El pasado viernes 5 de septiembre el Gobierno Rajoy presentaba la Estrategia de Activación para el Empleo 2014-2016 en el que incluía la distribución de un paquete de más de 1.250 millones de euros para la promoción de políticas activas de empleo. Con una dotación de 13 millones de euros sobre la cantidad global, Navarra ocupa el puesto 15 en el total de las 16 partidas a las CC.AA.
Sí, 16 y no 17 porque la partida correspondiente a la Comunidad Autónoma Vasca no va a depender del desembolso que haga el ejecutivo central, sino que lo descontarán del cupo vasco.
¿Por qué? ¿Por qué el Gobierno navarro no ha optado/batallado/logrado esta modalidad de cobro, notablemente más segura?
Este es el ejemplo más reciente, pero ni el único ni mucho menos el más grave que de la dejación sobre nuestro autogobierno está protagonizando el Ejecutivo Barcina.
Desde que en 2011 la Administración del Estado comenzó a cuestionar la forma de operar de uno de los contribuyentes más importantes de la Comunidad Foral, los ataques al autogobierno no han hecho más que sucederse ante la imprevisión y la negligencia política del Gobierno Foral.
Porque desde aquel momento -y han pasado tres años- la actuación del Ejecutivo sobre el Convenio Económico se resume en tres pasos: los acuerdos de mayo de 2012 para asegurar el equilibrio financiero entre el Estado y Navarra por el cambio de comercialización de VW-Navarra; el de diciembre de 2013 para el abono en el ejercicio de los impuestos indirectos y el de julio de 2014 que no es sino una prórroga del acuerdo primero de 2012... En definitiva, que las urgencias por resolver el asunto aquel año forzaron a un pacto con fecha de caducidad en el que lo estructural brilla por su ausencia.
Por el contrario, durante este mismo periodo el Estado no ha perdido el tiempo y ha aprovechado por un lado para regular nuevos impuestos y por otro para llevar al Constitucional los que el Parlamento navarro ha regulado. ¿Y el Gobierno de Navarra? Su falta de previsón y su incapacidad política para acertar con las soluciones nos ha acarreado serios problemas.
El primero, en el ámbito competencial. Y muy grave: el que se deriva de las dos sentencias del Tribunal Constitucional referidas a los tributos navarros sobre Grandes Establecimientos Comerciales y sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. En ambos casos, el Constitucional obliga aplicar la LOFCA sobre el Convenio Económico. En estas condiciones y si la evolución del sistema tributario se encamina a la creación de nuevas figuras impositivas, la mutilación que se produce sobre la potestad originaria de Navarra es realmente preocupante.
El segundo de los problemas es el recaudatorio, porque mientras no se convengan los nuevos tributos, será la Administración Central quien recaude en Navarra estos impuestos en lugar de hacerlo la Hacienda Foral.
De hecho el problema recaudatorio es ya real y la sentencia del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica ha producido efectos económicos inmediatos: Navarra no puede seguir recaudando este impuesto hasta que lo acuerde con el Estado, por lo que hay una merma presupuestaria real en los ingresos previstos para este 2014.
Y por supuesto que el impacto recaudatorio de estas cuestiones afecta de pleno a la reforma fiscal: el Convenio regula tanto los flujos financieros con el Estado como nuestra capacidad de exacción directa, de tal forma que los éxitos o los fracasos de la negociación trasladan directamente sus efectos a los impuestos que nos van a ser exigibles.
Con este panorama y en lugar de dedicarse en 2013 a solucionar estos gravísimos problemas, el Gobierno Barcina se dedicó a mendigar al Ministerio de Hacienda el adelanto de la regularización de la imposición indirecta para tapar el gravísimo error de previsión que cometieron al retrasar las devoluciones de IVA para conseguir cumplir el objetivo de déficit de 2012. Objetivo, quiero subrayarlo especialmente, que el Gobierno Central tiene capacidad de imponernos como consecuencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 y de la reforma del artículo 135 de la Constitución de 2011. En ambos casos, UPN votó a favor...
2014 tampoco está siendo un año "para recordar" en lo referido a la defensa del Convenio Económico: todo se resume en una negociación inexistente a efectos políticos y prácticos de la actualización del Convenio y una prórroga del acuerdo sobre el IVA.
En resumen: una legislatura perdida.
Y no busque el Gobierno parapetos a su propia responsabilidad: las comparecencias en las que estos meses se han venido pormenorizando las actuaciones de los técnicos y funcionarios del Gobierno de Navarra en todo este proceso apuntan claramente a la falta de competencia y voluntad en el nivel político para solucionar los graves problemas señalados, cosa que no deja de ser sorprendente cuando a un lado de la mesa se sienta el Gobierno de UPN y al otro el Gobierno de su socio, el PP.
Igualmente alarmante resulta que ni la caida de la inversión ni los recortes en gasto social hayan conseguido contener una deuda que sólo en esta legislatura ha visto doblar su coste per capita: la falta de ingresos nos ha llevado de una deuda de 1.654 millones de euros en 2010 (el 9,10% del PIB foral) a los 3.545 millones de euros (el 20,2% del PIB) en el primer trimestre de 2014. Esta es la realidad económica en un escenario de abandono de nuestras competencias económicas y financieras.
Y es precisamente en este marco donde el Ejecutivo foral llama ahora a la unidad de todos los grupos parlamentarios en torno al Gobierno para la defensa del Convenio Económico. Sin embargo, su actitud ante los representantes de la cámara, su falta de transparencia y su incapacidad y falta de ambición en la defensa de la principal herramienta de nuestro autogobierno, el Convenio Económico, no invitan a ello.
Más bien al contrario, tome las riendas el Parlamento para, en lo que al Convenio respecta, poner fin a esta legislatura perdida.
Uxue Barkos, en geroabai.com
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