OFENSIVA CONTRA LOS DERECHOS SOCIALES Y LAS CLASES TRABAJADORAS

Nos encontramos ante una ofensiva sin precedentes contra los derechos sociales y las clases trabajadoras. Y lo abandera y legitima un gobierno con marca de izquierdas en estado de excepción interna y bloqueado por el colapso de la furia privada de los mercados financieros europeos. Unos mercados tan poderosos que, argamasados en el déficit público, son capaces de suplantar la propia soberanía política de algunos países europeos, entre ellos el Reino de España.

El Gobierno de Zapatero ha respondido a las exigencias fiscalizadoras del Consejo de Economía y Finanzas de la EU (Ecofin) con un plan de ajuste económico que va directo al corazón de la base social que le aupó al poder en las pasadas elecciones. Que Zapatero haya dado este paso jugándose el futuro político, cuando el 24 de febrero de este mismo año decía en El País: "A los que discrepan les digo que éste es un Gobierno que escucha, que no es un gobierno, ni lo ha sido, ni lo va a ser, de decretazos, sino que su seña de identidad será el diálogo y el acuerdo", indica el estado de shock en que se encuentra el Gobierno que preside y las tensiones a que está sometida la economía estatal.

El plan presentado por Zapatero está sometido a las más duras exigencias de la política neoliberal europea. Por eso este plan no puede corregir desigualdades, ni tampoco crear empleo, ni generar estímulo económico, ni confianza, ni más ahorro estatal. Ni siquiera logrará resolver lo que dicen resolverá. Porque este plan se ha montado para mantener la deuda pública española en los mercados financieros (Raventós), es decir, es un plan para contener parcialmente el inmenso y descomunal agujero negro generado en la economía europea por años de especulación financiera. Y todo parece indicar que esto es el principio de una contrarreforma social de grandes dimensiones.

Zapatero propone un plan de choque con nueve, y ya conocidas, medidas absolutamente antisociales a las que habrá que añadir las medidas que genere la temible reforma del mercado laboral. Zapatero sabe que incumple y viola con este decretazo sin precedentes varias leyes, como la Ley 33/85 sobre el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones, los acuerdos de la Función Pública con los sindicatos del sector, los compromisos sobre la Ley de Dependencia o la Ley 40/07 sobre el régimen de jubilaciones. Aún así, Zapatero se la ha jugado y sabe que su futuro como político está seriamente amenazado porque ha traicionado la promesa de mantener los derechos sociales y laborales de los trabajadores y de la población más desprotegida. Él ya tenía un enorme dilema cuando quiso ser equidistante al mantener esta promesa, conjugándola con la existencia de beneficios para los empresarios. Pero todo el mundo sabe que no se pueden tapar dos cabezas con la misma boina.

Zapatero se enfrenta a gravísimos problemas políticos y sociales, como político y como jefe de Gobierno. Posiblemente se sepa perdedor de unas próximas elecciones que la derecha amenaza con ganar por goleada. Y es que da vergüenza, cuando no miedo, escuchar a una derecha que juega a ser de izquierdas y que, de hecho, ya ha se ha hecho con el control del Gobierno imprimiendo a algunas instituciones una presión sin precedentes: caso Garzón y el bloqueo del Tribunal Constitucional (Estatut de Catalunya)

¿Qué ocurrirá de aquí en adelante? Lo más evidente es la quiebra absoluta de confianza en las administraciones, en las instituciones devaluadas, en los discursos políticos, en las promesas y en las leyes sancionadas y en la clase política, absolutamente degradada e italianizada. Estas medidas, y otras que puedan seguir, dinamitan el precario Estado del Bienestar (con la contención del gasto público), abocan a la ruptura del pacto social y a la devaluación del contrato social. Todo ello generará una mayor polarización social, la cual ampliará las desigualdades sociales existentes porque las mallas de protección social o se han destruido o su estabilidad está en precario.

¿Qué hay que hacer? Personalmente desconfío de las actuales estrategias de los sindicatos, los cuales adolecen de efectividad, credibilidad, capacidad de coordinación y unidad de discurso (de necesaria renovación) frente a una crisis que presenta dimensiones descomunales afectando a millones de precarizados y excluidos que no logran verse representados. Por otro lado, la clase trabajadora, dividida en convenios sindicales, necesita un frente común más global que el localismo, singularidad y fragmentación imperante. Y la izquierda social y política necesita unidad, unidad y más unidad que debe trabajarse y gestionar para romper la creciente polarización entre trabajadores y desempleados, y esos casi 9 millones de pobres sin representación. La salida a esta situación es muy compleja. Se sabe. Porque por encima de los gobiernos, legal y democráticamente elegidos, gobiernan otros. Zapatero se ha quedado sin margen de maniobra, enfrentándose a su propia base social. Podía haber recortado 15.000 millones de otra manera (la Iglesia Católica recibe anualmente 7.000 millones de euros inembargables), pero no lo ha hecho porque su poder tal vez es limitado frente a la descomunal presión de los centros económicos de poder financieros internacionales.

Frente a esto no cabe la desmovilización. Ni tampoco la resignación, ni la impotencia, ni la sumisión. Porque la derecha juega hábilmente con estas coordenadas. Por eso, solamente con la unidad imperativa de los movimientos sociales, los sindicatos, los agentes comunitarios y los miles de grupos de presión social actualmente en stand by, se puede frenar este plan antisocial. ¿Habrá que desenterrar la huelga general política?

Paco Roda (en Diario de Noticias)