jueves, 30 de diciembre de 2021

EL ALCALDE DE PERALTA SALE AL PASO DE LOS PANFLETOS DE NAVARRA SUMA

 Lleva ya Na+ repartidos dos panfletos propagandísticos en pocos días, por cierto, con argumentos muy forzados, criticándome, a mi y a mi grupo y elogiándose ellos mismos.

No hay motivos para semejante campaña, en contra de UPeI, ni los hay para tratar de exagerar con lo que Na+ dice hacer, máxime cuando no quisieron coger el área de agricultura y ganadería a pesar de que se les ofreció, ( la lleva el Alcalde al que tanto critican desde Na+), y sobre todo cuando han votado en contra de la partida de 130.000€ en los presupuestos de Navarra, para arreglar la acequia principal, (rio caracol), que alimenta parte de los terrenos de concentración de riego a manto.

Si tanto querían trabajar podían haber empezado por coger este área y no andar buscando excusas con ciertos recortes de partidas que no negaré, de la misma manera que a nivel general en las áreas que presiden mantienen e incluso mejoran la financiación salvo en Salud, donde la exigencia de recursos para la Covid no es la misma.

Pero seguiremos leyendo en Facebook a quienes, desde su falsa apariencia de “apolíticos”, les cuesta poco criticar lo que hacemos desde UPeI para desde la incoherencia más absoluta, defender o recomendar lo que hacen Na+, aunque en ocasiones sean similares ambas.

Me genera una decepción importante ver cómo para Na+ lo importante es que hay de lo mío, es decir de poder gastar más desde las concejalías que presiden, pero no decir cómo se va a financiar ese gasto, plantearon para presupuestos gastos añadidos por valor de 1M€ sin decir con qué ingresos se pagaban.

Se han aprobado reducciones fiscales en la contribución y en el Impuesto sobre vehículos, que votaron en contra, porque lo importante es que quieren gastar más. 

Cuando digo que los argumentos son forzados, es porque por ejemplo tenemos un polígono con 50.000 m2 de suelo industrial urbanizado, la mitad público, y nos están diciendo que hay que invertir 500000€ en compra de más suelo, y no decimos que no, pero prepararemos partida cuando haya acuerdo al respecto y se avale con informes técnicos. No les vale.

Hablan de la mota del paseo, plantean 300.000€, aunque saben que estamos con la iluminación que va antes del asfalto. Tampoco les vale.

Plantean 100.000€ para pobreza energética aunque los 10.000€ que ya existen no se acaban gastando. Ni les vale y votan en contra de los beneficios fiscales para familias vulnerables.

Hablan de la vía verde, plantean 43000€, sin ningún tipo de proyecto ni estudio, cuando además saben que el proyecto nos lo esta haciendo NASUVINSA, y cuando lo redacten sabremos la partida que hay que destinar. Tampoco les vale.

No les vale nada ni dicen la verdad.

La cuestión es si los presupuestos son buenos para el pueblo o no, pensamos que sí y los hemos aprobado para tratar de mejorar la vida de la ciudadanía, no obstante el tiempo dirá y cada ciudadano/a lo verá de una manera.

En definitiva pensaba que estas fechas eran para apartar los temas políticos, aunque sólo fuera por unos días pero veo que eso no es posible, y eso que sólo hacemos política los de UPeI!! 

Que acabéis bien el año y empecéis mejor el 2022, os deseo lo mejor, feliz año!! Urte berri on!!

Juan Carlos Castillo Ezpeleta, alcalde de Peralta

miércoles, 29 de diciembre de 2021

LA EMPRESA QUE GESTIONA EL PALACIO DE OLITE LAMENTA EL RESULTADO DE LA NUEVA LICITACIÓN

 La empresa navarra Guiarte, que gestiona la explotación turística del palacio de Olite, ha remitido un escrito al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, a la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, y a la directora general de Turismo, Maitena Ezkutari, para expresar su queja por el resultado de la licitación del contrato de concesión para la explotación turística del palacio de Olite, la ciudad romana de Andelos, la villa romana de las Musas y el recinto amurallado de Rada.

Guiarte ha lamentado en un comunicado remitido a los medios que «la empresa adjudicataria ha resultado ser una empresa catalana cuya propuesta técnica superaba por sólo cuatro puntos la nota de corte y su propuesta económica superaba en un 420% el precio de canon de base fijado en pliegos».

Además, Guiarte ha señalado que, «revisado el expediente administrativo de la licitación, es triste comprobar cómo trabajan estas grandes empresas sus propuestas técnicas, que no son más que un copia-pega de otros proyectos».

En concreto, según ha afirmado la compañía navarra, la adjudicataria, en su propuesta técnica, habla de «vocación pedagógica hacia las nuevas generaciones de alicantinos», el «fomento del sector turístico alicantino» o «recogida de propuestas de mejora en relación con el Parque de las Ciencias». «¿Es esta la atención que van a prestar en su gestión a las necesidades de nuestro patrimonio y de sus profesionales?», ha planteado Guiarte.

En el escrito dirigido a los citados miembros del Gobierno, la empresa navarra traslada la situación y hace constar que todavía no se ha producido la firma de la adjudicación.

Guiarte, con 26 personas en plantilla, explica que el pliego regulador «no expresa la obligatoriedad de tener que subrogar al personal tal como contempla la ley foral 2/2018, de contratos públicos». «A este respecto, señalar que esta incertidumbre va a derivar en un potencial conflicto laboral», advierte en su escrito.

Navarra Sur

DE OHIO A ARKANSAS EL DERECHO AL ABORTO EN PELIGRO

 Sólo en 2021, se han promulgado hasta ahora 106 restricciones al acceso al aborto por parte de los estados norteamericanos gobernados por los republicanos: la cifra más elevada, según el Instituto Guttmacher, desde la sentencia Roe versus Wade de 1973, que convirtió el aborto en un derecho garantizado por la Constitución. Se sabe que la supermayoría conservadora del Tribunal Supremo es la máxima impulsora de la legislación provida, y está previsto que se pronuncie sobre Roe v. Wade, muy probablemente en verano, para cuando, según numerosas predicciones, lo revocará, señalando así el final del derecho al aborto.

Hasta la sentencia del viernes, que parecía una victoria parcial contra la ley de Tejas que prohíbe el aborto a partir del momento en que sea detectable el latido del feto (unas seis semanas), "casi invita a otros estados a imitar el enfoque de Tejas, creando la posibilidad de un mayor caos constitucional", según Mary Ziegler, de The Atlantic,. Y eso es exactamente lo que están haciendo los estados gobernados por el Partido Republicano.

En Ohio, un proyecto de ley -el SB13- sigue el mecanismo del SB8 de Tejas, que otorga a los ciudadanos particulares el papel de cazarrecompensas y que va mucho más allá del límite de 6 semanas de la otra ley: prohíbe el aborto desde el momento en que se fecunda el óvulo, y lo permite sólo si la vida de la madre está en peligro. Y como muchos otros estados, Ohio también está preparando su propia prohibición “con gatillo”: una ley estatal que entraría automáticamente en vigor, prohibiendo cualquier forma de aborto, si el Tribunal Supremo dictaminara que el aborto ya no es un derecho constitucionalmente garantizado, autorizando a los estados a legislar sobre la materia como consideren oportuno. Y esto a pesar de que el 55% de los habitantes de Ohio, según una encuesta de la Universidad de Quinnipiac de 2019, afirma que el aborto debería ser legal en "todos" o en "la mayoría" de los casos. Sin embargo, sus representantes, debido a la manipulación electoral republicana, son “provida” en una proporción de dos tercios, como declaró Kellie Copeland, directora de NARAL (National Abortion and Reproductive Rights Action League) Ohio, al Washington Post.

En Arkansas, los legisladores republicanos están impulsando un proyecto de ley que también pretende prohibir todas las formas de aborto, y que incluye una escandalosa comparación de la condición de persona de un feto con la de los afroamericanos: el Tribunal Supremo, escriben los legisladores de Arkansas, debe rectificar las injusticias cometidas con los fetos, tal como ha hecho con los ciudadanos negros de los Estados Unidos en el pasado.

Tejas, a la vanguardia de los ataques al derecho al aborto, además de haber promulgado la "Ley del Latido", ha restringido a partir del 2 de diciembre los fármacos inductores del aborto: precisamente los más utilizados para interrumpir los embarazos antes de las seis semanas.

El escenario distópico que se vislumbra en el horizonte de los Estados Unidos se manifiesta, en una de sus múltiples encarnaciones, en la batalla sobre el aborto, potencialmente dañina para el funcionamiento mismo de la democracia estadounidense y sus instituciones, empezando por el Tribunal Supremo, tal como señaló la juez Sonia Sotomayor durante la audiencia sobre la ley de Misisipi que pretende anular Roe versus Wade: "¿Sobrevivirá esta institución al hedor que esto levanta en la opinión pública...de que la Constitución y su lectura no son más que actuaciones políticas?"

Giovanna Branca, en il Manifesto Global (traducido por Sin Permiso)

lunes, 27 de diciembre de 2021

GABRIEL BORIC, ¿ÚLTIMO PRESIDENTE DE LO VIEJO O PRIMER PRESIDENTE DE LO NUEVO?

 La noche del 21 de noviembre fue una de las más dolorosas de los últimos años en Chile. Los resultados de la primera vuelta presidencial daban la primera mayoría a José Antonio Kast, el candidato del pinochetismo y vocero de la contrarrevuelta, de esa derecha golpeada por la revuelta de octubre del 2019 y que no soportó la insubordinación de los pobres, las feministas y los indígenas.

En segundo lugar llegaba Gabriel Boric, un dirigente estudiantil devenido parlamentario, representante del Frente Amplio, una alianza política que había roto al mismo tiempo con los partidos de la Transición neoliberal y con la izquierda radical estancada en una costosa marginalidad. Se trataba del mismo Boric que había firmado a nombre personal, sin el respaldo de su partido, el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución en noviembre de 2019, dando paso a un proceso constitucional restringido, y por lo mismo, foco de grandes críticas por parte del movimiento popular en su conjunto.

La elección presidencial más significativa desde 1970 parecía llevarnos hacia una barbarie demasiado imaginable para cualquiera que tenga memoria. Los sectores movilizados de Chile, abiertamente críticos de la orientación más bien moderada de Boric, tomaron la rápida decisión de sumarse a la campaña para asegurar su triunfo, y sobre todo, una aplastante derrota de la candidatura pinochetista. Esto se hizo realidad la noche del pasado domingo 19, con un resultado electoral inédito en muchos aspectos. En primer lugar, Boric (55,9%) fue electo con una ventaja de más de 11 puntos sobre Kast (44,1%). Segundo, la participación aumentó significativamente con respecto a la primera vuelta (55,7% del padrón, versus un 47,3% en la primera vuelta), superando todas las tasas de participación desde que se implementó el voto voluntario en 2012. Finalmente, Boric es el presidente electo con la mayor cantidad de votos en la historia de Chile (4.620.671). Se trata de una combinación inédita en un país que llevaba un largo periodo de alta abstención, con la excepción del Plebiscito por la Nueva Constitución de octubre del 2020. Aun así, este domingo participó casi un millón más de personas que para aquEl referéndum (7.562.173, un 50,9% del padrón).

