jueves, 2 de julio de 2020

CARTA ABIERTA A MI PARTIDO, EL PSOE

Siempre he tenido vocación republicana. Es lógico porque mi forma de entender el mundo reivindica un espacio de libertades al que se accede mediante unas condiciones necesarias de igualdad. Se construye sobre la idea básica de que el apellido no debe determinar tu condición social. No acepta la reproducción social de la pobreza, pero tampoco su contrapunto, que es la reproducción de los privilegios. Por eso siempre he entendido la idea republicana como algo más que la agrupación de diversas formas de Estado. Es la idea de la propia condición de ciudadanía. El republicanismo ejemplifica también una idea de virtud cívica, la idea de no dominación.

El republicanismo y la democracia son dos caras de la misma moneda, aunque esto no ha obstado, ni obsta para que existan democracias con monarquías o que existan repúblicas con menores estándares democráticos que monarquías parlamentarias. Tampoco para que gobiernos socialdemócratas hayan convivido con monarquías, incluso formado parte de la constitución de sistemas políticos que contemplaban esta institución.

Es cierto que no es una condición necesaria, tampoco suficiente. No invalida la democracia, tampoco es esencial para ésta. Pero hasta el más monárquico admitirá que se trata de una excepción al principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas. La diferencia no residirá en considerarlo una excepción, sino en su justificación. Y, es cierto, puede estar justificada también como un ejercicio de oportunidad democrática. Un republicano podría defender la existencia accidental de una monarquía como herramienta útil para la constitución de un régimen de libertades y derechos. Probablemente este haya sido el caso durante varias décadas, incluso que haya jugado su papel como elemento para conectar a la Transición a sectores conservadores que veían en esta institución una cura de temores. Desde este prisma puede incluso justificarse, contra la esencia de su condición hereditaria, como un elemento democratizador o que puede alejar una sociedad de la ruptura. No tiene que ser una contradicción ver a un demócrata, a un republicano, asumir la monarquía como un elemento pragmático. Pero, bajo esa misma lógica ¿ese sí por las circunstancias, podría ser un no con circunstancias diferentes? No pretendo por tanto una enmienda al pasado, ni al consenso de la Transición, ni a mi propio partido. Pero sí pido una resolución de futuro.

Porque si la monarquía no es un elemento esencial, se puede juzgar desde la conveniencia democrática. Está sujeta a que la ciudadanía la considere útil. A que sume más que reste. Y aunque no es fácil saber qué opinamos los españoles y españolas sobre esta cuestión, no deja de ser paradigmático que desde hace cinco años el CIS no pregunte sobre esta cuestión. Antes de este apagón, observábamos cómo desde 2006 su valoración había sufrido un retroceso más que palpable y hoy vemos en otros estudios más recientes cómo se alimenta la idea de que su utilidad podría haber quedado atrás.

Sumémosle a esta inercia los últimos acontecimientos, las dudas más que razonables sobre el origen de parte de su fortuna familiar. La falta de ejemplaridad. O especialmente la separación abismal entre su condición y la del resto, ya no en la cuenta corriente, sino en la inviolabilidad de su figura. Si la crisis de 2008 abrió una etapa de erosión institucional que afectó como nunca había ocurrido a la corona, las consecuencias económicas y sociales de la pandemia reproducirán más condiciones para que crezca esa distancia. Y, por tanto, llegado a este punto, ¿se justifica hoy la excepcionalidad democrática que supone la monarquía? O como mínimo ¿se justifica hoy que no tengamos la opción de opinarla?

De hecho, lo mismo que justificó en su momento su necesidad hoy suma argumentos en su contra. Hoy los riesgos de nuestra democracia son otros a los de finales de los setenta, hay más peligro en la desafección o en la irritación que en los cuarteles. Es por eso por lo que pido abrir el debate. No quiero que el debate verse sobre el quién, sino sobre si ha llegado el momento de que las reglas del juego no tengan excepciones hereditarias. El riesgo de tener un Jefe de Estado que no me gusta es como el de tener un Gobierno al que no he votado, un riesgo que vale la pena defender contra cualquiera.

