martes, 31 de octubre de 2017

EL GOBIERNO CONCEDE LA MEDALLA DE ORO A CAMPIÓN, OLÓRIZ Y ALTADILL, "PADRES" DE LA BANDERA DE NAVARRA

El Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy un decreto foral por el que se concede la Medalla de Oro de Navarra, a título póstumo, a Arturo Campión, Hermilio de Olóriz y Julio Altadill, “por su aportación a la historia, la cultura y la identidad de la Comunidad Foral”, además de ser los artífices, a comienzos del siglo XX, del diseño de la actual bandera.
Según se recoge en el decreto de concesión de este galardón, máxima condecoración de la Comunidad Foral, estas tres personalidades navarras que vivieron a caballo de los siglos XIX y XX, “destacaron por su contribución a la historia y la cultura navarras, y los derechos históricos del antiguo Reino de Navarra”.Además, el Gobierno subraya también que Campión, Olóriz y Altadill “son contemporáneos y tuvieron relación intelectual en distintos foros culturales y de reivindicación y valorización de la historia de Navarra, como la Asociación Euskara o la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra”.
El Ejecutivo resalta “su labor decisiva a la hora de definir para Navarra un símbolo permanente de su identidad del que carecía hasta entonces: la bandera de Navarra tal y como se conoce hoy”. La Diputación Foral les encargó, en su calidad de miembros de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, la confección de la bandera, roja y con el escudo en el centro, y el 15 de julio de 1910 publicó un acuerdo ordenando la primera izada, “en el balcón del salón regio del Palacio” el día 16 de julio, coincidiendo con el aniversario de la Batalla de las Navas de Tolosa”.
Abundando en ello, el Ejecutivo destaca que los premiados diseñaron, “sobre la base de su trabajo de recuperación del pasado y del patrimonio histórico y cultural de Navarra, y con respeto a las tradiciones y elementos simbólicos queridos por navarros y navarras de distintas sensibilidades, un símbolo con la que todos y todas pudiéramos sentirnos identificados”. “A pesar de las dificultades históricas que ha vivido la bandera a lo largo del siglo XX, continúa el Gobierno, hoy es un símbolo querido y respetado por la ciudadanía navarra, un símbolo de la pluralidad que caracteriza nuestra tierra y nuestra historia”.

Arturo Campión
Arturo Campión (Pamplona 1854 – San Sebastián 1937)fue escritor, político e intelectual, con obra en castellano y euskera, y uno de los fundadores de la Real Academia de la Lengua Vasca. También fue académico de la Real Academia de la Lengua Española. Campión es autor de una obra amplia y variada, singularmente ligada a temas navarros y vascos, y compaginó la literatura, la investigación histórica y lingüística con su faceta de jurista, crítico literario y musical, conferenciante, polemista, y colaborador en más de 40 diarios y revistas.

Hermilio Olóriz
Hermilio de Olóriz (Pamplona 1854 – Madrid 1919) fue escritor, poeta e historiador estrechamente comprometido con cuestiones relativas a la identidad navarra. Fue bibliotecario y cronista de la Diputación Foral y pensionado por ésta para preparar en Madrid el Diccionario de Varones Ilustres de Navarra, obra a la que dedicó muchos años.

Julio Altadill
Julio Altadill (Toledo 1858 – Pamplona 1935) fue un militar, historiador y geógrafo, autor de una obra cuantiosa en la que destaca su monumental Geografía General del Reino de Navarra. Altadill fue también un destacado fotógrafo y colaborador de numerosas publicaciones, pero es en el Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra donde se recoge una parte importante de su obra.

Medallas de Oro
La Medalla de Oro de Navarra reconoce a personas, instituciones, entidades o colectivos cuyos méritos en la defensa, promoción o fomento de los intereses de Navarra resulten estimados por el conjunto de la sociedad.
Desde 1982, el Gobierno foral ha otorgado la Medalla de Oro de Navarra a las siguientes personas, instituciones y colectivos sociales:

1982: el Papa Juan Pablo II, que visitó Navarra ese año.
1984: José María Lacarra (historiador) y Julio Caro Baroja (historiador y etnógrafo).
1985: Asociación de Donantes de Sangre de Navarra.
1988: los Reyes de España, que ese año realizaron la primera visita oficial a la Comunidad Foral.
1989: José Miguel Barandiarán (paleontólogo y antropólogo) y Alfredo Floristán (geógrafo).
1990: Juan García Bacca (filósofo y ensayista) y orden de las Hermanas de la Caridad.
1991: Adriana Beaumont Galdúroz (esposa del empresario Félix Huarte, fundadora de la asociación Nuevo Futuro Navarra) y Ángel Martín Duque (historiador).
1992: Jorge Oteiza Embid (escultor y artista plástico).
1993: Juan de Borbón y Battemberg, fallecido ese año en Pamplona.
1994: Cáritas Diocesana.
1995: Medicus Mundi.
1996: Miguel Induráin Larraya (ciclista, pentacampeón del Tour de Francia).
1997: Universidad de Navarra.
1998: Colectivo de Misioneros Navarros.
1999: ANFAS.
2000: Colectivo de víctimas del terrorismo.
2001: Centro de Educación Secundaria de Salesianos.
2002: Diario de Navarra.
2003: Pablo Hermoso de Mendoza, rejoneador.
2004: Volkswagen Navarra.
2005: Centros navarros de Argentina y Chile.
2006: Casa Misericordia de Pamplona.
2007: Cruz Roja en Navarra.
2008: Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO).
2009: Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) y Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN).
2010: Orfeón Pamplonés.
2011: Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.
2012: Universidad Pública de Navarra (UPNA).
2013: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).
2014: Impulsores del Programa de Promoción de Navarra de 1964.
2015: José María Jimeno Jurío, historiador, a título póstumo.
2016: Pedro Miguel Etxenike, físico.

Diario de Noticias

domingo, 29 de octubre de 2017

LA ARMADA NORTEAMERICANA

Mi amigo J. quería que, antes de que me pusiera a escribir sobre armas en los Estados Unidos, probara primero qué se siente al disparar. Era domingo. Como la gente va a misa por la mañana, tuvimos que esperar que se hicieran las doce para que abriera el sitio de práctica de tiro más cercano. Por respeto, las puertas del polígono no se abren hasta que no se cierran las de dios. El lugar quedaba en un típico centro comercial, de esos que tienen sólo un par de locales y una playa de estacionamiento al aire libre. De un lado estaba el Starbucks. Del otro, una empresa de telefonía celular. Fuimos los primeros en llegar. Como yo nunca había disparado, el muchacho que atendía le dijo a J. que tenía que hacerse cargo de mi seguridad, y lo puso a prueba. Le dio una pistola Glock y le pidió que le sacara el seguro. Hacía tiempo que J. no tenía un arma en sus manos y no se acordaba cómo desactivar el mecanismo. No es que no hubiera tirado nunca. Lo hacía desde chico en Oklahoma, y sus propios hijos -dos adolescentes- saben tirar porque les enseñaron los abuelos. Tirar es un rito de la vida y en lugares como esos, más bien rurales, pasa de una generación a otra. Mientras J. luchaba con la Glock, un tipo de tamaño inmenso entró al local con su arma. Era un AR-15, una bestia semiautomática que se utilizó en varias masacres colectivas. A nadie se le movió un pelo por la presencia de semejante pedazo de caño. Mientras el grandote desaparecía por una puerta, el empleado nos dijo con ese tono formal que usan los policías: “Lo siento señor, no podré permitirles el ingreso”. Y yo respiré tranquila. 
¿Qué me había perdido? La oportunidad de experimentar una sensación única, relajante, totalmente antiestrés. Quienes aman las armas no sólo disfrutan el derecho de portarlas. Les agregan adjetivos. Dicen que las armas son románticas, son sensuales, son adictivas, son divertidas, son la libertad misma. Nada asociado con el objetivo para el que fueron fabricadas: matar.
El empleado del polígono de tiro, un chico rubicundo con ojos celestes y grandes como dos lunas llenas, también me dijo que disparar era genial. Era feliz poseedor de un AR-15. “A todos en mi familia les encanta. A mi novia también “, contó. La usan siempre para salir a cazar chanchos salvajes y ciervos, que en Texas abundan. Más que una cacería debe ser una masacre porque el AR-15 es la versión civil de un M-16, un arma militar. Hay que apretar el gatillo para disparar cada bala, pero se puede hacer con mucha velocidad porque está diseñada para atacar objetivos múltiples, que se mueven rápidamente en filas enemigas. En un par de segundos, un tirador experto vacía un cargador de hasta 30 proyectiles. Y luego se siente feliz. Relajado. 
“Volveremos con toda la familia otro día, cuando haya un instructor “, dijo J. al retirarse del polígono, dispuesto a experimentar en otra ocasión la felicidad que se había perdido por mí. El chico rubicundo devolvió cortésmente el saludo. En la puerta, leí esta advertencia: “¡Atención, idiotas! Si desenfunda un arma que está cargada es porque: Usted nos está robando, le está disparando a una persona que nos está robando, o es un idiota incompetente. Por favor no desenfunde su arma cargada en nuestro negocio. Si lo hace le puede pasar lo siguiente: le pegaremos un tiro, le agradeceremos, o lo trataremos de idiota y le pediremos que se retire. Si le ofende este mensaje, podremos suponer que usted pertenece a la tercera categoría.” 
¿Será que este es un mundo lleno de idiotas? 
Armas para todos. Nadie sabe a ciencia cierta cuántas armas hay en los Estados Unidos. Las cifras van de 265 millones a más de 310 millones. Casi una por habitante. En realidad, cada vez menos personas tienen más armas per cápita. No sólo para defensa personal sino potentes armas automáticas.
En muchos estados adquirir un arma de cualquier calibre es más sencillo que comprar un antibiótico. Las normas varían según el estado, especialmente en relación con el rigor o la liviandad con que se hace el chequeo de antecedentes del posible comprador. Texas tiene la legislación más permisiva de los Estados Unidos en cuanto a armas se refiere: tenés dinero, tenés las armas que querés, grandes, chicas, semiautomáticas. En Tennessee podés llevar una pistola a un bar y nadie te dice nada, aunque mezclar alcohol con balas es mal consejo. En Texas también la podés llevar encima a toda hora, pero escondida en la ropa, no podés exhibirla. Se lo llama “open carry” y rige también en otros estados. En 2016 la legislatura texana aprobó una ley que autoriza a los alumnos de las universidades a llevar armas a clase, lo que erizó los pelos de los profesores, con razón. Muchos imaginaron lo peor: a un alumno descontento con una nota o con el contenido académico, descargando su arma contra otros alumnos o contra los profesores. 
Un profesor de origen mexicano de la Universidad Texas A&M me dijo: “No me preocupa que desenfunden el arma en clase sino que dentro de seis meses vengan enojados a mi oficina, cuando hayan digerido los contenidos, porque se dieron cuenta que no estaban de acuerdo. En este clima social envenenado que creó Trump, puede pasar. Hablamos en clase de temas que invitan a la polémica. Y muchos de nuestros estudiantes vienen de un medio rural. Tienen armas en sus camionetas. Todo esto pasa en un momento en que la demografía está cambiando rápidamente. Y la política también está cambiando. La gente de los Estados Unidos no sabe cómo hablar sobre raza o racismo, y ahora el presidente dice que los latinos están para joderte y que América va a ser grandiosa otra vez. Entonces, las armas en el campus me preocupan.” 
La ley que autoriza la portación de armas en el campus se promulgó en conmemoración de una masacre ocurrida hace medio siglo, cuando un tirador mató a 49 personas desde lo alto de una torre. Los defensores de la norma argumentan que la presencia de personas armadas en la universidad habría evitado la masacre. O que, al menos, el asesino no habría podido matar impunemente a tantas personas. Es un argumento habitual entre los que apoyan las armas, empezando por el National Rifle Association (NRA), el más poderoso lobby de Washington, para seguir bregando por la venta libre de armamento de todo tipo y calibre pesea a que ocurren matanzas espantosas. Como aquella de la escuela primaria de Sandy Hook, en Newtown, en 2012. Un episodio que hizo llorar de impotencia al presidente Obama: 20 niños muertos, de 6 y 7 años. Y no ha sido la única matanza en un colegio o un jardín de infantes. ¿En qué mundo es posible detener con una pistolita a un tipo que tiene una ametralladora?
Mi lindo rifle semiautomático. El AR-15 es el arma que hacer furor en los Estados Unidos. ¿Qué atractivo le encuentran? Es una especie de plataforma muy versátil, poderosa, a la que se pueden agregar accesorios como teleobjetivos. Es liviano, se puede colgar al hombro. Es tan cool como la última Nintendo. Y, además, te hace sentir como en un videojuego. Sólo que este videojuego es real. O casi. Podés fantasear que estás en la guerra contra Al Qaeda, Isis, o cualquier malo contemporáneo que elijas. Vestirte de fajina, ir al desierto y disparar contra autos o barriles llenos de nafta que explotan. Llevar a toda la familia y vivir la experiencia de lo que se ve por televisión, pero en un campo de tiro. Esta, sin embargo, es una guerra sin traumas. No hay cuerpos destrozados, no hay sangre, gritos de dolor, niños muertos. O tiempo lejos de la familia, camaradas acribillados, heridas propias. No hay síndrome post-traumático. Nadie sale psicológicamente lastimado. Es casi como un combate de verdad, pero con protectores oculares y de oídos, porque estas cosas hacen mucho ruido. En Nevada hay excursiones que te invitan a pasar todo el día jugando a Dessert Storm (Tormenta del Desierto), la operación bélica en Irak. Te pasan a buscar por el hotel, te dan el almuerzo -con una opción sin gluten, si lo necesitás-, hay un precio para los que quieren jugar y otro para los que quieren mirar. 
Me cuenta Robert Spitezer, catedrático del State University of New York en Cortland y una de las personas que más sabe de armas: “Una de las razones por las cuales a los norteamericanos les gusta comprar esas armas -el AR-15 o el AK-47- consiste en la posibilidad de verse a sí mismos como personal militar. Los fabricantes las promocionan ofreciendo al ciudadano común la experiencia que se tiene contra un enemigo. Su función militar es lo que hace que a la gente le gusten. En términos de márketing es uno de los motivos de la fascinación y también para muchos es algo divertido. Como en algunos estados las armas de combate está prohibidas algunos norteamericanos se apuran a comprarlas antes de que se puedan convertir en ilegales otra vez. 
Después de Sandy Hook, Obama quiso prohibir de nuevo el AR-15 y las ventas aumentaron estrepitosamente. Cuando se le pregunta a un vendedor de armas quién fue el mejor promotor de los llamados rifles de asalto, te responde: Obama. En 1994 Clinton impuso una ley de prohibición a las armas de combate que duró diez años. El motivo fue una masacre contra niños camboyanos y vietnamitas ocurrida en Stockton, California, en 1989. El atacante abrió fuego con un AK-47, matando a cinco niños e hiriendo a otros 34 y a un maestro. Tenía escrito en su arma las palabras “libertad” y “Hezbollah”, toda una ensalada ideológica: la misma que exhiben muchos norteamericanos, incluido el presidente Trump. A George W. Bush le tocaba renovar esa ley en 2004. No lo hizo. “Las armas no matan. La gente mata”, te dicen.