En un contraste hermoso, la sensación de victoria inunda la noche del domingo 19 de diciembre de este 2021 demasiado largo para los pueblos de Chile. Cientos de miles de personas recorren las calles de todo Chile para celebrar cara a cara lo que sienten como un triunfo propio: haber derrotado al pinochetismo y poder mantener abierto el ciclo de transformaciones que impulsó la revuelta popular de octubre del 2019. Pero no es solo alegría, sino sobre todo alivio. La amenaza del neofascista Kast, materializada ya en los gobiernos de Trump, Bolsonaro y Orbán, fue percibida muy claramente por el movimiento feminista y la comunidad LGBTQI+, que aun teniendo pocas ilusiones en Boric, fueron los sectores que más rápidamente se convocaron a trabajar por un triunfo suyo en la segunda vuelta. Algunos análisis iniciales ya apuntan a la tremenda importancia del voto femenino y joven en ese triunfo.

De la revuelta a la contrarrevuelta

¿Cómo fue que llegamos a este escenario tan riesgoso? No hay respuestas sencillas, pero sí algunos elementos insoslayables. Al igual que otros países de la región y el mundo, Chile está transitando un largo periodo de politización polarizada, que se asienta sobre una inestabilidad social y política causada por múltiples crisis ecológicas, económicas y sociales. La administración neoliberal de la transición a la democracia se sostuvo con estabilidad durante un ciclo de crecimiento económico entre los 90 y el fin de los 2000. Pero con el precio de las materias primas a la baja hacia 2009, esa certeza se diluye para los sectores populares, que comienzan a ver cómo su vida se va precarizando de manera implacable. Chile es un país sin acceso garantizado y universal a salud, pensiones, educación y vivienda, donde el ámbito de la reproducción de la vida está privatizado, ya sea en manos de empresas privadas o cargado simplemente sobre los hombros de la esfera privada familiar, particularmente de niñas, jóvenes y mujeres responsables de los cuidados. En el marco de esa estructura, los cambios en las condiciones macroeconómicas se dejan sentir muy rápido en las vidas cotidianas de los sectores populares.

Ese proceso de precarización creciente se complementa con una democracia tremendamente restringida, delineada por la Constitución aprobada fraudulentamente por la dictadura en 1980. Se trata de un marco normativo que concentra el poder político en el Ejecutivo y el Congreso, sin lugar alguno para las comunidades y territorios, y que pone altísimas exigencias para los cambios, muchos de ellos bloqueados por quórums supra-mayoritarios en el parlamento. Se trata de una democracia excluyente, hecha a medida de los grandes partidos burgueses, y que incluye mecanismos que tienden a dejar fuera a mujeres, pueblos originarios e independientes.

Esta explosiva combinación llevó a la revuelta de 2019, en la que una chispa de insurgencia estudiantil contra el aumento del precio del transporte incendió una pradera plagada de resentimiento, deuda y desesperanza. La revuelta fue un portal hacia lo nuevo, cargado de la violencia política que caracteriza a los despertares del pueblo. Pero también fue un remezón para la clase dominante, que activó rápidamente sus dispositivos autoritarios y de combate ideológico para frenar ese despertar popular. El presidente Sebastián Piñera declaró la guerra al pueblo, sacando a los militares a aplacar la revuelta. Política y mediáticamente, se articuló un relato que contraponía la violencia destructiva de la calle a un nuevo pacto social digitado al interior del Congreso. El primer momento de la revuelta concluyó en el Acuerdo del 15N. Allí se inició la consolidación institucional de la impugnación antineoliberal de la revuelta, que se tradujo en la habilitación de un espacio político para la contrarrevuelta, organizada ahora en la campaña de la opción Rechazo para el Plebiscito por una Nueva Constitución, y en la introducción de una tensión en el campo popular: a favor o en contra de aquel Acuerdo y su institucionalización. Son escenas conocidas para el movimiento popular en el mundo: largos y encendidos debates sobre los riesgos y oportunidades que abre el paso de lo instituyente a lo instituido.

A dos años de la revuelta, es evidente que el proceso de politización que experimenta la sociedad chilena no es simplemente un escenario de izquierdización. La integración de miles de personas a la actividad política se da por la izquierda y por la derecha. Esto no significa que el país esté dividido simplemente en dos. Los sectores populares han adoptado una actividad político-social siguiendo orientaciones feministas y de izquierdas, participando en asambleas territoriales para organizar la defensa de los Derechos Humanos o debatir los contenidos de una nueva Constitución, o involucrándose en las campañas para elegir representantes para la Convención Constitucional, o ingresando a organizaciones sociales y políticas para asumir roles activos en los procesos de cambio. Por su parte, la derecha ha organizado su base en comunidades de contrainformación conservadora y anticomunista, en iglesias evangélicas reaccionarias con presencia territorial, en grupos de choque neofascista que retoman la calle con una presencia no vista desde la Unidad Popular, ya sea para atacar los símbolos de la revuelta o llevar a cabo acciones de amedrentamiento. La actividad de los sectores populares es masiva, abierta, autogestionaria, participativa y constructiva, con una voz múltiple, mientras que la politización de derecha es reaccionaria, de grupos pequeños financiados por empresarios, y con vocerías políticas más tradicionales. Una de ellas es la de José Antonio Kast, antiguo militante y parlamentario de la derecha católica, conservadora, autoritaria y nacionalista, devenido líder del nuevo Partido Republicano, que reúne hoy a lo más granado del pinochetismo y el neofascismo, y que existe por fuera de la coalición derechista Chile Vamos.

Kast ya había sido candidato presidencial en 2017, con un pobre desempeño electoral. Desde entonces se consolidó como la voz de la reacción ante las aspiraciones refundacionales de la izquierda, apuntando sus dardos principalmente contra el Partido Comunista y el Frente Amplio, pero también contra el movimiento feminista y de la disidencia sexo-genérica, las organizaciones mapuche y socioambientales. La revuelta, y en particular el ciclo electoral 2020-2021, le dio la oportunidad de consolidar su liderazgo como vocero del Rechazo y articulador de una alternativa electoral para los sectores de la contrarrevuelta. La pandemia ratificó su posición anti-científica y anti-globalista, aunque de una manera más solapada que otros liderazgos ultraderechistas del mundo.

Estas oportunidades coyunturales, sumadas a la debilidad de las candidaturas de Chile Vamos, pusieron a Kast a la cabeza de la apuesta electoral de la derecha para estas elecciones presidenciales. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Las múltiples crisis del capitalismo en Chile no solo han dado lugar a una alternativa transformadora, de base antineoliberal, feminista y plurinacional, sino que también abrieron un portal a los monstruos del pinochetismo y el autoritarismo, que ofrecen una alternativa de mano dura anti-migrante, nostalgia por el disciplinamiento patriarcal de la dictadura y presunta certeza económica para el gran empresariado.

Los dos polos del campo transformador: Boric y el proceso constituyente

En esta rearticulación del terreno político en Chile, donde las fuerzas tradicionales de la derecha y la centroizquierda han mostrado su máximo agotamiento y falta de proyecto, se ha abierto un espacio para la transformación, en el que conviven dos sectores: por un lado Boric y la coalición Apruebo Dignidad (que incluye al Frente Amplio y el Partido Comunista), y por otro las fuerzas de movimientos sociales y pueblos originarios que lograron un espacio inédito en la Convención Constitucional, en torno a las listas de Movimientos Sociales Constituyentes, la Lista del Pueblo y constituyentes de Pueblos Originarios. Es una coexistencia que no carece de tensiones, pero que al menos discute sobre el terreno común de las aspiraciones de cambio estructural al régimen de 1980.

Mientras que Boric logra el heterogéneo respaldo masivo que reseñé al comienzo, el sector popular constituyente tiene su fuerza en el hecho de que la disputa por una nueva Constitución aparece hoy como el centro del ciclo político chileno actual. Las elecciones recientes son un indicador de este fenómeno, en la medida en que cada vez que ha estado en juego el proceso constituyente, la participación ha sido alta y se ha inclinado mayoritariamente hacia el polo transformador. Esto ocurrió con la votación en el plebiscito, con un 80% por el Apruebo, en la elección de convencionales, donde las fuerzas abiertamente anti-neoliberales alcanzaron la mayoría de la Convención Constitucional, y en la segunda vuelta presidencial, donde se hizo inminente la amenaza de un gobierno de Kast que destruyera avances en derechos y bloqueara el momento constituyente abierto por la revuelta. No fue así con la elección parlamentaria, donde no se dieron las mismas garantías democráticas para la participación de independientes, luchadores sociales y pueblos originarios. Es posible afirmar hoy que los sectores populares, principales garantes del proceso constituyente, eligen sabiamente sus batallas electorales en el marco de una democracia restringida.

Con un gobierno de Boric se presenta un escenario favorable para el proceso constituyente, lo que dará protagonismo a las fuerzas populares constituyentes que mantengan su independencia política del gobierno, pero compartan algunos aspectos programáticos claves. Lo que está en juego para las fuerzas populares dentro y fuera de la Convención es aprovechar la oportunidad de un gobierno favorable para desplegar al máximo el potencial del proceso constituyente y abrir un largo ciclo de transformaciones estructurales en el modelo económico, el sistema político y la garantía de derechos sociales.

Por su parte, el principal desafío que enfrentará el gobierno de Boric será administrar el impasse que representa un Congreso sin mayorías claras y una crisis económica que arrecia. En ese contexto difícil pero no inédito, Boric tiene la oportunidad de no ser un nuevo gobierno de la Concertación. El éxito de su gobierno depende claramente de cumplir la promesa de cambio al pueblo que celebró en las calles la noche del domingo, y no a los mandarines renovados que afilan los dientes esperando sus errores para salir a decir que ellos lo hubiesen hecho mejor.

En el corto plazo veremos la reorganización de la derecha: los partidos de Chile Vamos y el Partido Republicano buscarán capitalizar la votación, disputando el liderazgo del sector para el nuevo ciclo. Estando en minoría en la Convención Constitucional, buscarán darle el máximo poder posible a su bloque en el Congreso, y seguirán insistiendo en su relato de que en esta elección «ganó el Boric moderado», como una manera de tensionarlo hacia el centro. También veremos a la vieja y agotada Concertación abriéndose lugar en el gobierno de Boric con una mezcla de falsa adulación y amenazas solapadas. Se ofrecerán como garantía de gobernabilidad, pero seguirán siendo la penúltima trinchera de la Transición. Compartirán con la derecha la tarea de tentar a Boric hacia el centro, teniendo como antecedente su conocida trayectoria de conciliación y acuerdos en momentos cruciales.

El primer desafío que tendrán Boric y Apruebo Dignidad será definir si aprovecharán el triunfo electoral para afirmar su programa de reformas estructurales, o si el miedo a ser rechazados por el duopolio transicional les hará moderarse y alejarse de la base social que les dio un triunfo que no lograron por sí mismos en primera vuelta.

Nuevas tareas para la izquierda anticapitalista

En contra de la tesis de que el gobierno de Boric solo puede ser un gobierno moderado y conciliador, los resultados electorales muestran que hay un pueblo dispuesto a defender el momento constituyente con toda su creatividad y su deseo de ruptura con el régimen actual. En el relato de la moderación instalado por la derecha, que hará eco en los sectores liberales de Apruebo Dignidad, busca transmitir un mensaje disciplinador: más le vale mantener silencio a la izquierda radical y a los movimientos sociales, no vaya a ser que terminen siendo responsables de una nueva derrota para su sector, o aún peor, de un nuevo golpe de estado. Se nos llama a dejar que Boric haga lo suyo, sin críticas que abran flancos.