Sí, soy consciente de las dificultades de objetar la Corona, la necesidad de hacerlo con un apoyo transversal, pero probablemente esa transversalidad esté abriéndose camino más rápido fuera de la política representativa que dentro. Y el punto de inflexión puede estar en que desde el Partido Socialista realineemos las ideas con las circunstancias, porque las circunstancias han cambiado. Porque ni es necesaria, ni es esencial y cuarenta años después probablemente ya no sea útil.

Que el partido que más se parece a este país, más lo ha gobernado y firma la mayor parte de la arquitectura de su democracia abra esta opción no tiene porqué ser un elemento de polarización, sino de normalización de este debate. Un diálogo en el que se reconocerán muchas voces progresistas, pero al que hay que invitar con normalidad a la derecha liberal. Y aunque no será una decisión que tomar mañana, ni en lo inmediato cuando estamos pasando un episodio tan complicado, el Partido Socialista debe defender que ya ha llegado el momento de que podamos opinar en un escenario próximo. Lo hago desde la convicción personal de que es lo más coherente, pero también lo mejor para nuestra democracia. 

Sandra Gómez, Secretaria General del PSPV-PSOE València ciudad y Vicealcaldesa de València (publicado por eldiario.es)

martes, 30 de junio de 2020

EL TSJN LEVANTA EL VETO A LAS MACROGRANJAS EN NAFARROA

EL Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa (TSJN) ha dejado sin efecto el decreto foral aprobado por el Gobierno en la pasada legislatura (Isabel Elizalde era la titular de la Consejería de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local) que establecía en 1.250 cabezas el número máximo para las explotaciones de vacuno de leche. El objetivo claro de aquella medida, tomada en marzo de 2019, era impedir la instalación de macrogranjas en Nafarroa, apostando, de paso, por las explotaciones de tamaño menor con un modelo sostenible y que contribuya a fijar habitantes en zonas amenazadas por el despoblamiento. No en vano, la ganadería es de las pocas actividades económicas que existen en muchas zonas del herrialde.

No deja de ser llamativo que quien presentara el recurso al decreto del departamento de Elizalde fuera precisamente la sociedad cooperativa Valle de Odieta, que, pese a su nombre, tiene actividad fuera de esta zona. Se trata en concreto de la promotora de la macrogranja que se quiere instalar en Noviercas, en la provincia castellana de Soria y a apenas una cuarentena de kilómetros de la muga con Nafarroa, en el Mojón de los Tres Reyes.

Noviercas y Caparroso
La de Noviercas se trata de una apuesta por un modelo diferente al que defienden las instituciones y la mayoría del sector ganadero en Nafarroa, basada en la industrialización mediante macrogranjas. La que se quiere instalar en la provincia de Soria albergaría unas 18.500 vacas. Actualmente, se estima que en Nafarroa la cabaña de vacas lecheras es de unas 20.000. Por tanto, si salen adelante esos planes, solo en Noviercas se instalaría el mismo número de vacas que en toda Nafarroa, lo que en el sector se considera que podría ser la puntilla para una actividad caracterizada actualmente por la falta de renovación generacional y la atomización.

De hecho, Valle de Odieta tiene ya una gran explotación en Caparroso, con unas 3.500 vacas. El declarado objetivo de la cooperativa era ampliar el tamaño de esta granja hasta las 7.000 cabezas, casi seis veces más del límite que establecía el decreto foral anulado por el TSJN.

Tras esta sentencia judicial, Valle de Odieta no tendrá problemas, al menos legales, para ampliar la explotación de Caparroso, ya que no solo se anula el límite para las nuevas granjas, sino que también se permite ampliar las actualmente existentes.