Marina Ainzen, en Revista Anfibia

sábado, 28 de octubre de 2017

"EL EJÉRCITO TIENE LA MISMA ESTRUCTURA QUE CON EL FRANQUISMO"

"Este libro no lo quiso escribir nadie, o nadie se atrevió a dar el paso al frente que se necesitaba para escribirlo". El exteniente Luis Gonzalo Segura acaba de editar El libro negro del Ejército Español, un libro que puede marcar, más todavía, un antes y un después en su tortuosa relación con las Fuerzas Armadas españolas, pero que, sobre todo, supone un análisis profundo y personal de un Ejército que "en pleno 2017, tiene todavía la misma estructura que cuando vivía Franco".
Lo explica a eldiario.es/andalucia con un ejemplar de un libro que acaba de llegar a su casa, recién llegado de Akal, la editorial que ha apostado por un volumen que roza las 900 páginas, y que, sin orden cronológico alguno, comienza llevando al lector al 26 de mayo de 2003, cuando se estrellaba el YAK-42 en las faldas de las montas de Trebisonda. Para el exteniente, aquella tragedia, en la que murieron 62 militares españoles, fue una muestra de que, en temas de Defensa, "el enemigo está en casa".
"Fue un suceso en el que todos o casi todos callaron", sentencia el exmilitar, desposeído, precisamente, de sus galones por sus dos libros anteriores, Un paso al frente  y Código Rojo, en los que denunciaba "abusos, acosos y privilegios anacrónicos" de los militares de rango superior españoles. Quizá por eso, aunque antes la actitud era la misma, desde Defensa no se entra a valorar este libro, ni siquiera por sus dimensiones ni cantidad de casos que recopila, siguiendo, ante la llamada de este medio, la norma de no entrar a enjuiciar lo que Gonzalo Segura realiza al margen del estamento militar.
Porque, como él mismo defiende, "es la primera vez en la historia de España que se escribe un ensayo crítico del mundo militar desde semejante perspectiva, y queda demostrado, y esto es muy importante, que las denuncias realizadas eran ciertas", en referencia a sus dos libros anteriores, aunque con matices: los dos precedentes eran novelas, y lo que ahora denuncia son lo que contaban esas novelas pero sin el filtro de presuntos relatos de ficción.
Ha sido un trabajo intenso, de una dura recopilación, pero dice que "durante mucho tiempo, tanto detractores como altos mandos militares o ministeriales así como magistrados del Tribunal Supremo, jurídicos militares, jueces o fiscales han basado su acusación en que lo expresado era ficción (al tratarse de novelas el vehículo usado para la denuncia), por lo que ello constituía un insulto, pero ahora se demuestra que lo narrado era cierto, que existen patrones evidentes en cuanto a acoso y agresiones sexuales, robo, malversación, fraude, negligencia, maltrato de la tropa, prevaricación generalizada e incluso un patrón claro de homicidios por negligencia en diferentes circunstancias".
Para el autor del libro, dentro de lo positivo que ha resultado sacar adelante el libro, hay un punto negativo, porque "hay unas 1.700 referencias que cartografían únicamente la punta del iceberg, pues hay mucho más que no ha podido llegar a los medios, pero que supone un punto de partida clave para que los ciudadanos puedan saber lo que pasa en el mundo militar y cambiarlo". Lo negativo, dice, es que una buena parte de las referencias han estado al alcance de cualquier persona que, con un mínimo de curiosidad, las ha podido reunir para estudiarlas convenientemente, pero nadie lo ha hecho.
Eso sí, ahora "ya no es que un teniente afirme que pasa esto o aquello, sino que se muestran pruebas, una tras otra, de las aberraciones que se cometen o se han cometido en el ámbito militar, por lo que este libro debería marcar un antes y un después, suponer una investigación profunda de lo que sucede en nuestra milicia, pero ocurrirá justamente lo contrario, seré denunciado, represaliado, el libro terminará siendo atacado o silenciado".
De momento, el libro acaba de salir, dividido en cuatro partes: “Las entrañas”, “Las cloacas”, “La Placenta” y “La forja”, citando no sólo problemas relacionados con la escasa calidad del material o el trato humano a los soldados, sino capítulos dedicados a Pedro Morenés, al que califica como “El Señor de la Guerra” o la transición española, punto en el que se dedica a analizar lo que llama “el entramado mafioso de Juan Carlos I”.
Con todo, lamenta la escasa autocrítica que hay en España con casos como los que él denuncia, "cuando el poder no quiere que los ciudadanos sepan lo que acontece para que no quieran cambiarlo", espetando que "envidio cómo en Estados Unidos ante las denuncias de acoso sexual de un productor han salido actores, actrices o directores pidiendo perdón por no haber hecho lo que tenían que hacer aunque sabían lo que sucedía. En España algo así no pasará con nuestra cúpula militar, que seguirá engañándose una y otra vez. Ellos sienten este libro o la información que se pueda narrar como un ataque hacia ellos en lugar de una oportunidad para regenerar la milicia".
El libro acaba de salir al mercado, y es toda una declaración desde la portada, con un montaje en el que, de mayor a menor altura, se aprecia a Francisco Franco, Juan Carlos I y Felipe VI. Su contenido no parece destinado a dejar indiferente a nadie.

Fermín Cabanillas, en eldiario.es

martes, 24 de octubre de 2017

GAMAZADA, CUANDO NAFARROA ENTERA RESISTIÓ A SU PROPIO 155

Cuando a Nafarroa se le aplicó el 155, claro está, el 155 no se llamaba 155. Aunque por supuesto había una Constitución vigente y todas las medidas –o eso decían en Madrid– eran absolutamente legales. Corría 1893 y la constitución de turno era la de 1876, que pasa por ser la más longeva de la historia, pues duró hasta 1923, cuando Primo de Rivera le dio matarile. Duró 47 años con importantes reformas, entre otras cosas para achicar las dimensiones del Estado, pues en el entretanto Cuba y Filipinas pasaron a ser independientes.
El fondo del 155 pasa por ser el convencimiento de que las instituciones propias de los distintos territorios son una gracia que les concede Madrid y que por tanto se pueden revertir cuando se quiera. Es un pensamiento de metrópoli. En el caso navarro, quien aplicó el 155 fue el ministro de Hacienda Germán Gamazo. De un plumazo, se ventiló la piedra angular de la autonomía navarra que había sobrevivido al abrazo de Bergara: su Hacienda propia. Y los navarros se echaron a la calle.
La liebre saltó en el periódico “La lealtad navarra” el jueves 11 de mayo de 1893. La Diputación pidió explicaciones al ministro Gamazo, que le confirmó su decisión. La indignación cundió en el pueblo llano y respondieron los ayuntamientos, encabezados por el de Iruñea, cuyo alcalde, Alberto Larrondo, elaboró un texto al que fueron sumándose Tutera, Lizarra, Tafalla, Zangoza... Todo ello con el objetivo de que cristalizara una gran manifestación el 4 de junio. Justo tres días antes, de madrugada, José López de Zabalegi y otros cinco se echaron al monte tras requisar carabinas en Obanos. La anécdota sirvió de excusa a Madrid para prohibir la manifestación. Sin embargo, los navarros no hicieron caso al veto y el día fijado salieron en Iruñea 17.000 personas, una multitud para la época. Se dijo de la marcha que no tuvo signo político, que salieron todos a una, desobedeciendo juntos. Según el censo de 1900, había 307.669 navarros e Iruñea tenía 28.886 habitantes. Emilio Majuelo la califica como la primera «concentración de masas» de Nafarroa. El historiador subraya la precariedad del transporte en la época y añade un detalle clave: solo salieron a la calle hombres, pues la mujer no participaba entonces en movilizaciones políticas.
Pese a este corsé machista de la época, sí que hay constancia de las navarras que plantaron cara a ese intento de 155. El 28 de agosto de 1893 se publicó “El libro de honor de los navarros”, donde se recogen los 120.000 nombres de todos los hombres y todas las mujeres mayores de 24 años que firmaron contra las pretensiones del ministro. Muchos de esos tomos, de cuidada edición y enorme formato, perviven hoy cubiertos de polvo en bibliotecas municipales.
La tensión fue tal que se extendió por otros herrialdes al ver en riesgo sus fueros. Hubo disturbios en Gasteiz en agosto, con un muerto. El Orfeón Pamplonés fue invitado a Gernika por los nacionalistas vizcaínos el día de San Roque. Allí se gritó «¡Muera España!» y se prendió a una bandera española. Al poco, habría muertos en Donostia.
Todo se estiró hasta febrero, cuando los diputados navarros fueron a Madrid, se negaron a dar su brazo a torcer y fueron recibidos como héroes al bajar del tren. El recibimiento caló hondo en Sabino Arana, presente aquel día. Al final, el general Martínez Campos desaconsejó el envío de militares cuando se lo preguntó la regente, María Cristina. En definitiva: Madrid había cedido.
El éxito se conmemoró en Iruñea levantando el Monumento a los Fueros en el paseo Sarasate mientras la mayoría de las localidades navarras cambiaron el nombre de su plaza central, sustituyendo Plaza de la Constitución por Plaza de los Fueros. Todo encumbró a los líderes ideológicos de la revuelta. Hermilio de Olóriz, autor de “La Cuestión Foral”, acabaría recibiendo el encargo de diseñar una bandera para Nafarroa, que hoy es oficial. En paralelo, los hermanos Arana –desplazados a la capital navarra– hicieron el boceto de la ikurriña en las mesas del Café Iruña. Aquel intento de 155 cambiaba el nacionalismo vasco para siempre.