Pero el énfasis en el cumplimiento efectivo del programa no es, como podrían creer algunos, un obstáculo para la realización de las transformaciones, sino su mejor garantía. Esas transformaciones solo serán posibles si cuentan con el impulso de una amplia coalición de movimientos sociales y políticos que mantenga sobre la mesa los aspectos irrenunciables del programa, lo inaceptable de la represión y la urgencia de superar desde hoy mismo el guion transicional de cambios “en la medida de lo posible”. Frente a un gobierno susceptible a la presión popular, será clave mantener la independencia política de los movimientos sociales y la izquierda anticapitalista con respecto al gobierno, su disposición a respaldar los avances y criticar los retrocesos, para no enredarse en la siempre presente tentación vacía de tener poder en los pasillos del palacio a cambio de abandonar el horizonte de transformación.

¿Cuáles son esos puntos irrenunciables del programa? En lo inmediato, una reforma tributaria que permita la contención de la crisis económica de los hogares de la clase trabajadora mediante la condonación de la deuda educativa y un ingreso de emergencia universal. En el mediano plazo, la reducción de la jornada laboral, un nuevo sistema de pensiones sin AFP, un fondo universal de salud y un sistema nacional de cuidados, además de modificar las condiciones para la negociación colectiva de los sindicatos y garantizar el derecho a huelga. En una mirada de largo plazo, sentar las bases para una transición ecológica donde la renacionalización de las materias primas se complemente con una reorientación de la matriz productiva en un marco de solidaridad e integración regional.

Pero junto con ello, el nuevo gobierno tendrá que responder a dos demandas urgentes de los sectores que no son de su coalición, pero que sí lo respaldaron en la segunda vuelta. La libertad de los presos políticos mapuche y de la revuelta, y el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Ambas demandas cuentan con iniciativas parlamentarias que han sido bloqueadas por la derecha y la centroizquierda. Pesa sobre el gobierno de Boric la responsabilidad histórica de reparar las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en el presente y el pasado, y establecer un marco de libertad sexual y justicia reproductiva que represente avances claros para el movimiento feminista y las comunidades LGBTQI+.

Se vuelve una necesidad inevitable, entonces, que las diversas fuerzas políticas y sociales dentro y fuera de la Convención Constitucional se encuentren en una alianza que reúna a los movimientos que han sostenido las movilizaciones feministas, estudiantiles, territoriales y sindicales de las últimas décadas, y que integre el archipiélago de la izquierda radical a una actividad de masas que convierta su potencial militante, que tanto ha contribuido a esos mismos movimientos sociales, en capacidad política del pueblo y no solo de pequeños grupos.

Esta alianza popular tendrá una tarea difícil: confrontar a la nueva derecha radicalizada y sus ansias de revancha antipopular. Esa confrontación tendrá lugar en las calles y aprovechará las lecciones de autodefensa aprendidas décadas, y más recientemente durante la revuelta. Pero la manera más duradera de frenar a la ultraderecha es ganar a su potencial base popular para un proyecto de transformación anticapitalista y feminista, y eso se logra conquistando mejores condiciones de vida y de lucha, cerrándole el paso a la oferta de una salida conservadora a la crisis. Al fascismo también se le combate en el terreno de la vida cotidiana de la clase trabajadora plurinacional de Chile.

Pero, sobre todo, una confluencia política y social como esa tiene la oportunidad de convertirse en la fuerza que le dé soporte territorial a la redacción y aprobación de la nueva Constitución en el plebiscito de salida en 2022, y que pueda corregir las vacilaciones del nuevo gobierno en los momentos cruciales del cumplimiento del programa. Con un Congreso bloqueado, sin una mayoría clara, lo que inclinará la balanza en esos momentos será, como el domingo recién pasado, la movilización popular. La independencia política y la orientación programática de esa movilización será la clave de este nuevo ciclo.

Pablo Abufom, militante de Solidaridad y editor de Revista Posiciones.

sábado, 25 de diciembre de 2021

LA ERMITA DE UXUE, OTRO ESCÁNDALO

 Estuve en el juicio del Arzobispado contra el Ayuntamiento de Ujué, reclamándole la ermita de la Blanca, una de las pocas que se había librado de las inmatriculaciones masivas de inicios del milenio. El abogado Juan María Zuza y el historiador Luis Javier Fortún fueron una vez más los defensores del Arzobispado en su impúdico afán de arramplar bienes públicos.

Los argumentos del Ayuntamiento ujuetarro eran simples: la ermita está en terreno comunal, fue construida y mantenida desde la antigüedad por el Ayuntamiento, que siempre guardó la llave de la misma. Abundan acuerdos y facturas en las actas municipales, como las de la gran reconstrucción de 1873.

Los defensores del Arzobispado echaron mano a la confusión catastral que aparece en muchos pueblos; a que las últimas obras las hicieron los vecinos "creyentes" (olvidando que en los auzolanes participan todo tipo de gente) y que el uso era "exclusivo y excluyente" para la celebración de actos religiosos. Dijeron que todas las ermitas de Navarra pertenecían a la Iglesia y mintieron como solo pueden mentir los pecadores que están seguros que no habrá un juicio final para ellos. Precisamente, Uxue está rodeado de ermitas (Olite, Tafalla, San Martín, Garinoain) que quedaron en manos de ayuntamientos diligentes.

Fortún nos pasó a todos por el morro su currículum académico, pero de sobra sabe, o debiera saber si sus títulos no los compró en un rastrillo, que las ermitas e iglesias de Navarra se construyeron con dineros públicos y auzolanes populares, en muchos casos obligatorios. El Ayuntamiento, Concejo o batzarre abierto decidía las obras y las derramas vecinales; entrampaban los presupuestos (6 años sin corridas de toros estuvo Pamplona para construir la capilla de San Fermín); elegían los curas, coadjutores, campaneros, ermitaños y almosneros; ordenaban a los campaneros los toques a realizar; compraban los retablos, ornamentos y patenas, y de todo ello se hacía inventario anual, por medio del concejal síndico que enviaba el Ayuntamiento a "sus" iglesias, inventario donde anotaban hasta los ropajes, velas, cabos de vela y formas consagradas y sin consagrar, con una minuciosidad que sorprende. Y eso se puede comprobar en cualquier archivo municipal, no hace falta ser doctor en Historia para ello.

También insisten con descaro en el uso religioso "exclusivo y excluyente" de esos bienes. Sabido es que esos edificios han sido dotacionales para infinidad de cosas: unas veces eran fortalezas defensivas (Uxue, Artajona); habitualmente eran lugar de reunión de cambras, ayuntamientos y asambleas vecinales; archivo y tesorería municipal; cementerio; escuela y parvulario; conciertos y aulas de música. Todas ermitas se han usado alguna vez para lazaretos, cobijos o reuniones. La historia de nuestra tierra se ha fraguado en esos lugares públicos. ¿No lo sabe el señor Fortún?

Conforme los pueblos (grandes) fueron construyendo nuevas zonas dotacionales (consistorios, escuelas, cementerios, casas de cultura, etc.) se fueron relegando los templos al uso religioso, si bien nunca de forma "exclusiva y excluyente", como se puede comprobar todavía por todo Navarra. Pero ese uso no da ningún derecho a la Iglesia para quedarse con ellos, de la misma manera que los médicos no pueden inmatricular a su nombre los hospitales, ni los maestros las escuelas.

Lo que más me llamó la atención fue la amenaza subliminal que lanzaron a la jovencísima jueza recordándole que no hiciera como han hecho ya varios jueces jóvenes, que en primera instancia dieron la razón a los pueblos y que luego sus sentencias fueron revocadas por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. "Señorita jueza –le dijeron entre líneas– no cometa el error de sus inexpertos compañeros porque le revocarán su sentencia perjudicándole en su carrera, pues todos los juicios los ha ganado la Iglesia".

Nueva mentira, pues de sobra conocen las sentencias favorables a los ayuntamientos de Huesca o el caso de Artá que se ganó en el Supremo. Y sobre todo, conocen la demoledora sentencia del Tribunal Europeo que calificó las inmatriculaciones como una "violación continuada y masiva" de los derechos garantizados por la Convención Europea de los Derechos Humanos. Basta ver el agravio comparativo de Portugal y Francia para entender la magnitud del latrocinio realizado por la Iglesia española y vasconavarra.

Pero el Arzobispado de Pamplona lo tiene claro: incide en la vía judicial porque sabe que tiene en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra un aliado, que revoca las sentencias de jueces de inferiores instancias y así pretende disuadir a cientos de concejos y pueblos pequeños de Navarra que no pueden permitirse el esfuerzo de pleitear hasta el Supremo, Constitucional y finalmente, Europa. La imparcialidad del TSJN, demostrada en sus sentencias sobre la Manada, la ikurriña o el euskera, es el mejor aliado que tienen para quedarse con los más de 3.000 bienes inmatriculados, cuatro millones de metros cuadrados, que se dice pronto. Patética imagen del Jesús de los pobres, representado por el mayor propietario urbano y el mayor terrateniente de la historia de Navarra.

Pero los pueblos tienen todavía muchas armas por utilizar. El talón de Aquiles de la Iglesia son los cientos de ruinas que se están produciendo en nuestro patrimonio, que ni arreglan ni piensan arreglar si no es con dineros públicos, como siempre ocurrió. El procedimiento es sencillo: expediente municipal de ruina, plazos para el arreglo y procedimiento sancionador. No es el alma, ni la conciencia, ni la razón, ni el corazón, ni siquiera los dídimos: es el bolsillo el único órgano sensible de la Jerarquía Eclesiástica. Démosles donde más les duele.

Jose Mari Esparza Zabalegi, editor



RESPECTO A LA ÚLTIMA INUNDACIÓN DEL TRAMO BAJO DEL ARGA"

 Tras la última inundación del río Arga, quiero exponer mi punto de vista del porqué, a pesar de haber sido una de las mayores de las últimas que hemos sufrido, ha contribuido a hacerla más dañina y extensa, anegando zonas que ni la gente mayor edad había conocido.

No soy experto en estos temas y siempre he confiado en los que más saben y se dedican a la restauración de ríos y obras hidráulicas. Pero el sentido común por parte de los que no somos expertos también cuenta.

Soy aficionado a pasear en bicicleta de MTB y uno de los recorridos que más frecuento es a través de la mota que, para defensa del río y eliminación de meandros, se levantó a lo largo de Falces, Peralta y Funes entre los años 70-80 del siglo pasado. Normalmente cada vez que había una inundación y, una vez ya podía salir a andar, me iba a ver los destrozos que la fuerza del río ocasionaba a lo largo de los 20 kilómetros de mota. Siempre había dos puntos en la margen izquierda en los que el río saltaba la mota socavando parte de ella, pero sin llegar a la rotura total. La situada en Falces era la que más deteriorada quedaba. De hecho, se cerraba el tráfico de vehículos. Al tiempo se reparaba aportando materia de zahorras de gravas. Cualquier persona podía pensar que estos puntos por donde el río intentaba salir suponía un peligro potencial inminente. Y así ha sido, esta vez la fuerza del río hizo una rotura total. Calculo que el boquete puede tener 10 metros de largo por unos 3 de alto. No quiero imaginarme la potencia que tuvo que producir en caudal y velocidad tal brecha dando paso a un nuevo río repentino, dirigiéndolo hacia la margen izquierda del río con gran fuerza destructiva.

