Probablemente a Mariano Rajoy le importe un bledo, pero el rapapolvo que acaba de darle la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es de los que hacen época. Esta agencia de Naciones Unidas, en la que están representados los gobiernos y los interlocutores sociales, ha emitido un duro informe sobre la negociación colectiva en España. Según la OIT, medidas como la reforma de febrero de 2012 y los recortes en las condiciones laborales de los empleados públicos violan la libertad sindical y convierten en papel mojado los convenios. Con ellas –aunque el dictamen no lo dice así– Rajoy ha demostrado un absoluto desdén por los derechos de los trabajadores, cuyo retroceso en los dos años y pico que lleva en el poder es a todas luces manifiesto.
Si nos ceñimos a la negociación colectiva, los últimos datos oficiales ofrecidos por el Ministerio de Empleo –y que este periódico publicó anteayer– resultan verdaderamente escalofriantes. Durante el primer trimestre sólo se cerraron 571 convenios en toda España, por lo que es muy probable que en el conjunto del año no se supere con la cifra de 2013, la más baja de las dos últimas décadas. Los 2.094 convenios firmados el pasado ejercicio son menos de la mitad de los 4.585 de 2011 y una tercera parte de los 6.016 que empresarios y sindicatos lograron pactar en 2007. Mientras que justo antes de la crisis había cerca de doce millones de trabajadores con sus convenios recién renovados, en lo que va de año sólo hay 2.700.000.
En este empobrecimiento de la negociación colectiva ha influido, por supuesto, la pésima coyuntura económica, que hace muy difícil arañar a las empresas nuevas mejoras. Pero lo más determinante ha sido la reforma laboral y el desarme que ha supuesto, en todos los órdenes, para los trabajadores y para sus representantes sindicales. Un ejemplo de ello es la supresión de la ultraactividad de los convenios, que obligaba a mantenerlos en vigor mientras no se pactara la renovación, pasase el tiempo que pasase. Ahora, transcurrido un año de su vencimiento, decaen automáticamente y las empresas quedan sujetas al de ámbito inmediatamente superior y, en última instancia, al Estatuto de los Trabajadores, que suelen serles más favorables.
El fin de la ultraactividad ha propinado un golpe mortal a los sindicatos y es un auténtico regalo para la patronal, que venía reclamándolo con insistencia. El Gobierno, cuando lo decidió, dijo que sería un acicate para la negociación colectiva; sin embargo, los datos de Empleo a los que hemos hecho referencia demuestran que eso era una mentira más. Y es de cajón: ¿qué interés van tener los empresarios por renovar sus convenios, haciendo en el proceso alguna concesión, cuando cerrarse en banda puede resultarles más beneficioso? Además, en un clima de terror a la pérdida del puesto de trabajo, ¿qué respaldo real tienen los sindicatos para activar sus tradicionales mecanismos de presión?
Atemorizar a los trabajadores con la amenaza de un despido fácil y barato y quitarles fuerza en la negociación colectiva son las dos caras de la moneda de la reforma laboral. Ambas pretenden lo mismo: desproteger a la clase obrera para que asista a la pérdida de los derechos conquistados durante años sin apenas margen –ni ánimos– para rechistar. Y todo ello con el único propósito de facilitar que se tomen unas revancha histórica aquellos que están utilizando con delectación las poderosas herramientas que ha colocado en sus manos el Gobierno.
Vicenç Navarro, en Público
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