Aritz Intxusta, en GARA

HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA NIEGA QUE LA COMUNIDAD FORAL HAYA PERDIDO 217 MILLONES DE FACTURACIÓN

Hacienda Tributaria de Navarra ha negado hoy que la Comunidad Foral haya perdido 217 millones de facturación por cambios de domicilio social de empresas. Hacienda ha explicado que el volumen de facturación de las empresas es el conjunto de ingresos netos que éstas reciben en contrapartida de las operaciones de su actividad y que en función de su volumen de facturación, sus beneficios y otros factores, las empresas tributarán más o menos sin que en ello tenga nada que ver el domicilio social. Hacienda ha querido hacer estas aclaraciones ante determinadas noticias publicadas en algún medio que pueden inducir a errores.
Hacienda ha recordado que las empresas que tributan en Navarra son aquellas que tienen su domicilio fiscal en la Comunidad Foral. También lo hacen aquellas con un volumen de facturación superior a 7 millones de euros y que, aun teniendo el domicilio fiscal fuera de Navarra, operen en la Comunidad Foral; en este caso, tributarán en Navarra por el porcentaje de operaciones realizadas en este territorio.
Por lo tanto, ha añadido Hacienda, el cambio de domicilio social de una empresa en nada afecta a la recaudación de las arcas de la Hacienda Foral. Tampoco supone cambio alguno en el número de puestos de trabajo ni en las condiciones del mismo, según ha precisado. Más concretamente, HTN niega que Navarra haya perdido 217 millones de facturación. Esta cifra proviene de una asignación estadística que no se corresponde con una realidad económica. De hecho, una empresa puede modificar su domicilio manteniendo las instalaciones en Navarra y, por lo tanto, su volumen de empleo y tributación. Según Hacienda, se trata de una práctica común "y, de hecho, en Navarra contamos con ejemplos como el de BSH o Merit, cuyos volúmenes de facturación representan el 80% de los 2.200 millones de facturación de las empresas que han cambiado de domicilio social desde 2015 sin que ello haya afectado a la recaudación ni los puestos de trabajo".

En cuanto a número de sociedades mercantiles con domicilio social en Navarra,  según los últimos datos aportados por el Nastat hasta el mes de agosto de 2017, en la Comunidad Foral se han creado 581 sociedades mercantiles y se han disuelto 60. Asimismo, las cooperativas, con gran arraigo en Navarra, están mostrando un fuerte dinamismo en los últimos años y, según los datos del Servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, hasta septiembre de 2017 arrojan un saldo neto positivo de 81 empresas, 10 más que las acumuladas a septiembre del año anterior. En total, según los datos del Nastat, a enero de 2017 se contabilizan en Navarra 38.444 empresas frente a las 37.983 del mismo periodo del año anterior o las 36.738 de 2015. 

navarra.es

NACIONALISMOS Y ESTADISTAS

Si hay un lema que sintetizó los años que siguieron a la muerte de Franco ese fue el de «libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía». Como el tercero de los elementos indica, la transición no se edificó sobre una idea de igualdad absoluta entre todos los españoles, sino más bien sobre una voluntad de reconocimiento de los hechos diferenciales entre ciertas comunidades. Una voluntad que la Constitución y la subsiguiente democracia reconocen como esencial a ellas mismas, y sin la que, guste o no, no se puede alcanzar ningún acuerdo constitucional digno de ese nombre. No en este país.
Los estatutos de autonomía fueron el mecanismo mediante el que se articularon en el naciente estado democrático las aspiraciones -todo lo discutibles que se quiera- de los nacionalismos periféricos. Esos estatutos fueron el resultado de pactos entre los representantes de cada una de las comunidades históricas y el Estado central, pactos que luego la ciudadanía de esas comunidades ratificó de modo abrumador. Y es ese acuerdo inicial, que está antes de la ley y la torna democrática, el que ha saltado hecho pedazos en Cataluña. Cuando el PP decidió impugnar el Estatut quebró el pacto previo que legitimaba la ligazón de Cataluña en España. No deja de ser revelador que fuera precisamente el Tribunal Constitucional el que le pegara el tiro de gracia al pacto constitutivo por el que Cataluña se engarzaba en España.
Me da la impresión de que muchos no acaban de entender la situación en la que nos encontramos. Estamos ante un conflicto político de primerísima magnitud y, sin embargo, son legión los que lo abordan desde un prisma mitad moralista mitad legalista que aboca a medidas no solo inútiles, sino contraproducentes. En 1978 el pacto de Cataluña con la Constitución recibió el inapelable aval del 90% de los votantes catalanes. Hoy, no solo el 70-80% de los mismos quiere celebrar un referéndum de independencia, sino que el 48% avaló con su voto en las últimas elecciones, convocadas en clave explícitamente plebiscitaria, la voluntad de marcharse… ¿Qué ha pasado para llegar a eso?
Sin duda, muchas cosas. Por los dos lados, pero como no soy catalán he de pedir responsabilidades a quien me representa políticamente en todo esto, que es mi Gobierno. Y creo que no parece discutible la absoluta cerrazón del PP a asumir la realidad política del país que gobierna y su consecuente negativa a ponerse manos a la obra a buscar soluciones al respecto. El 155, las elecciones anticipadas, la disolución del Govern… lo que quiera que ocurra en los siguientes meses palidece ante el hecho desnudo e inclemente de que la mitad de los catalanes quiere irse. Esa es la España que nos deja Rajoy, y es por eso por lo que yo he de juzgarle como presidente.
Hace exactamente cinco años el tristemente desaparecido Rubio Llorente, uno de los constitucionalistas más prestigiosos de este país, antiguo presidente del Constitucional -en la época en la que tal tribunal era un órgano respetado por todos, y no la institución carente de autoridad moral en la que la ha convertido nuestra vergonzosa dinámica partidista- ya defendió que un referéndum era la única opción para, primero, descubrir la intensidad de la demanda independentista y, segundo, trabajar a partir de ahí para darle una salida política en uno u otro sentido. Algo que defendía también el constitucionalista Frances de Carreras, fundador de Ciudadanos (‘¿Un referéndum?’, 20/9/2012).
La sensatez de esas y otras muchas voces fue ignorada olímpicamente y sustituida por una política irreflexiva y bravucona que ha agravado la situación hasta extremos inimaginables. Resulta perentorio preguntarse qué se esconde exactamente detrás de las continuas llamadas a la severidad, al rigor, e incluso a la cárcel - así en abstracto, en un estremecedor abstracto- que animan a ciertos sectores. ¿Qué proponen para el día después? ¿Qué hacemos con los millones de catalanes que discrepan? ¿Cómo recomponemos el pacto con quien quiere irse? La respuesta es tenebrosa: en esa mentalidad no hay un ‘después’, solo hay un ‘antes’. No hay razonamiento y proyección a futuro, solo entrañas y respuestas emocionales. El nacionalismo español es, como todo nacionalismo, un trasunto pasional, y no entiende la política territorial en clave de pacto y de legitimidad social, sino en clave de traición y de deslealtad. Por eso no puede pensar en la situación que originan sus actos, sino tan solo en la respuesta que merecen los de los demás.

Jorge Urdánoz Ganuza, profesor de Filosofía del Derecho de la UPNA (en El Diario Vasco)

lunes, 23 de octubre de 2017

LA SOLEDAD DE UPN

Al hilo del último Pleno Monográfico que tuvo lugar en el Parlamento de Navarra, donde se abordó la “situación económica, educativa y social de la Ribera de Navarra”, y de la posterior rueda de prensa que Geroa Bai dio en Tudela, nuestra formación ha sido interpelada de diversas formas por las fuerzas políticas de la derecha. Frente a nuestra propuesta sincera de diálogo entre diferentes, que lleve a que la oposición abandone el victimismo irresponsable que puede abocar al enfrentamiento entre navarros, hemos vuelto a comprobar cómo estas fuerzas siguen con su estrategia centrada en la crispación y la división. Desde UPN, Javier Esparza ha acusado al cuatripartito de rechazar sus propuestas “única y simplemente porque provenían de dicha formación”. Nuevamente, la realidad vuelve a desmentir al señor Esparza, que prefiere abrazarse al victimismo antes que hacer autocrítica sobre su escasa capacidad de dialogar y de llegar a acuerdos con quienes no piensan como él. ¿Cómo, si no, se entiende, que el Partido Popular, nada sospechoso de cercanía ideológica al cuatripartito, viera aprobadas tres de sus cinco propuestas de resolución? ¿O que el Partido Socialista de Navarra, al igual que Geroa Bai, recibiera apoyo suficiente para todas sus propuestas por parte del resto de fuerzas del arco parlamentario? Propuestas, en el caso de nuestra formación, que abordaban temas tan importantes para la Ribera de Navarra como la gestión integral del agua y el medioambiente, la mejora de la Sanidad, el desarrollo del sector agroalimentario, el fomento del turismo en la Ribera o las políticas públicas destinadas a fomentar la convivencia.

El señor Esparza presentó a la opinión pública el contenido de las propuestas de resolución que UPN registró, citando sus supuestas bondades y lamentando que el cuatripartito las hubiera rechazado. La conclusión lógica que pretende difundir, claro, es que el cuatripartito desea olvidar y marginar a la Ribera. Lo que el portavoz de UPN olvida explicar es, a nuestro entender, un aspecto fundamental. En un Pleno Monográfico, los partidos no podemos presentar enmiendas a las propuestas de resolución presentadas por los demás grupos, que tienen que ser votadas en su literalidad e integridad. Por todo ello, a veces se hace muy difícil votar a favor de una propuesta de resolución que, aun contemplando aspectos positivos, contenga otros inasumibles para cada formación.

Y esto es exactamente lo que sucede, sistemáticamente, con las propuestas de UPN, acostumbrado a lanzar sus “trágala”, sus “tómalo o déjalo”, que hace muy difícil el entendimiento y el acuerdo con dicha fuerza. Porque en Geroa Bai vimos aspectos positivos en la mayoría de propuestas que la formación del señor Esparza registró, pero al mismo tiempo todas ellas contenían puntos inasumibles para nosotros y nosotras. En unos casos, porque discrepamos abiertamente de su visión de la realidad, como cuando afirmaban que el euskera se está imponiendo en la Ribera (animamos a quien nos esté leyendo a que cite una sola persona obligada a dirigirse a la Administración Pública en dicha lengua, o un solo escolar al que se le haya impuesto la matriculación en la misma) y en otros porque tras aparentes bondades se escondían peticiones o postulados imposibles de cumplir o que van contra las ideas que nuestra formación defiende. A modo de ejemplo, ¿cómo vamos a oponernos a instar al Gobierno de Navarra a realizar un estudio sobre las necesidades de actuación en los cauces de los ríos, para minimizar los efectos de las riadas? ¡Si Geroa Bai presentó esa petición en una de sus propuestas! La única manera de que no votemos a favor de esta solicitud es presentarla junto a otra propuesta no compartida por las fuerzas del cambio, como es continuar con la actual obra del Canal de Navarra –sí, la que UPN paralizó en 2013- hasta las 21.500 hectáreas. Cantidad fijada unilateral y arbitrariamente, sin diálogo ni negociación con los regantes y sin estudio alguno que la corrobore. ¿Pudo UPN haber negociado dicha propuesta, para que el Parlamento de Navarra se comprometiera a llevar a la Ribera TODA el agua disponible según argumentos técnicos y de manera negociada con todas las partes interesadas, algo que sí concita unanimidad? Sí, pero no quiso. Ello hubiera dificultado el victimismo posterior de UPN.