Esto ha ocasionado dos efectos. Uno, que al romper la mota el río en la margen izquierda se alivió de caudal de la derecha, desde ese punto hacia abajo. Caudal, que en teoría debía de pasar por el puente de Peralta. Da la circunstancia de que todo el casco urbano de Peralta queda en la margen derecha del río, por lo que se benefició de menor inundación. Pero debe ser sabido que en los ríos, lo que a unos beneficia, a los otros, los de más abajo, generalmente les perjudica. Tal desvío de agua provocó que la margen izquierda tuviese una doble inundación con el nuevo torrente de río, con los consabidos destrozos que ha ocasionado en la margen izquierda del casco urbano de Funes, tanto en sus viviendas como también en industrias, cultivos, infraestructuras, casetas de campo, etcétera, de Peralta y Funes. 

Yo me pregunto, ¿pero la CHE, con sus medios de todo tipo humano, técnico y económico, no es capaz de dar solución perdurable a aquellos lugares en el que río nos avisa de los puntos débiles? Entiendo que la forma de corregir esas anomalías sería mediante la fábrica de badenes reforzados de hormigón en los lugares indicados, de forma que si tiene que pasar agua lo haga de forma controlada y sin tal efecto destructivo por rotura que en tal caso tiene efectos devastadores.

Ni que decir que los tres ayuntamientos y el Gobierno de Navarra tienen la obligación de comunicar oficialmente a la CHE si esta hace dejación de su función en estas reparaciones de suma importancia.

Jorge Guinduláin Guerendiáin, en Diario de Noticias

"LOS CASTIGOS POR HABLAR EUSKERA VIENEN DEL 1500"

 Las burlas y castigos por hablar en euskera no vienen de la época de Franco, y de cerca, tampoco. El machaque que sufrió el euskera comienza mucho antes, concretamente en el s.XVI, tras la conquista castellana, como analiza en su nuevo libro el escritor y editor Fernando Maiora. El artajonés acaba de publicar Navarra, reino del euskera, una obra donde analiza la persecución histórica que sufrió el euskera en el reino.

"La gente que vivía de Artajona para arriba no sabía ni una palabra de Castellano", explica Maiora, y, tras la conquista, "se forzó a los navarros a estudiar en castellano cuando no entendían nada".

El libro se compone de cinco capítulos con datos acompañados por su correspondiente signatura, fecha y localidad "con objeto de su posible estudio o verificación", dice Maiora.

Uno de esos capítulos trata sobre el alcalde de Valcarlos, que fue encarcelado junto al maestro del pueblo. "Les encerraron por no contestar en tiempo al Alcalde Mayor del Consejo Real en castellano, el alcalde no sabía el idioma foráneo y el maestro estaba muy ocupado con la enseñanza", denuncia el escritor.


LA ENSEÑANZA Otro de los aspectos que trata el artajonés es la imposición del castellano en las escuelas, "una enseñanza que tuvo que ser muy curiosa", dice. "Les enseñaban en idioma castellano cuando los chavales no entendían nada, incluso hubo en ciertos lugares castigos físicos por hablar el idioma propio de los navarros, además de los desprecios efectuados con el 'palito' y el 'anillo', estos ya se realizaban por lo menos desde hace dos siglos. Incluso buscaban delatores para que denunciasen a los chavales que hablaban euskera en la calle".

Como explica en el libro, en la capital del reino en el siglo XVI reinaba el euskera y, tras la conquista militar del reino, el castellano se impuso en todos los ámbitos, a pesar de que la población no conocía otro idioma "que el propio o nativo vascongado". Esa imposición fue tan dura que la escritura pasó a estar prohibida. "Sólo se permitía el castellano, idioma advenedizo, extranjero, como lo afirma la Diputación en un escrito contestando a un mal educado y desvergonzado que vino al Pirineo a llevarse la madera de sus montes".

Además, a partir de la conquista, los nombramientos se hacían a cargo del Virrey, tales como "escribanos, alcaldes, o los cargos de la justicia".

Además de esta zona, Maiora aporta datos sobre el euskera en la zona de la Ribera como Lerín, Falces y Tudela. "Hay constancia sobre el conocimiento de la lengua vasca en la citada capital ribera finalizando el S. XVI".

Para Maiora, el libro es clave para conocer la historia de Navarra, ya que "es importante que un pueblo sepa de dónde viene para que sepa a dónde quiere llegar en el futuro".

Con este trabajo, Maiora acumula 17 publicaciones desde sus comienzos en 2004. Una colección con investigaciones relacionadas con la existencia del euskera en diferentes zonas de Navarra así como costumbres, léxico o festejos y curiosidades rescatadas de archivos históricos. Este último puede adquirirse en librerías de Estella, Tafalla, Puente la Reina, Barañain, Zizur y en Pamplona (librería Walden).

Miriam Pascal, en Diario de Noticias

jueves, 23 de diciembre de 2021

OSASUNBIDEA: LA GRAN RENUNCIA

  “Renunciamos. Lamentamos las molestias”. Así expresaban su descontento trabajadores y trabajadoras de una conocida multinacional estadounidense. Su actitud generó un tsunami de adhesiones que ha llegado a más de 4 millones de empleados y empleadas en el país neoliberal por excelencia. Con esta iniciativa no se piden mejoras en las condiciones laborales, sino que se está renunciando a la posibilidad de trabajar debido a la falta de unas expectativas vitales dignas. 

Se le ha llamado “La gran renuncia” y los argumentos que exponen son trasladables a la realidad del sistema sanitario público en general y a Osasunbidea en particular. Sus motivos son coincidentes con el pensamiento generalizado de una gran masa social que representa a las clases trabajadoras asalariadas: un absoluto cansancio por las condiciones derivadas del trabajo, el hecho de que la vida entera gira en torno a las exigencias de la productividad y el beneficio; una vida que carece de un sentido mínimo. Estos últimos días ha tenido gran repercusión cómo un gran número de profesionales de enfermería han decidido decir basta ya a las condiciones que soportan y que les obliga a tener que compaginar vida laboral, eliminación de vacaciones, oposiciones y una situación de cansancio extremo que afecta tanto a personal fijo como eventual. 

Más de 3.000 enfermeras se han puesto como “no disponibles” en las listas de contratación. Esta situación de hartazgo no es exclusiva de la plantilla de enfermería. El personal facultativo lleva años reivindicando un trabajo digno, la regularización de las horas de guardia y un número adecuado de profesionales. 

La falta de dimensionamiento de la plantilla, la eventualidad en el sector público de salud que supera el 64%, la falta de encuadramiento de los profesionales en el nivel que formación les corresponde, la contratación en precario sin turno, ni horario laboral, ni puesto fijo de trabajo, unido a los efectos colaterales derivados de la pandemia han llevado al hastío de una plantilla agotada, vilipendiada y quemada. Las lamentables condiciones en el sector sanitario se hace extensible a todo el sector de las residencias de la tercera edad, centros de discapacitados y en todo lo que se refiere a la atención en Salud Mental. 

Lo verdaderamente importante de esta situación no es el intento de renegociar las condiciones laborales y llegar a un consenso con la gerencia de Salud o el gobierno de turno. No interesa por la imposibilidad de tener un interlocutor receptivo a las demandas de la plantilla. Es simplemente una renuncia al trabajo en estas condiciones. Un hartazgo absoluto por este sistema. El 85% de las personas en el mundo no están satisfechas con su trabajo independientemente de que se mejoren las condiciones. Un sistema que produce alienación y tristeza en la plantilla. 

Gran parte de la plantilla de Osasunbidea también sufre de Burn-out, o síndrome del trabajador quemado. Podemos decir que no es el desempleo sino los estilos de vida que marcan las condiciones laborales lo que está creando esta atmosfera de desapego en la plantilla. Hemos llegado a un punto donde ya ni se plantea una huelga o movilización ya que se considera que no merece la pena luchar por el trabajo. El tiempo se ha vuelto uno de los bienes más preciados de la plantilla. 

Sobre todo el tiempo que consume o ha consumido trabajando en unas condiciones lamentables que se están volviendo actualmente en su contra por la falta de personal, el aumento de los riesgos psicosociales, etc., con el agravante de la animadversión por parte de parte de la ciudadanía hacia los y las trabajadoras ante la constante desinformación, totalmente premeditada, a la que nos están acostumbrando. 

No tener tiempo material para la vida y que toda ella bascule en precariedad laboral, abuso de la contratación, procesos selectivos continuos, escasos y con contenidos totalmente desproporcionados. El porcentaje efectivo de vida que disfrutamos para realizar aquello que verdaderamente nos llena como personas se está reduciendo a lo absurdo. El tiempo y la vida se acaban y es algo que la plantilla cada vez tiene más claro y lo ha visto todos los días de forma exponencialmente mayor con esta pandemia. 

La plantilla ha demostrado y ha expresado que esto no puede continuar así, hay que buscar la forma de disminuir el tiempo que la plantilla invierte para tener unas condiciones laborales y de vida dignas. Estamos dando un servicio que en este momento no asegura la calidad de cuidados, en el que la presión laboral tiene un componente físico y psicológico que está desmontando el aspecto vocacional de los cuidados. 

Nos sentimos vendidos a las políticas neoliberales de trabajo al mejor postor y que ha tenido su máxima expresión con la pandemia del Covid que ha evidenciado las carencias de los sistemas públicos de salud. Estamos dilapidando gran parte de nuestra vida buscando una vida mínimamente estable pero lo único que tenemos es precariedad.

Josemi Ablitas. Delegado de LAB Osasunbidea

miércoles, 22 de diciembre de 2021

BANDERA ROJA SIEMPRE TIENE UN MINISTERIO

 Manuel Castells se va, entra Joan Subirats, y la organización Bandera Roja sigue sentada en el Consejo de Ministros. Esta podría ser una de las lecturas del cambio ministerial anunciado anoche. El profesor Manuel Castells abandona el ministerio de Universidades a punto de cumplir los ochenta años, por razones de orden personal, que tienen que ver con la edad  y su estado de salud, según la carta remitida al presidente del Gobierno que hoy publica La Vanguardia. Le sustituye el profesor Joan Subirats, diez años más joven, proveniente de la universidad catalana y de los círculos de izquierda que hace unos años ayudaron a forjar el movimiento que llevó a Ada Colau a la alcaldía de Barcelona.

 El profesor Castells fue propuesto por Colau. Pablo Iglesias, que en enero del 2020 hubiese preferido incorporar al equipo ministerial de Unidas Podemos al joven diplomático Ernest Urtasun, eurodiputado que inició su militancia política en  Iniciativa per Catalunya, optó por no contrariarla en aras de la unidad de acción con los Comunes. Hace dos años también se barajó el nombre de Rosa Lluch para el ministerio de Universidades. La hija del ex ministro socialista Ernest Lluch, asesinado por ETA en 2000, también está vinculada a los Comunes y es profesora universitaria, pero su nombramiento tampoco cuajó. 