Algunas voces del sector destacaban, desde hace ya tiempo, que detrás del proyecto de Noviercas lo que existía realmente era un intento de la cooperativa Valle de Odieta de presionar al Gobierno navarro para permitir la ampliación de la explotación de Caparroso. Noviercas no sería más que la versión ganadera de la amenaza ante las instituciones de la deslocalización en la industria: como no puedo hacer lo que quiero, me llevo el negocio a otro lado. Con lo que supone de pérdida de recaudación fiscal y el mantenimiento de la amenaza al resto del sector.

El recurso judicial parece haber cumplido las expectativas de Valle de Odieta, aunque la sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el mismo Tribunal Superior de Justicia. El Gobierno navarro –la ganadería actualmente está a cargo de la Consejería de Desarrollo Rural y Medio Ambiente que dirige Itziar Gómez– parece dispuesto a defender la línea marcada en la anterior legislatura. También las fuerzas parlamentarias se han mostrado favorables a defender un modelo ganadero sostenible en Nafarroa y desde EH Bildu e I-E no descartan, incluso, una reforma legislativa para proteger a la ganadería.

Uno de los argumentos recogidos en la sentencia del TSJN considera que el decreto foral recurrido no mejora el bienestar animal, al tiempo de que actúa contra la libertad de empresa. Desde el Gobierno navarro se defendía la necesidad de legislar específicamente para el herrialde ante lo que consideraban un vacío en la legislación estatal.

Los jueces también han rechazado la tesis de que las explotaciones de un tamaño tan grande puedan contribuir a la expansión de ciertas enfermedades, al considerar que no se han aportado informes que sostengan ese planteamiento.

Martxelo Díaz, en GARA

CUANDO LA POLÍTICA ES SOLO NEGOCIO

Cuenta la leyenda que el diablo habita entre los cimientos de la Real Casa de Correos -sede del gobierno de la Comunidad de Madrid- desde tiempos de Carlos III. Algo de cierto debe haber cuando cuatro de los siete presidentes que ha tenido el Ejecutivo regional no han salido vivos de la política. Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. Cada uno por distintos motivos pero todos estuvieron bajo sospecha, investigados por la Justicia o en prisión. Hubo tres que aspiraron incluso en algún momento a presidir el Gobierno de España. ¿Imaginan?

En el Madrid oculto de las fábulas y las anécdotas, la del PP regional es una historia real. Muy real. De liberalismo salvaje, de corrupción, de poder, de venganza, de ambición, de traición y de fascinación por el dinero. Unas veces para la financiación ilegal del partido y otras, para el enriquecimiento propio. Todo en medio de una guerra de familias, en la que durante años chapoteaban también empresarios, policías e incluso algunos periodistas sin que la dirección nacional del partido pusiera orden ante tanto desmán.

Pues aún así, el PP sigue en el Gobierno. Algo habrá hecho mal también la oposición, más allá de que los electores no hayan castigado con la contundencia que merece la corrupción sistémica en la región más rica de España, la de mayor inversión extranjera y la que más aporta al PIB nacional.

25 años han pasado ya desde que en 1995, Alberto Ruiz Gallardón consiguió por primera vez el Ejecutivo de la Puerta del Sol para la derecha, la política se convirtió en un negocio y la mancha de la putrefacción se extendió sin disimulo por toda la Comunidad. Una comisión aquí, un sobrecoste allá y un sistema clientelar que, con la ayuda de algunos medios de comunicación subvencionados por el poder político y un endogámico socialismo madrileño, hacía imposible la alternancia. Todo era un lucro invisible donde se tramaba y conspiraba de la mañana a la noche y donde de todo se sacaba tajada. Daba igual que fuera el agua que salía del grifo, que la construcción de un colegio o un hospital, que un acto público con jóvenes o con jubilados.

Entre 1991 y 2015, los populares ganaron todas las convocatorias electorales en Madrid. Y sólo en los años de los gobiernos de Aguirre (2003-2012) y González (2012-2015), las consejerías de la Comunidad de Madrid y las entidades del sector público dependientes de la Administración firmaron miles de contratos valorados en 172 millones de euros con empresas relacionadas con las tramas Gürtel (133,7 millones) y Púnica (59,4).

