Mientras la reforma del aborto española sigue copando titulares en la prensa de Francia, donde miles de manifestantes provida demostraron el domingo su apoyo a la ley de supuestos propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy, Francia se dirige en dirección opuesta. El Parlamento inició ayer el debate en torno a la extensa ley de igualdad entre mujeres y hombres que incluye dos enmiendas destinadas a facilitar la interrupción voluntaria del embarazo. La más simbólica, la que suprime la obligación de que la mujer tenga que alegar que se encuentra en situación de desamparo para poder interrumpir el embarazo.
El aborto es legal y libre en Francia hasta la semana 12 con esa justificación desde la aprobación en 1975 de la Ley Veil, que debe por nombre de la ministra Simone Veil.
En el caso de las menores de edad, si no disponen del consentimiento de sus padres pueden recurrir al de otra persona adulta de confianza. Con los años, se han ido añadiendo facilidades al aborto, culminando en 2013 con la aprobación del reembolso al 100% de las operaciones por parte de la Seguridad Social —hasta entonces solo cubría el 80%—. Más de una francesa de cada tres admite haber abortado al menos una vez en su vida y en total se calcula que son 210.000 las operaciones de este tipo practicadas cada año en el país.
La enmienda que estipula que cualquier “mujer que no desee seguir adelante con su embarazo” podrá acudir a su médico para interrumpir la gestación ha incendiado el debate, calentado por la manifestación del domingo. “Está claro que tiene sobre todo un alcance simbólico, en la práctica no supone grandes cambios”, explica Danille Gaudry, ginecóloga e integrante del Movimiento asociativo de Planning Familial. “Pero está claro que molesta a los antiabortistas porque, en definitiva, equivale a establecer que se trata de un derecho y no que simplemente se tolera”. O lo que es lo mismo, establecer una ley de plazos, como hizo en España en 2010 José Luis Rodríguez Zapatero.
El Ejecutivo también planea ampliar el delito ya existente de “obstaculizar” el acceso al aborto, castigado con dos años de cárcel y 30.000 euros de multa y pensado para los comandos que invaden clínicas donde se practican estas operaciones, al hecho de impedir “informarse” sobre el aborto. En el objetivo tiene varias páginas de Internet, que bajo informaciones aparentemente neutras, reenvían luego a números de teléfonos donde se presiona para evitar a la mujer que aborte. “Tengo pacientes que me cuentan que han llamado y les han dicho que si abortan sufrirán un cáncer de pecho dentro de unos años”, se indigna Gaudry.
“El derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo ha sido adquirido duramente y será protegido duramente”, señaló la ministra de Derechos de la Mujer y portavoz del Gobierno, Najat Vallaud-Belkacem, ayer en la apertura de los debates. La también portavoz del Gobierno socialista, que criticó duramente el proyecto de reforma español y remitió una carta de protesta a la ministra de Sanidad, Ana Mato, apeló al consenso parlamentario para seguir avanzado en esta dirección.
Las asociaciones feministas aseguran que lo que está pasando en España —donde solo se permitirá abortar en caso de violación o riesgo para la salud de la madre— está contaminando el debate en Francia. “Vemos a la derecha adoptar un discurso que antes pertenecía a la extrema derecha”, alerta Anne-Cécile Mailfert, portavoz de la asociación Osez le féminisme. Así, el ex primer ministro y diputado de la conservadora Unión por un Movimiento Popular, François Fillon, ha calificado de “falta moral y política” la intención de retirar el condicionante de desamparo. Una quincena de diputados del mismo partido propone también acabar con el reembolso de las operaciones. En este contexto, las asociaciones planean una manifestación de apoyo en París a la que se celebrará el 1 de febrero en Madrid en contra de la reforma.
Ana Teruel, en El País
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