Desde Geroa Bai seguiremos insistiendo en la importancia del diálogo como herramienta fundamental del ejercicio de la política y del acuerdo entre diferentes, así como realizando un esfuerzo permanente de acercamiento de posturas. Esfuerzo que llevó a que cuatro fuerzas políticas diferentes firmáramos el acuerdo programático que tan buenos resultados está dando a nuestra comunidad y sus residentes y que –estamos seguros- todavía posibilitará que tanto la Ribera como el conjunto de Navarra avancen mucho más, de la mano del respeto a su pluralidad. Aunque queda mucho por hacer, ya se está mejorando la situación del empleo –en la Ribera, con mejores datos que la media del territorio navarro- y los servicios públicos también se están recuperando de la crítica situación en que los dejó UPN. Porque, no lo olvidemos, la situación de enorme vulnerabilidad social en la que el actual Gobierno de Navarra encontró la Ribera no nace de la nada, sino que es consecuencia de políticas que primaban intereses de unos pocos sobre los derechos básicos de su ciudadanía. Por eso, porque creemos que solamente entre todos y todas podremos obtener éxito en esta empresa, seguiremos tratando de abrir vías de diálogo y participación. Aunque a veces no tengamos los resultados esperados, como en la recientemente rechazada Ley de Policías. Pero no pensamos desistir, porque es nuestra forma de entender la Política. Desde ahí, continuaremos teniendo la mano abierta a la suma entre diferentes.

Koldo Martinez Urionabarrenetxea, portavoz parlamentario de Geroa Bai
Rafa Eraso Salazar, parlamentario de Geroa Bai

EL 155, CANDADO DE LOS NACIONALES

La aplicación del artículo 155 de la Constitución como respuesta a la demanda del derecho a decidir en Cataluña, sostenida por  algo más del 80% de la sociedad catalana, viene a dar carta de naturaleza a la existencia de dos bloques sociales sobre la aceptación o no de la plurinacionalidad del estado español. La España de los nacionales, que niega la identidad nacional de catalanes, vascos y gallegos; y la España de los demócratas, que se reconoce en la total igualdad de derechos y obligaciones de los diversos pueblos que la componen. La primera argumenta la legalidad vigente, a la vez que esgrime con fruición las llaves del candado del 155; la segunda, propone hacer legal hoy lo que a nivel de calle ya es real, por emplear la acertada expresión utilizada por Adolfo Suárez después de la II Restauración de los Borbones, decidida por el general Francisco Franco en 1969.

Esta ofensiva de los nacionales ha hecho saltar por los aires aquel pacto de la transición. Cuando apenas acaba de empezar a caminar, el 155 aleja a los nacionalistas vascos, gallegos y por supuesto catalanes, de la tropa nacional de Rajoy, tanto como la izquierda lo está con la ruptura del pacto social, habida con la reforma del 135 de la Constitución que ha legalizado todos los recortes del Estado del Bienestar. Simultáneamente, unifica a toda la derecha nacional. Es como si en el pacto de  la transición solo lo hubiesen rubricado  Adolfo Suárez y  Manuel Fraga, marginando a Miguel Roca, Xavier Arzallus, Felipe González y Santiago Carrillo. De igual modo que ese cuadro no hubiera facilitado ayer la elaboración de la Constitución de 1978,  el cuadro actual  la reventará hoy mucho más pronto que tarde. Estamos, pues, ante una muy grave crisis de Estado.

Sin la clara ayuda del Jefe del Estado, sin la instrumentalización de una bandera nacional que la izquierda aceptó a su pesar, el recurso al 155 no sería utilizado hoy para tapar un muy serio problema político que la Moncloa no quiere resolver políticamente. Sin la Corona, sin la oficial bandera nacional privatizada por los nacionales, las tropas de Rajoy no hubiesen podido cruzar el Ebro para someter a las instituciones catalanas. Craso error, porque si el problema catalán se cronifica, y tiene todas las papeletas para cronificarse, sobre todo con el 155, la bandera tricolor republicana reaparecería junto con la demanda social de la elección del Jefe de Estado. Todavía no es así, pero la irritación contenida, ante la involución política dirigida por los nacionales, puede desembocar a muy corto plazo en una situación análoga a la que precedió el pacto de San Sebastián en vísperas de la II República.

En una semana, el Partido Popular va a tener ocasión de comprobar que no es lo mismo redactar el 155 que ejecutarlo sobre la piel de la sociedad catalana. La inmensa mayoría de los catalanes, desde los independentistas a los comunes, pasando por la mitad de los socialistas, van a poner pie en pared para  obstruir, dificultar, ralentizar, boicotear y derrotar a los ejecutores. No es indispensable recurrir a la analogía de Antonio Gramsci, para señalar que hoy en Cataluña, al contrario que en España, la sociedad civil es mucho más fuerte que el Estado y quien busque encorsetarla se puede romper los dientes institucionales. Máxime cuando va a contar, cuenta ya, con la solidaridad del resto de los pueblos que componen España y de toda la izquierda consciente de la necesidad histórica de abordar la cuestión nacional como una de las principales tareas democráticas para poder mantener la unidad de una España plural.

No es esa, por supuesto, la visión de un PSOE que ve la paja nacionalista en el ojo ajeno sin ver nunca la viga nacional en el propio.  En su historia no es algo nuevo, dado que hasta hace relativamente poco tiempo fue el partido de los otros catalanes o vascos, en Cataluña y Euskadi, pero su supuesto izquierdismo sobre la cuestión nacional,  que reduce demagógicamente a un problema social, choca de lleno con el sí es sí a la represión de los nacionales de Rajoy. Pero en cuanto avance el 155, veremos lo que ocurre. Aún no se ha iniciado, y ya  más de medio PSC se subleva contra una Susana Díaz que dirige Ferraz por poderes a través de Pedro Sánchez. Sin olvidar, además, que en Euskadi el PSE gobierna  junto al lehendakari Iñigo Urkullu, aliado firme del president de la Generalitat. Parece bastante probable que la entrada de los nacionales en Barcelona romperá las costuras de un PSOE ya muy descosido.

La arrogancia del 155 va a convertir a Cataluña en el epicentro de la movilización social de las fuerzas democráticas en el resto de España. Esa crucial batalla de la resistencia catalana contra la entrada de los nacionales, en  abierta defensa de sus propias instituciones, encontrará la solidaridad de los demócratas españoles. Si cae Cataluña, caerá España. Si la democracia es barrida más allá del Ebro, no tardará en serlo también más acá. Los nacionales saben mucho mejor que nadie la envergadura de la batalla que acaban de iniciar. No les va a ser nada sencillo conseguir la victoria, como en aquel junio de 2016 cuando lograron frenar una alternativa democrática al gobierno de Rajoy; les va a costar sudor y lágrimas intentar reeditar hoy ese triunfo. Porque si aquella enfrentaba a la derecha con la izquierda, esta enfrenta a los nacionales con los demócratas. Quizás, les interese mañana a los poderosos descabezar las cabecitas locas de la Moncloa que les han llevado a este desastre. Porque una batalla política irrelevante para sus bolsillos,  reconocer o no la plurinacionalidad del estado español, puede acabar arriesgando su actual control sobre el estado.

Fernando López Agudín, en publico.es


domingo, 22 de octubre de 2017

ARTÍCULO 155. EL FRACASO DE LA POLÍTICA

Así funciona el invocado artículo 155: como una red pelágica que esquilma derechos bajo la formal invocación de la defensa de la legalidad interviniendo en su totalidad la autonomía catalana y suspendiendo así de facto la misma. Hasta el momento en que se ha conocido su verdadero alcance, juristas y politólogos debatían acerca del inédito (nunca hasta ahora aplicado) e indeterminado concepto de “medidas necesarias” a que se refiere el art.155. Se especulaba con una propuesta gubernamental de intervención de mínimos, algo contenida y orientada a tratar de restablecer, se decía, las condiciones que permitieran acabar llegando a una convocatoria electoral. Pero el verdadero alcance del artículo 155, su concreción ahora conocida resulta demoledora, desproporcionada y amenaza con alterar gravemente la convivencia democrática.
Frente a la recurrente invocación de “legalidad contra legalidad” solo cabe alzar en su lugar el binomio Pacto y Democracia. Hay que lograr una solución no impuesta, no forzada sino acordada. No más humillaciones. Basta de maniqueísmos. Dejemos las armas dialécticas cargadas de reproches por el diálogo. Ejerzamos de forma responsable el sentido de la realidad que debe presidir la política, sin maximalismos ni apelaciones a la épica. De no actuar así todos, todos perderemos.
Una vez más el raíl del Derecho se ha impuesto al de la política;y esta parece desgraciadamente desaparecida en combate, todos cerrando filas en sus extremos, en su tribu, en su trinchera;solo el lehendakari se esfuerza en hacer llegar a unos y a otros el mensaje de que no frenemos la laboriosidad, que todavía estamos a tiempo de evitar un destrozo a la convivencia democrática mayor del que ya se ha producido.
El premeditadamente ambiguo y abierto tenor literal del artículo 155 parece prestarse formalmente a dar cobertura a excesos, a desviaciones de poder y a extralimitaciones como las acordadas por el Consejo de Ministros. Pero si alguien piensa o cae en la fácil tentación de pensar que “restableciendo formalmente la legalidad” se ha resuelto el problema vuelve a equivocarse gravemente, porque un problema de raíz política debe resolverse con algo más que apelaciones a la legalidad constitucional: requiere mimbres políticos, trabajo compartido y muchas dosis de paciencia y diálogo.
El artículo 155 permite en principio adoptar medidas que sirvan para obligar a Catalunya a “cesar en un comportamiento que atente contra el interés general”. ¿Da cobertura tal previsión normativa para cesar a todo el Gobierno catalán en pleno y sustituirlo por otro? El Estatut catalán (que es Ley orgánica estatal) fija unas causas de cese del president tasadas en su artículo 67.7, dentro de las cuales no figura la aplicación del artículo 155. Tampoco figura dentro de las causas de terminación de la legislatura (que recoge el artículo 66 del Estatut) la invocación del artículo 155 como motivo para poder proceder a la disolución del Parlament.
Lo cierto es que el elenco de medidas propuestas por el Gobierno Rajoy y que el Senado aceptará sin tocar una sola coma (así funciona la inexistente separación de poderes en un Estado, el español, que carece de verdaderos contrapesos al poder ejecutivo) traspasa jurídicamente todas las líneas rojas que numerosos estudiosos constitucionalistas habían fijado: por un lado, se cesa en su cargo y en sus funciones al president Puigdemot y a la totalidad del gobierno;una intervención que de facto supone la suspensión de la autonomía, ya que toda la Administración catalana queda en manos del Gobierno central.
¿Vale todo? ¿Cabe algún control jurídico ante esta decisión política? ninguno, tristemente, porque la discrecionalidad que el artículo 155 confiere al Gobierno central es casi absoluta, hasta el punto de violentar incluso el principio constitucional (artículo 20 de la Constitución) de la libertad de información, al asumir el control de los medios públicos audiovisuales catalanes bajo la injuriosa por injusta y no probada acusación de adoctrinamiento.
Por otro lado se anuncia la disolución del Parlament catalán y la convocatoria de elecciones por parte de Rajoy, quien se subrogará en la posición del president Puigdemont y ha anunciado que extenderá su competencia a esta medida que abrirá, si se consuma, una nueva lucha de legitimidades democráticas. Por cierto, ¿esta medida era “necesaria”?;¿Era conveniente? Ni una ni otra cosa. Es un desatino jurídico y político.
Por si todo ello fuera poco el Gobierno Central anuncia y se reserva la intervención del propio Parlament, que queda maniatado sin capacidad para poder ejercer su competencia de control sobre el Gobierno y que ve lastrada también su capacidad y competencia legislativa ordinaria al quedar sujeto al veto del Gobierno Central. Cabe recordar frente a esta medida que los parlamentarios y parlamentarias catalanas no son autoridad, son eso, representantes populares de la ciudadanía catalana.
Esta medida propuesta y que se adoptará sin pestañear por parte del sumiso Senado vulnera el derecho fundamental de participación ciudadana, algo que solo podría hacerse no al amparo del artículo 155 sino con el artículo 116 (declaración de los estados de alarma, excepción y sitio). Frente a esta suma de desatinos no hay más que opción que civilización o barbarie, o lo que es lo mismo: diálogo o ruptura. Ojalá se imponga la sensatez.