El progresivo desgaste electoral con que los ciudadanos fueron castigando los casos de corrupción vinculados al PP culminó en su derrota en los comicios de mayo de 2019, la primera desde 1991. Y cuando todo parecía marcar un final de ciclo, Ciudadanos -el partido que prometió que llegaba a la política para regenerarla- quebró las expectativas de un PSOE que ganó las elecciones por primera vez en 23 años con Ángel Gabilondo como cabeza de lista.

Y es que entre el Madrid del progreso, las grandes infraestructuras, la inversión extranjera y la baja fiscalidad había una cara B que durante un cuarto de siglo perpetuó lo peor de la gestión pública sin que la oposición sacara ningún rédito de ello. Alguna lectura tendría que hacer la izquierda de todo ello y no solo conformarse con el lamento de que todo se pudrió en 2002 con el Tamayazo, uno de los episodios más sórdidos de la política madrileña en el que dos diputados del PSOE -Eduardo Tamayo y Teresa Sáez- se ausentaron del pleno de la Asamblea, a cambio supuestamente de un beneficio económico, que iba a investir presidente al socialista Rafael Simancas.

Las elecciones tuvieron que repetirse, Esperanza Aguirre ganó por mayoría absoluta y el PP inauguró desde entonces una época marcada por el saqueo de lo público y las corruptelas que en su gran mayoría han sido objeto de investigación judicial y algunas ya han sido sentenciadas. Ahí empezó todo, sí. Primero con la liberalización del suelo, y cuando se acabó pasaron a la privatización de la sanidad, los conciertos educativos y las comisiones ilegales en las obras públicas.

Y no es que el PP madrileño tenga un gen que le predisponga a la corrupción más que en otros territorios porque en Valencia durante 20 años ocurrió lo mismo. El problema es que nunca tuvo un sistema transparente de supervisión de la vida pública, unas instituciones despolitizadas, un electorado que le hiciera responsable de los saqueos ni una oposición que le marcara de cerca en lugar de estar más pendiente de sus miserias orgánicas y sus equilibrios internos.

Del pozo de miserias y corruptelas en la región de Madrid solo es responsable la derecha, pero que los ciudadanos no hayan visto una alternativa al PP en un cuarto de siglo, dice muy poco de la izquierda y de su estrategia como oposición. No digamos ya de Ciudadanos y del papel que ha venido desempeñar en la escena madrileña, después de impedir en 2019 un cambio de gobierno, con Ángel Gabilondo al frente del gobierno regional. Ante la duda, eligieron el negocio y la putrefacción de la vida pública antes que una indiscutible referencia ética. Y en eso siguen, pese a que en el PSOE hayan sondeado desde la esfera nacional a los naranjas para la posibilidad de plantear una moción de censura a Isabel Díaz Ayuso. La última palabra, en todo caso, no la tendrá Ignacio Aguado. Pero él aún no lo sabe.

Esther Palomera, en eldiario.es

UN MARATHON EN LA CIMA DEL KILIMANJARO, RETO DE RICARDO ABAD

San Donato (1.493m), Moncayo (2.314m), Punta de las Olas (3.002m), M’Goun (4.071m) y, como colofón a una peculiar escalera de altitudes, Kilimanjaro (5.895m). Ése es el plan que tiene este verano el ultrafondista tafallés Ricardo Abad Martínez, quien se ha marcado el reto de ir completando un maratón en las cumbres de las citadas montañas.

“El objetivo de poder correr un maratón en la cima, junto al cráter, del Kilimanjaro es algo que llevo pensando desde hace muchísimos años. Desde que vi fotografías mientras buscaba lugares corribles y peculiares”, explicaba Abad, de 49 años y que en su extenso palmarés de retos cuenta con el récord de haber corrido 607 maratones consecutivas en 607 días o en haber completado 100 Ironman en un año.

Apoyado en una complicada logística y burocracia para solicitar los apoyos necesarios en marruecos y Tanzania por Naturtrek y Atica Redex, Abad tiene previsto iniciar el proyecto Maratones de altura en la segunda quince de septiembre completando los 42,195 kilómetros a la carrera por la explanada cimera del monte Beriáin o San Donato.