Se va Castells y le sustituye uno de los más influyentes asesores que ha tenido la alcaldesa de Barcelona. Podemos considerar a Joan Subirats como uno de los arquitectos del movimiento político hoy conocido como los comunes (Catalunya en Comú), que además de gobernar la capital catalana en coalición con los socialistas, también juega en estos momentos un papel relevante en el Parlament de Catalunya, puesto que su voto será decisivo para la aprobación de los presupuestos del 2022. En propiedad, el gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez lo forman PSOE, PSC, Unidas Podemos y Catalunya en Comú. Visto así, se comprende mejor porque la derecha española sigue teniendo como uno de sus principales objetivos la desestabilización interna de la sociedad catalana. 

Castells se va, entra Subirats, y Bandera Roja sigue teniendo un sillón en el Consejo de Ministros. Esta es una interesante historia que nos remonta a los años sesenta. Quienes vivieron aquella época con interés por la política sabrán de qué estamos hablando. Puesto que han pasado muchos años y el número de veteranos va menguando, hay que volverlo a explicar. A mediados de la década de los sesenta, el Partido Comunista de España, en aquellos momentos la principal fuerza política de oposición a la dictadura del general Franco, sufrió una fuerte convulsión interna que culminó con la expulsión de tres de sus dirigentes con mayor perfil intelectual: Fernando Claudín, Jorge Semprún y Francesc  Vicens. Claudín, antiguo delegado del PCE en Moscú, era el número dos del partido. Semprún, nieto del relevante político conservador Antonio Maura, había sido uno de los principales pivotes de la reorganización clandestina del partido en Madrid. Y Vicens, crítico de arte y futuro director de la Fundació Joan Miró, estaba al frente de la organización de intelectuales del PSUC, el partido comunista catalán, asociado al PCE.

 Claudín y Semprún, con Vicens un poco más en segundo plano, consideraban que los cambios que se estaban produciendo en la sociedad española como consecuencia del Plan de Estabilización del 1959 podían conducir a una mayor duración de la dictadura, pese al crecimiento de la conflictividad social, en las fábricas y en las periferias urbanas, donde se hacinaban miles y miles de personas emigradas del campo a la ciudad. Había más tensión en la sociedad, pero el éxito material del ‘desarrollismo’ ensanchaba la base social del régimen. Su diagnóstico era el siguiente: la dictadura va para largo y hay que prepararse para una evolución gradual de la misma. La dirección del PCE sostenía lo contrario: las huelgas generales en Asturias y el País Vasco, el significativoo cambio de posición de la Iglesia católica y las protestas en la universidad son señal inequívoca de que la dictadura está perdiendo apoyos. El régimen puede caer si se produce una fuerte movilización en su contra. Hay que moverse rápido. Claudín y Semprún consideraban que la posición mayoritaria pecaba de voluntarismo y de “subjetivismo”, mientras que la plana mayor del PCE acusaba a los disidentes de cultivar un “objetivismo” desmovilizador. La discusión duró más de un año y concluyó con la expulsión de Claudín, Semprún y Vicens. Esa decisión causó un impacto muy negativo en no pocos jóvenes militantes del PCE y del PSUC del ámbito universitario y profesional. Aspiraban a una discusión política más libre y más flexible. La clandestinidad exigía disciplina, pero la época reclamaba libertad de opinión. Estaba naciendo la figura del ‘disidente’. El ‘disidente’ Jorge Semprún (Federico Sánchez, en la clandestinidad) no tardó en convertirse en una figura de gran relieve intelectual en París.

Año 1964.  Santiago Carrillo no quería ser cuestionado en el PCE y estaba muy atento a los cambios que, de nuevo, se estaban produciendo en Moscú. Nikita Kruschev, el secretario general del PCUS que había denunciado los crímenes del estalinismo en 1956, acababa de ser apartado del cargo por una coalición de burócratas encabezada por Leonid Brézhnev. Regresaba la ortodoxia y Carrillo entendió que debía estar en sintonía con aquel cambio de rasante. Mano dura con los disidentes. Cuatro años después se produciría la intervención soviética contra la ‘primavera de Praga’, el intento de liberalización del socialismo en Checoslovaquia ).

Hubo bajas y de aquellas bajas surgió la Organización Comunista de España ‘Bandera Roja’, fundada en Barcelona en 1968, al calor de los acontecimientos de París y de Praga, con admiración por el maoísmo (la moda de la época), con muchos círculos de debate y una clara predilección por el trabajo intelectual. La cuestión del maoísmo exigiría un artículo aparte. Los jóvenes izquierdistas europeos que profesaban admiración por Mao Zedong no tenían mucha idea de lo que estaba pasando en China en aquellos momentos, pero expresaban con ese lenguaje su rechazo a los veteranos burócratas que habían tomado el mando en la Unión Soviética. La URSS y la República Popular China habían roto relaciones y esa ruptura acabaría siendo un factor determinante de la política internacional, que Estados Unidos no tardó en entender y gestionar con el célebre viaje de Richard Nixon a Pekín.  Hubo maoístas europeos ingenuos y abnegados. Y hubo maoístas un poco más perspicaces, que, con el paso del tiempo, acabarían siendo mandarines. (Zhou Enlai, el gran consejero de Mao, era hijo del mandarinato imperial chino). Los caminos de la progresión social son inescrutables, así en Barcelona como en Pekín.

Bandera Roja alcanzó un notable arraigo en la universidad de Barcelona, con presencia en otros puntos de España, especialmente, Madrid. Muchos estudiantes y profesores, pero también jóvenes sindicalistas. Una de sus aportaciones, sobre todo en Barcelona, fue dar mucha importancia al trabajo en las asociaciones de vecinos. Un joven partido de cuadros, en el que bajo una ligera patina ‘maoísta’, imperaba una cierta mirada antidogmática. Una rara combinación de izquierdismo, elitismo y pragmatismo. Claudín y Semprún no militaron nunca en Bandera Roja, tampoco Francesc Vicens, pero dos de sus discípulos, Jordi Solé Tura y Jordi Borja se convirtieron en figura destacadas de aquel joven partido antifranquista.

Agobiado por los efectos de la invasión de Checoslovaquía, Santiago Carrillo dio otro golpe de timón a principios de los setenta. Se alejó más de la URSS y ofreció a Bandera Roja el reingreso en el PCE y el PSUC, creyendo que ese gesto también le permitiría la reconciliación con su viejo camarada Fernando Claudín. La dictadura se acercaba a su final, ahora sí, y Carrillo, siempre sagaz, intuía que necesitaba un partido más flexible, más ‘liberal’ y mejor conectado con las jóvenes generaciones. El reingreso se produjo básicamente en Catalunya con el consiguiente fortalecimiento del PSUC. No todos los militantes de BR siguieron, sin embargo, ese camino. Algunos abandonaron la militancia política y otros empezaron vislumbrar que el PSOE era la mejor opción de futuro. Así fue como Jordi Solé Tura, un hombre de gran coherencia personal, se convirtió en uno de los principales dirigentes del Partido Comunista en la transición y en ponente de la Constitución. En líneas generales, la gente de Bandera Roja fue puntal de la línea “eurocomunista”, la línea pactista que hizo del PCE-PSUC un relevante protagonista de la transición, ganándose la enemistad del sector comunista que recelaba del pragmatismo del grupo dirigente y deseaba una mayor sintonía con la URSS. Esas contradicciones acabaron estallando en el PSUC con una fuerte escisión que significó en términos reales la muerte de un partido fundamental en la historia de Catalunya desde 1936. La política catalana cambió de signo con la muerte clínica del PSUC: Jordi Pujol pudo desplegar con mayor comodidad su proyecto de hegemonía. En aquellas circunstancias, la pequeña galaxia Bandera Roja se dispersó.

Un paciente trabajo astronómico aún permite localizar antiguos fragmentos de BR en lugares destacados de la actual vida política y profesional. A izquierda, pero también a la derecha. Lo hemos visto antes:  BR fue un partido de cuadros. Pasaron por Bandera Roja siendo jóvenes universitarios al menos tres ministros de José María Aznar: Josep Piqué (Asuntos Exteriores), Pilar del Castillo (Educación) y Celia Villalobos (Sanidad). Jordi Solé Tura acabó siendo ministro de Cultura con Felipe González, sucediendo en el cargo a Jorge Semprún.  Otros exmilitantes de BR trabajaron con sucesivos gobiernos socialistas, como Antonio Zabalza, secretario de Estado de Hacienda, y José Luis Martín Palacín, subsecretario de Interior. Jordi Borja se integró, durante unos años, en el equipo del alcalde Pasqual Maragall. (Borja también contribuiría muchos años más tarde a la candidatura de Ada Colau a la alcaldía de Barcelona). Alfonso Carlos Comín, promotor de la corriente Cristianos por el Socialismo, una de las figuras más relevantes de aquel partido, murió demasiado joven y no tuvo que hacer frente a los dilemas de los años ochenta. Izquierda y derecha. Un joven militante de BR llamado Regino García Badell acabaría siendo jefe de gabinete de Esperanza Aguirre y hoy forma parte de los círculos de apoyo a Isabel Díaz Ayuso. También hay fragmentos de BR en el independentismo catalán. Ferran Mascarell, antiguo concejal y consejero de Cultura de Pasqual Maragall, fue fichado en 2011 por Artur Mas, convirtiéndose en uno de sus principales colaboradores. Después de la marcha de Carles Puigdemont a Bruselas, este dudó a la hora de designar un presidente de la Generalitat vicario: tenía la opción de Mascarell sobre la mesa, pero optó por Joaquim Torra, al que creía más obediente. Si hubiese elegido a Mascarell, Junts per Catalunya hoy conservaría la presidencia de la Generalitat.

BR también está en la genealogía de profesionales que han destacado en el mundo de la empresa. Pertenece a ese linaje uno de los principales colaboradores de José Luís Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2008, Miguel Barroso, entonces secretario de Estado de Comunicación y hoy destacado ejecutivo de una empresa de comunicación. También se atribuye una antigua militancia en BR al radiofonista Federico Jiménez Losantos, furibundo anticomunista y tenaz promotor  del liderazgo de Díaz Ayuso en la derecha española. Un frondoso árbol con muchas ramas.  Y así llegamos hasta a Manuel Castells y su sucesor, Joan Subirats, ministros de Pedro Sánchez.

En pocas palabras, Bandera Roja hizo las funciones de academia de formación política en unos años en que sólo se podía aprender política en las organizaciones del Movimiento y en los principales grupos de oposición a la dictadura, en aquellos momentos encabezados por los comunistas. Se aprendía política en el veterano PCE y en Comisiones Obreras (ahí estuvo el padre de Yolanda Díaz), en algunas parroquias y secciones de la  Acción Católica, en el Partido Nacionalista Vasco y la Universidad de Deusto, y en los ámbitos nacionalistas que fue ensanchando Jordi Pujol en Catalunya. El PSOE reabrió aulas en 1975 con el apoyo de la fundación Friedrich Ebert, vinculada al Partido Socialdemócrata Alemán. La academia de Bandera Roja fue un caso singular. Sin ánimo de ofender a nadie, podríamos decir que ha sido el Opus Dei de la izquierda. Selectos, influyentes y bien colocados.

