Mi marido, José Manuel Santos, con carnet de UPN aunque concejal en las ultimas elecciones por UpM (Unión del pueblo Murillo), cansado de observar el comportamiento del alcalde, Javier Gárriz y los otros dos concejales de su grupo municipal, presentó su dimisión el día 26 de febrero del presente año sin unirse con la oposición para presentar una moción de censura. Porque no está de acuerdo con el alcalde y los dos concejales de UPM, pero no está en contra de su partido, UPN.
A lo largo de la legislatura le va llamando poderosamente la atención el comportamiento del señor Gárriz, que gestiona el Ayuntamiento como si fuera el dueño de un cortijo propio. Nada comparte, nada informa, no hay posibilidades de participar, distribuye el dinero público como le apetece (ejemplos: gastos de fiestas de octubre 10.000 euros más de lo presupuestado, falta de previsión en el riego por aspersión Sector 10, todas las obras realizadas en la legislatura han sido asignadas a dedo...), no valora necesidades, decide y hay que callar. Ignora todo lo que no le interesa y solo vela por los intereses de los que considera suyos, aunque siempre lo hace como favor, para que le estén agradecidos.
Va observando poco a poco los temas que va sacando la oposición, temas que a él, el señor Gárriz, no le informaba de nada, se entera en los plenos..., e incluso, como responsable de festejos, no solo no le dejan tomar decisiones, entre otras cosas no estaba de acuerdo con el trato que se le está dispensando a la banda de música Altobarrio Band, que siendo del pueblo dejan de darle subvención, 3.000 euros al año con el compromiso de siete actuaciones, tres de ellas en fiestas de octubre, pero él decide contratar una banda de música a la que le paga 4.400 euros por tres actuaciones.
Pero cuando se desilusiona totalmente y ve la realidad de la forma de actuar de este señor es cuando lee la denuncia que hace la asociación gitana Chachipen del Gau Kalo, en la que publica el compromiso de los votos de la asociación en las últimas elecciones municipales, a cambio de trabajo, con documento firmado y reconocido por el señor Gárriz, lo cual le pareció un escándalo inadmisible.
Para seguir con lo que ha sido la puntilla, las obras de nuestra vecina Rosaura Olleta, madre de una exconcejala de UPN en la legislatura anterior en el Ayuntamiento de Murillo. Ante las repercusiones que esas obras pudieran tener en nuestra vivienda, me dirigí al alcalde para preguntarle si disponía de licencia de obras y proyecto y me dijo que todo estaba en orden, y también le pregunté al señor Barrero, teniente alcalde del Ayuntamiento, con la misma respuesta, pero por desconfianza me dirigí al Ayuntamiento y el administrativo y el secretario me dijeron que me dirigiera a la ORVE y que no tenían proyecto de ningún tipo ni licencia de obra concedida.
Como consecuencia, presenté una denuncia al Ayuntamiento y se paralizaron las obras. Observen la diferencia: nosotros necesitamos hacer obras para que la madre de mi marido viviese con nosotros, cosa que fue imposible porque tardó tres meses en darnos la licencia y la persona mayor tuvo que ingresar en una residencia.
Nos hemos enterado después que a algún amigo más también le permitía hacer obras sin licencias.
Posteriormente, habiendo dimitido como secretario del comité de UPN en Murillo, presentó la situación en UPN y, como si lloviera, nadie le hizo caso.
Si en el partido de UPN hay un miembro que es alcalde, y además pertenece a un órgano político de dicho partido, y se publica en un medio de comunicación que ha firmado un contrato a cambio de votos, y además lo reconoce, junto a todo lo expuesto, y ese partido no toma ninguna decisión, nos parece algo muy triste, pero especialmente muy preocupante.
Mª Carmen López Moreno, en Diario de Noticias
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