En el origen de lo que está pasando en Catalunya hay diversos errores de diagnóstico. Se equivocan radicalmente quienes pretenden gestionarlo como un problema de legalidad u orden público (aunque ambas cosas sean muy importantes) y no han entendido que es un asunto eminentemente político, que debe ser tratado con la fuerza imaginativa de la razón política, con la creatividad que desconocen los meros guardianes de la legalidad y con la diplomacia que requieren los conflictos especialmente complejos. Ha habido en estos años una explosiva mezcla de ineptitud, pereza y cobardía para aceptar el desgaste de nuestra arquitectura institucional y proceder a las correspondientes reformas. Se siguen manejando conceptos vetustos, incapaces de entender los cambios generacionales que han tenido lugar y algunos parecen además desconocer las lecciones más elementales de psicología colectiva.
El resultado final es que el sistema político español y quienes tienen una mayor responsabilidad de protegerlo se muestras incapaces de resolver lo que podía ser solucionado (y espero que aún pueda) de manera pactada. Los espacios de encuentro y quienes podían haber ejercido una función mediadora no han sabido, no han podido o no se les ha dejado llevar a cabo esa tarea, en medio de unas fuerzas polarizantes que han privilegiado sistemáticamente a los mas radicalizados. Por si fuera poco, el Rey, con su discurso, ha renunciado a ejercer esa mediación, ya no simboliza ninguna unidad por encima de las partes y se ha situado fuera del alcance emocional de la mitad de los catalanes. Ningún gesto, ninguna palabra que acerque a quienes a partir de ahora comenzarán a considerarle como parte del problema. No sirve de disculpa que su margen de maniobra es escaso, desde el punto de vista constitucional y teniendo en cuenta el actual escenario, para tratar a quienes han convocado el referéndum y a quienes han participado en él como se dirigió su padre a los golpistas del 23-F. ¿Hace falta que le recordemos que no es lo mismo?
Desde que comenzó el proceso he considerado que seguía teniendo sentido apostar por el pacto, por muy difícil que fuera, por la siguiente razón: las fuerzas del independentismo eran insuficientes para conseguir la independencia, pero suficientes como para el Estado se lo tomara en serio. Se debe pactar cuando los números del adversario no son ni abrumadores ni despreciables. No estamos ni ante un fenómeno de aclamación ni ante un suflé. La gran cantidad de personas que quieren un referéndum es un dato rotundo, pero también es muy insistente la realidad de que aproximadamente la mitad votaría que sí y la otra que no; el 1-O hubo una gran movilización, pero también fue muy amplio el número de personas que no quisieron participar en el referéndum; el reconocimiento internacional es insuficiente, pero no debe minusvalorarse y puede aumentar si continúan las torpezas del Gobierno central. Cuando las cosas están así, lo obligado es pactar, y no hacerlo será siempre una mala solución, un desgarro para muchos, una quiebra de la convivencia, sea cual sea el resultado final hacia el que todo esto se decante.
El tiempo que ahora se abre es emocionalmente menos propicio al acuerdo, pero este es más necesario porque ya conocemos las fuerzas propias y ajenas. No soy tan ingenuo como para desconocer las dificultades antes las que nos encontramos. Podría allanar el camino reflexionar sobre lo que un pacto de verdad significa. Un pacto requiere que nadie se empeñe en humillar al adversario, por un lado, y que caiga cuanto antes en la cuenta de que, si es un verdadero pacto y no una imposición disimulada, exigirá concesiones mutuas; de esta no salimos sin algún tipo de renuncia que será dolorosa. ¿Vamos a seguir tensionando el problema con una solución al cincuenta por ciento o apelando a la soberanía indivisible? ¿Preferimos continuar con la trampa de invocar los cauces establecidos cuando es evidente que estos cauces dan sistemáticamente la razón a una de las partes? Ni siquiera ahora me parece imposible que un acuerdo en el que se reconozca la subjetividad política nacional de Catalunya, se repare el Estatut dañado y se establezca un procedimiento para una eventual secesión pueda contar con el consentimiento de una mayoría muy calificada de catalanes, mayor que la de quienes quieren la independencia y que la de quienes están satisfechos con la situación actual. ¿Por qué contentarse con una victoria cuando podríamos conseguir algo mejor: un pacto? Quien renuncie de antemano a intentarlo estará dando la razón a quienes, en el otro bando, defiende la simple imposición.
Daniel Innerarity, en La Vanguardia
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