A la semana siguiente el objetivo que se marcará es completar la maratón en la cumbre del Moncayo, el punto más alto del Sistema Ibérico (2.314 m).

Tras superar las carreras por encima de 1.000 y 2.000 metros de altitud, el navarro planea trasladarse en agosto al Pirineo oscense, en concreto, al valle de Ordesa. Allí, en la Punta de las Olas (3.002m), tratará de correr su tercera maratón a principios de agosto.

En ese mismo mes, y ya buscando una cota de 4.000 para cubrir el siguiente escalón, el deportista navarro viajará al Atlas marroquí. Allí, y pernoctando ya en la misma cumbre para una mejor aclimatación, tratará de hacer una maratón en la arista del pico M’Goun. “Me han dicho que es una zona muy corrible. A ver. Ese va a ser el test serio. Nunca he estado a una altura como ésa y no sé cómo va a responder el cuerpo. Como mucho he estado en el Perdido, en el Veleta y el Mulhacén. Por eso prefiero dormir lo más arriba posible y aclimatar bien”, afirma.

Por último, ya con el permiso concedido - “antes del confinamiento ya tenía los billetes”- y con las cámaras de una productora como testigos-, el 19 de septiembre viajará a Tanzania para afrontar el reto final en la cumbre más alta de África: el Kilimanjaro (5.895m). Si lograse el reto, conseguiría además el hecho de completar el maratón a mayor altitud de la historia ya que, hasta el momento, la prueba a mayor cota es el maratón que arranca en el Campo Base del Everest a 5.365m. “Sin embargo, a partir de ese momento, se desarrolla ya en cotas más bajas. Por lo que, de conseguirlo en el Kilimanjaro, sería el maratón más alto disputado en el mundo”, apunta Abad, quien contará con 16 días para intentar completar su carrera en torno al cráter del volcán tanzano.

J.L.Imbuluzqueta, en Diario de Navarra

lunes, 29 de junio de 2020

IMPUNIDAD TOTAL CONTRA LOS KURDOS

"Garra de Águila" fue el nombre con el que se bautizó la ofensiva aérea turca sobre posiciones kurdas en Kurdistán Sur el pasado 14 de junio. Los objetivos volvían a ser zonas del bastión del maquis kurdo en el macizo de Qandil, Majmur –una localidad al suroeste de Erbil que acoge un campo de refugiados– y Sinjar, el enclave yezidí brutalmente castigado por el Estado Islámico en 2015. Fuentes del Ministerio de Defensa turco hablaban de «81 objetivos del PKK golpeados, incluyendo refugios y cuevas»; fuentes consultadas por GARA sobre el terreno denunciaban que la mayoría de los ataques en Sinjar y Majmur habían sido dirigidos contra población civil.

Tres civiles murieron en las afueras del campo mientras que, en Sinjar, las bombas causaron cuatro heridos entre miembros de la YBS –organización que Ankara vincula con el PKK– y destruyeron el hospital de la localidad de Sinoni. Una filtración sobre el ataque habría permitido evacuar a la población a una zona segura y evitar víctimas mortales. Por su parte, el PKK decía no haber sufrido bajas en Qandil.

La pesadilla no acababa ahí. Una semana después de aquella ofensiva aérea, cuatro civiles eran asesinados por las bombas en Dohuk (Kurdistán Sur) y otro más perdía la vida en otro ataque a las afueras de Erbil. El cerco se cerraba con bombardeos de la artillería iraní sobre la localidad fronteriza de Haji Omran. Según la agencia de noticias kurda Rudaw, más de un centenar de aldeas de la zona habían sido evacuadas para evitar un número mayor de víctimas.

