miércoles, 30 de diciembre de 2015

INDIGNO RECURSO DEL PP A LA LEY FORAL DE VÍCTIMAS

La decisión del Gobierno de Rajoy en funciones de interponer un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional contra otra ley navarra -en este caso, contra la Ley Foral que asume el reconocimiento de todas las víctimas de las violencias que han asolado esta tierra más allá del terrorismo de ETA-, es un nuevo varapalo centralista a la capacidad legislativa propia de Navarra. Y con esta van ya 17 leyes forales recurridas y, en una buena parte, anuladas o vaciadas de su contenido político o social por las posteriores sentencias del Constitucional. Esta normativa, impulsada por I-E y aprobada por la mayoría del Parlamento de Navarra antes de las elecciones de mayo de 2015, únicamente pretende reconocer una injusticia política e institucional en el trato de las personas y familias que han sufrido el terrorismo derechista, la guerra sucia del Estado, la persecución, las torturas y los malos tratos. Esto es, asumir el reconocimiento, la memoria, la dignidad y la compensación a aquellas víctimas navarras de otras violencias que han quedado sistemáticamente olvidadas y excluidas hasta ahora de esos derechos. De nuevo, la comunión de intereses políticos e ideológicos entre UPN y PP está suponiendo un alto coste político para el autogobierno de Navarra. UPN y PP han optado por recurrir sistemáticamente ante los altos tribunales españoles, afines y sumisos políticamente al Gobierno del PP, aquellas leyes navarras que no les gustan. En este caso, la indecencia política del recurso es aún más indignante. Es evidente que el terrorismo de ETA acumula la mayor parte de las víctimas, pero no citar también el terrorismo derechista, los GAL, las desapariciones o los casos de tortura y malos tratos condenados en los tribunales ordinarios o internacionales, supone un absurdo intento de discriminación de esa realidad y de obviar una parte del sufrimiento humano generado por las diferentes violencias. Un nuevo recorte involucionista y reaccionario que se suma a ataques sucesivos del PP, con el silencio o el apoyo de UPN, a competencias forales en educación, atención sanitaria, dependencia, tributos, justicia y autonomía municipal, entre otras cuestiones directamente relacionadas con las necesidades propias de la sociedad navarra. En realidad, lo que está en juego es un debate de alcance sobre la personalidad política de Navarra, y sobre la construcción de un modelo social, económico y fiscal de prioridades presupuestarias, redistribución de la riqueza y equilibrio social para el siglo XXI a través del autogobierno.
Editorial del Diario de Noticias