Juanjo Álvarez, en DEIA

EL 155 ES CONTRA CATALUÑA, PERO AFECTA A LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS DE TODA LA POBLACIÓN DEL REINO DE ESPAÑA

El 21 de octubre, el gobierno del Partido Popular, con el acuerdo del PSOE y Ciudadanos, ha decidido dar un golpe de Estado en Catalunya, que el Senado confirmará el próximo 27. La aplicación del artículo 155 de la Constitución significa el cese de todo el gobierno catalán, la intervención del Parlament, que no podrá aprobar leyes ni proponer presidente, supone también controlar las funciones esenciales de la Administración de la Generalitat, especialmente en el terreno de la seguridad y los medios informativos públicos, representa una amenaza sobre los funcionarios que no acaten las órdenes y suponer convocar elecciones en un plazo de seis meses que, sin embargo, podría ser ampliado. La Generalitat y sus funciones serán dirigidas por un “virrey” y por los ministros de Rajoy. Es una decisión durísima contra Catalunya, que tendrá repercusiones en todo el Reino.   
El 21 por la tarde, unas 450.000 personas, según la Guardia Urbana, llenaron de nuevo el centro de Barcelona para exigir la libertad de “los Jordis” (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart) en prisión incondicional desde el día 16 y contra la aplicación del artículo 155. Una manifestación convocada por la Taula per la Democràcia, de la que forman parte la ANC, Ómnium Cultural, CCOO, UGT, Unió de Pagesos, y hasta 97 asociaciones sociales y civiles, que reunió a un amplio abanico de organizaciones y personas unidas por su voluntad de defender la democracia, de oponerse a la represión y de encontrar una salida que responda a la exigencia de una mayoría del pueblo catalán de ejercer el derecho de autodeterminación.
El gobierno del PP no ha querido nunca ni hablar, ni negociar, ni dialogar. En la carta de Puigdemont del día 19 de octubre, se lee: “El 10 de octubre, el Parlament celebró una sesión con el objeto de valorar el resultado del referéndum y sus efectos; y donde propuse dejar en suspenso los efectos de aquel mandato popular.” O sea, que reconoce que no ha sido proclamada la independencia o la república catalana, lo que, supuestamente, le pedía Rajoy, pero de poco sirvió esa respuesta. Rajoy ni siquiera se tomó tiempo para enviar la respuesta que ya tenía preparada: poner en marcha el artículo 155. No fueron escuchados ninguno de los numerosos llamamientos al diálogo o a la negociación de muchos dirigentes políticos, sindicales, premios Nobel, etc.   
En su campaña de propaganda, el gobierno Rajoy tiene la desfachatez de decir que se ha visto obligado a tomar la decisión para “volver a la legalidad” y que se cumpla la ley. La decisión de aplicar el 155 es justamente la manera de que en Catalunya no se cumpla la ley. Porque la ley dice que el Parlament catalán es el representante del pueblo, y ha sido suspendido. La ley dice que el president de la Generalitat solo puede ser sustituido mediante votación parlamentaria, y Rajoy se lo ha liquidado. Hasta la Constitución dice que hay libertad de expresión, pero desde el próximo viernes en los medios de comunicación públicos estará sujeta a las decisiones que tome quien nombre el gobierno como censor. La ley no dice cómo hay que aplicar el artículo 155, Rajoy ha decidido que la ley es él. Para apoyar todas esas barbaridades, El País tituló que “el gobierno restaura el orden constitucional”, pero lo que se ha instaurado es un clima antidemocrático y de imposiciones.
Sigamos con las legalidades. Desde que el Parlament catalán decidió convocar el referéndum del 1 de octubre, el gobierno del PP ha ido tomando medidas sin que ninguna de ellas pudiera debatirse en el Parlamento. Todas las decisiones, especialmente la intervención económica de la Generalitat, un 155 avant la lettre, han sido arbitrarias y sin que pudieran ser votadas. Porque hay un elemento al que no se presta, o no se quiere prestar, la suficiente atención: existe un choque de legalidades, no sólo respecto a las últimas decisiones del Parlament catalán, sino también porque el 155 anula todos los resortes jurídicos y políticos de la propia autonomía, y tanto el Parlament como una mayoría del pueblo catalán se considera sujeto político, que tiene soberanía y, por lo tanto, capacidad de ejercer el derecho a decidir.
El mismo encarcelamiento de “los Jordis” es puesto en cuestión por numerosas opiniones jurídicas. Para la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, al acusarles de sedición la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela se ha inventado “un nuevo tipo diferente de los legales”, pues en los hechos no hubo violencia. Según la doctrina del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional no es competente para investigar un delito de sedición, e incluso la juez vulneraría la doctrina de la misma Audiencia Nacional que, en diciembre de 2008, consideró que el delito de rebelión no es competencia de ese tribunal. Todo vale en esta batalla contra la exigencia del derecho a decidir del pueblo catalán.
Más sorprendente aún, quien en la práctica gobernará Catalunya los próximos meses será Rajoy. Su partido alcanzó en las últimas elecciones catalanas el 8,5% de los votos, ¿será legal y democrático que gobierne con ese porcentaje de apoyo? El Senado será la única institución que podrá decir algo respecto a la aplicación del artículo 155. En esa Cámara el PP tiene mayoría absoluta, una mayoría que tiene que ver con la particular representación electoral que existe en el Reino de España. Con el 33% de los votos, el PP obtuvo el 62% de los senadores, ¡viva la representatividad! Será legal, pero su consideración democrática es más que discutible.
Y, si ampliamos el foco, a esas dudosas legalidades hay que añadir que fue el PP quien rompió, con la ayuda del PSOE y CiU, lo que se venía llamando el “contrato social”. Aprovecharon la crisis para implantar medidas arbitrarias, como los recortes sociales o la reforma laboral, encausaron a más de 300 sindicalistas por defender el derecho de huelga o decidieron salvar la banca para ampliar las desigualdades sociales. Si hablamos de legalidades o ilegalidades, tengámoslas todas en cuenta. Porque, la aplicación del 155 representa también la quiebra política del régimen del 78 y de la Monarquía que ha ligado su destino a la política del PP de Rajoy. Quizás pueda imponerse en lo inmediato, pero se ha abierto un foso que no se podrá rellenar. Para una parte importante de la población del Reino, la Monarquía estará ligada a la represión, a la aplicación de medidas antidemocráticas y a la desigualdad social. Hasta ahora parecía, o se hacía parecer, que la Monarquía estaba por encima de las disputas políticas y sociales, como si viviera en una urna de cristal. Eso se ha acabado, si es que alguna vez estuvo en duda.  
La aplicación del artículo 155 agudiza el conflicto. A priori, las fuerzas pueden parecer muy desiguales, pero un movimiento tan organizado y potente como es el independentista y soberanista catalán no se echará para atrás a las primeras de cambio. Antes de librar la lucha los que tienen el poder siempre parecen más poderosos, pero la lucha hay que librarla. El 1 de octubre, en numerosas escuelas y centros de votación la gente estaba determinada a votar y a aguantar la represión. Puedo explicar, como anécdota personal, que en mi colegio electoral se anunció durante la mañana que se acercaba la policía. Había una cola de unas 500 personas, gente mayor, padres y madres con sus niños, jóvenes… nadie se movió, nadie hizo ademán de abandonar la cola, todo el mundo permaneció en orden, tranquilo y disciplinado. Esa determinación no ha retrocedido, si acaso se ha ampliado en respuesta a las medidas represivas. Sirva como ejemplo a la jornada del 3 de octubre frente a la represión del día 1, o las 200.000 personas que se reunieron en Barcelona el 17 de octubre, el día siguiente de la detención de “los Jordis”, o la manifestación del 21 de octubre. Cierto que la represión puede ir a más, que se podría detener al president de la Generalitat o a consellers del gobierno catalán, que podrían producirse cargas policiales indiscriminadas, que ante la enorme y repetida muestra de lucha pacífica pueden enviarse provocadores policiales y/o fascistas, pero esa lucha está por librar y es una lucha en la que también el gobierno Rajoy y el Estado tendrá que valorar hasta dónde puede llegar.
De momento, la mayoría de la Mesa del Parlament ha dicho que resistirá y que no se dejará arrebatar la soberanía que el pueblo le dio en las urnas. El president Puigdemont ha convocado sesión parlamentaria para esta semana, probablemente a la misma hora que se reúna el Senado en Madrid. La Taula per la Democràcia sigue en pie en contra de las medidas represivas y en contra de la aplicación del 155. Los sindicatos de TV3 y de la radio públicas se han conjurado para seguir defendiendo su profesionalidad y la libertad de expresión. Sigue en pie el movimiento de Escolas Obertas (Escuelas Abiertas) que fueron una herramienta imprescindible para la votación del 1 de octubre. En numerosos pueblos y barrios de ciudades se han ido conformando Comités de Defensa del Referéndum, que son tanto más amplios cuanto más unitarios y abiertos a la movilización y a las diferentes opciones políticas. 
Hay otros flancos que expresan las dificultades políticas de las medidas tomadas por el gobierno Rajoy. Las alcaldesas y alcaldes del PSC de Santa Coloma de Gramanet, Terrassa, Granollers y Castellar de Vallés han denunciado públicamente la aplicación del 155. Nuria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma, ha dimitido de la Ejecutiva del PSOE. La diputada del PSC, Alicia Romero, ha declarado que se opone a la DUI (Declaración de Independencia) pero también al 155. Socialistas mallorquines piden que su senador se oponga al 155 en el Senado.  José Montilla, ¿votará a favor de que se intervenga la Generalitat de la que fue president? En esta crisis política, el PSOE de Pedro Sánchez también ha ligado su suerte política inmediata a Rajoy, al plegarse completamente a sus exigencias. La alianza de los partidos dinásticos sigue incólume. Hasta la propuesta de una comisión para la reforma constitucional parece muerta aplicando el 155. Hace tan solo 3 meses, el PSOE decía que “nunca apoyaría la aplicación del 155” para afrontar la situación catalana. Poco ha durado su intención de aparecer como alternativa.

En la complejidad de la situación, se perciben tres posibles escenarios:
a/ Puigdemont convoca elecciones antes del viernes 27 (parece poco probable, aunque haya quien la considere como una opción; Rajoy ya ha anunciado que ni eso impediría la aplicación del 155 y existen muchas dudas que esas elecciones cambiaran el panorama político catalán).
b/ el Parlament catalán proclama la república y el inicio de un proceso constituyente en la sesión que se ha convocado para esta semana (eso desataría una mayor represión por parte del Estado; el Fiscal General ya ha amenazado con la detención de Puigdemont si eso sucede, pero también un proceso de movilización y resistencia).
c/ el Senado acuerda aplicar el 155 y se abre un periodo de intervención del Estado que podría desembocar en unas elecciones convocadas desde el gobierno central (también de resultado incierto, incluso con la posibilidad de un boicot de las fuerzas independentistas y soberanistas).