Nada nuevo
Bagdad lleva treinta años asistiendo impotente a las agresiones de este tipo desde Ankara y Teherán sobre territorio soberano iraquí. Sin embargo, informaciones obtenidas por el digital británico Middle East Eye apuntaban a que oficiales iraquíes y turcos habrían discutido los detalles de «Garra de Águila» días antes, durante una visita secreta a Bagdad de Hakan Fidan (cabeza de la inteligencia turca).

La última agresión se produjo el martes 23 de junio cerca de Suleimaniya, cuando una camioneta fue alcanzada desde el aire. EL PJAK (guerrilla kurdoiraní afín al PKK) confirmó que una de las dos víctimas mortales era uno de sus miembros. Asimismo, al menos seis individuos resultaron heridos, algunos de ellos civiles. Se trata de una zona de gran belleza natural muy popular entre familias que buscan huir del calor estival.

El acceso por carretera a zonas de Qandil era posible hasta el año pasado a través de zonas bajo el control del Partido de la Unión Kurda (PUK), pero este último decidió calcar la política del Partido Democrático de Kurdistán (PDK) y cerrar el paso. Todo indica que el ataque contra esa pick up del martes se habría producido tras el aviso de algún local informando de su paso, una práctica cada vez más habitual en los últimos meses.

Provocar una brecha entre la población local y los guerrilleros a los que esta podría ofrecer cobertura es de manual básico de contra-insurgencia. Se puede hacer «ganándose los corazones y las mentes» de los civiles, o provocando el terror entre ellos. Es más esto último: «Si les abrís las puertas de vuestra casa, también las bombardearemos», parece el mensaje.

También en Kobani
El castigo sobre Kurdistán Sur se recrudece en un momento en el que Turquía mantiene el control de facto sobre el enclave kurdosirio de Afrin desde 2018, así como sobre una franja fronteriza de 130 kilómetros entre Serekaniye y Gire Spi, tras la ofensiva de octubre de 2019. Los rumores sobre un eventual ataque sobre Kobani se materializaban ese mismo día 23. Un dron golpeó entonces una casa a las afueras de la localidad, provocando la muerte de tres activistas kurdas del movimiento feminista, así como un número sin determinar de heridos, todos civiles.

Tras la retirada de las tropas americanas de la zona, la región de Kobani permanece bajo el control de Moscú, que conduce patrullas en la zona de forma conjunta con Damasco desde finales de 2019. Sin embrago, la iniciativa no ha evitado una nueva violación del alto en fuego oficialmente en vigor desde octubre de 2019.

«No es la primera vez que Turquía ataca con drones armados a miembros de las YPG o simples activistas como estas tres mujeres», trasladaba a GARA Salih Muslim, alto oficial de la Administración Autónoma del Noreste de Siria (AANES). Sobre la inacción de Moscú, añade que «queda claro que Rusia no quiere molestar a Turquía, aunque eso conlleve incumplir sus compromisos con los kurdos». El líder kurdosirio también se muestra crítico con el silencio de Bruselas: «A Europa solo le interesa que los principios democráticos rijan dentro de sus fronteras, no le importa que los kurdos sean masacrados aquí, un día sí y otro también».

Una vez más, la cadena de agresiones sobre los kurdos por parte de Turquía se produce ante la aparente indiferencia de la comunidad internacional. En una entrevista concedida la semana pasada a la cadena de televisión Sterk, Cemil Bayik, co-líder de la Unión de las Comunidades de Kurdistán (KCK) denunciaba «la complicidad de Erbil, Washington, Bruselas y la ONU ante el hostigamiento de Turquía». El comandante guerrillero era tajante: «Estos ataques no se producirían sin el consentimiento de todos ellos».

Karlos Zurutuza, en GARA

domingo, 28 de junio de 2020

ETCHEGARAY REPITE EN BAIONA, Y ZIBURU, URRUÑA E ITSASU TENDRÁN ALCALDES ABERTZALES DE IZQUIERDA

La victoria de Jean René Etchegaray en Baiona y las alcaldías logradas por los abertzales de izquierda en Ziburu, Urruña e Itsasu en una jornada histórica para el soberanismo son algunas de las muchas notas destacadas en la segunda vuelta de las elecciones municipales de Ipar Euskal Herria.  [podrá consultar cada pueblo de la información haciendo click sobre su nom[consulte aquí los resultados de las dos vueltas]bre]

Jean René Etchegaray (53,8%) seguirá siendo alcalde de Baiona durante los próximos años al imponerse en la segunda vuelta a la lista de Henri Etcheto (46,2%), del Partido Socialita.