Enric Juliana, en La Vanguardia


martes, 21 de diciembre de 2021

NEGUBURU, EGUBERRI ETA OLENTZERO

 Aro zaharretan gure arbasoek urtea bi zatitan banatu zuten: uda eta negua. Hainbat ikerlariren ustez, lehenak badu zer ikusirik urarekin eta bigarrena Paleolito Aroan gurtzen zuten Egu izeneko jainkoarekin. Mari lurraren pertsonifikazioa den bezala, Egu loturik zegoen zeruarekin. Gaur egun, oraindik, hitz anitz erabiltzen dugu egu hitzaz osaturik direnak: eguraldi, eguena, eguaztena, egubakoitz, eguerdi, eguberri, eguzki, egun…

Bittor Kapanagaren irudikoz, negu behe egutik letorke, hau da, zeru iluna nagusi den garaia. Geroago uda hiru zatitan banatu zen: udaberria (uda etorri berria), uda goiena (eguzkiak zeru goia jotzen duen aldia) eta uda azkena (udaren azken aldia). Urtea horrela banatzeko, Europa osoan zabaldurik zeuden euskaldun zaharrek, gaur protoeuskaldun deitzen duten horiek, solstizioak eta ekinozioak baliatu zituzten.

Neguburua dugu neguko aldirik gorena, hau da, neguko solstizioa ere deitzen duguna; eta udaburua udako aldirik gorena, udako solstizioa deitzen duguna. Tartean ditugu udaberriko ekinozioa eta udazkenekoa.

Neguko eta udako solstizioak

Europa zaharreko mundu-ikuskeran, zeruan bazen jainkosa bat, Eguzki edo Eki deitua zena, berotasuna, bizitza, uztak…, gizakiari ekartzen zizkiona eta urtero, neguburuan sortzen edo jaiotzen zena. Hau oso zabalduta egon zen Europako herri zahar guztien artean, ez bakarrik euskaldunen artean, erromatarrek ere gauza bera erraiten zuten. Europako egutegi zaharretan, neguburua abenduaren 25ean zen eta udaburua ekaineko 24an. Neguburuan, eguzki berria sortzen zela pentsatzen zuten, eta euskaldunok Eguberri deitzen genion egun horri, hau da, eguzki berriaren eguna.

Abenduaren 25etik aitzina eguzkia indartzen eta handitzen hasten zen. Udaberria etortzean, lurra esnatzen zuen, eta harekin hartz mitikoa eta gizaki bera ere. Uda etorri berriaren garaia da, bedatsea ere deitua, hau da, belarraren lehen hatsa. Abenduko 25etik udaberriko solstiziora (martxoaren 21a) doan denbora negua zen, eta hartzaroa edo inautea hartza eta lurra iratzartzeko denboraldi luze, hits, ilun eta sakratua, erritoz betea zena; gaur zuberotarrek maskaradez betetzen duten denboraldi erritual berbera.

Udaburuan, gaurko ekainaren 21ean (garai zaharretan ekainaren 25ean), eguzkiak zeruko gaina edo goia jotzen zuen. Batzuren ustez ekaina hori izan daiteke, eki + gaina. Eguzkiak indar oroz argitzen zuen zeruan. Hortik aitzina eguzkia behera zihoan, Udazkeneko ekinoziora iristean, hau da, irailaren 22ra, aski indarge zegoen jadanik. Abenduaren 24an, eguzki zaharra hiltzen zen, eta 25ean beste eguzki berri bat pizten zen zeruan. Hori zen beste ziklo baten hastapena, euskaldun zaharren gogoan.

Europa osoan barna zabaldu zen kristau erlijio berriak ezin izan zituen eguzkiaren zeru ibilaldiarekin loturiko errito jentil zaharrak ezabatu, eta horiek beren kultura bereganatu nahian, Julio II.a aita sainduak 354an ospatu zuen lehen aldiz Jesukristoren jaiotza, eguzkiaren sortze egun berean, hau da, garai hartan abenduaren 25ean erortzen zen neguburuan. Hortxe ezarri zuten Jesusen jaio eguna edo Natibitatea, historian inolako arrastorik ez duena. Horrela, Euskal Herrian, Eguberri eguzkiaren jaiotze eguna izatetik Jesusen jaiotze eguna izatera pasatu zen.

Udaburuarekin gauza bera gertatu zen. Udaburua abenduaren 24an erortzen zen aro zaharretan, eta hortxe asmatu eta ezarri zuten Jondoni Joane edo San Joan eguna. Horrela trikimailu horren bidez, Europako errito zahar guztiak kristau erlijiorako bereganatu zituzten.

1528an Gregorio XIII.a aita sainduak egutegi berria egin zuen, gaur gregoriarra deitzen eta erabiltzen duguna. Egutegi berriaren egokitzapen eta ezarpenak hainbat eguneko aldea ekarri zuen. Horrela egutegi berrian neguburua abenduaren 21-22an gelditu zen eta udaburua, berriz, ekainaren 21-22an. Baina jadanik, besta kristau bilakatuak ziren Eguberri eta San Joan data zaharretan gelditu ziren, hau da, abenduaren 25ean eta ekainaren 24an. Hauxe da, solstizio egunen eta Eguberri eta San Joanen artean, gaur ditugun hiru egun edo hiru egun eta erdiko aldearen arrazoia.

Neguburuan, Gipuzkoan eta Bizkaian san Tomasak ospatzen dituzte gaur, eta udaburuan, ez da deus berezirik ospatzen. Besta handiak orain, hiru egun berantago ospatzen ditugu, hau da Eguberri eta San Joan kristauetan.

Euskal sinesmen zaharretan, errito solstizialak loturik zeuden lurraren pertsonifikazioa den Mari jainkosarekin, eta alaba duen Eguzki edo Eki-rekin. Ekinozio jaietan, berriz, Mariren senarra zen Sugaar, Maddu edo Herensugerekin. Ekaitzetako garaia zen, eta tximistak eta trumoiak zeruetan ziren nagusi. Udaberriko ekinozioa inaute zaharra zen, eta hortxe kristauek garizumaren aurreko karnabala arautu eta finkatu zuten, inaute jentil zaharra ezabatuz edo bereganatuz. Udazkeneko ekinozioaren inguruan, irailaren 29an, San Migelen kultua ezarri zuten, sugetzarra edo herensugea hil zuen saindua. Horrela ezabatu zuten euskal gogo zaharretik Sugaar edo Herensugeren oroitzapena.

Euskaldunok badugu beste pertsonaia bat, abenduaren 24an kokatzen duguna. Olentzero, Olentzaro, Orentzaro, Subilaro… deitzen duguna, eta gaur, tamalez, eraldaturik eta kontsumismoaren garretan amildurik, ospatzen duguna. Badirudi pertsonaia hau Eguberriaren iragarlea dela, hau da, Ekiren jaiotzaren iragarlea garai zaharretan, eta Jesusen jaiotze egunaren iragarlea aro berriagotan. Kantu zaharretan Jesus agertzen dela beti erran behar badugu ere, oroitu beharra daukagu Joxemiel Barandiaran apaiz etnografo handia izan zela euskaldun zaharrek Jesus baino lehenago Eki gurtzen zutela eta Olentzero ziur aski, hastapenetan Ekiren iragarlea izan zela garbiki aldarrikatu zuena. Gerora Jesusen jaiotze eguna iragartzera pasatu bazen ere.

Hauxe da, nire ustez, aipatu egunen erranahia. Neguburua neguko solstizioa da, garai zaharretan Eguberri ere deitu izan zena (abenduko 21a). Gaur Eguberri kristaua abenduaren 25ean ospatzen dugu, egutegi gregoriarrak ekarri zuen hiru eguneko atzerapenarekin. Eta Olentzero jentila zena, iragarle kristaua izatera pasatu zen. Ederra da euskaldunok gure ohitura eta sinesmen zaharretan oraindik atxikitzen dugun altxorra. Luzaz hala bekigu.

Joseba Aurkenerena Barandiaran (Elinberrin)

LAS OPOSICIONES DE LA NO IGUALDAD DE CONDICIONES

 Cuando me preguntan que es para mí la enfermería siempre se me ha llenado la boca al pronunciar la palabra vocación, siempre he sentido orgullo de no solo ser profesional de la enfermería sino de sentirme enfermera, de sentir la enfermería integrada en mi vida formando parte de mi filosofía. La posibilidad de poder cuidar, de aliviar, de acompañar a mis pacientes es una de las cosas más maravillosas que me otorga día a día mi profesión, pero no solo a la hora de ejercerla sino a la hora de educar a mis hijos, a la hora de disfrutar de mis amigos o de mi familia.

Después de año y medio de pandemia no puedo decir que haya sentido flaqueza a la hora de ir a trabajar ,siempre me he sentido, en  este periodo, como alguien privilegiado al que se le otorga el poder de devolverle a  mi sociedad todo lo que ésta me ha dado a lo largo de mi vida, pero aunque siempre he sido optimista hoy en día siento rabia por la poca empatía que percibo entre diversos componentes de nuestro sector y sobretodo la situación tan inoportuna que ha generado para todos los profesionales de enfermería las actuales oposiciones convocadas por salud. Durante estos meses de pandemia la mayoría de los profesionales nos hemos dejado la piel para sacar el trabajo adelante, hemos renunciado a nuestras familias siempre que se nos lo han pedido y creo que esta convocatoria no es oportuna.

En estos momentos inmersos en la sexta ola cientos de profesionales de enfermería se han borrado de las listas de contratación, porque su prioridad es este examen que la administración ha decidido incluir en su objetivo primordial, antes de valorar las prioridades sanitarias, estos días las jefaturas deben pedir favores para poder cubrir turnos, se solicita que personas con jornadas reducidas por necesidades demostradas renuncien hasta el 31 de enero porque la sociedad los necesita, se piden voluntarias para vacunar.  Y todo ¿por qué? 

No suelo ser mal pensada pero últimamente todos los movimientos administrativos han jugado en nuestra contra, yo como muchas compañeras de mi generación hemos ocupado durante varios años vacantes o puestos no creados de los que nuestra administración se dio prisa en echarnos el pasado 30 de abril, sin previo aviso y en medio de una pandemia nuestros puestos fueron cambiados, en tres días y sin un día de descanso fuimos reubicados en otros puestos de trabajo. No es necesario decir lo inoportuno que supuso para las plantas y servicios esta reubicación todo el mundo nuevo en puestos que las personas salientes desempeñaban con total eficacia.

No debemos obviar que para esa fecha  la administración ya conocía los movimientos pertinentes hechos por el gobierno para luchar contra la ley de fijeza que intentaban negociar con los demás partidos. Nos colaron un gol pero nosotros estábamos bastante centrados en no perder el trabajo y pocos sabíamos de esta treta tan bien orquestada. En mi caso como  en el de muchas personas más nos cambiaron de número de plaza cuando había trascurrido 4 años 10 meses y 23 días de la firma de mi actual contrato. Al día siguiente seguía siendo enfermera del HUN pero como a la mayoría de mis compañeros ya no haríamos los 5 años de su pacto aunque yo lleve 20 años trabajando para el mismo empleador los últimos 9 sin un día de desempleada.

