Son muchas las fechas que han incidido en el
destino políticoinstitucional de Navarra. Todas ellas importantes, aunque hay
quienes prefieren pasarlas por alto ya que la memoria pone en cuestión sus
actuales intereses políticos. Pero la historia es la que es. Y a veces es
maestra de la vida que permite sustraerse a los mismos errores. Porque, desde la
voluntad de valorar los hechos del pasado en su justa medida de condicionadores
del presente, en Zabaltzen abogamos porque en nuestra tierra la ciudadanía
navarra decida en cada momento lo que ella quiera, lejos por tanto de
planteamientos de separación a ultranza entre los territorios vasconavarros como
de quienes defienden la unidad apriorística de estos. La historia condiciona
pero no manda, y hemos de ser las ciudadanas y ciudadanos de Navarra los que
decidamos qué y con quiénes queremos ser.
Ayer conmemorábamos otro hito relevante de la historia política de Navarra:
el 19 de junio de 1932 tuvo lugar en el Teatro Gayarre de Pamplona la asamblea
de representantes municipales de Álava, Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra en la que se
debatió el Proyecto de Estatuto Vasco Navarro o, lo que es lo mismo, la
conformación de un marco político institucional común entre los cuatro
territorios históricos vascopeninsulares. Entendemos que es esta una efemérides
memorable, puesto que ha sido la única ocasión en la historia en la que se
discutió este tema abierta y públicamente con arreglo a un procedimiento
consensuado. Y es que aquel proceso tuvo rasgos ejemplares a tener hoy todavía
en cuenta.
El proceso, que desembocó finalmente en la celebración de aquella asamblea
resolutoria celebrada en Iruñea-Pamplona, estuvo precedido por el fracaso -por
motivos de preconstitucionalidad- de las dos iniciativas unilaterales y
frentistas del año 1931. La apoyada por el Bloque Católico-Fuerista (conocida
como Estatuto de Estella) y la impulsada por las fuerzas republicanas y
socialistas que controlaban las cuatro diputaciones vasconavarras (el llamado
Estatuto de las Gestoras). Tras el fracaso precedente, los acuerdos
transversales entre representantes de las diversas fuerzas republicanas y de
izquierda y el PNV condujeron -tras la aceptación en diciembre de 1931 por parte
de este último partido de la legalidad republicana y la ruptura consiguiente de
la coalición que meses antes había conformado con la derecha tradicionalista y
conservadora- a la promulgación del decreto redactado por el socialista
Indalecio Prieto que regularía el proceso estatutario.
El decisivo decreto de Prieto facultaba a los representantes designados por
los ayuntamientos a decidir, en una primera instancia y en asambleas
provinciales, si optaban por un Estatuto Vasco-Navarro común a los cuatro
territorios o por estatutos singulares para cada provincia. Desde una
perspectiva democrática, hay que valorar de manera muy positiva el proceso
propuesto, que posibilitaba a los ciudadanos elegir entre vías alternativas, en
vivo contraste con lo que ocurrió unos decenios más tarde, durante la
Transición, en el que desapareció cualquier posibilidad de elección abierta. Una
Asamblea de representantes municipales navarros, celebrada el 21 de enero de
1932, apoyó la alternativa de la apuesta por el Estatuto común, quedando en
rotunda minoría quienes apostaban por un Estatuto de Autonomía exclusivamente
navarro.
En los meses siguientes se procedió a elaborar el proyecto estatutario
conjunto. Se atuvo a criterios transversales, ya que la comisión encargada de
redactar el mismo se constituyó con miembros de una diversidad de formaciones
políticas y de diferente origen geográfico. A destacar que los miembros de la
ponencia redactora se esforzaron por tener en cuenta los intereses de todas las
áreas geográficas navarras y trataron de asumir los específicos problemas de
naturaleza socioeconómica de la Ribera de aquel entonces. En distintas ocasiones
viajaron a dicha zona. El esfuerzo por considerar lo propio del sur de Navarra
cuajó en menciones a la Ribera en el articulado del Proyecto de Estatuto Vasco
Navarro.
Hay que subrayar, por otra parte, que el Proyecto de Estatuto Vasco-Navarro
respetaba estrictamente la organización foral de los territorios históricos,
estableciendo un esquema institucional confederal. Desde Zabaltzen tenemos muy
en cuenta que aquel proyecto, al igual que lo habían hecho los dos proyectos de
1931, superaba el historicismo cuarentayunista (planteado entonces desde la
derecha antiestatutaria y retomado de nuevo por la derecha navarrista en los
años setenta). Se optó por una perspectiva político jurídica más moderna.
La asamblea celebrada en Pamplona el 19 de junio de 1932 se decantó por el no
de Navarra al Estatuto conjunto. Una parte de los asambleístas tomó en
consideración la cláusula aprobada en la asamblea de enero relativa a la
contabilización separada de los votos de Navarra (no prevista en el decreto
prietista de diciembre). La votación de los delegados navarros arrojó el
resultado siguiente: 109 (que representaban 135.585 habitantes) de los 267
municipios votaron a favor del Estatuto común; 123 (con 186.666), votaron en
contra; y se abstuvieron 35 (con 28.859). El rechazo fue protagonizado por
representantes municipales de ayuntamientos gobernados tanto por la derecha
tradicionalista y conservadora como por la izquierda, algunos de ellos emitiendo
un voto contrario al mandato imperativo recibido de sus ayuntamientos en favor
del Estatuto. De este modo, mientras las otras tres provincias aprobaban
mayoritariamente el Estatuto, y a pesar de que los datos conjuntos a los que se
refería el artículo 12 de la Constitución suponían un apoyo del 65% de los
ayuntamientos con el 78% de la población, Navarra quedó descolgada del proyecto.
El resultado impidió la celebración del referéndum previsto para el día 3 de
julio siguiente.
De todo ello ponderamos dos importantes consecuencias que acarreó el
resultado de la Asamblea de Iruña-Pamplona. Por un lado, nuestra tierra quedó
privada de cualquier estatuto ya fuera vasco navarro o navarro, porque, en el
fondo, la derecha no quería un marco estatutario vinculado al régimen
republicano. Estaba ya inmersa en aventuras conspirativas. Por otro, se impidió
cualquier posibilidad de cambio político: quedó anulada la apuesta
republicanizadora de los representantes más progresistas de la Diputación y de
los sectores afines a ellos, facilitando el asentamiento en el poder, a partir
de 1933, de la derecha tradicionalista y conservadora, y la continuación de sus
planes de acoso y derribo de la II República. Terminaron comprometiendo a
Navarra en el golpe militar de julio de 1936.
Fernando Mikelarena, Ana Ansa, Koldo Martínez, miembros de Zabaltzen, asociación integrada en Geroa Bai
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