JUICIO POR PREVARICACIÓN CONTRA AMADOR JIMÉNEZ, ALCALDE DE PITILLAS

Amador Jiménez, el padre del vicepresidente navarro, Roberto Jiménez, está acusado de un delito de prevaricación urbanística continuada y desobediencia. Sólo queda que se fije la fecha de la vista oral, que tendrá lugar en un juzgado de lo Penal de Tafalla. Jiménez es alcalde de Pitillas desde que se inhabilitara a Rafael Esparza, también por un delito de prevaricación, por los empadronamientos ilegales de 2003. Posteriormente, Jiménez ganó dos elecciones bajo las siglas PSN (antes se presentaba por una lista independiente). La acusación por desobediencia y prevaricación se refiere a un presunto trato de favor hacia quien fuera su teniente de alcalde, José Luis Lesaga, al avalar reiteradamente la reconstrucción de un muro declarado ilegal, que fue derribado en varias ocasiones por orden judicial. El padre del vicepresidente también fue imputado en 2007 por no anular el censo que permitió el pucherazo de Pitillas. Esta segunda causa ha sido sobreseida, pero solo de forma provisional.
Aunque resistirse al derribo de un muro parezca un tema menor, la tenacidad que ha mostrado Jiménez para no acatar los requerimientos judiciales sobre el cerramiento raya lo caciquil. Su negativa le ha valido varias multas de entre 1.000 y 1.500 euros en los últimos años. La mecánica para defender el muro de la finca de Lesaga era, en resumen, bastante simple. El padre del vicepresidente otorgaba licencia que Lesaga necesitaba para derribar el muro y cumplir con el requerimiento. Sin embargo, en paralelo y de forma sistemática, le concedía una nueva licencia para reconstruirlo en el mismo lugar a sabiendas de la ilegalidad de esta segunda concesión. El alcalde llegó incluso a manifestarse junto con una treintena de personas defendiendo a Lesaga y su muro ilegal.
Esta obstinación en incumplir las distintas sentencias ha ido agravando el presunto delito. Ahora se enfrenta a un proceso bastante serio. La acusación particular pide para él 18 meses de cárcel por prevaricación urbanística continuada, que también podría conllevar una inhabilitación de nueve años. Además, también se le acusa de un segundo delito de desobediencia por el que se le solicita una multa de nueve meses a razón de diez euros diaros y otros 18 meses más de inhabilitación. Por último, la acusación pide que se le impongan 18.000 euros como responsable civil subsidiario de los gastos que han supuesto los sucesivos derribos del muro y las costas judiciales que ha tenido el litigio para las arcas de Pitillas. El muro, a día de hoy, está demolido.
En esa misma vista oral también está encausada la esposa de Lesaga, María Ángeles Díaz Ramos, porque es funcionaria municipal. Díaz Ramos se enfrenta a una petición de siete años de inhabilitación y seis meses de prisión, ya que la acusación entiende que, en su caso, la prevaricación no se produjo de forma continuada. En un principio, la Fiscalía estaba personada en la causa, pero finalmente parece que no estará.

Juicio por el pucherazo

Este juicio por el muro es el último escándalo de una larga lista de irregularidades y comportamientos dudosos que ha tenido el actual alcalde de Pitillas. En el origen de todo, está el empadronamiento masivo (de 138 personas, un 28% del censo) antes de las elecciones de 2003. En esa época, el pueblo se encontraba dividido entre opositores y partidarios de la construcción de una incineradora (proyecto que, finalmente no llegó a realizarse y que ahora se ha reimpulsado desde el Gobierno con la famosa «valorización de residuos» en la cementera de Olazti).
La formación en la que participaba Jiménez (Agrupación Independiente de Pitillas, AIP) era favorable al proyecto de la incineradora y se enfrentaba a la candidatura de los detractores, la Asociación Democrática de Pitillas. Las elecciones se preveían reñidas, por lo que la AIP optó por amañar el resultado, empadronando a personas no residentes los meses anteriores para garantizarse la victoria.
La manipulación del censo sirvió para que la AIP venciera las elecciones, pero le acarreó al alcalde Rafael Esparza una inhabilitación por prevaricación vinculada a delito electoral (fue denunciado por permitir los empadronamientos fraudulentos). Su teniente de alcalde, Amador Jiménez, tomó entonces las riendas del pueblo. La vinculación de Jiménez con esta manipulación del censo es más que evidente, ya que empadronó al menos a seis personas no residentes en su propio domicilio (Esparza hizo otro tanto en su vivienda, al igual que Lesaga).
Posteriormente, Jiménez fue denunciado en 2007 por la Asociación Democrática de Pitillas. Le acusaban de no haber corregido todavía ese censo engordado para el pucherazo. El alcalde hizo caso omiso de las advertencias de que debía eliminar del censo a ese centenar de personas que no residen en la localidad, por lo que pudo cometer prevaricación por omisión de su deber. Actualmente, esta causa contra el padre del vicepresidente se encuentra sobreseida, pero podría ser reactivada.
Amador Jiménez milita en el PSN desde hace quince años. Según el código ético del partido, debería ser expulsado, puesto que los imputados no pueden ostentar cargos, pero quien le debería expulsar es su hijo Roberto, el secretario general.

El proceso contra el padre de Roberto Jiménez debería de conllevar su dimisión como cargo, ya que se presentó por el PSN y eso es lo que dicta su código ético. La última palabra la tendrá el secretario general, Roberto Jiménez.

En 2003, el padrón de Pitillas se infló en un 28% con no residentes. Esto permitió a la AIP continuar en el poder. Sin embargo, el alcade que permitió este pucherazo fue inhabilitado para ocho años por prevaricación por delito electoral.

Quizá la actuación más cuestionable de Amador Jiménez como gesto, sea su decisión de no facilitar información a la candidatura opositora, la Asociación Democrática de Pitillas. Entre los años 2010 y 2011, la oposición denunció que Jiménez no les hacía entrega de la documentación necesaria para ejercer su labor como representantes del pueblo. Esto derivó en otro litigio, por el cual ocho plenos que se celebraron en Pitillas -un año entero de legislatura- fueron declarados «nulos de pleno derecho».

Aunque esta denominación no parezca demasiado grave, las consecuencias que puede acarrear para el municipio desde un punto de vista judicial son extremadamente complejas. Esto supone que ninguna de las decisiones que se tomaron en esos plenos es conforme a derecho y es muy difícil dar visos de legalidad a todos esos acuerdos. El problema radica en que justo en ese año se aprobaron una serie de resoluciones que permitieron al pueblo recibir subvenciones del Gobierno de Nafarroa para obras públicas y también del Plan E de José Luis Rodríguez Zapatero. La justificación de esas subvenciones, por tanto, es complicada.
Estas anulaciones pueden dar pie a otra denuncia contra Jiménez, de nuevo por prevaricación, ya que no prescribe.
Aritz Intxusta, en GARA