Etchegaray ganó con facilidad la primera vuelta, pero las expectativas de Etcheto habían subido para este domingo. Las segundas vueltas las carga el diablo. Al final, Etchegaray ha ganado y podrá aspirar, si así lo decide, a seguir presidiendo la Mancomunidad de Ipar Euskal Herria.

Después de que la alcaldía de Angelu quedara despejada en la primera vuelta, como sucedió en la gran mayoría de las localidades de Ipar Euskal Herria], la otra ciudad del BAB donde se concentraba mucha de la atención de esta jornada era Biarritz. Finalmente se ha impuesto la derechista Maider Arosteguy.

Estaba en juego también la capital de Zuberoa. En Maule ha ganado la lista del comunista Louis Labadot, con lo que termina el mandato del alcalde centrista y euskaldun Michel Etchebest.

Jornada histórica para los abertzales
El municipio de Ziburu tendrá a partir de ahora un alcalde abertzale, Eneko Aldana. Jamás había ocurrido antes. También Urruña tendrá un primer edil abertzale, Philippe Aramendi. Tampoco había sucedido nunca. Son dos localidades de más de 6.000 y 9.000 habitantes, respectivamente. No son pueblos pequeños como los que abundan en Ipar Euskal Herria.  Tanto en Ziburu como en Urruña las alcaldías son arrebatadas a la derecha.

Itsasu también ha sido para una candidatura abertzale. Esta victoria era menos esperada que las dos anteriores. La localidad, de más de 2.000 habitantes, es un símbolo para el abertzalismo, pues fue donde el movimiento Enbata celebró el primer Aberri Eguna en Ipar Euskal Herria con la lectura de la denominada Carta de Itsasu. Un hito del movimiento abertzale. La simbología en este caso resulta también evidente.

Además, los abertzales han logrado mantener en esta segunda vuelta la alcaldía de Uztaritze, que lograron hace seis años en otro hito histórico. Capital de Larpudi en su día y con más de de 6.000 habitantes, Uztaritze tendrá de nuevo como alcalde a Bruno Carrere.

En algunas localidades se cumplieron las previsiones, como en el caso de Hendaia, donde ganó Kotte Ezenarro coaligado para esa segunda vuelta, entre otros, con los abertzales, y en otras había más dudas, como en Senpere. La apuesta de los abertzales también ha salido bien en esta última localidad, donde han llegado coaligados con el hasta ahora jefe de la oposición y futuro alcalde, Dominique Idiart. Han logrado desplazar al alcalde Pierre-Marie Nousbaum, de derechas.

Hoy también se decidían los ayuntamientos de Azkaine, Aldude, Amenduze-Unaso, Bidaxune, Bildoze-Onizepea, Bokale, Landibarre, Larraine y Urketa. El resto de localidades se dilucidaron en la primera vuelta.

naiz.eus

LAVANDA INGLESA DEL GAL

Había una vez un anuncio: “Lavanda inglesa de gal”. De la misma época data también la banda terrorista del GAL. A diferencia de la primera, esta última, dotada de una fragancia pestilente surgida de las cloacas del Estado y financiada con fondos reservados que lo mismo servían para pagar a los “killers” que para dar rienda suelta a las millonarias apuestas al black jack en el Casino Kursaal de San Sebastián de los policías encargados de reclutarlos.

