Si hay un lema que sintetizó los años que siguieron a la muerte de Franco ese fue el de «libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía». Como el tercero de los elementos indica, la transición no se edificó sobre una idea de igualdad absoluta entre todos los españoles, sino más bien sobre una voluntad de reconocimiento de los hechos diferenciales entre ciertas comunidades. Una voluntad que la Constitución y la subsiguiente democracia reconocen como esencial a ellas mismas, y sin la que, guste o no, no se puede alcanzar ningún acuerdo constitucional digno de ese nombre. No en este país.
Los estatutos de autonomía fueron el mecanismo mediante el que se articularon en el naciente estado democrático las aspiraciones -todo lo discutibles que se quiera- de los nacionalismos periféricos. Esos estatutos fueron el resultado de pactos entre los representantes de cada una de las comunidades históricas y el Estado central, pactos que luego la ciudadanía de esas comunidades ratificó de modo abrumador. Y es ese acuerdo inicial, que está antes de la ley y la torna democrática, el que ha saltado hecho pedazos en Cataluña. Cuando el PP decidió impugnar el Estatut quebró el pacto previo que legitimaba la ligazón de Cataluña en España. No deja de ser revelador que fuera precisamente el Tribunal Constitucional el que le pegara el tiro de gracia al pacto constitutivo por el que Cataluña se engarzaba en España.
Me da la impresión de que muchos no acaban de entender la situación en la que nos encontramos. Estamos ante un conflicto político de primerísima magnitud y, sin embargo, son legión los que lo abordan desde un prisma mitad moralista mitad legalista que aboca a medidas no solo inútiles, sino contraproducentes. En 1978 el pacto de Cataluña con la Constitución recibió el inapelable aval del 90% de los votantes catalanes. Hoy, no solo el 70-80% de los mismos quiere celebrar un referéndum de independencia, sino que el 48% avaló con su voto en las últimas elecciones, convocadas en clave explícitamente plebiscitaria, la voluntad de marcharse… ¿Qué ha pasado para llegar a eso?
Sin duda, muchas cosas. Por los dos lados, pero como no soy catalán he de pedir responsabilidades a quien me representa políticamente en todo esto, que es mi Gobierno. Y creo que no parece discutible la absoluta cerrazón del PP a asumir la realidad política del país que gobierna y su consecuente negativa a ponerse manos a la obra a buscar soluciones al respecto. El 155, las elecciones anticipadas, la disolución del Govern… lo que quiera que ocurra en los siguientes meses palidece ante el hecho desnudo e inclemente de que la mitad de los catalanes quiere irse. Esa es la España que nos deja Rajoy, y es por eso por lo que yo he de juzgarle como presidente.
Hace exactamente cinco años el tristemente desaparecido Rubio Llorente, uno de los constitucionalistas más prestigiosos de este país, antiguo presidente del Constitucional -en la época en la que tal tribunal era un órgano respetado por todos, y no la institución carente de autoridad moral en la que la ha convertido nuestra vergonzosa dinámica partidista- ya defendió que un referéndum era la única opción para, primero, descubrir la intensidad de la demanda independentista y, segundo, trabajar a partir de ahí para darle una salida política en uno u otro sentido. Algo que defendía también el constitucionalista Frances de Carreras, fundador de Ciudadanos (‘¿Un referéndum?’, 20/9/2012).
La sensatez de esas y otras muchas voces fue ignorada olímpicamente y sustituida por una política irreflexiva y bravucona que ha agravado la situación hasta extremos inimaginables. Resulta perentorio preguntarse qué se esconde exactamente detrás de las continuas llamadas a la severidad, al rigor, e incluso a la cárcel - así en abstracto, en un estremecedor abstracto- que animan a ciertos sectores. ¿Qué proponen para el día después? ¿Qué hacemos con los millones de catalanes que discrepan? ¿Cómo recomponemos el pacto con quien quiere irse? La respuesta es tenebrosa: en esa mentalidad no hay un ‘después’, solo hay un ‘antes’. No hay razonamiento y proyección a futuro, solo entrañas y respuestas emocionales. El nacionalismo español es, como todo nacionalismo, un trasunto pasional, y no entiende la política territorial en clave de pacto y de legitimidad social, sino en clave de traición y de deslealtad. Por eso no puede pensar en la situación que originan sus actos, sino tan solo en la respuesta que merecen los de los demás.
Jorge Urdánoz Ganuza, profesor de Filosofía del Derecho de la UPNA (en El Diario Vasco)
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