Ahora han sacado una convocatoria, con 406 plazas de las cuales muchas de ellas son de estabilización, son plazas que deberíamos de ocupar personas que las hemos estado desempeñando durante muchos años bajo fraude de ley, de las cuales la administración nos ha despedido sin recibir ninguna indemnización, y nosotros no hemos podido opositar a esas plazas simplemente porque era más barato que la ocuparan eventuales a fijos. Y entonces no se sacaban.

Ahora vuelven a colarnos otro gol, en plena pandemia y con las fuerzas mermadas, frustrados, pero una gran mayoría demostrando que nosotros si tenemos sentido de la responsabilidad,  y dándolo todo  por nuestros pacientes y por nuestra sanidad.

 Muchos diréis que cada persona es libre de priorizar si trabaja o estudia, si hace las dos cosas, si prioriza su familia o su obligación , pero cuando te das cuenta que tu condición de enfermera no te permite dejar a tus pacientes de lado, cuando tu no renuncias a trabajar por estudiar , cuando ves que muchas de tus compañeras también hacen lo mismo que tú ,te sientes respaldada, pero a la vez te sientes defraudada, cuando ves que la mayoría de las enfermeras que forman tu equipo de trabajo pertenecen a tu misma generación, esas enfermeras a las que se les ha privado de sus derechos,  esas  enfermeras que siguen día a día cuidando a sus pacientes y estudiando a ratos después de cuidar a sus familias,  a sus padres mayores etc. te das cuenta que estas oposiciones son las de la no igualdad de condiciones, las de la desigualdad generacional, las oposición que no valorará la lealtad a una forma de trabajo, sino que valorará los puntos comprados con máster supe originales y súper caros que no te enseñan a ejercer tu profesión , que no te muestran la esencia de nuestra profesión , aunque si te dan esos puntos extras que harán de ti un funcionario fijo.

Otros llegaran a febrero, posible fecha del examen, descansados, frescos con todo el temario estudiado y cómo no, dirán que están en igualdad de condiciones, pero no señores yo creo que no, estas oposiciones pasarán a la historia por ser las oposiciones de la no igualdad de condiciones, de las tretas políticas por no reconocer sus errores y las oposiciones del no reconocimiento  a unos profesionales que han sabido estar a la altura de las circunstancias. Sólo  una entidad tendrá la culpa, y es la administración.

Estas oposiciones  será la convocatoria colocada con pinzas para evitar que cientos de profesionales que tenían  por derecho  optar a su fijeza por trabajar durante años en fraude de ley no puedan reclamarla, personas a las que la administración vuelve a defraudar, pero no nos olvidemos que quizás nunca consigamos ser fijas pero si enfermeras.

 Quizás la administración debiera replantearse su forma de evaluar y el momento.

 Reyes Barrero Herrero (Carcastillo)

lunes, 20 de diciembre de 2021

RETOS PENDIENTES DE LA SANIDAD NAVARRA

En términos políticos, cualquier proyecto en el campo de la Salud que pretenda alcanzar mejoras significativas para la ciudadanía trascenderá el límite de una legislatura de 4 años. Ello implica la necesidad de una cierta continuidad en acciones y programas de sucesivos gobiernos, olvidando actitudes rupturistas que impiden alcanzar objetivos ambiciosos: "El pasado es como una lámpara colocada a la entrada del porvenir" (Lamennais, 1782-1854).

Recientemente, la Fundación Tecnología y Salud otorgó sendos reconocimientos al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra: el primero por El mejor programa de crónicos impulsado por una comunidad autónoma, y el segundo como Reconocimiento a la entidad comprometida con la tecnología sanitaria. Se premiaba así un trabajo, la Estrategia de crónicos, iniciado en el 2º trimestre de 2015 con un programa piloto que puso en marcha el Gobierno de UPN pero que alcanzó un gran desarrollo con el impulso dado en la legislatura 2015- 2019, y que ha continuado durante la actual legislatura con las bases sentadas por el Gobierno de Uxue Barkos. En el caso del segundo galardón, el IDISNA languidecía hasta la legislatura de Geroa Bai, momento en que la inclusión de la UPNA en el Instituto en 2017 posibilitó su acreditación por el ISCIII en 2019. El reto para el Gobierno actual y sucesivos es impulsar su actividad y mantener su acreditación.

Sin embargo, no siempre se produce este beneficioso continuismo; hacer políticas continuistas resulta un término denostado. En la pasada legislatura se iniciaron y se presentaron en el Parlamento y en Gobierno proyectos de interés que no pudieron llegar a completarse porque la legislatura acabó antes de poderlos concluir. La consejera de Salud, Santos Induráin, reconocía en una entrevista en Diario de Navarra (30/9/2019) que "no partimos de cero. Hay estrategias que se han elaborado con gran consenso técnico y profesional que ahora toca llevar a cabo"; a pesar de eso, lamentablemente, son muchos los proyectos que no han tenido continuidad convirtiéndose en retos para el actual Gobierno y los posteriores.

La pandemia paralizó la actividad del Departamento de Salud. El 25 de mayo la consejera dijo en sede parlamentaria: "estamos marcando los tiempos a la pandemia", y el 22 de septiembre pasado el INSPL anunció que ya había acabado. Evidentemente, la pandemia no ha acabado, el virus sigue entre nosotros, y sigue marcando los tiempos del Departamento. En cualquier caso, habría llegado la hora de que abandone su inercia provocada por la pandemia y afronte los retos pospuestos desde el inicio de la legislatura en 2019. En Salud hay muchos problemas, algunos al menos tan graves como el covid-19 que, aparentemente, ha ocupado toda la actividad del Departamento de Salud al menos durante los últimos 20 meses.

Son muchos proyectos, estrategias, etcétera planificados o iniciados durante la legislatura pasada en los que poco o nada se ha avanzado y de los que se desconoce su grado de cumplimiento. Es hora de que el Departamento de Salud los retome. Puede, y debe, hacerlo. Resumidamente, haremos referencia sólo a aquellos con mayor repercusión sobre la salud y atención de la población.

Destaca la reforma de la Atención Primaria (AP), que debe acometerse sin demora porque, a pesar del esfuerzo de sus profesionales, su inadecuada gestión ha provocado un evidente deterioro. En la legislatura pasada se aprobó la Estrategia de Atención Primaria con amplia participación de los profesionales implicados y que recogía acciones pendientes y líneas de acción en su cronograma. Sin haberse iniciado, en esta legislatura se optó por revisarla "para adaptarla a la nueva situación provocada por la pandemia". Resultado: lejos de mejorarla, la inacción se ha adueñado de la gestión en Atención Primaria y el desánimo en sus profesionales, provocando un justificado malestar en éstos y en la ciudadanía.

Deben abordarse igualmente aspectos estrechamente ligados a la Atención Primaria: el rol de la enfermería, el desarrollo del decreto de prescripción de enfermería (facilitaría ampliar sus funciones), la coordinación entre pediatría hospitalaria y de primaria para mejorar la atención pediátrica y hacerla más eficiente, etcétera.

Igualmente es urgente planificar e implementar una estrategia global para la reducción de listas de espera, que han alcanzado cifras intolerables aunque se pretendan justificar por la pandemia.

Una nueva Ley Foral de Salud es necesaria para marcar las directrices de lo que se pretende que sea la sanidad en Navarra durante los próximos años. Debe garantizar aspectos esenciales como la universalidad de la asistencia, establecer el marco de colaboración público- privada, la creación de un Área Única de Salud que facilitaría la atención en Estella y Tudela, etcétera. Permitiría, además, el desarrollo de Distritos Sanitarios, Plan presentado al Parlamento a finales de la legislatura anterior y que pretendía ordenar y reforzar servicios que presta Atención Primaria y Comunitaria agrupando Zonas Básicas de Salud y descentralizando otros que actualmente se prestan en ámbitos superiores como el hospitalario, sociosanitario y de promoción de la salud, acercándolos a la población.

A día de hoy desconocemos lo pasos dados en la redacción de la nueva Ley Foral de Salud, que ya quedó muy avanzada al final de la legislatura pasada.

El Plan Director de Desamiantado, de gran interés para la salud pública, fue presentado en el Parlamento en mayo de 2019. Se trata del primer plan de estas características elaborado en España y proponía un Plan de Acción para cumplir el objetivo del Parlamento Europeo (2014) de erradicar todo el amianto en la UE para finales de 2032. Poco o nada se ha avanzado, como denuncia la Asociación ADAVAN.

Retos, además de otros no menos importantes, que también hay que afrontar son: Plan de Acción de Salud Laboral 2017-2020; planes interdepartamentales que garanticen la salud en todas las políticas; II Plan de acción de la Estrategia de envejecimiento activo y saludable; Programa de Detección Precoz de Cáncer de cérvix; infraestructuras de hospitalización en el HUN que permitan una atención más personalizada en el ámbito de la Salud Mental; continuar la Estrategia de humanización de Osasunbidea iniciada la legislatura pasada; creación de una empresa pública de transporte sanitario e internalización del transporte sanitario de emergencia; abordar la modificación del concierto con el Hospital San Juan de Dios, etcétera. Puntos, estos dos últimos, en los que el PSN fue especialmente insistente la legislatura anterior.

Capítulo aparte merece la necesidad de continuar el análisis de la situación de todos los profesionales de la salud. Es prioritario abordar distintos aspectos económicos y laborales: retribuciones, reconocimiento del trabajo en plazas de difícil cobertura, sobrecarga laboral y distribución de cargas de trabajo, regulación y ampliación de competencias y atribuciones, etcétera, y no sólo de los profesionales de la Medicina sino de todos los perfiles sociosanitarios.

Ana Ansa, Fernando Domínguez y Miguel Aizcorbe, en representación del Grupo de Trabajo de Salud de Geroa Bai

EL MODELO LINGÜÍSTICO CATALÁN QUE LA EXTREMA DERECHA PRETENDE DESTRUIR

 “Hay profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños si hablan castellano”, decía el secretario general del Partido Popular el pasado día 17. Y añadía entre otras necedades que hay niños que por hablar castellano en Cataluña “se les pone piedras en la mochila”. Hay la tentación de pensar que semejantes tonterías así serán inmediatamente percibidas por la ciudadanía. Pero ¡no! Puesto que muchas personas en el reino de España están dispuestas a creérselas. Como podíamos leer hace unos días en un artículo: “El temible peligro que supone el catalán para una lengua que comparten seiscientos millones de hablantes puede parecer cosa baladí, disparatada, pero la gente aquí en España se la cree, es un discurso aceptado a pesar de los estudios y estadísticas, y los periódicos lo pueden dar con impudor cada vez que no se les ocurre otra cosa”. Efectivamente, hay una parte de la población que está predispuesta a creerse todas estas fábulas. La extrema derecha española (¿hay una derecha no extrema en este reino?) utiliza este tipo de demagogia para fomentar el odio hacia todo lo que huela a catalán. Y alguna izquierda lo tolera de forma vergonzosa, a veces mirando a otro lado. Y la política catalanófobica de la derecha es claramente una política pensada, diseñada y de consecuencias devastadoras para todo lo que vagamente tenga que ver con democracia.