Las implicaciones políticas del GAL quedaron demostradas en las sentencias que condenaron a un ministro, un secretario de Estado, un director general de Seguridad del Estado, un gobernador civil, un secretario general del PSE de Bizkaia, así como a  varios policías. El tema ha resurgido ahora, con la publicación de un informe de la CIA, fechado en 1984 y desclasificado hace nueve años y, por tanto, público simplemente con acceder a la web de la Agencia norteamericana. En el informe, se señala al propio Felipe González como el responsable de la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas. No es la única fuente que le señala. Lo hicieron después de aquel juicio el propio inspector de policía Amedo y quien fuera secretario general de los socialistas vizcaínos, Ricardo García Damborenea.

Los GAL no fueron “un grupo terrorista criminal que mató a otro grupo terrorista criminal” como manifestó en 2019 Alfonso Guerra -con el característico cinismo al que nos tiene acostumbrados quien en aquella época era vicepresidente con González- en una entrevista que le hizo Jordi Évole.

«No estamos ante un tema judicial y penal, sino ante un tema político muy serio que puede afectar a instituciones muy importantes de nuestro sistema. Parece imprescindible que el Gobierno dé explicaciones al Congreso sin que sea obligado por la oposición». No son palabras recientes, ni dichas por quienes hemos reclamado en el Senado una comisión de investigación que depure, de una vez por todas, las responsabilidades políticas de la guerra sucia. Lo dijo Rodrigo Rato, portavoz en el congreso del PP, en 1994, nada más conocerse la detención de Julián Sancristóbal, director general de la Seguridad del Estado.

La propia creación de los GAL fue un reconocimiento de la incapacidad de Felipe González para lograr que su compañero de filas, el presidente francés Mitterrand, pusiera fin al santuario en que se había convertido Iparralde. Su ineptitud le llevó a buscar un atajo, un atajo sangriento que puso en cuestión la calidad democrática del Estado español y dio aliento a quienes trataban de subvertir la legitimidad democrática para luego imponer a la ciudadanía vasca un régimen totalitario.

Han pasado muchos años, pero hay todavía lagunas importantes en el conocimiento de aquella trama que terminó con la vida de 27 personas. Al menos, una decena fueron “daños colaterales”. La X, con la que se hace siempre  referencia al máximo responsable de la creación de este grupo  parapolicial terrorista, no se ha despejado nunca. Y seguimos estando veinticinco años después “ante un tema político muy serio que puede afectar a instituciones muy importantes de nuestro sistema”, tal y como exponía Rodrigo Rato.

¿Qué ha ocurrido para que hoy día haya partidos que se niegan a esclarecer el episodio más turbio de la democracia española? El PSOE, el PP y Vox han unido sus votos para rechazar una Comisión de Investigación relativa a esclarecer los vínculos y responsabilidades de los Gobiernos de España presididos por Felipe González con el GAL. Hasta Unidas Podemos se mostró contraria en un principio, aunque luego se vio obligada a recular.

Tal y como señalamos en la propuesta de creación de la comisión 37 senadores/as, la memoria histórica y democrática debe basarse en el objetivo de buscar la justicia restaurativa, Justicia, con mayúsculas. Por ello, tras tantos años de inacción, es hora de actuar con transparencia y arrojar luz sobre estas actuaciones, investigando y asumiendo tanto las posibles consecuencias políticas como jurídicas. Son muchos los aspectos a esclarecer que aun hoy siguen sin ser investigados.

Las personas víctimas de las acciones de los GAL merecen la aclaración completa de esta trama. Llevan mucho, demasiado tiempo, esperando a que se les ofrezca verdad, justicia y reparación a todas ellas, porque es su anhelo y su derecho y en una democracia no puede haber espacios para la impunidad ni de reyes, ni de presidentes de gobierno.

Porque la banda de los GAL, a diferencia de la otra, la lavanda, no es inglesa, es española. Por eso es necesario que la representación legítima de la ciudadanía del Estado, su Congreso y su Senado, puedan investigar y así depurar responsabilidades que los tribunales no llegaron a dilucidar, seguramente por el empeño de los aparatos del Estado español en evitar que se llegara hasta arriba del todo, hasta quien era el máximo responsable, el señor X.

Koldo Martínez (geroabai.com)