoco la desmedida atención informativa en este caso, a diferencia de otros anteriores similares.

Inmerso cada vez más en la pugna estratégica con China, en EEUU se pasó de casi celebrar el brote porque “traería de vuelta empleos” a “exigir disculpas”, como hizo un presentador de la Fox News, palabras que no hacen sino alimentar la xenofobia. El COVID-19 también nos retrata a cada uno.

Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política China

lunes, 9 de marzo de 2020

BARDEAREN FAUNAREN BABESERAKO JARDUNALDIETAN PARTE HARTUKO DU DEFENTSA MINISTERIOAK

Maniobra militarren ondoren faunari buruzko jardunaldi zientifikoak antolatu ditu Bardeako Batzordeak. Ekologistak Martxan taldeak ohar baten bidez salatu duenez, Ingurumen Ministerioa "irudia garbitzen" saiatzen ari da, bai Bardeako Komunitatearena, baita Natura Parke eta Biosfera Erreserba baten erdian Tiro Poligonoa existitzearena ere.

Bardeak eta Biodiversidad Fundazioak (Ingurumen Ministerioa) faunaren babesari buruzko dibulgazio jardunaldiak antolatu dituztelako sortu da protesta; jardunaldi horietan Defentsa Ministerioak parte hartuko du, eta jardunaldietako bat tiro eremuaren instalazioen barruan ere eginen dute, inguru horretan maniobra militar batzuk egin eta hurrengo asteburuan.

"Bardean halako zentzugabekeriak eta kontraesanak gertatzen dira”, salatu du talde horrek; izan ere, "ia egun beretan ariketa militarrak eta dibulgazio jardunaldi zientifikoak egingo dituzte". Ildo horretan, maniobrak direla eta, Bardeak itxita geratuko direla gogorarazi dute, "natur parke osoari eta Nafarroako eta Aragoiko eremu mugakideei eragiten dien jarduera bat”, azpimarratu dute. Eta faunaren babesarekin zerikusia duen argudioa ere jarri dute mahai gainean: “Nabarmendu behar da erabat bateraezina dela maniobra horiek hazkuntza garaian egiten diren espezieen zaintzarekin ".

Plataforma ekologistaren aburuz, "harrigarria da Defentsa Ministerioaren parte-hartzea, Biosfera Erreserbaren barruko erabilera tradizionalen barruan erabilera militarra naturalizatu nahi duelako, eta jarduera militarra abeltzaintzako edo nekazaritzako erabilera tradizionalaren maila berean jartzen duelako".

Era berean, gogorarazi dute Bardeako lurraldearen erdian bonbardaketak egin eta "hazkuntza garaian" jaurtigaiak botatzen dituzten bitartean, Bardeako Komunitateak turistei sartzea debekatzen diela, enbarazurik egin ez dezaten. Bardeako webgunean argitaratutako oharraren arabera, "Bardeako komunitateak aldi baterako mugatzen du Ralla, Piskerra, La Gorra eta Zapatako urmaeletarako sarbidea otsaila, martxoa, apirila, maiatza, ekaina, uztaila eta abuztuan, hegazti habiagileen lasaitasuna zaindu eta bermatzeko".

Gogoratu behar da paraje horiek ia muga egiten dutela bonbardaketak egiten diren gune militarrarekin, eta horien emaitzak paraje horietatik 30 kilometro baino gehiagora entzuten direla.

Amaitzeko, kolektiboak honako hau adierazi du: "Azpimarratzekoa da Biodiversidad Fundazioak (Ingurumen Ministerioa) Bardeako Komunitatearen eta Armadaren irudia garbitzeko kanpainarekin bat egin duela, ingurumenaren kudeaketa eta jarduera militarra positiboak eta zuzenak direla saltzeko; izan ere, nabarmentzekoa da jariakina hegazti habiagile gisa edo zegoen sai zuriko lozain handi gisa galdu dela.

Euskalerria Irratiak