La lucha está por librar, pero tampoco hay duda de que la aplicación del 155 deja bien tocado al régimen del 78 y a la monarquía. Las fuerzas sociales transversales que hay detrás del movimiento catalanista, y en particular el 1 de octubre, representan la aspiración a un cambio político, a levantar una república catalana, mientras que por el otro lado la única respuesta es la represión, que una minoría gobernante amordace al resto y rompa definitivamente hasta la propia Constitución al tomar las medidas represivas que significa la aplicación del 155.
La defensa de la democracia pasa a primer término. La libertad de “los Jordis”, la lucha contra el 155 y contra la intervención de la Generalitat permite tejer las más amplias alianzas entre fuerzas independentistas, soberanistas y democráticas, tanto en Catalunya como en el Estado español. Son necesarias y urgentes. Son útiles y prácticas, como se ha demostrado en todas las acciones de carácter unitario que se han convocado.
Nadie puede ya negar la repercusión estatal e internacional del conflicto, solo hay que ver las portadas de los periódicos de todo el mundo. El PP, Ciudadanos y el PSOE pueden subirse a una ola de reacción patriótica, pero arrasar con los derechos democráticos en Catalunya es el anuncio de que pueden ser recortados en cualquier otro lugar, pero es también la posibilidad de iniciar un movimiento solidario y republicano en el conjunto del Estado. El grito de “No pasarán” se escucha a menudo por Catalunya. Tendrá que oírse también en el resto del Reino.

Miguel Salas, en Sin Permiso

sábado, 21 de octubre de 2017

LA CASTRACIÓN DEL NACIONALISMO CATALÁN

Que nadie se llame a engaño. La operación que se va a poner en marcha con la activación del artículo 155 CE tiene como objetivo la castración del nacionalismo catalán. Es una operación dirigida a convertir al nacionalismo catalán en una opción políticamente estéril.
En realidad, se trata de una prolongación de la operación que el PP puso en marcha contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya en 2005/2006. En aquella ocasión la operación tenía como objetivo vaciar de contenido la reforma pactada entre el Parlament y las Cortes Generales y aprobada posteriormente en referéndum. Volver a 1979, reducir el contenido y alcance del ejercicio del derecho a la autonomía a lo que había sido desde la entrada en vigor del Estatuto originario con el desarrollo normativo y jurisprudencial de esos algo más de veinticinco años. Todo lo que fuera más allá en el Estatuto reformado debía o ser declarado anticonstitucional directamente o ser interpretado de tal manera que acabara encajando en los límites del Estatuto del 79.
Este era el núcleo esencial del recurso que interpuso el PP. El derecho a la autonomía que cabe en la Constitución es el que se ha venido ejerciendo desde que se construyó el Estado de las Autonomías con la aprobación de los diferentes Estatutos de Autonomía y no se puede ir más allá de lo que ha sido este ejercicio. Para que se pudiera ir más allá sería preciso una reforma de la Constitución. Como no ha sido el caso en la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya, la operación reformista tiene que ser vaciada de contenido. Este objetivo del PP fue hecho suyo por el Tribunal Constitucional en la STC 31/2010. El pasado del derecho a la autonomía es también su presente y su futuro, mientras no se reforme la Constitución.
La Constitución y el Estatuto de Autonomía se convirtieron de esta manera en una jaula para el derecho a la autonomía. Independientemente de que estuviera en el Gobierno o no, el PP siempre dispondría de minoría de bloqueo para impedir la reforma de la Constitución, con lo cual tenía en su mano de manera indefinida la llave de la jaula. Con la STC 31/2010 el PP se aseguró que sería él el que fijaría el límite del contenido y alcance del derecho a la autonomía, si no para siempre, sí para un periodo tan prolongado de tiempo que, políticamente equivale a para siempre.
Contra esta reclusión en la jaula a perpetuidad es contra la que se ha alzado la sociedad catalana con su exigencia del llamado “derecho a decidir”. Queremos ser consultados sobre nuestra integración en el Estado, no queremos vivir indefinidamente en la jaula en la que estamos recluidos. Esto es lo que ha ocurrido en Catalunya en estos últimos siete años. Alrededor del 80% de la población es partidaria de la celebración de una consulta para pronunciarse sobre su integración en el Estado, para poder ejercer realmente un derecho a la autonomía no enjaulado.
La negativa del Gobierno presidido por Mariano Rajoy a que se pudiera explorar siquiera esa posibilidad o a que se pudiera intentar encontrar algún sucedáneo con el que la sociedad catalana pudiera conformarse, se ha traducido en un pulso constante entre el nacionalismo catalán arropado por un porcentaje considerable de la sociedad catalana, que no era independentista, pero si partidaria de la celebración del referéndum, y el Gobierno de la Nación. Dicho pulso ha tenido dos momentos culminantes en los días 9 de noviembre de 2014 y 1 de octubre de 2017, en los cuales algo más de dos millones de catalanes ejercieron una suerte de derecho de manifestación con la fórmula de depositar un voto en una urna. Porque el 9-N y el 1-O no han sino referéndums sino ejercicios del derecho de manifestación. Ejercicios muy fiables, ya que el número de manifestantes se acredita con plena seguridad.
Ante el doble desafío que han supuesto los dos “referéndums” y, sobre todo, ante el que ha supuesto el segundo, el Gobierno de la Nación ha decidido dar un paso más y poner en marcha una operación que no se reduce a enjaular al nacionalismo, sino que pretende la castración del mismo. Esto es lo que significa el recurso al artículo 155 CE.
Creo que la dirección del PSOE no se ha dado cuenta de adonde lo está llevando el PP. A Pedro Sánchez sus compañeros le han levantado el “arresto domiciliario” (Juliana dixit) para uncirlo al carro del 155, creyendo todos que están participando en eso que se suele llamar una “operación de Estado”. Me temo que, cuando se den cuenta, va a ser tarde. No hay intervención breve e indolora en una operación de esta naturaleza. Va a ser todo lo prolongada que sea necesaria y todo lo dolorosa que sea preciso hasta que el nacionalismo se resigne a operar como un animal domesticado.
La dirección del PSOE debe saber que los nacionalistas catalanes van a ser los primeros damnificados, pero que ellos serán los segundos. No va a ser preciso siquiera esperar a que termine la operación de castración. En el curso de la misma la dirección del PSOE advertirá el error que ha cometido, pero se encontrará desarmado ideológicamente para rectificar e inerme frente a la presión de la derecha española, con el rey por delante o por detrás según convenga, que caerá sobre los socialistas de manera inmisericorde si intentan hacerlo.
La activación del artículo 155 CE pone fin de manera definitiva al acuerdo constituyente con base en el cual se construyó el Estado de las Autonomías. El ejercicio del derecho a la autonomía desde la entrada en vigor de la Constitución pertenece al pasado. El equilibrio político-institucional en el que ha descansado ha sido destruido y no va a poder ser recompuesto. Sin el reconocimiento del nacionalismo catalán y su participación activa el Estado de las Autonomías no es posible.

Javier Pérez Royo, en eldiario.es

miércoles, 18 de octubre de 2017

UN ESTADO DE DERECHO ROTO

Es España un Estado de derecho. Así se nos recuerda, por activa y por pasiva, desde muchos ámbitos. No lo voy a poner en duda. Pero una gran interrogante me asalta cada vez que observo con preocupación un nuevo paso en esta carrera vertiginosa hacia la nada. Un estado de derecho. Pero, ¿de qué derecho? Es un Estado de derecho que permite que reconocidos delincuentes vivan en el extranjero; que personas que alardean de saludos nazis en público paseen con tranquilidad sin que nadie les diga nada; que un partido corrupto hasta las entrañas y evasivo como pocos a la hora de colaborar con la justicia, un partido que destroza las pruebas de cargo recogidas en sus ordenadores, gobierne como si aquí no pasara nada; un estado en el que tanto el PP como el PSOE no han tenido ningún problema en cambiar la Constitución según conveniencia, aunque esa decisión pusiera en gravísimo peligro la situación económica de miles de familias; un estado de derecho que permite que soltar unos garrotazos contundentes a unos guardias civiles en un bar se equipare poco menos que a sacar la división acorazada en Valencia; un estado de derecho que se ha hartado durante años de conceder indultos a todos los amigos de los gobernantes comenzando por quienes usaron el uniforme para cometer delitos vergonzosos contra personas cuya salvaguarda y protección tenían encomendada; un estado de derecho en el que parte importante del sistema judicial, corporativo a más no poder, está supeditado por ley, o de facto, a la autoridad, siempre que sea muy de derechas; en fin, un estado de derecho que muestra de forma cruda y sin disimulo demasiadas heridas putrefactas. Parte de aquello que llamábamos franquismo sigue bien vivo, cada vez más gente tenemos menos dudas.

No voy a poner en duda el infantilismo de los argumentos usados por la Generalitat cuando se ha empeñado en avanzar hacia la independencia intentando convencernos de que lo hacía desde dentro de la ley. Saben que no es así. La juez Carmen Lamela fue apartada en su día de la trama "Gurtel" por sus afinidades con el PP; se temía, con razón, que no sería parcial. Con la misma parcialidad ha llevado a la cárcel a dos personas, acusadas de sedición, por impulsar manifestaciones pacíficas (no han usado ni pistolas ni tanquetas). Eso también, esa barbaridad, se hace en nombre del Estado de derecho. Un Estado de derecho maltrecho por cuanto que si se duda de la parcialidad de una juez -mejor dicho, no se duda nada- para juzgar un asunto de gravedad sobre corrupción por su afinidad con un grupo político, no se entiende que desaparezca la duda como por encanto, cuando lo que se trata de juzgar son hechos de naturaleza política en la que el PP es protagonista principal. Su amiga, esa juez parcial devenida de forma milagrosa en imparcial, es quien encierra al personal en la cárcel, imputándoles nada menos que delitos de sedición. Sedición. ¿Hemos perdido el juicio o es que cada vez hay menos necesidad de disimulos para recordarnos a los ingenuos, de forma práctica, que este Estado de derecho hunde sus raíces allí, en efecto, allí donde usted se imagina, vamos a dejarnos de bobadas? Ni queriendo se puede tensionar más el tema.

Es cierto: una sociedad que incumple sus propias leyes corre el grave riesgo de desintegrarse. Se trata de una de las mayores conquistas democráticas, y solo podemos funcionar con ciertas garantías si aceptamos esa premisa: la ley es para todos. Incluso, como sucede de forma terca cada día, aunque no sea igual para todos. Aún así no tendría problemas en aceptar la premisa básica. Ahora bien: las leyes que ordenan la convivencia solo se sostienen si son aceptadas por la mayoría, no de otro modo. Cuando no sucede eso, cuando hay múltiples pruebas de que una parte importante de la sociedad (un 70%, un 80% en el caso de Cataluña) desea manifestar su opinión sobre un asunto que le afecta, pero se le recuerda que no lo puede hacer porque la legislación y la normativa en vigor lo impide las costuras amenazan con reventar. Si no se pone remedio a tiempo y el gobernante se empeña en mirar a otro lado o en enfrascarse cada noche en la lectura del Código Penal se corre el enorme peligro de que se abran súbitas coyunturas políticas cuya presión es imposible de controlar recurriendo solo a la imposibilidad de ir más allá de lo que marca una ley promulgada cuando los viejos éramos jóvenes. Mucho más cuando asistimos, con estupor y desde hace años, a una manipulación de la aplicación de esas leyes absolutamente grosera y degradada por parte de quienes dicen asumir como objetivo básico la defensa de la ley. Entre los centenares de cargos del PP, la última ayer, la ex alcaldesa de Cartagena.

Se nos indicó hace tiempo lo que se avecinaba: lo hicieron los políticos catalanes advirtiendo con claridad sobre lo que pensaban hacer. Lo hicieron muchos otros fuera de Cataluña. Ahora estamos donde estamos: en una peligrosa y excepcional coyuntura en la que se ha ido demasiado lejos. Lo que pudo valer como solución hace un tiempo es dudoso que sirva hoy. Una parte muy importante de la sociedad catalana está soliviantada: no solo se trata de independentistas. El fenómeno es mucho más complejo y toca a mucha más gente. Se puede seguir con las amenazas, con el recurso a la ley, se puede acusar de sedición a más manifestantes, incluso a cientos de miles, se puede seguir diciendo que cumpla usted la ley y luego hablamos. ¿Y? Ya no estamos en esa fase, me temo. Los políticos harían bien asumirlo antes de que la maquinaria se atasque por completo intentando cumplir leyes que a millones de personas cada vez importan menos.