Las declaraciones del dirigente del PP, que al fin y al cabo eran quizás un poco más descerebradas de lo habitual pero en ningún caso aisladas, se producían pocas horas antes de una manifestación convocada por Som Escola en defensa de la lengua catalana y contra las sentencias judiciales cada vez más agresivas contra un modelo lingüístico que ha tenido el consenso de la sociedad catalana desde hace décadas, con la excepción de la extrema derechaEl llamado sistema de inmersión lingüística. La inmersión lingüística es una metodología de aprendizaje que consiste en la exposición total o parcial a la lengua, y lo hace en todas las etapas del proceso de aprendizaje de los niños y niñas, desde que son pequeños hasta que llegan a la etapa adolescente. Es una de las estrategias de aprendizaje que más suele llevarse a cabo en la etapa escolar en cualquiera estado del mundo. Pero para la derecha extrema española lo que se practica en Cataluña no es eso sino algo así como una discriminación permanente del castellano. Debe recordarse que el modelo de inmersión lingüística fue una propuesta de la izquierda catalana hace ya muchos años. Concretamente fue una propuesta inicialmente del PSUC, el principal partido antifranquista de Cataluña, que defendió, a diferencia de la derecha autonomista catalana, que la lengua catalana fuera la lengua vehicular. La RAE define como “Lengua usada habitualmente por la comunidad educativa en sus relaciones cuando existen diversas lenguas maternas entre sus miembros”. Es un modelo que ha tenido la aceptación de partidos que van desde el Partido Socialista de Catalunya, pasando por los Comunes hasta la CUP. Como explicaba en un artículo en Sin Permiso Daniel Escribano:

La Ley del Parlament 7/1983, de 18 de abril, de normalización lingüística, estableció que “[l]os centros de enseñanza deben hacer de la lengua catalana vehículo de expresión normal” (art. 20) y, para las poblaciones con más de un 70% de alumnado no catalanohablante, a partir del curso 1983-84 el gobierno catalán empezó a aplicar el programa de la denominada inmersión lingüística, consistente en la impartición de la enseñanza entre los 3 y 7 años íntegramente en catalán, con el español como asignatura. La Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, declaró el catalán lengua vehicular de toda la enseñanza no universitaria (art. 21.1). El sistema de conjunción lingüística en catalán adquirió rango estatutario con la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña, que recogió el precepto según el cual la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza" (art. 6.1), tanto universitaria como no universitaria (art. 35.1). Asimismo, el sistema también prevé atención individualizada en castellano para el alumnado de primera enseñanza cuyos progenitores o tutores lo soliciten (Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación, art. 11.4). En lo tocante al occitano en Arán, es de aplicación el mismo régimen que el establecido respecto al catalán en la Cataluña estricta (Ley 12/2009, art. 17; Ley 35/2010, de 1 de octubre, del occitano, aranés, en Arán, arts. 13-14; Ley 1/2015, de 5 de febrero, de régimen especial de Arán, art. 8.1.c).

No se trata de arrinconar al castellano, no se trata de discriminar a los castellanoparlantes. ¿Es necesario volver a recordar que, según informes del propio Ministerio de Educación español, la competencia lingüística en castellano del alumnado catalán es algo superior a la media de comunidades donde el castellano es la única lengua vehicular, como Andalucía, Murcia, Extremadura o Canarias?

No es “nacionalismo lingüista catalán” porque como el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Juan Carlos Moreno Cabrera, señalaba no hace muchos años: “el único nacionalismo lingüístico que existe hoy es el español”. Pero tal afirmación debe considerarse increíble en muchas partes del reino de España.

La movilización en defensa de un modelo lingüístico de convivencia que la derecha extrema quiere destruir

El sábado 18 de diciembre miles de personas se manifestaron en Barcelona en contra de la inaceptable intromisión de los jueces del Tribunal Supremo de imponer como obligatoria un 25% de enseñanza en castellano en las escuelas de Catalunya. Todas las fuerzas políticas, sindicales y asociativas, con la evidente excepción de C,s, PP y Vox, han protestado contra este ataque a la lengua. También el PSC, aunque no participó en la manifestación. La protesta fue convocada por Som Escola y ha sido una muestra de determinación, de protesta y de compromiso en defensa de la lengua. La defensa del catalán ha unificado a las escuelas, entidades, sindicatos y partidos frente a todos los obstáculos y represiones.

La alianza no disimulada entre las derechas y la judicatura está imponiendo una regresión democrática en toda regla. Cuando la derecha está en el poder impone leyes como la llamada Ley Mordaza, una evidente serie de medidas de recorte de derechos, o la Reforma Laboral, una limitación enorme de la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios. Y si las mayorías parlamentarias no son suficientes, siempre está detrás y lista para la acción la judicatura.

En el caso del catalán, la intromisión judicial en las decisiones políticas viene de mucho tiempo atrás. En la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya estableció “como principio que el castellano debía ser lengua vehicular en la enseñanza”, reinterpretando y legislando (cosa que formalmente no puede hacer) por encima de lo que dice la Constitución. En el artículo 3 de la Constitución dice: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. O sea, el TC le da una vuelta a la Constitución y acaba decidiendo lo que no dice: que el castellano tenga que ser lengua vehicular. Y si ahora se obliga a impartir un 25% es otra vuelta de tuerca más. Por encima del Parlament de Catalunya, del Estatut de Catalunya, sin ninguna decisión del legislativo… solo porque los jueces son la avanzadilla contra los derechos y libertades, y particularmente en lo que se refiere a Cataluña.

Es una larga historia de oprobios contra los idiomas de otras naciones en el reino de España. Recordemos que el actual rey huido declaró en el 2001: “Nunca fue la nuestra, lengua de imposición, sino de encuentro; a nadie se le obligó nunca a hablar en castellano…”. Una tergiversación olímpica del Borbón. Solo hay que recordar que el franquismo prohibió y persiguió las otras lenguas del Estado, como se hizo con el catalán en el siglo XVIII y durante la dictadura de Primo de Rivera. Esas mismas políticas que ahora claman por la imposición de un nuevo 155. No es solo la imposición del 25%, ya que esa decisión forma parte del plan para intentar doblegar al movimiento soberanista e independentista catalán.

No existe un problema lingüístico en Cataluña. Ni en la escuela ni en la sociedad catalana se ataca al castellano, los que tienen que defender una lengua minoritaria saben del valor que significa una lengua como para atacar otras. Son los jueces y las derechas quienes quieren crear un enfrentamiento por la lengua. La realidad es que los niños y jóvenes acaban la escuela dominando ambos idiomas, como lo demuestran todos los estudios y encuestas. Pero también es una realidad la pérdida social del catalán, evidenciado en los últimos años.

El ejemplo de Suiza

Existe una relación directa entre las libertades democráticas y como un país trata a sus lenguas. Suiza es un ejemplo. Son muy discutibles muchos aspectos de la vida política y social suiza, pero es de admirar la manera en que conviven sus diferentes lenguas.

Suiza es una confederación, resultado de un libre acuerdo entre iguales de sus diferentes componentes. La Constitución suiza (art. 4) reconoce 4 idiomas nacionales y oficiales: alemán, francés, italiano y romanche (un idioma de origen románico). Este último, a pesar de que lo hablan menos de 100.000 personas, es oficial solo en “las relaciones [de la Confederación] con las personas de lengua romanche”. Por ley, todos los documentos oficiales tienen que estar disponibles en los tres idiomas y la Administración está obligada a responder en el idioma en que se le dirija un ciudadano/a.

En cada cantón se imparte la enseñanza en su idioma correspondiente (alemán, francés, italiano o romanche) existe la obligación de estudiar un segundo idioma de la nación y se puede elegir un tercer idioma. Es fácil imaginarse lo que eso significaría en el reino de España. La enseñanza sería en el idioma de cada nación, español, catalán, vasco y gallego, y los alumnos estarían obligados a aprender otro idioma de entre esos cuatro. Por ejemplo, un niño vasco podría elegir como segundo idioma entre el español, el gallego o el catalán; y lo mismo un español respecto a las otras tres lenguas. La Administración, la judicatura, la policía, estaría obligada a responder en el idioma en el que un ciudadano o ciudadana se dirigiera a ella. Y, evidentemente, en las Cortes se podría hablar en cualquiera de las cuatro lenguas. ¿Puede haber un ejemplo mayor de desprecio hacia las lenguas minoritarias en el reino de España que los diputados no puedan hablar en catalán, vasco o gallego? Para algunos esto no es nacionalismo español, simplemente debe tratarse de cosmopolitismo abierto de miras.

En Suiza, el alemán es la lengua principal para más del 60% de la población. El francés lo es para el 20% de los suizos y el italiano para el 6,5%. Alrededor del 10% habla lenguas no nacionales (inglés, portugués, español, serbio, etc.). Cuatro cantones (Berna, Friburgo, el Valais y los Grisones) y una ciudad (Biena) son oficialmente bilingües o trilingües. Todo un mosaico de lenguas que conviven razonablemente bien en la medida en que son tratadas como iguales. Seguramente eso no evita roces ni dificultades. El alemán es el idioma vehicular más utilizado en las relaciones económicas y por el peso en la economía y las relaciones internacionales, el inglés tiene también mucho peso. Más de dos tercios de la población a partir de los 15 años utiliza habitualmente más de un idioma. Necesitan ese conocimiento para comunicarse entre sí, ya sea en el lugar de trabajo o en las cuatro diferentes regiones lingüísticas. Esa variedad idiomática es un riqueza intelectual y cultural para el conjunto de la población.

Ejemplos parecidos pueden encontrarse en Bélgica, en Quebec o en la antigua Yugoslavia y un caso particular es Estados Unidos en donde no hay un idioma oficial reconocido por la Constitución. El inglés es el idioma más utilizado y el español el segundo. Solo en algunos estados el inglés es idioma oficial.

La lengua y los derechos democráticos

Hay que preguntarse (retóricamente, claro está porque la evidencia responde constantemente a la pregunta de forma negativa) si un régimen como el monárquico puede garantizar la convivencia entre las diferentes lenguas del Estado y que solo es capaz de vivir mediante la imposición y la coerción.  

La democracia es la relación entre iguales, que no haya una lengua que se imponga sobre las otras, que ninguna tenga privilegios. El idioma castellano, que es el preponderante, que tiene muchos más medios que el resto, no puede ni debe imponerse porque cuando hay coerción se crean fricciones, desconfianza, incomprensión y quien pierde es la democracia. La complejidad actual de las poblaciones aún da más importancia a este problema, más se necesita una visión democrática respecto a las muchas otras lenguas (árabe, chino, urdu, etc.) que incorpora la inmigración. Las derechas también pretenden ignorarlas u ocultarlas, cuando habría que dedicar medios para atenderlas y respetarlas.  

La igualdad práctica respecto a las lenguas es un derecho democrático, como lo es aceptar que los pueblos puedan ejercer su autodeterminación. El régimen borbónico es incapaz de aceptar estos derechos y para la salud democrática bueno sería una salida republicana.  

El conjunto de las lenguas que se hablan y conocen es un acervo cultural para el conjunto de la ciudadanía, una riqueza que las derechas pretenden limitar a su propia lengua, la que menosprecia a las otras. Sin coerción es fácil aceptar el conocimiento de la lengua de Cervantes, y el Estado debe poner los medios para que en plan de igualdad se pueda conocer la lengua de Rosalía de Castro, de Miquel Martí i Pol o Xabier de Lizardi. Pero quizás esto forme parte de la fantasía en un régimen monárquico como el español actual.

Daniel Raventós y Miguel Salas, en Sin Permiso