Pello Salaburu, en El Diario Vasco

martes, 17 de octubre de 2017

BARKOS DEFIENDE EL DECRETO DEL EUSKARA Y LO VE NECESARIO

Barkos entró ayer al fondo del debate que se le planteó desde el PSN a raíz del cuestionamiento jurídico que ha realizado el Consejo de Navarra –con un voto discrepante– de varios de los puntos del nuevo Decreto del Euskara. Admitió que el dictamen obliga a cambios, en los que ya están trabajando sus técnicos, pero se agarró a que las partes fundamentales del decreto han recibido el aval del ente asesor. A partir de ahí, la lehendakari explicó la necesidad que había de una normativa semejante y se dedicó a desmontar los ataques injustificados a la norma.
«Dicen ustedes que valorar el euskara como mérito discrimina, pero valorar el inglés, el francés o el alemán, no. Por favor, explíquenmelo», les espetó. Con tablas de baremos en la mano detalló cómo en la Zona Mixta –donde hipotéticamente los navarros pueden dirigirse a la Administración en los dos idiomas propios– se puntúa más el conocimiento de idiomas extranjeros (2 puntos) que el saber euskara (1,38). Y usó un segundo dato, relativo a cuántas plazas existen actualmente en la Administración en las que el euskara suponga un requisito indispensable. De un total de más de 16.000 puestos, el euskara se exige en 160.
Ante las críticas de algunos de los miembros del Consejo de Navarra sobre si la norma se adecúa o no a las diferentes realidades lingüísticas del euskara en Nafarroa, Barkos subrayó que los datos sobre uso del euskara no conforman una foto estática, sino que la difusión del euskara aumenta año tras año. Así, recordó que más del 25% de los menores de 24 lo hablan y que en la Universidad Pública los euskaldunes suponen uno de cada tres.
En cuanto a su postura ante el decreto, Barkos aseguró que desarrollar la actual Ley del Euskara era algo necesario, pues el decreto en vigor constituye el más restrictivo que ha habido nunca. Pero además realizó una confesión y señaló que a ella le hubiera gustado cambiar la ley, pero que no ha podido ser por no haber consenso en el cuatripartito.
Aritz Intxusta, en GARA

DE VUELTA AL 78

El mejor de los casos se ha dejado hace tiempo atrás y probablemente nunca se hubiera dado: me refiero a un referéndum pactado entre la Generalitat y el Estado español. En el peor de los escenarios, que es aquel en el que nos encontramos, lo mejor que podría pasar es que se produjera una desescalada “a la gallega”, a base de preguntas sincopadas, sin saber si hay o no independencia ni si se ha aplicado o no el 155, de ambigüedad en ambigüedad, hasta dejar lo sucedido en una nube mientras se negocia una mala solución --siempre mejor que una guerra-- a instancias de la UE y a espaldas, como siempre, de la voluntad de los ciudadanos, catalanes y españoles. No es seguro que ocurra ni siquiera esto. Hemos visto a Rajoy hacer con el “diálogo” lo mismo que a Puigdemont con la “independencia”, proclamarlo y suspenderlo al mismo tiempo, y los medios de comunicación con más audiencia, como serenamente denunciaba Aitor Esteban en el Parlamento, no dejan de empujar y empujar hacia el pasado: “Hasta la cabra de la Legión huele a libertad”, titulaba El Mundo una crónica sobre el desfile militar del 12 de octubre.
Rajoy ha ganado ya en España. Ha fertilizado la amnesia española con veneno patriotero en el único país de Europa en el que no hace falta ser antifascista para ser demócrata y en el que, aún más, el antifascismo se criminaliza como radicalismo antisistema. Rajoy está logrando construir una mayoría social “española” desde el --hasta ahora-- minoritario discurso ultraderechista, dejando a un lado, invisible e interrumpido, el proceso de cambio que se inició el 15-M. Ha recuperado al díscolo Pedro Sánchez y su PSOE “de izquierdas”, de vuelta al redil del régimen, para una previsible restauración consensuada y sin resistencias. Y hasta ha sacado al rey de su sombrerera para regañar y amenazar a la mitad de España. Es un genio. Apoyándose en la Catalunya justamente insurrecta, torpemente insurrecta, está volteando la situación a favor del PP, que estaba contra las cuerdas. La maniobra está siendo tan brutal --ha comprometido hasta tal punto todos los palillos ocultos del régimen del 78-- que en la próxima crisis caerán todos juntos y de golpe, incluida la monarquía. Pero para eso faltan --otra vez-- unos cuarenta años.
Es verdad que la aceleración que estamos viviendo es, además de política, tecnológica, de manera que ningún acontecimiento deja ya rastros demasiado duraderos ni es posible establecer cadenas estables de causas y efectos. Podríamos --sí-- olvidar todo lo ocurrido junto con los tuits de ayer y ver volar de nuevo la indeterminación cuántica en una dirección inesperada. Puedo, pues, equivocarme, pero me temo que, contemplado el mundo desde esta ventanita, hemos perdido una oportunidad histórica. La crisis catalana ha cerrado la “ventana de oportunidad” que “las fuerzas de cambio” no habían sabido mantener abierta en Madrid. La correosa versatilidad del bipartidismo, unida a los errores de Podemos en el Estado y de las CUP en Catalunya, han abortado dos procesos de “ruptura” que, concebidos en paralelo, se contrarrestaban recíprocamente. España no será refundada en las próximas décadas; Catalunya no será independiente en las próximas décadas.
Diré algo de Podemos al final. Permítaseme decir ahora dos palabras sobre las CUP. Colectivo muy plural y heterogéneo, nadie podrá negar que es la única fuerza que cree realmente en lo que hace, la más coherente, la que mejor se ciñe a sus principios y la que, incluso cuando se ha dejado llevar por un contradictorio tacticismo, nunca ha olvidado su objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Luis María Ansón, el perspicaz dinosaurio, se lo explicaba hace unos días a esos compañeros derechistas que, desde el nacionalismo español, proyectan su identitarismo sobre el independentismo catalán: para las CUP  “el nacionalismo es sólo una forma de acelerar la revolución”. El dolido, hermoso, sereno y combativo discurso de Anna Gabriel en el Parlament tras la independencia burlada de Puigdemont no se prestaba a ambigüedades: las CUP quieren restablecer en Catalunya --pues sólo lo ven posible en ese territorio-- la República que Franco robó a toda España. Quieren una revolución y no una patria; y ven en la idea de patria, tan movilizadora e inflamable, el vehículo para una gran transformación económica, social y cultural. Muchas risas ha suscitado la alusión de Gabriel a una “independencia sin fronteras”, una fórmula que, sin embargo, resume muy bien el programa, nada risible, de las CUP: a partir del territorio catalán aspiran a “independizar” (del capitalismo y sus miserias) todos los territorios del mundo.
Siento tanto respeto por este propósito y tanto cariño personal por muchos de sus componentes --me he equivocado tantas veces-- que sólo con cautela me atrevo a decir que las CUP han pecado de ingenuidad al creer que convenía, que la “coyuntura” exigía, que su propio poder les permitía dejar de ser “libertarios” para hacerse “leninistas”. Han pecado de ingenuidad --es decir-- al dejar de ser ingenuos. Tenían razón quizás en desconfiar de los procesos “rupturistas” abiertos en el Estado y nadie les puede reprochar que intentaran su propia andadura para quebrar el régimen herido desde Catalunya. Al mismo tiempo consiguieron tantas veces desde su minoría parlamentaria imponer su discurso al régimen del 78 catalán, ahora en pugna con su variante española, y doblaron tantas veces el pulso a los partidos “burgueses” catalanes que se convencieron con contagioso entusiasmo de que podían forzar la situación en el Parlament y movilizar más y más gente en la calle para forzar también una derrota del Estado. Creo que el presupuesto de partida --el de que sí es posible una “ruptura revolucionaria” desde Catalunya-- era ilusorio; y que esa ilusión fue engordando a medida que su “leninismo” contradictorio fue dando resultados, creciendo y autoalimentándose de su propia eficacia inmediata, en la política y en la calle, y ello hasta que el imposible referéndum, la violencia de todo tipo por parte del Estado y el pragmatismo obligado (y me atrevo a decir que honrado) de Puigdemont no sólo han dejado claro que ése no es el camino hacia la república catalana y la gran transformación social anhelada sino que por ese camino se cierra del todo también la posibilidad --incierta y ya muy rebajada-- de “ruptura” desde el Estado: el único fulcro desde el que, en esta Europa postrevolucionaria e insensatamente “estable”, se puede desplazar --si se puede-- la relación de fuerzas política (como sólo desde el municipalismo, matriz de las CUP, se puede alterar la relación de fuerzas social y cultural). España es hoy más España y menos Democracia; y Catalunya, polarizada, movilizada y frustrada, también amenazada, sigue entre sus redes.
Es verdad que el régimen está descomponiéndose; pero es verdad también que está recomponiéndose. Como ha demostrado Rajoy, no le importa tener un problema en Catalunya. Todo lo contrario. Puede ser muy funcional a la hora de terminar la segunda transición de forma muy parecida a como se terminó la primera. Se dan ya todas las condiciones para una restauración del bipartidismo casi clónica respecto del final del franquismo: en un ambiente de miedo, tensión y polarización, con brazos en alto en las calles y represión policial selectiva, con una mayoría social asustada y “españolizada” y una Catalunya “vasquizada”, con un PSOE una vez más claudicante y pantanoso, un rey partisano que defiende su patrimonio y unos medios de comunicación beligerantes, se ha establecido, sí, el marco perfecto para prolongar la constitución del 78 mediante una reforma de consenso que impida durante otros cuarenta años una verdadera reforma, la que desde el 15M mucha gente pedía y que en algún momento pareció no sólo imaginable sino también posible.
¿El 15M empezó en Madrid y ha acabado en Catalunya? ¿No hay ninguna posibilidad de recuperar la potencial mayoría quincemayista, felizmente desmemoriada, que hoy el PP y C’s, con la imprescindible complicidad del PSOE, rememoriza hacia la derecha o vuelve invisible e inaudible? Creo que, en medio de tantos naufragios de buenas intenciones y tantos disparates paralelos, la única que ha sabido mantener una posición sensata y además comunicarla ha sido Ada Colau. No estoy muy seguro de que no quede sumergida en el oleaje venidero, desprestigiada en España y ninguneada en Catalunya. Pero cabe también la posibilidad de que acabe catalizando todas las decepciones y todas las corduras: desde su posición institucional ha sabido moverse entre Scila y Caribdis con pie firme, voz serena y radical sensatez para proponer en positivo un proyecto para Catalunya. Eso es lo que le ha faltado en España a Podemos, cuyos portavoces han aparecido siempre a los ojos de la opinión pública más como defensores izquierdistas del procés que como portadores afirmativos de una propuesta programática dirigida a todos los españoles y erguida de manera simultánea frente a Rajoy y frente a Puigdemont. Lo tenía y lo tiene muy difícil, es verdad, pero la solidaridad sin pedagogía, la denuncia sin proyecto, la rememorización paralela sin “patriotismo” alternativo han hecho envejecer un poco más al partido de Pablo Iglesias, condenado --cuando más lo necesitamos-- a un papel regañón marginal en el nuevo viejo régimen en recomposición. 
Se está perdiendo todo tan rápidamente como se ganó. El ejemplo de Ada Colau debería servir para entender que la única vía que le queda al “bloque de cambio”, también incierta, es necesariamente conservadora: conservar las “plazas conquistadas” a nivel municipal, convertirlas en modelos o maquetas de buen gobierno y tratar de ampliar su radio --en sucesivos círculos concéntricos-- a la escala autonómica. Ojalá quede un intersticio por el que colar esa lucecita; ojalá no nos pongamos, como siempre, a soplar las velas. 

Santiago Alba Rico, en Rebelión

LAS MENTIRAS DEL PRESIDENTE TANCREDO

“El derecho internacional general no contempla prohibiciones sobre las declaraciones de independencia y, por tanto, la declaración del 17 de febrero de 2008 no viola el derecho internacional general”
(Sentencia del Tribunal de la Haya sobre la declaración de independencia relativa a Kosovo). (22 de julio de 2010).

Tengo que confesarlo, me tragué enterita la intervención del Presidente Tancredo la semana pasada en el Congreso. Sé que los afines y los patriotas varios se quedaron encantados con su defensa numantina de la ley, siento decepcionarlos… Su Presidente, una vez más, les ha mentido…

Porque es mentira que la Constitución Española del 78 prohíba los referéndums…
Según el párrafo 3 del artículo 92 de la Constitución Española, será una ley orgánica la que regule las condiciones de las distintas modalidades de referéndum; la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, que en su artículo 5 indica que el referéndum se decidirá por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto en el ámbito que corresponda a la consulta. Por tanto, es posible la celebración de un referéndum consultivo en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña sobre su futuro siempre que se convoque con los trámites previstos en la Ley orgánica y en la Constitución, tales como que se requiere la previa autorización del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a solicitud del Presidente del Gobierno y que dicha solicitud deberá contener los términos exactos en que haya de formularse la consulta, además de que corresponde al Rey convocar a referéndum, mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente.

Porque es mentira que la Generalitat haya vulnerado el Estatut…
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña de 2006 fue hecha pública el 28 de junio de 2010, cuatro años después de la presentación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP el 31 de julio de 2006 sobre 114 de los 223 artículos del Estatuto de Autonomía de Catalunya del 2006 refrendado por los catalanes en el referéndum celebrado el 18 de junio de 2006. El TC por ocho votos contra dos declaró inconstitucionales 14 artículos y sujetos a la interpretación del tribunal otros 27 (por seis votos contra cuatro), de lo que cabe deducir que tal Estatuto no es válido puesto que no ha sido refrendado por los catalanes.
Y si lo fuese la única ilegalidad cometida el 1 de Octubre fue el envío de la Policía y la Guardia Civil a Catalunya para ejercer una competencia que en exclusiva solo corresponde a los Mossos.

Porque es mentira que el derecho de autodeterminación no está recogido en Constitución Occidental alguna…
Mentira que una simple ojeada a las Leyes de claridad, Clarity Act, canadienses dejan al descubierto tanto o más que la lista de países europeos perfectamente homologables que han accedido a su independencia en el S. XX; a principios, Noruega, Islandia, Finlandia e Irlanda, a finales, Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania, Bielorusia, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbayan, Kazajistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tayikistan, Macedonia, Croacia, Eslovenia, Kosovo, Montenegro, Bosnia, Chequia y Eslovaquia… o ya en el S. XXI el fallido referéndum escocés…

Y miente cuando dice que el derecho internacional solo reconoce el derecho de autodeterminación en los territorios coloniales… Como bien explicaba el Catedratico de Derecho internacional de la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio Perea en su arículo “El secesionismo catalan en el contexto del Derecho Internacional” en 2014…

El Derecho internacional si contempla la secesión de un territorio de un Estado constituido si se cumplen cuatro condiciones:

Que tengan una identidad propia y diferenciada con una implantación territorial mayoritaria.
Que se haya producido una violación masiva de los derechos humanos fundamentales y una sistemáti­ca discriminación.
Que no se haya podido materializar un acuerdo entre ambas partes.
Que esas violaciones no puedan ser resueltas mediante la participación política en las instituciones del Estado por estar excluido el pueblo de ellas, siendo el último remedio posible la secesión.
Así las cosas, Catalunya antes del 1 de Octubre cumplía con creces la primera condición, después de ese día las dos primeras. A partir del 10, y la oferta de dialogo del President Puigdemont y la respuesta de Rajoy, las tres primeras.

Solo queda pues la aplicación del 155 para que se cumpla también la cuarta al quedar suspendida la autonomía catalana y cercenado el derecho de los catalanes a la participación política… dejando como último remedio la secesión.
Es entonces, y solo entonces, cuando habrá DUI…

Ander Muruzabal, en Nafar Herria

lunes, 16 de octubre de 2017

ESPAÑA SIEMPRE SE HA NEGADO A NEGOCIAR INDEPENDENCIAS

España al principio del siglo XIX tenía un amplio imperio americano. A lo largo del siglo XIX lo perdió entero. En ninguno de los casos la descolonización fue fruto de un proceso negociador. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, España construyó un pequeño imperio africano. De sus cuatro colonias sólo una obtuvo su independencia a través de un proceso pactado con los independentistas.

América se pierde en Ayacucho
Las colonias españolas de América del Sur empezaron a vivir un proceso revolucionario en tiempo de la guerra de Independencia. Poco a poco, a través de un conjunto de batallas, las fuerzas secesionistas fueron desplazando a los ejércitos realistas. Con derrotas españolas como las de Carabobo, Boyacá y Ayacucho se proclamaron las diferentes repúblicas latinoamericanas, en los años 1820. Fue un proceso eminentemente militar Pero España no aceptaría fácilmente la derrota y se negaría a aceptar algunos pactos, como el Tratado de Córdoba de 1821, a través del que se daba la independencia a México. España no normalizaría sus relaciones diplomáticas con Colombia hasta 1881. En realidad, en 1861 España intentó anexionarse de nuevo la actual República Dominicana, que había estado bajo dominio haitiano, pero ante la resistencia de los dominicanos, las fuerzas españolas acabaron por retirarse en 1865.

Cuba, Puerto Rico y las Filipinas
Tras la pérdida de la mayoría de las colonias americanas continentales, la presencia española se concentró en Cuba y Puerto Rico, en América, y en Filipinas, en Asia. De 1868 a 1878, España se tuvo que enfrentar a los nacionalistas cubanos durante la Guerra de los Diez Años. Los españoles obtuvieron la victoria militar, pero los cubanos seguirían descontentos y habría una nueva guerra en 1880. Algunos diputados españoles propusieron otorgar una amplia autonomía en Cuba, pero no fueron escuchados, y en 1895 se desencadenaría una nueva guerra. En 1898 Estados Unidos se introducirían en esta guerra tras la voladura del Maine. La superioridad militar de la armada norteamericana provocó la rápida derrota de los españoles, en las batallas de Santiago (en Cuba) y Cavite (en las Filipinas). En Filipinas el movimiento secesionista del Katipunan chocó con una feroz resistencia de las autoridades coloniales, que ejecutaron a su líder, José Rizal; a partir de 1896 los independentistas filipinos iniciarían una guerra contra el dominio español. El Estado español nunca dio la independencia a Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Por los acuerdos de París, cedió a Estados Unidos Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam. Y las pequeñas colonias que tenía España en el Pacífico, las Carolinas y las Marianas, no se descolonizaron, sino que se vendieron a Alemania.

Las colonias africanas
En África, España consiguió cuatro colonias: la Guinea española (que se empezó a colonizar en 1858), el Sahara Español (conquistado a partir de 1885), el protectorado de Marruecos (obtenido a través del Tratado de Fez de 1912) y Sidi Ifni (ocupado en 1934). Eran cuatro territorios pequeños y con muy poca riqueza, que nunca aportarían mucho a la economía española y que tendrían un coste terrible en vidas humanas y costes sociales. Pero a pesar de todo España se resistiría a su descolonización, a diferencia de lo que harían Francia y Gran Bretaña, que facilitarían la transición a la independencia de la mayoría de sus territorios coloniales.

El Marruecos por el que Franco lloraba
Marruecos era un protectorado compartido entre España y Francia. Compartido de forma bastante desigual: Francia ocupaba las zonas más ricas y España las más pobres. Además, en la zona francesa había el sultán (rey), que colaboraba estrechamente con los franceses, mientras que en el lado español sólo había un delegado del sultán, el jalifa. La coordinación entre España y Francia siempre fue muy deficiente. En los años 1920 el intento de crear una República del Rif fue respondido de forma brutal por las fuerzas españolas, que recurrieron a las armas químicas, a los bombardeos de población civil, a las amputaciones y a la toma de rehenes para derrotar a los rifeños. En los años 1950 el movimiento anticolonialista tomaba fuerza, pero el régimen no estaba dispuesto a pactar con él. El 2 de marzo de 1956, contra todo pronóstico, Francia decidió conceder la independencia completa a Marruecos. La posición de España era muy difícil si se negaba a ceder la soberanía marroquí. Según el primo del dictador, Francisco Franco Salgado-Araujo, Franco lloró mucho antes de decidirse a otorgar la independencia a un territorio donde él había luchado durante más de 15 años y donde había hecho toda su carrera militar. Finalmente cedió. No lo hizo debido a las presiones de los nacionalistas marroquíes, sino por las presiones internacionales. El 7 de abril, un mes después del abandono francés, España renunció a su colonia más emblemática.

La sorpresa de Ifni
Pero la descolonización de Marruecos no fue completa. España cedió el protectorado Norte al sultán, y se reservó la posesión de Ifni (alegando que era una colonia diferente del protectorado) y del protectorado sur (la zona de Tarfaya), que se anexionó al Sahara. Marruecos no digirió bien esta descolonización parcial, y en 1957 facilitó el ataque a Ifni y al Sahara de un grupo de bandas armadas, con apoyo del ejército marroquí. Hubo una auténtica guerra, la guerra de Ifni, en el que murieron 200 españoles y unos 500 marroquíes. Pero el conflicto se silenció: la prensa española escondió los sucesos. Gracias a la colaboración francesa, los españoles consiguieron mantener el control del Sahara y la ciudad de Ifni, pero los territorios de su alrededor quedaron reducidos sustancialmente. En 1969, finalmente, España cedió el pequeño territorio de Ifni a Marruecos.

Guinea, la única descolonización pactada
A principio de los años sesenta, mientras los países europeos descolonizaban sus colonias, España reforzaba su presencia en la Guinea Española, con más inversiones y más colonizadores. Hasta el principio de 1967, las autoridades coloniales españolas prometían 25 años más de colonización en Guinea. Pero de repente, para satisfacer las exigencias de la ONU, decidieron ofrecer la independencia a los guineanos en 1968. Organizaron una Conferencia Constitucional, en Madrid y con participación española, donde se decidió el futuro del territorio. El 12 de octubre de 1968 Guinea se convertía en un país independiente. Pero las relaciones con España se deterioraron rápidamente y entre marzo y abril de 1969 los residentes españoles, muy amenazados, tuvieron que retirarse mediante una operación militar de evacuación. El problema con esta descolonización frenó la voluntad descolonizadora de España: el Sahara Occidental no se abandonaría hasta los últimos compases de la agonía del dictador y del franquismo.

La vergüenza del Sahara
Tras la guerra de Ifni en el Sahara se despertó el sentimiento independentista, liderado por Mohamed Sid Brahim Sid Embarec Basir, Basiri. El 1970 Basiri fue detenido de una manifestación de los saharauis en favor de la independencia y desapareció para siempre. En 1973 surgió un movimiento por la independencia del Sahara, el Frente Polisario, que exigía la independencia del territorio con el apoyo de Argelia. España no organizó el referéndum de autodeterminación que pedían los saharauis, y el 14 de noviembre de 1975 firmó los acuerdos de Madrid, a través de los cuales España cedía a España el control del territorio en Marruecos y en Mauritania. De inmediato el Sahara sería ocupado por los ejércitos de los dos países vecinos, en contra de la voluntad de su población. A partir de aquí se iniciaría un conflicto que todavía no está resuelto, porque los saharauis siempre se han resistido al dominio marroquí.

Gustau Nerin, en elnacional.cat